Venezuela debe cesar el hostigamiento contra defensoras y defensores de derechos humanos

La intimidación dificulta el trabajo de monitoreo independiente

Venezuela está intimidando y hostigando a defensores y defensoras de derechos humanos y les ha acusado infundadamente de que estarían intentando desestabilizar la democracia en el país, indicaron hoy 28 organizaciones de derechos humanos internacionales y latinoamericanas. Los señalamientos de las autoridades se refieren a las funciones legítimas que ejercen estas organizaciones al documentar abusos y representar a víctimas ante organismos internacionales de derechos humanos.

Las autoridades venezolanas deberían desistir inmediatamente de esta táctica, expresaron las organizaciones. Los gobiernos que participarán en la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Panamá el 10 y 11 de abril de 2015, deberían exigir al gobierno de Nicolás Maduro que asegure que las defensoras y los defensores de derechos humanos puedan realizar su labor sin temor a sufrir represalias, dijeron las organizaciones.

La persecución del gobierno apunta claramente a desacreditar e intimidar a organizaciones que documentan violaciones de derechos humanos, indicaron las organizaciones.

El 12 de febrero, el presidente de la Asamblea Nacional y miembro del partido gobernante, Diosdado Cabello, indicó en la página web de su programa de televisión semanal Con el Mazo Dando, que se transmite por el canal estatal Venezolana de Televisión, que “representantes de ONG de la extrema derecha venezolana” participarían en audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo. Cabello había criticado anteriormente a defensores venezolanos de derechos humanos que intervinieron en el examen del país realizado por el Comité contra la Tortura de la ONU en Ginebra, o que viajaron al exterior para participar en reuniones sobre la situación de derechos humanos en Venezuela.

El 18 de marzo, durante su programa, Cabello leyó una lista con los nombres de personas y organizaciones que habían viajado a Washington D.C. para participar en audiencias ante la CIDH. La lista incluía a importantes organizaciones de derechos humanos como Provea, Espacio Público, Observatorio Venezolano de Prisiones, Transparencia Venezuela, Cofavic, Codevida y Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Cabello acusó a estas organizaciones de recibir instrucciones de la Embajada de Estados Unidos en Caracas antes de viajar a las audiencias.

Cabello sostiene que la información presentada en el programa había sido aportada por “patriotas cooperantes” anónimos.

Doce defensores y defensoras de derechos humanos que llegaron a Caracas en varios vuelos entre el 20 y el 22 de marzo afirmaron haber sido seguidos por personas no identificadas desde el momento del aterrizaje y hasta que salieron del aeropuerto. También afirmaron haber sido filmados o fotografiados, y/o que las autoridades registraron sus bolsos de manera irregular.

El 23 de marzo, María Alejandra Díaz, una abogada que representó al gobierno en las audiencias de la CIDH, manifestó en Venezolana de Televisión que “el tema de los derechos humanos no es otra cosa sino una fachada” y que las organizaciones no gubernamentales que participaron en las audiencias “se dicen venezolanas” pero “le han hecho el juego al imperialismo” y “mienten frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para satanizar a Venezuela”.

Un artículo publicado el 3 de abril en el periódico oficial Correo del Orinoco acusó a dos reconocidos defensores de derechos humanos de ser parte de la “delegación venezolana” de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense en la Cumbre de las Américas. Su objetivo sería “legitimar las acciones de desestabilización” en Venezuela, según el artículo.

Conforme al derecho internacional, los gobiernos deben asegurar que las defensoras y los defensores de derechos humanos puedan llevar a cabo sus actividades legítimas sin represalias, amenazas, intimidación, acoso, discriminación u obstáculos legales innecesarios. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó en 2003 que el “respeto de los derechos humanos en un estado democrático depende, en gran parte, de las garantías efectivas y adecuadas de que gocen las defensoras y los defensores de derechos humanos para realizar libremente sus actividades”.

Si bien los derechos a la libertad de expresión y asociación pueden estar sujetos a limitaciones, estas deben ajustarse a estándares estrictos, de modo tal que no obstaculicen indebidamente el ejercicio de esos derechos. Toda restricción deberá imponerse por ley, debe ser necesaria en una sociedad democrática y  proporcional al objetivo buscado.

En 2012, el Relator Especial de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación instó a los países a garantizar “el disfrute de [estos] derechos de todas las entidades, registradas o no, y todas las personas” y asegurar que nadie sea objeto de “acoso, persecución, intimidación o represalias” por ejercer tales derechos.

Signatarios

Amnistía Internacional

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) (Perú)

Asociación por los Derechos Civiles (ADC) (Argentina)

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, A.C. (México)

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh) (México)

Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) (Colombia)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

CIVICUS

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) (México)

Comisión Colombiana de Juristas (Colombia)

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) (Ecuador)

Comisión Internacional de Juristas

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Perú)

Corporación Humanas (Chile)

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

Frontline Defenders / Fundación Internacional para la protección de los/las defensores/as de los derechos humanos

Fundación Myrna Mack (Guatemala)

Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF)

Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) (Ecuador)

Human Rights Watch

Instituto de Defensa Legal (IDL) (Perú)

Instituto de Desenvolvimento e Direitos Humanos (Brasil)

Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR) (Uruguay)

Observatorio Ciudadano (Chile)

Organización Mundial Contra la Tortura

Robert F. Kennedy Human Rights

Servicio Internacional por los Derechos Humanos (ISHR)

Transparencia Internacional

Hrw.org. Panamá, 07/05/15

http://www.hrw.org/es/news/2015/04/07/venezuela-debe-cesar-el-hostigamiento-contra-defensoras-y-defensores-de-derechos-hum

970. ONU preocupada por el aumento de la violencia en Venezuela

Naciones Unidas. La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expresó hoy profunda preocupación por la escalada de violencia en Venezuela y muy especialmente por la muerte de tres personas durante las manifestaciones que han tenido lugar en Caracas en los últimos días.

Miles de personas han protestado en las principales ciudades de ese país contra las detenciones de estudiantes ocurridas recientemente.

La procuraduría venezolana indicó el jueves que tres personas murieron, 66 resultaron heridas y 69 fueron detenidas como consecuencia de los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes.

En ese sentido, el portavoz de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Rupert Colville, instó al gobierno de Venezuela a garantizar la libertad de expresión y de reunión pacífica de los ciudadanos y a promover una investigación imparcial sobre esas muertes.

“Los autores deben ser procesados y aquellas personas que sean halladas culpables de los actos de violencia y de las muertes deben ser castigadas con las penas correspondientes”, señaló Colville.

También pidió el inicio de un diálogo pacífico entre las partes para encontrar una salida a la crisis.

Un.org. 14/02/14

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=28727#.UwQs7fl5P3Q

Venezuela debe investigar la violencia durante protestas

No debe censurarse la cobertura informativa

Washington, D.C., Estados Unidos. Las autoridades venezolanas deberían investigar de forma oportuna e imparcial los hechos de violencia ocurridos durante manifestaciones en distintos puntos del país el 12 de febrero de 2014, señaló Human Rights Watch. Las investigaciones no deben ser usadas como pretexto para perseguir penalmente a opositores políticos o limitar la libertad de expresión.

Al menos tres manifestantes fueron asesinados y más de 60 resultaron heridos durante incidentes y enfrentamientos con miembros de las fuerzas de seguridad. Altos funcionarios gubernamentales atribuyeron la responsabilidad por las muertes al dirigente de oposición Leopoldo López, y un tribunal de Caracas libró una orden de arresto en su contra, según trascendió en la prensa local. El canal internacional de noticias NTN24, que se transmite por cable, fue sacado del aire esa misma tarde, e indicó que esta medida se habría adoptado a modo de represalia por su transmisiónsobre las protestas.

“Venezuela necesita con urgencia que estos asesinatos sean investigados y que los responsables sean llevados ante la justicia, independientemente de cuál sea su pertenencia política”, manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Lo que Venezuela no necesita es que las autoridades usen a opositores políticos como chivos expiatorios o cierren medios de comunicación cuya cobertura les disgusta”.

El 12 de febrero, estudiantes y grupos de oposición participaron en más de una decena de manifestaciones en todo el país en protesta por la detención de estudiantes durante marchas realizadas pocos días antes. Varias de las manifestaciones que tuvieron lugar el 12 de febrero culminaron en incidentes violentos, según indicaron medios de noticias. La organización de derechos humanos Provea informó que miembros de las fuerzas de seguridad habían empleado armas de fuego y gases tóxicos para dispersar al menos algunas de las manifestaciones. Human Rights Watch no tiene información sobre si otras personas presentes, además de las fuerzas de seguridad, estaban armadas.

En Caracas, estudiantes marcharon por la ciudad hasta la sede de la Fiscalía General de la República, donde se produjeron enfrentamientos violentos. La Fiscal General Luisa Ortega Díaz indicó que dos personas murieron, varias resultaron heridas —entre ellas agentes gubernamentales— y cuatro automóviles oficiales fueron incendiados. Los medios oficiales informaron que la sede de la fiscalía fue “atacad[a] por grupos violentos que se encontraban con los manifestantes”. Un tercer manifestante fue asesinado más tarde ese día en el municipio Chacao. Según la fiscal general, 69 personas fueron detenidas durante los incidentes.

El Presidente Nicolás Maduro acusó a líderes de oposición de haber generado la violencia. El Vicepresidente Elías Jaua expresó que López era el autor intelectual de los asesinatos. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, exigió que se “sancionar[a] con el peso de la ley” a los responsables. El gobierno no ha difundido pruebas que permitan fundamentar estos señalamientos. En el pasado, las autoridades venezolanas han recurrido a la amenaza de investigaciones penales como herramienta política.

El 12 de febrero, la justicia dispuso la detención de López en relación con los dos asesinatos ocurridos en las proximidades de la Fiscalía General y por los delitos de lesiones graves, intimidación pública, incendio a edificio público y daños a la propiedad pública, según se observa en la imagen de la presunta orden de detención oficial que fue difundida en Internet por un periódico venezolano. Los medios indicaron que la justicia había dispuesto la captura de López y el allanamiento de su residencia.

“Si se confirma que López ha sido acusado penalmente sin que existan evidencias serias de que instigó los hechos de violencia, estaríamos ante un evidente abuso de poder”, expresó Vivanco.

El 11 de febrero, William Castillo, director de CONATEL, el órgano del Estado que regula a los medios de transmisión, indicó que la cobertura mediática de incidentes violentos podía importar una violación de la Ley de Responsabilidad Social. Castillo hizo referencia al artículo 27 de la ley, que fue sancionada por la Asamblea Nacional chavista en 2004 y luego reformada en 2010 con el objeto de prohibir que emisoras de radio y televisión difundieran contenidos que “fomenten zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público”, “desconozcan a las autoridades legítimamente constituidas” o “inciten o promuevan el odio y la intolerancia por razones religiosas [o] políticas”.

Este artículo ha sido aplicado en el pasado por CONATEL para aplicar sanciones al canal venezolano Globovisión, luego de que transmitiera programación que contenía críticas al gobierno.

En la tarde del 12 de febrero, dos proveedores venezolanos de televisión por cable dejaron de transmitir el canal internacional de noticias NTN24, que había informado sobre los incidentes violentos durante el día. El canal indicó que CONATEL había exigido a las compañías de cable que adoptaran esta medida.

Hrw.org 13/02/14

http://www.hrw.org/es/news/2014/02/13/venezuela-debe-investigar-la-violencia-durante-protestas

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Reconciliando Mundos

784. Venezuela abandona el sistema de Derechos Humanos interamericano

Caracas, Venezuela. Ya es oficial: Venezuela ha abandonado, hasta nuevo aviso, el sistema interamericano de justicia. Este martes 10 de septiembre se hace efectiva la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos anunciada hace un año por el entonces presidente Hugo Chávez. Esto implica que, a partir de ahora, la Corte Interamericana de DDHH perderá su jurisdicción sobre Caracas y con ello, las víctimas venezolanas perderán también la posibilidad de encontrar en instancias internacionales la justicia que les ha sido negada en los tribunales locales.

El Estado venezolano se va, además, en deuda: queda aún pendiente el cumplimiento total de las 16 sentencias condenatorias emitidas por la Corte Interamericana de DDHH entre 1995 y 2012, que solo han sido acatadas parcialmente y que contemplan, entre otras medidas de reparación, el pago de unos 9.700 millones de dólares en indemnizaciones para más de 250 víctimas.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, también llamada Pacto de San José, fue aprobada en noviembre de 1969 por la Organización de Estados Americanos (OEA) con el propósito de “consolidar dentro del cuadro de las instituciones democráticas un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre” y ha sido suscrita desde entonces por 25 de sus 35 países miembros.

En los 82 artículos de la Convención se establecen los deberes de los Estados para garantizar los derechos de sus ciudadanos y las atribuciones de las dos instancias supranacionales encargadas de vigilar su cumplimiento: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), responsable de estimular, recomendar y promover el respeto de los derechos humanos por parte de los Estados; y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), encargada de juzgar a los Estados cuando los llamados de atención de la CIDH no son suficientes.

Venezuela fue el tercer Estado miembro de la OEA en ratificar la Convención, en junio de 1977, y también es el tercero que, luego de firmarla, la ha denunciado. Antes lo hicieron: Trinidad y Tobago, en 1998, y Perú, en 1999, durante el Gobierno de Alberto Fujimori.

El desencuentro entre Venezuela y las decisiones adoptadas por el sistema interamericano de derechos humanos comenzó hace tres años, cuando la CIDH presentó un informe en el que denunciaba el deterioro de la democracia en Venezuela. “Es una mafia lo que hay ahí. Instituciones como esta nefasta Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo menos que hacen es defender los derechos humanos. Es un cuerpo politizado, utilizado por el imperio para agredir a Gobiernos como el venezolano”, bramó Hugo Chávez el 25 de febrero de 2010 y ordenó a su Cancillería preparar la retirada.

Caracas formalizó la denuncia el 9 de septiembre de 2012 y habría bastado una nota diplomática para revertirla, pero el sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, opina igual que su mentor: “La Comisión y la Corte lamentablemente degeneraron. Se creen un poder supranacional, se creen un poder por encima de gobiernos legítimos del continente”, ha dicho este lunes, en la víspera de la despedida.

Desde 1995, la Corte IDH ha emitido 16 sentencias contra el Estado venezolano. Por su responsabilidad en el asesinato de 18 pescadores a manos de militares en 1988, en el caso conocido como El Amparo. Por la represión de la revuelta popular de 1989 conocida como El Caracazo. Por la desaparición forzada y el asesinato de decenas de reclusos en el retén de Catia en 1992. Por vulnerar la labor de los medios con el cierre del canal Radio Caracas Televisión en 2007. Algunos de estos episodios ocurrieron durante Gobiernos anteriores a la era del chavismo, que comenzó en 1998; pero muchos de los soldados y policías hallados responsables de muertes, torturas o desapariciones de entonces, son los generales y comandantes del presente.

La Corte IDH ha sido, en todos los casos, el único tribunal que ha juzgado y condenado las violaciones más sonoras a los derechos humanos ocurridas en Venezuela en los últimos 25 años. “En un caso histórico como El Caracazo, la única sentencia que existe es de la Corte IDH. Ningún tribunal venezolano ha emitido una sentencia sobre estos hechos, a pesar de la propaganda política que rodea el caso en estos momentos”, explica Liliana Ortega, abogada fundadora de la ONG venezolana Cofavic, que ha acompañado cerca de la mitad de las denuncias que han sido presentadas ante la CIDH y la Corte. De acuerdo a cifras del Ministerio Público venezolano, solo el 3% de las violaciones a los derechos humanos que se cometen en Venezuela llegan a juicio; el 97% restante acaba en sobreseimiento o archivo fiscal.

Para Ortega, este paso que ha dado el Gobierno de Caracas representa una reducción importantísima del derecho a la defensa de las víctimas y no se trata de un hecho aislado. Este año también entró en vigor una nueva reforma al Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela que elimina la facultad, que hasta ahora tenían las organizaciones no gubernamentales, de dar apoyo jurídico a las víctimas y de querellarse en su nombre contra funcionarios policiales o militares que hayan incurrido en presuntas violaciones a los derechos humanos.

“Ya no podemos ir a revisar los expedientes, estamos limitados. La única manera de que las ONG puedan representar a las víctimas es a través de poderes otorgados a abogados, pero no a fundaciones ni a organizaciones de derechos humanos. Hay un debilitamiento progresivo de las garantías de trabajo de los defensores de derechos humanos en el país”, ha dicho Ortega a EL PAÍS. Las víctimas atendidas por estas organizaciones y por las decisiones de la Corte IDH son, en su mayoría, pescadores, obreros, reos, trabajadores de la economía informal, venezolanos bajo la línea de pobreza que no tienen dinero para pagar servicios jurídicos. En el 70% de los casos, además, han recibido amenazas.

Aún a pesar de la denuncia de la Convención, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mantendrá intactas sus funciones sobre Venezuela. Podrá emitir informes, recibir casos, realizar audiencias y hacer recomendaciones; y solo los hechos ocurridos hasta la vigencia de la Convención –hasta este 10 de septiembre de 2013– podrán ser presentados ante la Corte. Pero en el caso de que el Gobierno de Caracas decidiera concretar todas sus amenazas y abandonar también la Comisión, ya no habría vuelta atrás, pues esto también significaría su retiro de la OEA.

El País.com. 10/09/13

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/09/10/actualidad/1378780644_769381.html