Buenas tardes,
Hace poco más de cuatro años
desde que mi predecesora, Navi Pillay, fue invitada a México. Desde entonces ha
habido desarrollos legislativos muy importantes, incluyendo la Reforma
Constitucional de 2011 y las enmiendas que han pavimentado el camino para
nuevas leyes generales que atienden dos de las más apremiantes problemáticas de
derechos humanos: la desaparición forzada y la tortura. La adopción e
implementación de estas dos leyes requerirá la activa participación de víctimas
y organizaciones de la sociedad civil y ambas deberán cumplir cabalmente con
los estándares internacionales de derechos humanos.
A nivel internacional, por muchos
años México ha sido un acérrimo defensor de los derechos humanos. Desde 2002,
ha albergado una sólida oficina de derechos humanos de la ONU en el terreno,
que cuenta hoy en día con 30 funcionarios. México ha jugado un papel muy
importante y constructivo en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra;
recientes ejemplos de este positivo compromiso incluyen el auspicio a algunas
resoluciones clave sobre los derechos de los migrantes, pueblos indígenas y
personas con discapacidad, así como sobre la independencia de las juezas y los
jueces. México también ha ratificado casi todos los tratados internacionales de
derechos humanos más importantes.
Durante mi visita, me reuní con
altas autoridades del Estado, incluyendo al Presidente Peña Nieto, la
Secretaria de Relaciones Exteriores y el Secretario de Gobernación, el
Presidente de la Suprema Corte, la Procuradora General de la República y un
grupo de Senadores y Senadoras, y el Presidente de la Conferencia Nacional de
Gobernadores. También sostuve encuentros con los Secretarios de la Defensa
Nacional y de la Marina, así como con el Comisionado Nacional de Seguridad
(jefe de la policía federal).
En el transcurso de estas
reuniones, fui informado de significativos avances constitucionales y legales
hechos durante los últimos cuatro años. Estos avances incluyen reformas
constitucionales relacionadas con la transparencia y el acceso a la información
pública, el combate a la corrupción, la desaparición y la tortura. Las nuevas
legislaciones incluyen la Ley para la Protección de Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas, la Ley General de Víctimas, la Ley de Amparo y
más recientemente la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
y el Código Federal de Procedimientos Penales.
Adicionalmente, importantes
medidas de políticas públicas han sido tomadas tales como la adopción del
Programa Nacional de Derechos Humanos (2014-2018) y protocolos para investigar
la tortura y las desapariciones. Recientemente, han comenzado a operar sistemas
de alertas de género, así como programas destinados a atender los retos que
plantea la migración, además de programas integrales de capacitación para la
policía, los jueces y otros funcionarios públicos. Saludé las recientes
sentencias de la Suprema Corte sobre matrimonio igualitario, tortura y
protección de la libertad personal y el debido proceso. A nivel local, han sido
adoptados programas de derechos humanos en cinco estados y hay un compromiso de
extenderlos en todo el país.
Además, el Gobierno mexicano ha
hecho admirables compromisos para cambiar las leyes y prácticas nacionales
tanto en el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos (un
proceso igualitario aplicable a todos los Estados), y en los diversos Comités
que monitorean el cumplimiento de las obligaciones de los países bajo los
tratados internacionales de derechos humanos que han ratificado y que por tanto
continuarán siendo medidos contra dichas obligaciones y compromisos.
Sin embargo, a pesar de este
progreso dirigido a construir un sólido marco de derechos humanos – mismo que
es reconocido y ampliamente valorado por mí y por muchos otros – mi visita ha
sido aleccionadora en cuanto a las realidades cotidianas de millones de
personas en México. Y finalmente, son las personas quienes juzgarán. No soy yo,
ni mi Oficina, ni la ONU ni los representantes del Estado quienes podamos
declarar que lo que se está haciendo o se ha hecho, sea suficiente. Sólo la
gente puede hacer esto, especialmente aquellas personas en mayor desventaja,
las víctimas del delito o las familias de éstas son quienes tienen la
credibilidad para emitir este juicio.
Muchos de los problemas señalados
por mi predecesora hace cuatro años siguen siendo temas de preocupación, y
muchas de las personas con las que he hablado ilustraron una imagen muy
desalentadora – y consistente – de una sociedad afligida por los altos niveles
de inseguridad, de desapariciones y de asesinatos, el continuo acoso a personas
defensoras de los derechos humanos y periodistas, la violencia contra las mujeres
y los terribles abusos hacia migrantes y refugiados que transitan por el país
en su camino a Estados Unidos.
Estadísticas oficiales muestran
que 98% de los crímenes cometidos en México quedan sin resolver; la mayoría de
ellos no son nunca propiamente investigados. Por tanto no es sorprendente que
la ciudadanía mexicana se sienta insegura – no obstante la baja en la tasa de
homicidios y secuestros, misma que saludamos.
No quiero simplemente repetir las
declaraciones hechas el viernes pasado por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) al final de su visita a México. Sin embargo, sí
respaldo por completo sus hallazgos, que coinciden en gran parte con las
opiniones de mi Oficina y de varios expertos y órganos internacionales de
derechos humanos de la ONU que recientemente han visitado o informado sobre la
situación en México. Y, de hecho, las recomendaciones de la CIDH fueron también
respaldadas por el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
así como por varias organizaciones de la sociedad civil, ilustrando así que hay
un amplio consenso nacional, regional e internacional sobre la gravedad de la
situación actual de los derechos humanos en México.
Para un país que no se encuentra
en medio de un conflicto, las cifras calculadas son, simplemente, impactantes:
151,233 personas asesinadas entre diciembre de 2006 y agosto de 2015,
incluyendo miles de migrantes en tránsito. Desde 2007, hay al menos 26,000
personas cuyo paradero se desconoce, muchas posiblemente como resultado de
desapariciones forzadas. Miles de mujeres y niñas son abusadas sexualmente o se
convierten en víctimas de feminicidio. Y prácticamente nadie ha sido condenado
por dichos crímenes.
Parte de la violencia puede ser
atribuida a los poderosos y despiadados grupos del crimen organizado, que han
hecho miserable la vida de mucha gente en varios de los 32 estados de la
República. Condeno sus acciones sin reservas. Sin embargo, muchas
desapariciones forzadas, actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales presuntamente
han sido llevadas a cabo por autoridades federales, estatales y municipales,
incluyendo la policía y algunas partes del Ejército, ya sea actuando por sus
propios intereses o en colusión con grupos del crimen organizado.
El corrosivo y devastador impacto
del crimen organizado y las enormes cantidades de dinero que movilizan estos
grupos está cooptando o corrompiendo instituciones clave, y en algunas
regiones, está reduciendo el impresionante conjunto de leyes mexicanas a meras
palabras en el papel. La combinación de miedo, ambición e impunidad crónica es
potente y millones de personas están sufriendo este cóctel venenoso que una vez
fraguado es difícil de eliminar.
Una sucesión de incidentes
específicos y recientes han llamado considerablemente la atención y
preocupación internacionales.
Primero, el 30 de junio de 2014,
autoridades militares anunciaron que durante un ataque en una bodega en el
municipio de Tlatlaya en el Estado de México, soldados mataron a 22 de los
agresores, incluyendo a una niña de 15 años. Sólo después de varios meses, y
gracias a una valiente testigo y algo de periodismo audaz, emergió una historia
por completo diferente; dicha historia sugiere que la mayor parte de esas 22
personas de hecho se habían rendido y que luego fueron ejecutadas sumariamente,
y que tres mujeres sobrevivientes habían sido sujetas a detención arbitraria y
a tortura. Desde entonces, detalles más alarmantes sobre el caso han emergido,
como la aparente alteración de la escena del crimen y la fabricación de cargos
contra las sobrevivientes, así como la naturaleza de las órdenes de operación
dadas al oficial a cargo de las mismas.
Poco antes de este grave
incidente, el Código Militar había sido reformado ubicando a los militares bajo
la jurisdicción civil en el caso de crímenes cometidos contra civiles. El caso
de Tlatlaya es uno de los primeros en ser revisados bajo este sistema, y su
progreso, por tanto, será observado de cerca.
La confianza de la ciudadanía en
las instituciones federales y locales fue seriamente resquebrajada por las
desapariciones forzadas de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de
Ayotzinapa y el asesinato de seis personas, ocurridos en Iguala, estado de
Guerrero. Los informes sugieren poderosamente que la policía local realizó violentos
ataques y emboscadas en contra de los estudiantes desarmados, así como contra
un equipo de fútbol local.
El reciente informe del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), mismo que fue designado
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e invitado por el Gobierno
mexicano para dar seguimiento a la investigación en el caso de Iguala, descartó
la versión original de las investigaciones sobre que los cuerpos de los
estudiantes habían sido incinerados en un basurero municipal. También reveló
que fuerzas de seguridad federales tenían conocimiento de lo que estaba
sucediendo mientras estaba sucediendo, pero que no intervinieron. El informe
manifestó que el alcance y la complejidad de las operaciones de variadas y
diversas fuerzas de la policía involucradas en la emboscada, arrestos, tiroteos
y desaparición forzada de los estudiantes significan que debe haber habido una
coordinación centralizada.
El caso de Iguala recibió gran
atención, no sólo en México sino alrededor del mundo, y la voluntad y la
habilidad de las autoridades para afrontar los crímenes violentos y la
corrupción fueron puestas a prueba. Si el verdadero destino de los estudiantes
finalmente es revelado como resultado de una rigurosa y determinada
investigación, y el amplio rango de perpetradores es identificado, procesado y
sentenciado, incluyendo reparaciones a las víctimas, este terrible caso podría
tener un efecto beneficioso en muchas otras situaciones similares en el país.
Es importante que el Gobierno actúe decisivamente sobre las recomendaciones del
GIEI incluyendo su insistencia de que las autoridades reviertan su decisión de
no permitir que los expertos se entrevisten con miembros del Batallón no. 27,
quienes estaban presuntamente en la escena cuando algunos de los ataques
tuvieron lugar.
Tanto el GIEI como el Equipo
Argentino de Antropología Forense, arrojaron luz sobre las limitaciones e
irregularidades relacionadas con los servicios forenses en México. Es preciso y
urgente crear una institución nacional forense de carácter autónomo y con
recursos adecuados.
La razón por la cual he puesto
tanta atención en el caso de Iguala, cuando muchos otros crímenes igualmente
inquietantes han sido cometidos en México en los años recientes - a la par del
subsecuente descubrimiento de numerosas fosas comunes con cuerpos que
resultaron no corresponder a los estudiantes desaparecidos sino que son otras
víctimas con perpetradores desconocidos – el caso de Iguala es un microcosmos
de problemas crónicos que subyacen a la implacable ola de violaciones de
derechos humanos que está teniendo lugar a lo largo de México. De manera
particular, pone de relieve el predominio de la impunidad y la indiferencia por
las víctimas que afectan al país entero.
Otro caso reciente de alto perfil
que aún está por ser adecuadamente resuelto incluye los asesinatos de nueve
personas en Apatzingán, en enero de 2015, y de 43 personas, incluyendo un
oficial de policía, en Tanhuato, en mayo.
El caso de Iguala también ha
resaltado la debilidad de la policía, incluyendo su frecuente y directo
involucramiento en la comisión de crímenes. En Iguala, de acuerdo a sólida
evidencia puesta a la luz por la investigación del GIEI, elementos de la
policía municipal, estatal y federal – junto con otros representantes del
Estado y del Ejército – estuvieron involucrados, ya sea en los crímenes o en el
hecho de no proteger a las víctimas, o tomando parte en el posterior
encubrimiento.
Como una de las personas con las
que me encontré en los últimos días lo planteó: “Este es un país en el que si
eres víctima de un crimen, a los últimos a los que llamas es la policía.” Si la
policía no funciona adecuadamente, entonces el sistema de justicia en su
conjunto corre el riesgo de ser disfuncional. El nuevo sistema penal tendrá que
superar los problemas que enfrentan la policía y los forenses, así como la
debilidad del sistema de investigación.
Como dije antes, hay una fuerte
convergencia de miradas sobre el alcance y la naturaleza de los problemas de
derechos humanos en México entre los órganos de Naciones Unidas, la CIDH, la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la sociedad civil, la academia, el
cuerpo diplomático – y sobre todo, entre los sobrevivientes y familiares de las
decenas de miles de víctimas.
Desde hace tiempo, México ha sido
muy generoso en sus invitaciones, a quienes me precedieron en el cargo, y a mí
mismo, sino también a otras entidades de derechos humanos de la ONU, tales como
variados expertos independientes de las Naciones Unidas. Por tanto ha sido una
sorpresa para nosotros cuando el Relator Especial de la ONU sobre la tortura,
Juan Méndez, al publicar su reciente informe sobre México, fue sujeto de
virulentos ataques personales por parte de algunos políticos, a pesar de que la
prevalencia de la tortura ha quedado bien establecida (la cual se da
generalmente a manos de la policía y ministerios públicos durante el período
inicial del arresto). Desafortunadamente, esta intolerancia ante la crítica
pública también se ha manifestado en reacciones a otros informes
internacionales más recientes sobre México.
Mi mensaje sobre esta reciente y
preocupante tendencia, que se contrapone al papel constructivo de México en el
Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, es el siguiente: en lugar de matar al
mensajero, enfoquémonos en el mensaje. Todos estamos de su lado. Todos queremos
ayudar a México. Ignorar lo que está sucediendo en este gran país no es una
opción para nosotros y no debe ser una opción para los políticos que la
población mexicana ha elegido y los representantes del Estado cuya
responsabilidad es proteger a los ciudadanos y las ciudadanas de este país, así
como a los migrantes y refugiados en su territorio. Señalar problemas
estructurales, así como intervenir en casos específicos, es una parte
importante de la asistencia que ofrecemos a muchos países. Nada de lo que hoy
he dicho aquí será particularmente sorprendente para la mayoría de los
mexicanos y las mexicanas, y especialmente no para aquellas personas más pobres
y marginalizadas.
Me encontré con docenas de ONG y
otros miembros de la sociedad civil provenientes de diversos lugares del país,
y estoy particularmente conmovido por su valentía (muchos habiendo sido
repetidamente amenazados o incluso atacados), y su determinación y compromiso
para seguir trabajando por un México mejor, a pesar de los obstáculos que
enfrentan. Hago un llamado urgente a las autoridades a ofrecer más y mejor
protección tanto a las defensoras y defensores de derechos humanos como a
quienes ejercen el periodismo, quienes han sufrido una terrible serie de
asesinatos, amenazas, golpizas y otras formas de intimidación en los años
recientes.
Un buen número de ONG pusieron de
relieve el tema de empresas involucradas en los llamados “megaproyectos” en los
cuales no se está consultando de manera adecuada a los pueblos indígenas cuyas
tierras y recursos planean explotar, y hago un llamado al Gobierno para que
asegure que estas empresas en el futuro tomen en cuenta el establecimiento de
procesos adecuados de consulta y permitan a los pueblos indígenas participar
activamente en el proceso de desarrollo.
Sobre todo, quiero agradecer a
todas las víctimas y familiares de víctimas que aceptaron encontrarse conmigo y
relatarme las traumáticas experiencias que han vivido, algunas a manos de
empleados del Estado, otras a manos de bandas criminales. Este grupo de
personas incluyó mujeres y personas indígenas y cada historia fue intensamente
personal – un antídoto importante ante la naturaleza insensible de las
incompletas estadísticas sobre asesinatos, violaciones y desapariciones.
También escuché a un grupo de
familiares de personas que han sido desaparecidas, desde la hija de un hombre
que desapareció forzosamente en 1974 hasta una mujer cuyo hijo desapareció
forzosamente en septiembre de 2014. Ojalá todo mundo pudiera encontrarse con
ellas y escucharlas. Tener a un ser querido desaparecido, no saber si está vivo
o muerto; y si ha muerto, no saber lo mucho que sufrió ni cuánto tiempo duró su
sufrimiento; y si está vivo, dónde está siendo detenido y en qué condiciones;
vivir esta horrible mezcla de pérdida e impotencia, esta falta de certeza,
constantemente presente día tras día, semana tras semana, mes tras mes, es
realmente una cosa espeluznante. Se vuelve doblemente cruel cuando las
autoridades ni siquiera se preocupan – o se atreven – a investigar lo que
sucedió con su hijo, hija, hermana, pareja o mejor amigo.
Repetiré la insensible
estadística nuevamente: México tiene al menos 26,000 casos de personas no
localizadas, y nuevos casos ocurren cada día. La miseria unida a la estadística
es imposible de comprender. El fracaso de la policía, del sistema de justicia
para esclarecer el paradero de las víctimas y lo que les sucedió, y sobre todo,
de los sucesivos gobiernos y del sistema político en su conjunto para detener
estos crímenes no sólo es lamentable, es profundamente trágico. Trágico para
las personas involucradas, y trágico para el país entero. Durante los últimos
días, me ha animado escuchar a altos representantes del Gobierno hablar con
nueva determinación para hacer frente a estos retos y les he informado que mi
Oficina está lista para asistirlos de todas las formas en que le sea posible.
En esta línea, en su momento
entregaré una lista de recomendaciones para el Gobierno mexicano. Mientras tanto,
me gustaría enfatizar la necesidad de llevar a cabo las siguientes medidas
clave:
Fortalecer de manera urgente las
procuradurías en el país para asegurar que las violaciones de derechos humanos
sean propiamente investigadas, conduciendo a resultados en tiempo.
Fortalecer de manera urgente la
capacidad de la policía para llevar a cabo sus funciones de seguridad pública
en línea con las obligaciones de derechos humanos, incluyendo el desarrollo de
un marco legal sobre el uso de la fuerza.
Adoptar un cronograma para el
retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública.
Implementar las recomendaciones
del GIEI y considerar mecanismos similares de seguimiento para otros casos
graves.
La comunidad internacional tiene
mucha buena voluntad hacia México, pero al final son solamente los mexicanos y
las mexicanas – y especialmente la clase política de México – quienes pueden
resolver estos profundos problemas. El país cuenta con recursos humanos de
primer nivel, así como recursos materiales abundantes. Las problemáticas se han
acrecentado tanto, que para cualquier gobierno sería una tarea abrumadora
solucionarlas, pero el gobierno que lo logre – el que reforme radicalmente la
policía, haga funcionar la justicia, aplaste el índice de criminalidad y
encarcele a los criminales, el que regrese al Ejército a los cuarteles, proteja
a las personas marginadas, trabaje duro para reducir la violencia contra las
mujeres – ése es el gobierno que la nación necesita y quiere.
El Gobierno que atienda
plenamente el deseo de su ciudadanía y tenga la capacidad de transformarlo en
un Estado que funcione, es el Gobierno que será recordado y honrado por
generaciones futuras. Dicho Gobierno además será capaz de atraer un flujo
masivo de inversión extranjera directa, que a su vez contribuiría una mayor
prosperidad para su población.
Ruego por que este Gobierno pueda
comprometerse con un renovado sentido de urgencia para resolver los enormes
retos de derechos humanos que enfrenta, para que sea cada ciudadano el que lo
juzgue.
Gracias.
Zeid Ra’ad Al Hussein
Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos
Miércoles, 07 Octubre 2015
HCHR.org.mx. México, Dsitrito Federal, 07/10/15
