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Sembrando semillas de esperanza contra la violencia de género en México

Tres proyectos impulsados por la ONU ayudan a mujeres mexicanas a afrontar situaciones como la pobreza y la violencia agravada por la desigualdad de género. 
En México, nueve mujeres fueron asesinadas al día en 2023. Solo en el Estado de México (uno de los 31 estados que junto con Ciudad de México forman México) se perpetraron 372 asesinatos de mujeres en 2023, de los que solo 89 fueron investigados como feminicidio.
Las organizaciones de la sociedad civil feministas, que incluyen activistas y víctimas, lideran la lucha contra la pobreza y la desigualdad de las mujeres en toda su diversidad. Sin embargo, muchas de ellas trabajan en contextos sociales desafiantes y con pocos recursos, ya que los fondos de la cooperación internacional, los presupuestos nacionales o la filantropía han disminuido drásticamente o son insuficientes.
La ONU hace un llamado urgente para financiar a esas organizaciones, ya que fortalecer los movimientos y las organizaciones de la sociedad civil contribuye a la democracia, la paz y el desarrollo sostenible, objetivos de la Agenda 2030 de la ONU.
En línea con este llamado y en el marco de las dos Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) por feminicidio y desaparición levantadas en el Estado de México desde 2015, el año pasado la Secretaría de las Mujeres estatal se alió con ONU Mujeres* para contribuir a la sostenibilidad de organizaciones feministas y de base que promueven acciones de memoria, reparación y justicia social en los 11 municipios donde se activaron estas alertas.
Tres proyectos, realizados en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca y Valle de Chalco, usan el arte y el trabajo colectivo con la juventud y la comunidad para empoderar a la mujer.
Lucha, la voz de resistencia en Ecatepec
En Ecatepec, las mujeres no viven tranquilas dentro ni fuera de casa.
“Mi mamá me pide una foto antes de salir de casa porque me dice: tengo miedo, tengo que saber cómo sales (vestida)”, cuenta Pamela González, artista urbana de 25 años, oriunda de este municipio de la periferia de la Ciudad de México con más de 1,6 millones de habitantes y con una de las tasas de feminicidio más altas a nivel nacional y estatal.
Una víctima de esa violencia feminicida es Montserrat Mejía Rangel. Montse, como le dice su mamá, fue brutalmente golpeada por su esposo hace tres años.
“Ella falleció el 20 de febrero de 2021 por traumatismo craneoencefálico y múltiples golpes en el cuerpo. Estaba embarazada de casi 5 meses y dejó una niña que hoy tiene 6 años”, cuenta Mercedes Rangel, quien, como muchas madres del Estado de México y del resto del país, se ha tenido que convertir en activista para exigir una sentencia firme y vitalicia contra el presunto feminicida de su hija. “Lo único que queremos es que no haya ni una más”, dice.
Acompañadas por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, una red conformada por organizaciones de la sociedad civil, defensoras de derechos humanos, colectivos y familiares de víctimas de violencia feminicida, Pamela y Mercedes participaron en la inauguración del primer mural “Voces en Resistencia: Murales por la Justicia y la Memoria”, realizado en diciembre pasado en una de las fachadas del Centro de Justicia de Ecatepec “San Agustín”, dependencia adscrita a la Fiscalía General de Justicia del estado.
“El objetivo del mural es dignificar a las madres”, dice Pamela, coautora del memorial e integrante del colectivo EL BANCO (Barrio con Arte, Nuestra Cultura Organizada).
“Sabes que si en algún momento desapareces, ellas van a estar gritando tu nombre para que se haga justicia”. Por eso el personaje principal es Lucía, “Lucha”, una mezcla de muchas madres.
“Es una mujer que no importa cuánto miedo tenga, cuánto se exponga, ella quiere justicia, pero también está cansada, está triste y está agotada. Porque todo esto es agotador”. La vela del mural representa la luz y la esperanza, mientras que los pétalos morados, en alusión a la tradición mexica, dice, son rezos de paz y amor.
“Me gustaría incomodar un poco a la población para que empatice con la situación que estamos viviendo (las mujeres en Ecatepec) y que hemos normalizado. (Quiero) cambiar la realidad”, indica Pamela.
Dilcya García, fiscal central del Estado de México para la atención de delitos vinculados a la violencia de género, asegura que este memorial sirve “para poder recordar por siempre la justicia que le debemos, en esta institución y en otras, a las madres, a las niñas, a las mujeres que han sido víctimas de violencia feminicida (...) Que cada vez que entren aquí (las y los servidores públicos) se acuerden para quién trabajamos: la sociedad”.
“(La idea es) no quedarnos solamente en la indignación sino pasar a la justicia y a la esperanza (...) Este esfuerzo conjunto entre ONU Mujeres y la Secretaría de las Mujeres del Estado de México es inédito”, destaca María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Apoyos como éste “deben continuar”, agrega.
Siembran esperanza en Chalco para cosechar justicia
En la escuela preparatoria oficial 123 de Valle de Chalco Solidaridad, otro de los municipios alertados por la violencia contra las mujeres en el Estado de México, se ha sembrado la semilla de esperanza. Aquí, en coordinación con el personal escolar adscrito a la Secretaría de Educación Pública estatal, así como con las autoridades municipales, la organización Justicia Pro-Persona impartió talleres, organizó un encuentro de arte con la comunidad y realizó un mural que honra a las víctimas de feminicidio e inspira a la acción colectiva para visibilizar y erradicar este flagelo.
“Colores que restauran” fue la convocatoria que lanzó en diciembre pasado la organización, dirigida a juventudes y estudiantes del municipio para “reflexionar y tejer juntxs una comunidad libre de violencias” contra las mujeres, niñas y adolescentes. En los talleres se impartieron conocimientos para identificar los diferentes tipos de violencia de género, pero, sobre todo, se trabajó en la prevención, la empatía, el trabajo en equipo y la sororidad.
“Mi compromiso (ahora) con mi comunidad, cuando una mujer se sienta sola, esté pasando por un mal momento con su pareja o con su familia, es escucharla y apoyarla como yo pueda. Tal vez ayudándola a denunciar”, comenta Hannia Gissel Cruz, de 17 años, estudiante de la preparatoria.
Joel Romero, de 15 años, destacó el conocimiento adquirido en los talleres y el trabajo colectivo principalmente para la elaboración del mural. “Ahora ya tengo más herramientas para llevar el mensaje a la comunidad (...) El mural no va a salvar vidas, no va a hacer que dejen de desaparecer las personas, pero va a hacer que disminuyan (los casos). Va a hacer que muchas personas se concienticen”, asegura.
El mural titulado “Sembrando memoria, cosechando justicia”, dirigido por la artista mexiquense Verónica Rodríguez, PisiPop, fue realizado frente al huerto de la escuela, en una pared que puede ser vista desde la calle por las y los vecinos. “Todos tenemos un poco de injusticia en nuestras familias y en nuestra periferia. Todos aquí sabemos lo grave que están las cosas del feminicidio. Tenemos que hablar de esto, de cómo nos están desapareciendo, cómo nos están matando y que es algo que no se puede ya callar”, indica.
“El proyecto se enmarca en un tema de reparación”, destaca Ana Yeli Pérez, abogada feminista y directora de Justicia Pro-Persona. “La justicia no sólo está en los tribunales. La justicia es social. La justicia se construye en comunidad y lo que queremos es una comunidad igualitaria donde la justicia sea un valor y donde podamos vivir libres de violencia y sin miedo”.
La participación de ONU Mujeres con el Gobierno del Estado de México es clave, agrega, por cómo “tejemos en diferentes niveles de la sociedad y de las instituciones”.
Memoria viva para reparar y no olvidar a las víctimas en Ixtapaluca
“Nosotros no vivimos una guerra como en Siria, pero estamos viviendo el feminicidio, una pandemia”, dice con contundencia Lorena Gutiérrez, quien no ha dejado de exigir verdad y justicia desde el feminicidio de su hija Fátima Varinia Quintana Gutiérrez, asesinada el 5 de febrero de 2015, a sus 12 años, tras la agresión física y sexual perpetrada por tres hombres en el municipio de Lerma, Estado de México. Su hijo Daniel Quintana, hermano menor de Viri, falleció tiempo después como víctima colateral del mismo delito.
Para Lorena, mantener viva la memoria de Fátima y de todas las mujeres asesinadas a causa de la violencia feminicida es importante “para concientizar a una sociedad que ya ha aprendido a normalizar el feminicidio y la violencia de género”. Por esta razón quiso que su hija estuviera representada en el segundo proyecto de “Voces en resistencia: murales por la justicia y la memoria”, realizado por el citado Observatorio en coordinación con las autoridades locales y personal educativo en el centro de Ixtapaluca, otro de los municipios alertados en el Estado de México pero del que pocas veces se habla.
“Ellas viven en nuestra voz”, se puede leer debajo del nombre de Fátima. Junto a ella están los nombres de Jaqueline, Lulú, Paola, Karla y el de Alejandra Calvo, víctima de feminicidio el 16 de abril de 2020, en Ixtapaluca. Su madre, Teresa Calvo, considera clave la ubicación de este mural no sólo por estar afuera de una escuela, sino porque también está a unos pasos del Ayuntamiento.
“Es para que se visibilice y tanto autoridades como sociedad se den cuenta de que estamos viviendo una realidad, esto es verdad. Son hijas que fueron asesinadas, que ya no están y que nada más está aquí el rostro y está el nombre, pero que no se les olvide que ellas vivieron y ellas son mujeres que debieron haber seguido viviendo aquí”, señala Teresa.
La sororidad y la búsqueda de justicia es lo que ha unido a muchas madres como ellas. “Para mí, Lorena es un gran ejemplo, es una mujer bien fuerte y bien aguerrida. Yo la admiro y la respeto mucho, porque su lucha ha ayudado a muchas mujeres”, indica Teresa. “Las mamás unidas somos más fuertes, podemos llegar a obtener justicia y a cambiar un poco esta violencia hacia las mujeres”.
Para María Figueroa García, la artista plástica y activista encargada de realizar este mural, era importante recuperar la memoria viva de las madres, así como colocar los nombres completos de las víctimas, las fechas de su defunción y una consigna. Con la técnica del estarcido se intentó respetar lo mejor posible los rasgos de todas ellas.
Proyectos como éste, destaca, te permiten “reinterpretar la violencia que se está viviendo y darle una posibilidad a las mujeres que buscan justicia por sus hijas de tener un espacio de reflexión y de diálogo con la gente que por aquí transita”. Estas acciones son eficaces porque pueden empezar a “permear la conciencia colectiva”, concluye.
*El proyecto para contribuir a la sostenibilidad de organizaciones feministas y de base en el Estado de México es producto del programa implementado en el marco de la Iniciativa Spotlight México (2019-2023) para el fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres. 
Asimismo, se enmarca en la sentencia Caso González y otras vs. México, conocida como “Campo Algodonero” por feminicidio y violencia de género. Esta sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 16 de noviembre de 2009, señala que en los casos de violencia contra las mujeres y las niñas, los Estados tienen la obligación de otorgar medidas de reparación integral del daño con un enfoque diferenciado que reconozca la situación de violencia y discriminación estructural que viven previo a la vulneración de sus derechos, con un enfoque transformador de sus vidas y la de sus comunidades, que revierta las situaciones de discriminación, dignifique a las víctimas, sus familias y promueva la reconstrucción del tejido social.
Farrera. E. (2024) 
Eloísa Farrera. Sembrando semillas de esperanza contra la violencia de género en México. Centro de Noticias ONU. Recuperado el 06 de Abril de 2024. 
https://news.un.org/es/story/2024/03/1528187 

1714. POBREZA EN MÉXICO​: Resultados de pobreza en México 20​22 a nivel nacional y por entidades f​ederativas​


ESTIMACIONES DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL 2022 
  • El CONEVAL presenta los resultados de la medición multidimensional de la pobreza a nivel nacional y por entidad federativa para 2022 con base en los Lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y medición de pobreza y en la información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
  • El periodo de análisis es de 2018 a 2022 ya que permite tomar en cuenta las implicaciones económicas y sociales de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID19).  
  • Entre 2018 y 2022, el porcentaje de la población en situación de pobreza multidimensional a nivel nacional pasó de 41.9% a 36.3%, en otras palabras, en 2022, 36 de cada 100 personas en México presentaban al menos una privación en sus derechos sociales y tenían un ingreso mensual por persona insuficiente para adquirir una canasta alimentaria, así como bienes y servicios necesarios. 
  • La población en situación de pobreza multidimensional pasó de 51.9 a 46.8 millones de personas a nivel nacional entre 2018 y 2022. 
  • El porcentaje de la población en situación de pobreza extrema permaneció en niveles similares entre 2018 y 2022: 7.0% en 2018 y 7.1% en 2022. Lo anterior indica que, el número de personas en pobreza extrema pasó de 8.7 a 9.1 millones de personas entre 2018 y 2022. 
  • Entre 2018 y 2022, el porcentaje de la población con un ingreso inferior a la Línea de Pobreza por Ingresos (valor monetario de la canasta alimentaria más la canasta no alimentaria) pasó de 49.9% a 43.5%, es decir, el número de personas en esta situación pasó de 61.8 a 56.1 millones. En agosto de 2022, el valor de las Línea de Pobreza por Ingreso por persona al mes fue de $4,158.35 mensuales para las zonas urbanas y $2,970.76 mensuales para zonas rurales. 
  • El porcentaje de la población con un ingreso inferior a la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (valor monetario de la canasta alimentaria) pasó de 14.0% a 12.1%, entre 2018 y 2022, lo que representó un cambio de 17.3 a 15.5 millones de personas que no tienen el ingreso suficiente para adquirir los productos de la canasta alimentaria. El valor monetario de referencia para la Línea de Pobreza Extrema por Ingreso por persona al mes fue de $2,086.21 y $1,600.18 en zonas urbanas y rurales, respectivamente. 
  • En cuanto al porcentaje de la población con un ingreso inferior a la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos, valor monetario de la canasta alimentaria por persona al mes, pasó de 14.0% a 12.1%, entre 2018 y 2022. En contraste, el número de carencias que en promedio presenta esta población pasó de 2.5 a 2.9. En otras palabras, hay menos personas con un ingreso inferior al valor monetario de la canasta alimentaria (de 17.3 a 15.5 millones entre 2018 y 2022), pero estas tienen un menor ejercicio de sus derechos sociales.
  • El porcentaje de personas con carencia por acceso a los servicios de salud pasó de 16.2% a 39.1% entre 2018 y 2022, lo cual representa un cambio de 20.1 a 50.4 millones de personas en esta situación, respectivamente. 
  • El porcentaje de personas con carencia por acceso a la seguridad social pasó de 53.5% a 50.2% entre 2018 y 2022; lo que equivale en número de personas pasar de 66.2 a 64.7 millones en esta situación, respectivamente, sigue siendo la carencia con mayor incidencia en pobreza.  
  • El porcentaje de la población que presentó carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad pasó de 22.2% a 18.2% entre 2018 y 2022, es decir, de 27.5 a 23.4 millones de personas en esta situación, en este periodo. 
  • Esta información ofrece un panorama sobre la situación de la pobreza en la población en cuanto a las barreras para ejercer sus derechos sociales y la adquisición de una variedad de bienes para la satisfacción de sus necesidades esenciales.  
  • Ante este contexto, los resultados de la medición de pobreza multidimensional 2022 permiten orientar y fortalecer la implementación de programas o acciones de política de desarrollo social enfocadas a fomentar la recuperación del ingreso de las personas y la atención del conjunto de carencias sociales, con la coordinación interinstitucional de los tres niveles de gobierno.  
De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, que tiene como atribución normar y coordinar la evaluación de las políticas y programas de desarrollo social que ejecutan las dependencias públicas, así como establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza en México, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico.
Conforme al artículo 36 y 37 de la LGDS, el CONEVAL deberá realizar la medición de pobreza con una periodicidad mínima de cada dos años a nivel nacional y entidad federativa, y para ello, en cumplimiento a lo establecido en la LGDS, se debe utilizar la información generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). De esta manera, el CONEVAL retoma la información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) del INEGI como fuente de información para medir la pobreza multidimensional a este nivel de desagregación.  
El INEGI recopila información sobre los ingresos y gastos de los hogares, las condiciones sociodemográficas y ocupacionales de las personas, así como las características de las viviendas, a través de la ENIGH. Una vez publicada la información, el CONEVAL realiza un análisis detallado de la información de la Encuesta en apego a los principios de rigor técnico y transparencia que orientan sus labores.
La medición multidimensional de la pobreza se basa en un enfoque de derechos sociales y es parte de un conjunto de información que genera el CONEVAL para guiar las políticas públicas y aportar información para la toma de decisiones.  
Los indicadores del artículo 36 de la LGDS permiten identificar tres espacios analíticos relevantes para el estudio multidimensional de la pobreza: el de bienestar económico, el de derechos sociales y el contexto territorial.
En el espacio del bienestar económico se identifica una cantidad mínima de recursos monetarios definidos para satisfacer las necesidades de las personas, tanto alimentarias como no alimentarias, mediante las líneas de pobreza por ingresos: Línea de Pobreza por Ingresos (LPI) (valor monetario de la canasta alimentaria más la canasta no alimentaria) y la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI) (valor monetario de la canasta alimentaria).
En el espacio de los derechos sociales, al ser éstos considerados como elementos universales, interdependientes e indivisibles, se estima que una persona está imposibilitada para ejercer uno o más derechos cuando presenta carencia en al menos uno de los seis indicadores señalados en el artículo 36 de la LGDS: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y, acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. 
En el marco de sus atribuciones, el CONEVAL es el organismo del Estado mexicano encargado de generar la medición multidimensional de pobreza en México. De esta forma, con base en la información contenida en la ENIGH 2022, publicada por el INEGI el 26 de julio de 2023, el CONEVAL da a conocer los resultados de la medición multidimensional de la pobreza 2022 a nivel nacional y entidad federativa.  
RESULTADOS DE POBREZA 2018-2022
El periodo de análisis es de 2018 a 2022 ya que permite tomar en cuenta las implicaciones económicas y sociales de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).   
De acuerdo con la metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México, una persona se encuentra en situación de pobreza cuando presenta al menos una carencia social (no tiene acceso a los derechos de educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación) y tiene un ingreso inferior a la Línea de Pobreza por Ingresos (LPI) (valor de la canasta alimentaria más la canasta no alimentaria por persona al mes). Por otra parte, se identifica a la población en situación de pobreza extrema cuando su ingreso es inferior a la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI) (valor de la canasta alimentaria por persona al mes) y presenta al menos tres carencias sociales.  
A continuación, se muestran los resultados de la medición multidimensional de la pobreza a nivel nacional:   
Pobreza 
Entre 2018 y 2022, el porcentaje de la población en situación de pobreza multidimensional a nivel nacional pasó de 41.9% a 36.3%, lo que representó un cambio de 51.9 a 46.8 millones de personas en situación de pobreza a nivel nacional. En otras palabras, en 2022, aproximadamente 36 de cada 100 personas en México presentaban al menos una carencia social y tenían un ingreso mensual insuficiente para adquirir una canasta alimentaria conformada por productos alimentarios y no alimentarios para cubrir sus necesidades.  
Pobreza extrema 
En cuanto al porcentaje de la población en situación de pobreza extrema, es decir, a las personas con un ingreso inferior a la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (valor de la canasta alimentaria) y que presentan al menos tres carencias sociales, se observa que permaneció en niveles similares, al representar 7.0% en 2018 y 7.1% en 2022. Lo anterior indica que el número de personas en pobreza extrema pasó de 8.7 a 9.1 millones de personas entre 2018 y 2022.   
Dimensiones de la pobreza 
La pobreza es un fenómeno multidimensional que comprende aspectos relacionados con las condiciones de vida que vulneran la dignidad de las personas, limitan sus derechos y libertades fundamentales, impiden la satisfacción de sus necesidades e imposibilitan su plena integración social.  
La metodología oficial de la pobreza en México ofrece una aproximación conceptualmente sólida al problema de la multidimensionalidad de la pobreza mediante la vinculación de dos enfoques en la definición, identificación y medición de la pobreza: el del bienestar económico y el de los derechos sociales. 
Bienestar económico 
Mediante estos indicadores se identifica a la población cuyos ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades. Para la operacionalización de este indicador, se toman como base las Líneas de Pobreza por Ingresos y Pobreza Extrema por Ingresos.  
Entre 2018 y 2022, el porcentaje de la población con ingreso inferior a la LPI (valor monetario de la canasta alimentaria más la canasta no alimentaria por persona al mes) pasó de 49.9% a 43.5%, es decir, el número de personas en esta situación pasó de 61.8 a 56.1 millones. Lo que implica que, en 2022, aproximadamente 43 de cada 100 personas en México no contaban con los recursos monetarios suficientes para adquirir los bienes y servicios que precisan para satisfacer sus necesidades (alimentarias y no alimentarias); esto es, que se identifica a las personas con un ingreso inferior a $4,158.35 mensuales para las zonas urbanas y $2,970.76 mensuales para zonas rurales.  
En cuanto al porcentaje de la población con un ingreso inferior a la LPEI (valor monetario de la canasta alimentaria por persona al mes) pasó de 14.0% a 12.1%, entre 2018 y 2022, lo que representó un cambio de 17.3 a 15.5 millones de personas que no pueden adquirir los productos de la canasta alimentaria. Lo anterior identifica a las personas con un ingreso inferior a los valores monetarios de la canasta alimentaria de $2,086.21 y $1,600.18 en zonas urbanas y rurales, respectivamente.
Derechos sociales 
El espacio de los derechos sociales, contemplado en la medición multidimensional de la pobreza, permite conocer cuántas y cuáles son las carencias que padecen las personas. Los indicadores de carencias sociales empleados para la medición de la pobreza multidimensional, definidos en el artículo 36 de la LGDS, identifican los elementos esenciales del derecho. 
A continuación, se describen los principales resultados de las carencias sociales:  
Rezago educativo 
Entre 2018 y 2022, el porcentaje de la población con rezago educativo pasó de 19.0% a 19.4%, lo que equivale a 23.5 millones de personas en 2018 y 25.1 millones en 2022.   El rezago educativo considera la asistencia escolar y la conformación de la educación obligatoria, incluyendo los cambios normativos en materia de educación a la fecha de publicación de los Lineamientos para la estimación de la pobreza vigentes. Entre los componentes de este indicador resalta que, en 2022, 36.7% de la población de 22 años o más, nacida a partir de 1998 no contaba con la educación media superior completa, por lo que presenta rezago educativo. 
Carencia por acceso a los servicios de salud  
Las personas que presentaron carencia por acceso a los servicios de salud pasaron de 16.2% a 39.1% entre 2018 y 2022, es decir, de 20.1 a 50.4 millones de personas en esta situación, respectivamente. De acuerdo con la medición multidimensional de la pobreza en México, en 2022, el mayor porcentaje de personas con acceso a los servicios de salud reportó estar afiliado al IMSS (38.3%); en segundo término, declaró tener derecho a los servicios del INSABI (13.1%) este último componente estaba dirigido a brindar servicios de salud a las personas sin seguridad social.
Carencia por acceso a la seguridad social 
El porcentaje de personas con carencia por acceso a la seguridad social pasó de 53.5% a 50.2% entre 2018 y 2022, que se traduce en un cambio de 66.2 a 64.7 millones de personas que presentaron esta carencia en este periodo. A pesar de haber mostrado una disminución entre 2018 y 2022, esta carencia continúa siendo la de mayor presencia en la población mexicana. 
Entre los componentes de la carencia por acceso a la seguridad social resalta como principal reto que, en 2022, 63.6% de las personas ocupadas no cuenta con acceso a la seguridad social por prestación laboral.  
Por otro lado, 29.3% de las personas de 65 años o más no contaban con un ingreso por programas para adultos mayores, igual o superior al promedio de las LPEI15 y no contaban con una pensión (jubilación) en el mismo periodo. En otras palabras, aproximadamente 70.0% de la población de 65 años o más tenía acceso a una pensión no contributiva (ingresos por programas de adultos mayores) que le permitía adquirir la canasta alimentaria o tenían acceso a una pensión contributiva (jubilaciones y pensiones).  
Carencia por calidad y espacios de la vivienda 
Entre 2018 y 2022, el porcentaje de la población con carencia por calidad y espacios de la vivienda pasó de 11.0% a 9.1%, en términos poblacionales representó 13.6 y 11.7 millones de personas, respectivamente.  
Entre los componentes de la carencia por calidad y espacios de la vivienda, en 2022, destaca la población en viviendas con hacinamiento, es decir, 5.8% de la población reportó habitar en una vivienda donde residían más de 2.5 personas por cuarto, lo que representa 7.4 millones de personas en esta situación.   
Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 
Las personas con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda pasaron de representar 19.6% de la población en 2018 a 17.8% en 2022, esto es 24.3 y 22.9 millones de personas en esta situación en cada año.  
Respecto al acceso a los servicios básicos de la vivienda, el mayor desafío lo conforma la población que habita en viviendas sin chimenea, que usan leña o carbón para cocinar; en 2022, fue de 14.6 millones de personas, lo que representa 11.3% de la población.
Carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad 
El porcentaje de la población que presentó carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad pasó de 22.2% a 18.2% entre 2018 y 2022, es decir, de 27.5 a 23.4 millones de personas en esta situación, respectivamente. 
Se considera que una persona tiene carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad si en su hogar se presenta: 1) inseguridad alimentaria moderada o severa; o, 2) limitación en el consumo de alimentos, es decir, las personas tuvieron una dieta limítrofe. En 2022 se observa que, aproximadamente, 18 de cada 100 personas padecen esta carencia, siendo la población indígena la que registra mayor prevalencia (33.4%). 
Resultados de entidades federativas 
Las cinco entidades con el mayor porcentaje de la población en situación de pobreza en 2022 fueron Chiapas con 67.4%, Guerrero con 60.4%, Oaxaca con 58.4%, Puebla con 54.0% y Tlaxcala con 52.5%. En contraste, para 2022, las cinco entidades con menor porcentaje de la población en situación de pobreza fueron Baja California Sur con 13.3%, Baja California con 13.4%, Nuevo León con 16.0%, Chihuahua con 17.6% y Coahuila con 18.2%. 

Las cinco entidades con el mayor porcentaje de la población en situación de pobreza extrema en 2022 fueron Chiapas con 28.2%, Guerrero con 22.2%, Oaxaca con 20.2%, Veracruz con 13.1% y Puebla con 11.4%.   
Mientras que las cinco entidades con menor porcentaje de la población en situación de pobreza extrema en este año fueron Baja California Sur con 0.8%, Nuevo León con 1.1%, Colima con 1.2%, Baja California con 1.3% y Sonora 1.7%.
Principales retos de la política pública 
La medición multidimensional de la pobreza entre 2018 y 2022 retoma el contexto económico y social en torno a la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).  
Esta información ofrece un primer panorama sobre la evolución de la pobreza ante, por un lado, la recuperación del ingreso de las personas, un mayor acceso a la alimentación, y un mayor porcentaje de la población de 65 años o más con acceso a la seguridad social; y por otro lado, los retos que presenta la persistencia de población en situación de pobreza extrema, una mayor proporción de la población sin acceso a los servicios de salud y un alto porcentaje de ocupados sin acceso a la seguridad social por prestación laboral. 
Derivado de la información que se presenta hoy, el CONEVAL identifica áreas críticas que el Estado mexicano enfrenta en materia de eliminación de la pobreza: 
• Es necesario mejorar la progresividad de las transferencias públicas y programas sociales y, en particular, asegurar la inclusión de las personas en situación de pobreza extrema, con especial atención a la población sin seguridad social y aquellos de menores ingresos. 
• En materia de salud, avanzar en la organización de un sistema nacional de salud integral que permita la atención de la población y la certeza del acceso sobre su funcionamiento y disponibilidad. 
• Como el CONEVAL ha reiterado se deben fortalecer los esfuerzos en la creación de empleos formales o bien transitar hacia un sistema de seguridad social no contributivo, integral y universal, debido a que el acceso a la seguridad social es el mayor desafío en términos de las carencias sociales. 
Bajo el contexto de la contingencia sanitaria y la menor actividad económica causada por la COVID19, así como la posterior recuperación de la actividad económica, el objetivo principal de este informe no es calificar la efectividad de los programas, acciones e intervenciones gubernamentales, sino identificar los avances en materia desarrollo social que permitan distinguir los retos de políticas públicas para avanzar hacia el acceso de toda la población al desarrollo social.  





Coneval.org.mx. Ciudad de México, 10/08/2023
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx

1713. La desaceleración abrupta y prolongada golpeará con fuerza a los países en desarrollo

En 2023, el crecimiento mundial se desacelerará del 3 % pronosticado hace seis meses al 1,7 %
Según la edición más reciente del informe Perspectivas económicas mundiales del Banco Mundial, el crecimiento mundial se está desacelerando marcadamente debido a la elevada inflación, el aumento de las tasas de interés, la reducción de las inversiones y las perturbaciones causadas por la invasión de Rusia a Ucrania.
Dada la frágil situación económica, cualquier nuevo acontecimiento adverso —como una inflación más alta que la prevista, aumentos abruptos de las tasas de interés para contenerla, el resurgimiento de la pandemia de COVID‑19 o la intensificación de las tensiones geopolíticas— podría empujar a la economía mundial a la recesión. Sería la primera vez en más de 80 años que se producen dos recesiones mundiales en la misma década.
Se prevé que la economía mundial crecerá un 1,7 % en 2023 y un 2,7 % en 2024. La fuerte desaceleración del crecimiento será generalizada: los pronósticos se corregirán a la baja para el 95 % de las economías avanzadas y para casi el 70 % de los mercados emergentes y las economías en desarrollo (MEED).
Durante los próximos dos años, el ingreso per cápita de los MEED se ubicará, en promedio, en el 2,8 %, un punto porcentual inferior al promedio registrado en el período 2010-19. En África subsahariana —que representa alrededor del 60 % de las personas del mundo que se encuentran en la pobreza extrema—, se espera que el crecimiento del ingreso per cápita entre 2023 y 2024 sea, en promedio, de apenas el 1,2 %, una tasa que podría hacer que los niveles de pobreza aumenten, en lugar de disminuir.
“La crisis que enfrenta el desarrollo se está intensificando a medida que las perspectivas de crecimiento mundial se deterioran”, declaró David Malpass, presidente del Grupo Banco Mundial. “Los países emergentes y en desarrollo se enfrentan a un período de varios años de crecimiento lento impulsado por una pesada carga de la deuda y escasas inversiones; al mismo tiempo, el capital mundial es absorbido por las economías avanzadas que enfrentan niveles de deuda pública extremadamente altos y tasas de interés crecientes. El bajo nivel de crecimiento y de inversión empresarial agravará los retrocesos en materia de educación, salud, pobreza e infraestructura, que ya son devastadores, así como las crecientes demandas derivadas del cambio climático”.
Se prevé que el crecimiento de las economías avanzadas se desacelerará del 2,5 % en 2022 al 0,5 % en 2023. En las últimas dos décadas, las desaceleraciones de esta magnitud han sido la antesala de una recesión mundial. En Estados Unidos, el crecimiento caerá al 0,5 % en 2023, 1,9 puntos porcentuales por debajo de los pronósticos anteriores y el desempeño más deficiente fuera de las recesiones oficiales desde 1970. En 2023, se espera la zona del euro no registre crecimiento, lo que representa una revisión a la baja de 1,9 puntos porcentuales. China crecerá un 4,3 %, es decir, 0,9 puntos porcentuales por debajo de los pronósticos anteriores.
Excluyendo a China, se prevé que el crecimiento de los MEED se desacelerará del 3,8 % en 2022 al 2,7 % en 2023, lo que refleja una demanda externa considerablemente menor, agravada por la elevada inflación, la depreciación monetaria, condiciones de financiamiento más restrictivas y otros factores adversos internos.
Para fines de 2024, los niveles del producto interno bruto (PIB) en las economías emergentes y en desarrollo serán aproximadamente un 6 % inferiores a los niveles previstos antes de la pandemia. Si bien se prevé que la inflación mundial se modere, se mantendrá por encima de los niveles prepandemia.
En el informe se presenta la primera evaluación integral de las perspectivas a mediano plazo para el crecimiento de la inversión en los MEED. Durante el período 2022-24, es probable que la inversión bruta en estas economías crezca alrededor de un 3,5 % en promedio, es decir, menos de la mitad de la tasa que prevaleció en las dos décadas anteriores. El informe ofrece a los encargados de la formulación de políticas una lista de opciones para acelerar el crecimiento de la inversión.
“La falta de inversiones genera gran preocupación porque está asociada con bajos niveles de productividad y de actividad comercial, y empeora las perspectivas económicas generales. Sin un crecimiento sólido y sostenido de las inversiones, es sencillamente imposible avanzar de manera significativa en la consecución de objetivos climáticos y de desarrollo más amplios”, manifestó Ayhan Kose, director del Grupo de Perspectivas del Banco Mundial. “Las políticas nacionales para impulsar el crecimiento de la inversión deben adaptarse a las circunstancias de cada país, pero siempre comienzan con la creación de marcos de política fiscal y monetaria sólidos y la introducción de reformas integrales destinadas a mejorar el clima para la inversión”.
El informe también arroja luz sobre la difícil situación en la que se encuentran 37 pequeños Estados, es decir, países con una población de 1,5 millones de personas o menos. Estos Estados sufrieron una recesión más profunda como consecuencia de la COVID-19 y experimentaron un repunte mucho más débil que otras economías, en parte debido a las prolongadas perturbaciones que afectaron al turismo. En 2020, la producción económica de los Estados pequeños se redujo más del 11 %, lo que representa una disminución siete veces mayor que la observada en otras economías emergentes y en desarrollo. En el informe se concluye que los Estados pequeños a menudo experimentan pérdidas relacionadas con desastres que representan, en promedio, el 5 % del PIB al año, lo que genera graves obstáculos al desarrollo económico.
Los responsables de formular políticas en dichos países pueden mejorar las perspectivas de crecimiento a largo plazo fortaleciendo la resiliencia al cambio climático, promoviendo una diversificación económica eficaz y mejorando la eficiencia de los Gobiernos. En el informe se exhorta a la comunidad mundial a apoyar a los pequeños Estados manteniendo el flujo de asistencia oficial para respaldar la adaptación al cambio climático y ayudar a restablecer la sostenibilidad de la deuda.
Perspectivas regionales:
Asia oriental y el Pacífico: Según las proyecciones, el crecimiento se reducirá al 4,3 % en 2023 y aumentará al 4,9 % en 2024.
Europa y Asia central: Se espera que el crecimiento se reducirá al 0,1 % en 2023 y luego se recuperará hasta alcanzar el 2,8 % en 2024. P
América Latina y el Caribe: Se prevé que el crecimiento se reducirá al 1,3 % en 2023 y luego se recuperará hasta alcanzar el 2,4 % en 2024.
Oriente Medio y Norte de África: Según las previsiones, el crecimiento se reducirá al 3,5 % en 2023 y al 2,7 % en 2024.
Asia meridional: Se prevé que el crecimiento se desacelerará al 5,5 % en 2023 y luego repuntará hasta alcanzar el 5,8 % en 2024.
África subsahariana: Se prevé que el crecimiento se desacelerará al 3,6 % en 2023 y aumentará al 3,9 % en 2024.
Banco Mundial. Centro de Noticias ONU, Estados Unidos, 10/01/ 23.

1710. El 34,5% de los mayores de 65 años en América Latina no tiene ningún tipo de ingresos

La falta de protección social, de ahorros u otras rentas y la disminución de la capacidad para generar ingresos laborales en edades avanzadas conduce a situaciones de pobreza y precariedad en la vejez, apunta la agencia del trabajo. “Es fundamental para fomentar la inclusión y cohesión social, la reducción de la pobreza y las disparidades sociales”, afirma.
En América Latina y el Caribe, el deterioro de la cobertura de protección social en la vejez ha dejado hasta el momento a un 34,5% de las personas mayores de 65 años sin ningún tipo de ingresos ni pensiones, lo que agrava su vulnerabilidad, reveló un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La publicación recuerda que la seguridad social es un derecho humano presente en los instrumentos internacionales en la materia y llama a cumplir con las garantías básicas de ésta a lo largo de la vida, que incluyen la seguridad económica para las personas mayores. “Esto significa garantizar la seguridad económica durante el periodo de retiro de la fuerza de trabajo o cuando existen dificultades para contar con ingresos laborales”, subraya.
El análisis refiere que en la región, la precariedad de las personas mayores se agudizó con la pandemia de COVID-19, detallando que la proporción de las que carecen de ingresos laborales o pensiones aumentó de 31,9% en 2019 a 34,6% en 2020 y a 34,5% en 2021.
Los datos desagregados indican que un 46,8% de los mayores de 65 años recibe una pensión, un 5,1% recibe ingreso laboral y pensión, mientras que 13,6% reporta únicamente ingreso laboral. En total, sólo el 51,9% cuenta con una pensión.
Cobertura frente a riesgos a lo largo de la vida
La OIT destacó la importancia de los sistemas de protección social, entendidos como el conjunto de políticas y programas que aseguren una cobertura integral frente a los distintos riesgos sociales durante el ciclo de vida, según lo evidenció la pandemia, y afirma que “la protección social es fundamental para fomentar la inclusión y cohesión social, la reducción de la pobreza y las disparidades, especialmente en un contexto marcado por una crisis que ha afectado con mayor fuerza a los sectores más vulnerables”.
Recalcó asimismo que la protección social para las personas mayores debe incluir el acceso a la salud y a servicios de cuidados, e hizo énfasis en que éstos debe ser partes centrales de un sistema integral de protección social.
El estudio advierte que la falta de recursos como ahorros u otras fuentes privadas y la disminución de la capacidad para generar ingresos laborales en edades avanzadas, puede llevar a situaciones de pobreza en la vejez.
Sistemas contributivos y no contributivos
La agencia de la ONU explicó que los sistemas contributivos de pensiones permiten asegurar una continuidad en los ingresos, en la medida que se cumpla con los requisitos de edad y años de cotización requeridos para la obtención del beneficio lo que depende, entre otras cosas, de trayectorias laborales formales.
De los programas de pensiones no contributivos, señaló que son la respuesta para cerrar las brechas de seguridad económica en la vejez garantizando un piso de protección social en pensiones.
En este renglón citó el caso de las mujeres en la región, que tienen menores tasas de participación laboral, mayores tasas de desocupación, desigualdad de ingresos, baja densidad de cotización y la utilización de tablas de mortalidad por género que resultan en esquemas de capitalización individual de menores pensiones en comparación con las de los hombres. Por ello, abundó, es necesario establecer regímenes de pensiones no contributivas que aseguren un piso de protección social en la vejez.
En la región las pensiones no contributivas tienen larga data con una amplia variedad de programas, algunos de los cuales se mantienen desde hace varias décadas y otros han sido introducidos en los últimos años. “La pandemia ha presionado para ampliar la cobertura, mejorar las prestaciones, flexibilizar las condiciones de acceso a los beneficiarios, entre otras medidas de respuesta”, enfatiza el documento.
Con la emergencia de la pandemia, muchos países hicieron reformas a sus sistemas de pensiones con distinto énfasis según las condiciones de cada nación.
“La evidencia analizada muestra que la reforma a las pensiones ha ocupado un lugar preponderante y que, en muchos casos, se trata de iniciativas que complementan reformas previas o que persisten en el tiempo por no haber logrado los consensos necesarios en el pasado”, señaló.
Objetivos de los sistemas de protección social
Según la OIT, los sistemas de protección social deben tener tres objetivos: cobertura, suficiencia y sostenibilidad.
Las dificultades para alcanzar estos objetivos se han agudizado tras la pandemia dadas las incertidumbres sobre la capacidad de repunte económico, los espacios fiscales más reducidos, el aumento de las presiones inflacionarias y el alza de las tasas de interés, entre otros factores.
Las falencias estructurales tradicionales como el alto nivel de informalidad, las alteraciones en la organización de la producción y el trabajo, el envejecimiento de la población y el incremento en las tasas de dependencia, y la incidencia de desastres naturales, se suman a los obstáculos para sostener los sistemas de protección social.
Desafíos
La OIT enumeró diez desafíos para la consolidación de sistemas de protección social para la población mayor en América Latina y el Caribe:Recuperar el crecimiento económico
Aumentar el empleo formal
Aumentar y consolidar el espacio fiscal
Consolidar regímenes contributivos que aseguren prestaciones suficientes y sostenibles
Afianzar regímenes no contributivos financiados con recursos de rentas generales
Establecer adecuados mecanismos de actualización del valor de las prestaciones en respuesta a la inflación de cada país
Incorporar mecanismos de financiamiento solidarios para atender la situación especial de los regímenes semicontributivos
Lograr la cobertura universal mediante la sumatoria de los regímenes contributivos, semicontributivos y no contributivos que considere las brechas de género y por rangos de ingresos, promoviendo el fortalecimiento de la gobernanza y coordinación del sistema como un todo
Asegurar la protección de riesgos de la salud para la población mayor, con independencia de su situación de ingresos
Contemplar los posibles efectos y requisitos institucionales para afrontar los efectos en los periodos de transición entre políticas
Centro de Noticias ONU. 22/12/22
https://news.un.org/es/story/2022/12/1517622

1675. Las buenas intenciones de Europa no bastan para eliminar la pobreza


El COVID-19 y sus consecuencias han empujado a millones de personas en todo el mundo a una pobreza más profunda.
Un relator de derechos humanos advierte a la Unión Europea que necesita reinventarse para ganar la lucha contra la pobreza dando prioridad a las inversiones en salud, educación y protección social, en lugar de imponer recortes presupuestarios en nombre de la rentabilidad.
La Unión Europea debe replantearse su modelo de gobernanza socioeconómica con valentía si quiere cumplir con su compromiso de erradicar la pobreza, dijo este viernes el relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos al término de una visita oficial a las instituciones de la UE.
"Aunque la UE ha hecho avances recientes en la erradicación de la pobreza, no debe caer en la autocomplacencia", dijo Olivier De Schutter. "Su compromiso de sacar a 20 millones de personas de la pobreza para 2020 se ha incumplido en gran medida”.
“Dado que la UE ha experimentado un crecimiento económico y de empleo constantes hasta muy recientemente, la única explicación de este fracaso es que los beneficios no se han distribuido de manera uniforme. Esto supone una derrota para los derechos sociales", añadió.
Una de cada cinco personas en la región, el 21,1% de la población, estaba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2019, lo cual representa un total de 92,4 millones de personas.
Además, un total de 19,4 millones de niños, que representan el 23,1%, viven en la pobreza en toda la Unión, y 20,4 millones de trabajadores viven en riesgo de pobreza.
Las mujeres están desproporcionadamente representadas entre los pobres. El 85% de las familias monoparentales están encabezadas por mujeres, y el 40,3% de ellas están en riesgo de pobreza.
El COVID-19 deja nuevos pobres
La crisis provocada por el COVID-19 ha afectado a muchos europeos que jamás habían experimentado la pobreza anteriormente. "He hablado con personas que han pasado hambre por primera vez, que se han visto expuestas porque carecen de hogar, y que sufren maltrato y abuso a causa de la pobreza", dijo De Schutter.
"La UE puede desempeñar un papel importante para impulsar los esfuerzos de los Estados miembros en su lucha contra la pobreza, especialmente a través de las recomendaciones de país que emite de forma anual. Pero en lugar de dar prioridad a las inversiones en sanidad, educación y protección social, estas recomendaciones a menudo han impuesto recortes presupuestarios en nombre de la rentabilidad. Desde 2009, los Estados miembros no han hecho más que recortar sus inversiones en estas áreas que son críticas para la reducción de la pobreza", señaló el experto de la ONU.
El Pacto Verde Europeo fue presentado a finales de 2019 por la presidenta von der Leyen como la nueva estrategia de crecimiento de la UE.
"La lucha contra la pobreza es la pieza que falta en este Pacto Verde. En teoría el Pacto Verde combina objetivos medioambientales y sociales, pero mientras esta buena voluntad no se traduzca en acciones concretas, millones de personas seguirán luchando por un nivel de vida digno en una sociedad que les abandona."
Competencia para ver quién da menos
De Schutter destacó también que la incapacidad de la UE para hacer frente a "la carrera cuesta abajo" de los Estados miembros en materia de impuestos y de protección de los trabajadores socava sus esfuerzos para combatir la pobreza.
"Los Estados miembros compiten entre sí de forma inútil. Compiten en una carrera para bajar impuestos, salarios y protecciones para los trabajadores a niveles mínimos porque creen que así pueden atraer a los inversores y mejorar su competitividad en el mercado. Pero socavar los derechos sociales no sólo viola sus obligaciones internacionales, sino que además es malo tanto para empresas y trabajadores como para las arcas públicas. Cada año se pierden entre 160.000 y 190.000 millones de euros sólo por la competencia en materia impositiva. El resultado es que se desplaza la carga fiscal de las grandes empresas e individuos ricos hacia los trabajadores y los consumidores".
El experto de la ONU se reunió del 25 de noviembre al 28 de enero con representantes de instituciones como la Comisión Europea, el Consejo de la UE, el Parlamento Europeo, la Autoridad Laboral Europea, el Comité Económico y Social Europeo, la Agencia de Derechos Fundamentales, el Banco Central Europeo y el Banco Europeo de Inversiones, así como con representantes nacionales o locales de Francia, España, Italia y Rumanía.
También habló con numerosas organizaciones de la sociedad civil que representan a jóvenes y personas mayores, a la población gitana, a inmigrantes, a niños y a personas con discapacidad, así como con personas afectadas por la pobreza de todos estos grupos, y con trabajadores y agentes sociales.
Se necesita una estrategia audaz
"Quedé impresionado por la dedicación de las autoridades con las que me reuní", dijo De Schutter. "Pero la buena voluntad no es suficiente. Si Europa quiere ser pionera en el camino hacia una sociedad inclusiva, necesita una estrategia a nivel europeo de lucha contra la pobreza que sea audaz, comprometiéndose a reducir la pobreza en un 50% por igual en todos los Estados miembros de aquí a 2030".
"La crisis actual es la oportunidad para que Europa se reinvente situando la justicia social en el centro. El Plan de Acción para implementar el Pilar Europeo de Derechos Sociales, que debería incluir la Garantía Infantil y una propuesta para asegurar sistemas de ingresos mínimos adecuados en toda la UE, es una oportunidad que no debe ser desperdiciada."
El informe final de la visita del experto se presentará al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra en junio de 2021.
Olivier De Schutter (Belgium) es el relator especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos. Fue nombrado por el Consejo de Derechos Humanos el 1 de mayo de 2020. El Sr. De Schutter es profesor de derecho en UCLouvain y en SciencesPo (París). Fue el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación de 2008 a 2014, y miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales entre 2015 y 2020.
Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones de países específicos o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título individual.
Noticias ONU org. Naciones Unidas. 29/01/2021
https://news.un.org/es/story/2021/01/1487302  

1674. El virus de la desigualdad


Cómo recomponer un mundo devastado por el coronavirus a través de una economía equitativa, justa y sostenible
La pandemia de coronavirus tiene el potencial de agravar la desigualdad en prácticamente todos los países del mundo al mismo tiempo, una situación sin precedentes desde que existen registros. El virus ha puesto al descubierto y ha exacerbado las desigualdades económicas, de género y raciales, a la vez que se ha alimentado de ellas.
Más de dos millones de personas han perdido la vida, y cientos de millones se están viendo arrastradas a la pobreza, mientras que la mayoría de las personas y empresas más ricas del mundo sigue enriqueciéndose. Las fortunas de los milmillonarios han recuperado el nivel previo a la pandemia en tan solo nueve meses, mientras que para las personas en mayor situación de pobreza del mundo esta recuperación podría tardar más de una década en llegar.
La actual crisis ha puesto al descubierto nuestra fragilidad colectiva, así como la incapacidad de nuestra economía, profundamente desigual, de beneficiar al conjunto de la sociedad. No obstante, también nos ha enseñado que la acción de los Gobiernos es vital para proteger nuestra salud y nuestros medios de vida.
De repente, se ha demostrado que es posible poner en marcha políticas transformadoras que antes de la crisis eran impensables. No hay vuelta atrás. No podemos volver a donde estábamos. En lugar de ello, la ciudadanía y los Gobiernos deben responder a la urgente necesidad de construir un mundo más justo y sostenible.
Oxfam org. El virus de la desigualdad. 25 Enero 2021
https://www.oxfam.org/es/informes/el-virus-de-la-desigualdad 


Menos milmillonarios y más enfermeras: cinco pasos para reconstruir un mundo más igualitario tras la COVID-19
Es muy probable que la pandemia pase a la historia como la primera vez en que la desigualdad se incrementó al mismo tiempo en prácticamente todos los países del mundo. Sin embargo, no todo el mundo se verá afectado de la misma forma.
La crisis del coronavirus ha afectado en mucha mayor medida a las personas en situación de pobreza que a los ricos. El virus ha exacerbado las desigualdades económicas, de género y raciales, a la vez que se ha alimentado de ellas, agravando la pobreza y la injusticia. Mientras muchas de las personas y empresas más ricas del mundo continúan prosperando, cientos de millones de personas se han visto sumidas en una situación de falta total de recursos.
La pandemia se ha cobrado casi dos millones de vidas en todo el mundo, pero la profunda brecha entre ricos y pobres ha demostrado ser tan letal como el propio virus.
El coronavirus ha golpeado un mundo que ya era profundamente desigual
La crisis de la COVID-19 se ha propagado por un mundo que ya era extremadamente desigual. Un mundo en el que, durante 40 años, el 1 % más rico de la población ha duplicado los ingresos de la mitad más pobre de la población mundial. Un mundo en el que una pequeña élite de poco más de 2000 milmillonarios poseía más riqueza de la que podrían gastar, aunque vivieran mil vidas. Un mundo en el que casi la mitad de la humanidad tiene que sobrevivir con menos de 5,50 dólares al día y en el que perder tan solo un ingreso supone caer en la miseria.
Esta desigualdad tan extrema se traduce en que, incluso antes de la pandemia, miles de millones de personas ya vivían en una situación límite, sin acceso a atención médica básica o mecanismos de protección social. Carecían de los recursos y el apoyo necesarios para hacer frente a la crisis económica y social generada por la COVID-19.
Desde la irrupción del virus, las personas ricas son más ricas y las pobres, más pobres
La crisis del coronavirus ha afectado a todas las economías del planeta y al empleo, los recursos y los ingresos de todas las personas. Sin embargo, la historia es muy distinta en función de si estás en lo más alto o lo más bajo de la pirámide económica.
Los súper ricos de todo el mundo han escapado a los peores efectos de la pandemia. Nuestro sistema económico profundamente injusto les ha permitido amasar enormes riquezas en medio de la peor recesión en 90 años, mientras cientos de millones de personas han perdido sus empleos y se enfrentan al hambre y a la pobreza extrema.
De hecho, se estima que el número total de personas en situación de pobreza podría haberse incrementado entre 200 y 500 millones de personas más en 2020
El virus de la desigualdad en cifras
Desde el inicio de la pandemia, los 10 hombres más ricos del mundo han ganado medio billón de dólares, una cifra que financiaría con creces una vacuna universal para la COVID-19 y que garantizaría que nadie cayese en la pobreza como resultado de esta crisis.
Si la presencia de hombres y mujeres en trabajos mal remunerados y precarios, que han sido los que más se han visto afectados por la crisis de COVID-19, fuese totalmente equitativa, 112 millones de mujeres dejarían de tener un riesgo elevado de perder sus ingresos o empleos.
La pandemia privó a los niños y niñas de los países más pobres de casi cuatro meses de escolarización, frente a las seis semanas en el caso de los niños y niñas de los países de renta alta.
Se estima que 9 de cada 10 personas en países pobres no podrá vacunarse este año contra la COVID-19, mientras los países más ricos han comprado tantas dosis como para vacunar a toda su población cerca de tres veces.
La desigualdad se está cobrando vidas. En los Estados Unidos, si la tasa de mortalidad de las personas de origen latino y afroamericano hubiese sido la misma que la de las personas blancas, aproximadamente 22 000 personas negras y latinas aún seguirían con vida.
La recesión ya ha acabado para los más ricos
Durante los primeros meses de la pandemia, el hundimiento de los mercados bursátiles de todo el mundo provocó que los milmillonarios sufriesen pérdidas considerables. No obstante, este revés fue transitorio. En tan solo nueve meses, las mil personas más ricas del mundo ya habían recuperado toda la riqueza que habían perdido debido a la COVID-19, mientras que las personas en mayor situación de pobreza podrían necesitar más de una década para recuperarse de los impactos económicos de la crisis.
La crisis afecta principalmente a las mujeres y a los grupos étnicos y racializados
Mientras los milmillonarios (en su mayoría hombres blancos) disfrutan de una vida de lujo durante la pandemia, son las mujeres, las personas negras y afrodescendientes, los Pueblos Indígenas, y las comunidades históricamente excluidas y oprimidas en todo el mundo quienes sufren las consecuencias más graves de esta crisis. Dado que un gran número de ellas no puede acceder a servicios de salud y protección social de calidad y suelen ocupar empleos precarios y mal remunerados, tienen más probabilidades de verse arrastradas a la pobreza, pasar hambre e infectarse y morir por el virus.
Millones más padecen hambre
Los catastróficos efectos del coronavirus en los empleos y medios de vida se han traducido en un enorme incremento del hambre. Las Naciones Unidas han estimado que el número de personas en situación de hambre extrema podría incrementarse hasta los 270 millones para finales de 2020 como consecuencia de la pandemia; un aumento del 82 % con respecto a 2019. Esto podría significar que, para finales de 2020, entre 6000 y 12 000 personas podrían morir de hambre cada día como consecuencia de la crisis.
No hay vuelta atrás. No podemos volver a donde estábamos.
Nos encontramos en un punto de inflexión para la humanidad, y cómo decidimos actuar en este momento crucial pasará a la historia. No podemos volver al mundo brutal, injusto e insostenible en el que vivíamos antes de la irrupción del virus.
Los Gobiernos de todo el mundo tienen una ventana de oportunidad cada vez más pequeña para construir una economía inclusiva tras la COVID-19: una economía más justa e inclusiva, que proteja al planeta y acabe con la pobreza. Una economía más humana y justa al servicio de todas las personas. Proponemos cinco medidas clave para construir un futuro mejor:
1. Reducir la desigualdad y valorar aquello que importa
2. Invertir en servicios públicos gratuitos y universales
3. Garantizar trabajos dignos y salarios justos para todas las personas
4. Hacer que los más ricos paguen los impuestos que les corresponden
5. Hacer frente a la crisis climática
Oxfam org. 25/01/2021
https://www.oxfam.org/es/menos-milmillonarios-y-mas-enfermeras-cinco-pasos-para-reconstruir-un-mundo-mas-igualitario-tras-la 

El virus de la desigualdad hace necesaria la colaboración y la cooperación 
  • Si se utilizara la riqueza que las 12 personas más ricas de México han acumulado durante la pandemia, se podría cubrir dos veces el gasto programado del IMSS 2021 en servicios de salud y alcanzaría para comprar las dosis suficientes para vacunar a toda la población. 
  • Desde el inició la emergencia sanitaria, la fortuna de las 10 personas más ricas del mundo ha aumentado en 500 mil millones de dólares. Esta cantidad sería suficiente para financiar una vacuna universal y garantizar que nadie caiga en la pobreza a causa de la pandemia. 
Recuperar el nivel de riqueza previo a la pandemia sólo les tomó 9 meses a las personas más ricas del mundo, para el resto de la humanidad, volver a las condiciones de antes de marzo del 2020, podría tardar más de 10 años en llegar, reveló el informe global de Oxfam “El Virus de la Desigualdad”, publicado hoy en el marco de los “Diálogos de Davos del Foro Económico Mundial”. 
El informe enfatiza que el COVID-19 está aumentando la desigualdad económica prácticamente en todos los países del mundo al mismo tiempo. Además, explica cómo las diversas intersecciones y desigualdades como el origen étnico, los contextos migratorios adversos, el acceso limitado a los servicios de salud, la discriminación por género, la orientación sexual, la identidad de género, o incluso el hambre, sólo por mencionar algunas, han contribuido a que millones de personas enfermen y mueran. Se estima que el 61% de la población activa mundial trabaja en empleos informales (venta ambulante, trabajo del hogar, reparto a domicilio o la construcción). Estas personas no tienen prestaciones justas, ni acceso a servicios de salud y viven día a día en la primera línea de exposición al virus por su interacción constante con más gente. A esto hay que sumarle que son las mujeres o personas racializadas quienes son las más afectadas. Según el informe de Oxfam, 112 millones de mujeres corren un riesgo elevado de perder sus ingresos o el empleo. 
“Estamos viviendo una crisis de cuidados muy profunda que nos corresponsabiliza a toda la humanidad pero que expone en mayor medida a quienes viven en peores condiciones de desigualdad. Hablo de las personas que no han tenido oportunidad de aislarse y protegerse; o quienes no tienen acceso a servicios de salud y no han podido detectar ni tratar este virus ni otras enfermedades asociadas a la pobreza; o quienes viven en hacinamiento o sin servicios básicos como agua potable y tienen que salir para poder sobrevivir”, dijo Alexandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México. 
“La pandemia ha evidenciado la urgente necesidad de cambiar la forma en la que vivimos. Sólo la cooperación y la colaboración nos podrán rescatar de sus efectos. Si se utilizara la riqueza acumulada durante la pandemia de las 12 personas más ricas de México, se podría cubrir dos veces el gasto programado del IMSS 2021 en servicios de salud y alcanzaría para comprar las dosis suficientes para vacunar a toda la población”, concluyó. 
“El Virus de la Desigualdad” busca mostrar un panorama global que vincula a todas las personas para tomar las medidas pertinentes en el presente y futuro. 
  • La recesión ya ha acabado para los más ricos. Desde el inicio de la pandemia, la fortuna de las 10 personas más ricas del mundo ha aumentado en 500 mil millones de dólares. Esta cantidad sería suficiente para financiar una vacuna universal y garantizar que nadie caiga en pobreza a causa de la emergencia sanitaria. El resto de la humanidad enfrenta la peor crisis laboral en más de 90 años y cientos de millones de personas están subempleadas o sin trabajo. 
  • De nuevo, las mujeres son las más afectadas. Las mujeres representan la mayor parte de la fuerza laboral a nivel mundial. Sin embargo sus trabajos son mal remunerados y precarios. Durante el COVID-19 esos empleos han sido los más afectados, pues se desarrollan en sectores como el de la salud, la protección social y los empleos esenciales. 
  • La clave para lograr una rápida recuperación es construir una economía más humana y justa. Es necesario implementar sistemas de seguridad social y construir una economía verde que evite una mayor degradación del planeta y lo preserve para las futuras generaciones. Un impuesto temporal sobre las ganancias de las 32 multinacionales que mayor riqueza han acumulado desde que comenzó la pandemia, permitiría recaudar 104 mil millones de dólares, sólo en el 2020. Esta cantidad sería suficiente para financiar las prestaciones sociales de personas de los países de renta media y baja.
Oxfam México org. Ciudad de México. 25/01/21 
https://www.oxfammexico.org/sites/default/files/BP-%20El%20virus%20de%20la%20desigualdad%20hace%20necesaria%20la%20colaboracio%CC%81n%20y%20la%20cooperacio%CC%81n.pdf 

1656. Sólo con Justicia Social se superará la crisis pandémica

Latinoamérica y el Caribe será la región más golpeada en lo económico y, si no logra cobrar más impuestos a los sectores más poderosos, la pandemia la pagarán los pobres y lo que queda de la clase media. 
Establecer impuestos a los patrimonios que superen el millón de dólares, así como a las utilidades de grandes empresas que más bien han visto sus ganancias dispararse durante la pandemia; pero al mismo tiempo aliviar la carga de los hogares empobrecidos, por ejemplo, reduciendo a cero los impuestos a la canasta básica. 
Esas son algunas de las recomendaciones que hace el informe ¿Quién paga la cuenta? Gravar la riqueza para enfrentar la crisis de la COVID-19 en América Latina y el Caribe, recientemente publicado por la organización no gubernamental Oxfam.
El informe propone además que, cuando llegue la etapa de la recuperación, los Estados deberán emprender reformas tendientes a una mayor recaudación para “blindar las políticas sociales”, pero ello debe pasar por reducir la regresividad de las políticas fiscales; es decir, que los ricos paguen como ricos. 
En esa dirección, es vital “detener la ingente pérdida de ingresos fiscales a causa de la evasión fiscal”, así como elevar o crear tasas sobre rendimientos de capital, revisar los impuestos a la propiedad y los incentivos tributarios. 
Cabe destacar que algunas de esas propuestas son muy coincidentes con las ya hechas en Costa Rica por el grupo de Economía Pluralista al presidente Carlos Alvarado desde abril, mediante una carta. Asier Hernando, director de Oxfam para América Latina y el Caribe, durante una charla organizada por la Fundación Gabo, señaló que la pandemia incrementó la pobreza en la región en un 3,2% y ponderó que ello es aún más grave en el contexto en que, durante el último año, se observó lo que llamó “la desafección con la democracia”, pues “la frustración por parte de la población era mucho mayor y vimos diferentes movilizaciones en las calles. Vimos lo que pasaba en Chile, vimos lo que pasaba en Colombia, vimos lo que pasaba en Ecuador, vimos lo que pasaba previamente a Nicaragua o lo que pasó en Honduras”. 
Al mismo tiempo, apuntó que desde 2002, 66 millones de personas en Latinoamérica habían salido de la pobreza, pero la región se mantenía “frágil” y “vulnerable” porque “dependía de las exportaciones y porque solo una serie de sectores muy concretos eran los que esperaban una parte importante de la riqueza”. 
Por ello, advirtió que unas 52 millones de personas “pueden retroceder otra vez a la pobreza”. Vale notar que en Costa Rica, la pobreza desde mediados de los años 90 muestra un estancamiento pues nunca se aleja del 20% de la población. Aún no se puede precisar el golpe que en este rubro está produciendo la crisis pandémica, pero sí se identificó un aumento drástico del desempleo, que ha alcanzado un 20%. 
Hernando también se refirió a la situación de las mujeres y dijo que a través de las labores de cuido en el hogar, que normalmente asumen, “son motor oculto de la economía actualmente” y que “mucho de la carga que tenían antes en el cuidado, que ya doblaba la de los hombres, se acentúa mucho más ahora”.
Se da entonces una situación que “condena a las mujeres al sector de la informalidad; ningún trabajo formal permite dedicarse a cuidados a los que el patriarcado las condena” y por ello “un aspecto fundamental de la crisis es que acentúa la desigualdad de los cuidados” en el hogar. 
La crisis no es igual para todos
El informe de Oxfam puntualiza que América Latina y el Caribe es la región “más desigual del planeta” y que ahora, además de ser el epicentro de la crisis sanitaria desde el 1 de junio, “se ha convertido también en el epicentro de la crisis económica”. 
Al mismo tiempo alarma porque “los elevados niveles de desigualdad y de pobreza, preexistentes a la crisis, junto con la alta informalidad y unas administraciones públicas con recursos insuficientes, son un efecto multiplicador que explica la vulnerabilidad de la región y limita su capacidad de contener la pandemia”.
Sin embargo y sin tapujos, el análisis de Oxfam sentencia que “esta crisis no afecta a todos por igual”, ya que desde el principio de los confinamientos han surgido ocho nuevos “mil millonarios” en la región, personas cuyo patrimonio supera los $1.000 millones. Al mismo tiempo, se estima que 40 millones de personas perderán sus empleos y, hay que insistir, 52 millones podrían recaer en la pobreza. La riqueza de esa élite de “supermillonarios” de la región ha crecido un 17% desde mediados de marzo, según el documento. Eso quiere decir que ese club del privilegio vio su patrimonio colectivo aumentar en $48.200 millones, lo cual equivale a la 38% del total de los paquetes de estímulo que los gobiernos han puesto en marcha para paliar la crisis, o a nueve veces el monto de los préstamos de urgencia que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha aprobado.}Por todo ello, los especialistas de Oxfam hablan de “dos realidades contrapuestas”. 
Por un lado, la mitad de la población de la región sobrevive día a día, con el mercado laboral marcado por la informalidad. “Para la gran mayoría de la ciudadanía, los confinamientos han acabado por ahogar los magros ahorros o mostrado la vulnerabilidad de unos servicios públicos que no alcanzan a garantizar cobertura ni derechos”, señala el informe. 
Pero, por otro lado, “ser extremadamente rico en América Latina y el Caribe te convierte prácticamente en inmune a esta crisis económica”, lo cual también se debe a que durante las últimas décadas “se han venido desmantelando los esquemas de impuestos a las grandes fortunas, hasta el punto de que en la actualidad tan solo tres países cuentan con un impuesto al patrimonio: Argentina, Colombia y Uruguay”.
Esa desigualdad radical también es notable en el ámbito empresarial, pues mientras miles de pequeñas y medianas empresas enfrentan cierres en muchos casos definitivos, “los beneficios de grandes corporaciones como Microsoft, Visa o la farmacéutica Pfizer han crecido entre un 30% y un 50% desde principios de año”. 
Vinicio Chacón, Semanario Universidad. Costa Rica. 05/08/20 
https://semanariouniversidad.com/mundo/solo-con-justicia-social-se-superara-la-crisis-pandemica/

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