Nuevas
pautas del Departamento de Justicia permiten la reglamentación por parte de los
estados del país.
New York, Estados Unidos. La decisión del
Departamento de Justicia de Estados Unidos de no impedir que los estados de
Washington y Colorado legalicen el consumo, la producción, distribución y
comercialización de marihuana para uso recreativo debería contribuir a reducir
las consecuencias negativas para los derechos humanos que tienen las actuales
políticas en materia de control de drogas, señaló Human Rights Watch. A
este anuncio se sumó la presentación de un memorándum del Departamento de
Justicia que ofrece nuevas pautas a todos los fiscales federales con respecto a
la aplicación de las leyes relativas a la marihuana.
“La
decisión del gobierno de Obama de permitir que Washington y Colorado formulen
alternativas a las políticas actuales sobre el control de drogas constituye un
paso inteligente y humanitario”, observó Maria McFarland, subdirectora del
programa sobre Estados Unidos de Human Rights Watch. “Las políticas vigentes
basadas principalmente en la criminalización del consumo de drogas socavan los
derechos humanos y han tenido un alto costo en materia de violencia y abusos.
Ya es tiempo de que Estados Unidos emprenda una reforma de sus políticas en
materia de drogas”.
El
memorándum del Departamento de Justicia, de fecha 29 de agosto de 2013,
actualiza las pautas anteriores a la luz de las consultas populares que se
efectuaron hace pocos meses en los estados de Colorado y Washington y en las
cuales la población se pronunció a favor de legalizar el consumo recreativo de
marihuana y regular su producción, venta y distribución. También se aplica a
los 20 estados de los Estados Unidos que han legalizado el consumo de marihuana
con fines médicos.
El
memorándum indica que el Departamento de Justicia no va a obstaculizar la
implementación por parte de los estados de leyes que despenalicen o legalicen
de algún modo la marihuana, siempre que esto no afecte ciertas prioridades
federales, tales como prevenir la distribución de marihuana a menores, impedir
que el crimen organizado se beneficie de los ingresos obtenidos de la venta de
marihuana y prevenir la violencia y el uso de armas de fuego en el cultivo y la
distribución de marihuana.
El
memorándum no aborda la situación de personas que hayan sido procesadas
penalmente en el ámbito federal por actividades vinculadas con el uso médico de
la marihuana que estaban contempladas por las leyes estatales pero que, según
se determinó, contravenían a la vez las leyes federales. A fin de adecuarse a
las pautas actuales, las autoridades federales deberían revisar las condenas y
los procesos penales contra individuos en relación con el uso médico de
marihuana que no hayan transgredido leyes estatales, y asegurar que se disponga
la liberación anticipada de quienes fueron condenados, indicó Human Rights
Watch.
El
memorándum del Departamento de Justicia destaca acertadamente que un sistema
estatal sólido de regulación y aplicación de la ley podría favorecer el cumplimiento
de las prioridades federales, por ejemplo, al impedir que la delincuencia
organizada se beneficie con el comercio ilegal de marihuana, reemplazando esta
vía de comercialización con un mercado estrictamente regulado, observó Human
Rights Watch.
“Resulta
alentador que el memorándum del Departamento de Justicia reconozca que un
sistema regulado de distribución de drogas podría contribuir a reducir el poder
y los enormes ingresos obtenidos por las organizaciones criminales”, comentó
McFarland. “El crimen organizado violento, que en muchos casos se financia a
través del comercio de drogas ilícitas, implica una amenaza genuina para los
derechos humanos y el estado de derecho a nivel global. Es crucial que los
gobiernos evalúen formas alternativas de regular no sólo el uso, sino también
el comercio de drogas”.
Si bien
los gobiernos tienen un interés legítimo en prevenir los daños sociales
causados por las drogas, las políticas actuales sobre control de drogas han
provocado o contribuido a la comisión de graves violaciones de derechos
humanos, señaló Human Rights Watch.
Aplicar
sanciones penales a las personas por consumo personal o tenencia de drogas
implica minar su autonomía y su derecho a la privacidad. En gran parte del
mundo, la criminalización de la producción y distribución de drogas ha
incrementado considerablemente la rentabilidad del comercio de drogas ilícitas,
que a su vez ha propiciado el crecimiento y las operaciones de organizaciones
delictivas responsables de actos de violencia y violaciones de derechos humanos
a gran escala.
En
Estados Unidos, también ha contribuido a un crecimiento dramático de la
población carcelaria, y a que personas que cometieron faltas vinculadas con
drogas cumplan penas excesivamente prolongadas, que no guardan proporción con
la gravedad del delito.
Human
Rights Watch insta a los gobiernos a adoptar enfoques regulatorios y de salud
pública que prescindan de elementos penales y respeten los derechos humanos
para disuadir, prevenir y resarcir el uso nocivo de drogas. Los estados
deberían además adoptar medidas destinadas a paliar las graves consecuencias
para los derechos humanos de las políticas actuales sobre producción y
distribución de drogas, entre otras cosas, reduciendo la aplicación de normas
penales en este ámbito y, cuando corresponda, adoptando nuevos marcos jurídicos
y reglamentarios y adecuando las prácticas de implementación.
“Colorado
y Washington, junto con los estados donde se permite el consumo de marihuana
con fines médicos, finalmente han comenzado a dejar atrás un sistema de
regulación en materia de drogas que depende excesivamente del derecho penal”,
observó McFarland. “Al dar el visto bueno para que estos estados avancen, el
gobierno estadounidense quizás esté sugiriendo que estaría dispuesto a considerar
la posibilidad de reformas en las leyes federales sobre control de drogas”.
Hrw.org. 30 de
Agosto de 2013