La intimidación
dificulta el trabajo de monitoreo independiente
Venezuela está
intimidando y hostigando a defensores y defensoras de derechos humanos y les ha
acusado infundadamente de que estarían intentando desestabilizar la democracia
en el país, indicaron hoy 28 organizaciones de derechos humanos internacionales
y latinoamericanas. Los señalamientos de las autoridades se refieren a las
funciones legítimas que ejercen estas organizaciones al documentar abusos y
representar a víctimas ante organismos internacionales de derechos humanos.
Las autoridades
venezolanas deberían desistir inmediatamente de esta táctica, expresaron las
organizaciones. Los gobiernos que participarán en la Cumbre de las Américas,
que tendrá lugar en Panamá el 10 y 11 de abril de 2015, deberían exigir al
gobierno de Nicolás Maduro que asegure que las defensoras y los defensores de
derechos humanos puedan realizar su labor sin temor a sufrir represalias,
dijeron las organizaciones.
La persecución del
gobierno apunta claramente a desacreditar e intimidar a organizaciones que
documentan violaciones de derechos humanos, indicaron las organizaciones.
El 12 de febrero, el
presidente de la Asamblea Nacional y miembro del partido gobernante, Diosdado
Cabello, indicó en la página web de su programa de televisión semanal Con el
Mazo Dando, que se transmite por el canal estatal Venezolana de Televisión, que
“representantes de ONG de la extrema derecha venezolana” participarían en
audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo.
Cabello había criticado anteriormente a defensores venezolanos de derechos
humanos que intervinieron en el examen del país realizado por el Comité contra
la Tortura de la ONU en Ginebra, o que viajaron al exterior para participar en
reuniones sobre la situación de derechos humanos en Venezuela.
El 18 de marzo,
durante su programa, Cabello leyó una lista con los nombres de personas y
organizaciones que habían viajado a Washington D.C. para participar en audiencias
ante la CIDH. La lista incluía a importantes organizaciones de derechos humanos
como Provea, Espacio Público, Observatorio Venezolano de Prisiones,
Transparencia Venezuela, Cofavic, Codevida y Observatorio Venezolano de
Conflictividad Social. Cabello acusó a estas organizaciones de recibir
instrucciones de la Embajada de Estados Unidos en Caracas antes de viajar a las
audiencias.
Cabello sostiene que
la información presentada en el programa había sido aportada por “patriotas
cooperantes” anónimos.
Doce defensores y
defensoras de derechos humanos que llegaron a Caracas en varios vuelos entre el
20 y el 22 de marzo afirmaron haber sido seguidos por personas no identificadas
desde el momento del aterrizaje y hasta que salieron del aeropuerto. También afirmaron
haber sido filmados o fotografiados, y/o que las autoridades registraron sus
bolsos de manera irregular.
El 23 de marzo, María
Alejandra Díaz, una abogada que representó al gobierno en las audiencias de la
CIDH, manifestó en Venezolana de Televisión que “el tema de los derechos
humanos no es otra cosa sino una fachada” y que las organizaciones no
gubernamentales que participaron en las audiencias “se dicen venezolanas” pero
“le han hecho el juego al imperialismo” y “mienten frente a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos para satanizar a Venezuela”.
Un artículo publicado
el 3 de abril en el periódico oficial Correo del Orinoco acusó a dos
reconocidos defensores de derechos humanos de ser parte de la “delegación
venezolana” de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense en la Cumbre
de las Américas. Su objetivo sería “legitimar las acciones de
desestabilización” en Venezuela, según el artículo.
Conforme al derecho
internacional, los gobiernos deben asegurar que las defensoras y los defensores
de derechos humanos puedan llevar a cabo sus actividades legítimas sin
represalias, amenazas, intimidación, acoso, discriminación u obstáculos legales
innecesarios. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó en 2003 que
el “respeto de los derechos humanos en un estado democrático depende, en gran
parte, de las garantías efectivas y adecuadas de que gocen las defensoras y los
defensores de derechos humanos para realizar libremente sus actividades”.
Si bien los derechos
a la libertad de expresión y asociación pueden estar sujetos a limitaciones,
estas deben ajustarse a estándares estrictos, de modo tal que no obstaculicen
indebidamente el ejercicio de esos derechos. Toda restricción deberá imponerse
por ley, debe ser necesaria en una sociedad democrática y proporcional al objetivo buscado.
En 2012, el Relator
Especial de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de
asociación instó a los países a garantizar “el disfrute de [estos] derechos de
todas las entidades, registradas o no, y todas las personas” y asegurar que
nadie sea objeto de “acoso, persecución, intimidación o represalias” por
ejercer tales derechos.
Signatarios
Amnistía
Internacional
Asociación Pro
Derechos Humanos (APRODEH) (Perú)
Asociación por los Derechos
Civiles (ADC) (Argentina)
Centro de Derechos
Humanos de la Montaña Tlachinollan, A.C. (México)
Centro de Derechos
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh) (México)
Centro de Estudios de
Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) (Colombia)
Centro por la
Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
CIVICUS
Ciudadanos en Apoyo a
los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) (México)
Comisión Colombiana
de Juristas (Colombia)
Comisión Ecuménica de
Derechos Humanos (CEDHU) (Ecuador)
Comisión Internacional
de Juristas
Coordinadora Nacional
de Derechos Humanos (Perú)
Corporación Humanas
(Chile)
Federación
Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
Frontline Defenders /
Fundación Internacional para la protección de los/las defensores/as de los
derechos humanos
Fundación Myrna Mack
(Guatemala)
Fundación para el
Debido Proceso Legal (DPLF)
Fundación Regional de
Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) (Ecuador)
Human Rights Watch
Instituto de Defensa
Legal (IDL) (Perú)
Instituto de
Desenvolvimento e Direitos Humanos (Brasil)
Instituto de Estudios
Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR) (Uruguay)
Observatorio
Ciudadano (Chile)
Organización Mundial
Contra la Tortura
Robert F. Kennedy
Human Rights
Servicio
Internacional por los Derechos Humanos (ISHR)
Transparencia Internacional
Hrw.org. Panamá, 07/05/15
