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422. Día Escolar de la Paz y la No-Violencia

 La Paz como planteamiento
En torno al 30 de enero, los centros educativos celebran el "Día de la paz y la no-violencia"
Jerez, España. Como cada curso, recordamos en estas páginas la importancia de celebrar (en torno al 30 de enero) el Día Escolar de la Paz y la No-Violencia.
En un mundo tan complicado como el que vivimos, es obligado reflexionar sobre los acontecimientos mundiales que se desarrollan y que dan origen a multitud de factores que afectan a nuestra vida cotidiana y surten de posibilidades didácticas las clases que se imparten en los centros educativos.
Como señala Llorenç Vidal (fundador del acontecimiento en 1964), "se trata de una actividad práctica que no tiene ni la programación oficial ni líneas estructurales de la acción, porque el mensaje es el que mantiene un núcleo permanente de los aspectos básicos, y permite la libre aplicación de cada centro educativo de acuerdo con su forma particular".
Como consecuencia del pensamiento y las acciones de algunos grandes educadores de la era moderna, entre los que destacan Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore, María Montessori, Geheeb Paulus, Pierre Bovet, Martin Luther King o Juan XXIII, "un nuevo rumbo en la concepción pluralista del mundo de la pedagogía" ha surgido, entendiéndose como "Educación No-violenta y Pacificadora".
No se trata de potenciar actividades puramente didácticas, sino que busca una proyección mucho mayor y se nos presenta "como una inspiración ideal que aspira a dar forma a todas las funciones educativas de la humanidad y que, en su aspecto teórico, se integra en Pedagogía General como un capítulo fundamental de la misma y en estrecha relación e interdependencia con la educación religiosa, moral y social".
Otra iniciativa interesante autodenominada 'Peace one day' viene a sumarse este año a las celebraciones en torno a la Paz, proponiendo el 21 de septiembre de 2012 como "día de tregua global" que pretende la mayor reunión de seres humanos en nombre de la Paz que jamás se haya registrado.
Diario de Jerez.es. 24/01/12

 Paz y seguridad
La guerra sigue formando parte de la estrategia ideológica de quienes nos gobiernan
Extremadura, España. En 1964, Llorenç Vidal , un joven maestro, poeta y pacifista mallorquín que acababa de ser nombrado inspector de educación en la provincia de Cádiz, fundó el DENIP, el Día Escolar de la Noviolencia y la Paz. Para aquellos tiempos, en los que la jornada escolar comenzaba cantando el Cara al sol o rezando un padrenuestro, dicha celebración suponía aglutinar, en torno al 30 de enero y con motivo del aniversario de la muerte de Mahatma Gandhi , una serie de reivindicaciones democráticas en plena dictadura franquista. A pesar de las críticas recibidas entonces, dicha iniciativa prosperó, al margen de cualquier apoyo institucional, manteniéndose como celebración pedagógica hasta nuestros días.
Hoy día es raro encontrar un centro educativo que no dedique el mes de enero a organizar el comúnmente conocido como Día de la Paz , con preparativos que culminan, por lo general, en la última semana del mes con los pasillos del centro decorados con la célebre paloma de Picasso recortada en cartulinas de colores, mientras los colegiales, en todo un coro infantil, reunidos en el patio del colegio en una mañana parda y fría de invierno, van cantando una lección donde se recitan odas a la alegría y poemas de amor.
Pero el pacifismo va más allá del sentido puramente testimonial y de su expresión como reflejo de buenas intenciones que pueda tener este día en el espacio educativo. La paz, entendida en su acepción positiva y explicada así por Johan Galtung , filósofo noruego de reconocido prestigio en el ámbito de la investigación y la educación para la paz, supone una reducción o ausencia de violencia estructural que, al fin y al cabo, es la que causan algunas estructuras sociales publicitadas y asumidas como de carácter natural en la actualidad. Crisis económica y desempleo son el germen original de un concepto de falta de seguridad personal y colectiva que no tiene nada que ver con el expresado recientemente por el recién nombrado ministro de Defensa, Pedro Morenés , cuando dice que los recortes económicos no deben dañar la "seguridad" del país. Por supuesto, no podríamos esperar menos de quien ha sido hasta hace muy poco tiempo consejero de Instalaza SA, empresa de armamento fabricante hasta 2008 de las criminales bombas de racimo, las mismas de factoría española que fueron primero vendidas a Libia y después utilizadas por las fuerzas leales a Muamar Gadafi contra la población civil, según publicó el diario estadounidense The New York Times .
El presente siglo se inició con la declaración institucional por parte de la ONU del período que va del 2001 al 2010 como Decenio Internacional de una cultura de paz y no violencia para los niños del mundo. En la resolución inicial se invitaba "a los Estados Miembros a que adopten las medidas necesarias para velar por que la paz y la noviolencia se enseñen en todos los niveles de su sociedad, incluidas las instituciones de enseñanza". Desde entonces, y sin el más mínimo pudor, nuestros gobernantes han visitado o recibido la visita de líderes de dudoso comportamiento para con sus semejantes, estrechado la mano de dictadores y de genocidas, firmado tratados con gobiernos que violan los más elementales derechos humanos y alentado nuestra participación en guerras que no buscan la liberación y la justicia, sino salvaguardar el beneficio económico de determinadas empresas y el influjo político de los grandes lobbys. Todo ello sin reparo alguno ante la mirada de los niños y niñas por cuya enseñanza en la paz y la no violencia deberían haber velado. Ahí están, si no, a la vuelta de la esquina, nuestro silencio gubernamental ante la ola de racismo y fascismo institucional que baña Hungría, la permanencia de los muros del campo de concentración que es Guantánamo o la implicación de nuestro país en guerras y aventuras bélicas que lo único que buscan es frenar el expansionismo de China y asegurar el avituallamiento de los recursos energéticos.
En la Carta Fundacional de la Unesco, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, se puede leer: "Puesto que las guerras nacen en las mentes de los seres humanos, es en la mente de los seres humanos donde deben erigirse los baluartes de la paz". La guerra --una institución masculina, machista, inventada por los hombres y susceptible, por tanto de ser erradicada como institución-- sigue formando parte de la estrategia ideológica de quienes nos gobiernan, en la convicción de que el fin justifica los medios. Nuestras actitudes cambiarán cuando cambie el motor que las genera, es decir, nuestra forma de pensar, y entendamos que la seguridad humana no tiene nada que ver con la seguridad militar.
El Periódico de Extremadura.com. 23/01/2012

 El Día escolar de la no violencia
Aragón, España. El Día Escolar de la Paz y la No Violencia fue declarado por primera vez en el año 1964. Surge de una iniciativa pionera, no gubernamental e independiente de educación no violenta y pacificadora del profesor español Llorenç Vidal.
Su objetivo principal es la educación en y para la tolerancia, la solidaridad, la concordia, el respeto a los Derechos Humanos, la no-violencia y la paz. Como es tradición, en este día, los colegios y centros se convierten en instrumentos de paz y entendimiento entre personas de distinta formación, raza, cultura y religión.
Además la elección del 30 de enero para celebrar este tipo de actos conmemorativos no es casual ya que un 30 de enero del año 1948 la paz perdía uno de sus máximos exponentes en todo el mundo y a lo largo de la historia: Mahatma Gandhi líder de la India e impulsor de la resistencia pacifista y de la reivindicación no-violenta fue asesinado.
Por estos motivos, desde la comisión de educación de la Federación Aragonesa de Solidaridad, a través de la asesoría educativa (Unaquí) facilitamos recursos pedagógicos y asesoramos a los centros educativos para poder trabajar la temática de Educación de Paz y celebrar esta fecha con todos los alumnos de la comunidad.
El Periódico de Aragón. 28/01/2012

421. ¿Davos? ¡Darfur!

A mí lo que me preocupa de verdad es que empiece Davos y siga Darfur…
Y sigamos sólo interesados por los problemas que afectan al 20% de la humanidad más próspera, desatendiendo al 80% de seres humanos que sobreviven en condiciones tan difíciles que a veces mueren de hambre y desamparo. No me cansaré de repetirlo: más de 60.000 personas, de ellas unos 35.000 niños de 1 a 5 años mueren diariamente al tiempo que se invierten en armas y gastos militares 4.000 millones de dólares.
El error de acceder a sustituir los principios democráticos por las leyes del mercado fue tremendo. Ahora sufrimos los últimos coletazos de la especulación, deslocalización y seguridad armamentística… y del empaño de unos cuantos países ricos en dirigir el destino del conjunto de la Tierra (196 países).
No me preocupa Davos en absoluto… Me preocupa Darfur y, todo aquello que afecte a quienes, iguales en dignidad, son merecedores de una atención que no les prestamos.
Sólo la refundación de un Sistema de Naciones Unidas eficiente y volver a emplazar en nuestro comportamiento cotidiano los valores éticos de la justicia social, la libertad y la solidaridad permitirán acometer caminos del mañana más esclarecidos. Éstas son las soluciones y no las que se van a discutir estos días en Davos.
Federico Mayor Zaragoza. Doctor en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid. Ex Catedrático de Bioquímica de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada y ex Rector de esta institución. Ex catedrático de su especialidad en la Universidad Autónoma de Madrid. Cofundador del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de la Universidad Autónoma de Madrid y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Subsecretario de Educación y Ciencia del Gobierno español (1974-75), Diputado al Parlamento Español (1977-78), Consejero del Presidente del Gobierno (1977-78), Ministro de Educación y Ciencia (1981-82) y Diputado al Parlamento Europeo (1987). Ex Director General Adjunto de la UNESCO y en 1987, fue elegido Director General de dicha Organización. Presidente de la Fundación para una Cultura de Paz.
Blog de Federico Mayor Zaragoza. 25/01/12

420. Cultura de Paz

San Salvador, El Salvador. El proceso de paz salvadoreño, que ha sido calificado en distintos momentos por la Organización de las Naciones Unidas como ejemplar, y en verdad lo es entre los diversos procesos de la misma índole que tuvieron lugar durante aquellos años, se dio en un momento histórico universal sin precedentes. En 1989 se empezaba a disolver la bipolaridad que había prevalecido en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, y en esos mismos días estaba iniciándose en forma la negociación que llevaría a la conclusión política de nuestro conflicto interno; el 11 de noviembre de aquel año comenzó la última gran Ofensiva militar de la guerra, la cual, al fracasar como tal, le abriría el camino al acuerdo, y un día antes había caído por su propio peso el Muro de Berlín; a fines de diciembre de 1991 se extinguió la Unión Soviética y al mismo tiempo concluía en la sede de la ONU en Nueva York la fase sustantiva de la negociación del Acuerdo de Paz, que se firmaría el 16 de enero.
El concepto de “cultura de paz” fue intensamente promovido por la UNESCO allá en los años noventa, bajo el impulso intelectual del Director General de dicho organismo internacional del sistema de Naciones Unidas, el español Federico Mayor Zaragoza. Eran los años inmediatamente posteriores a lo que fue el desagüe repentino de la Guerra Fría, a raíz del colapso del sistema soviético en Europa, que se produjo en un otoño insólito. Se extinguía así, con una especie de “sorpresivo histórico” que prácticamente nadie fue capaz de anticipar, una larga época de tensiones dominadas por el fantasma de la guerra nuclear, cuyas llaves estaban en manos de las dos superpotencias, que a diario se enseñaban los dientes cuidándose muy bien de evitar toda forma de mordisco directo. Era una forma perfectamente astuta de hacer valer la “amenaza de guerra final” como instrumento superior de dominación.
De un día para otro, lo global haría un giro dramático. Del ejercicio concentrado de dominación al ejercicio disperso de expansión. Durante el período de la bipolaridad internacional, que transcurrió con voluntad de permanencia indefinida entre 1945 y 1989, todo estaba concentrado en el control directo del poder; a partir de aquel momento, que Stefan Zweig hubiera puesto en la primera línea de los momentos estelares de la humanidad, nada volvería a ser concentrable al mismo estilo, y, por el contrario, lo que empezaríamos a vivir en todas partes sería la desconcentración difusa del poder. Se ha tratado de un salto de realidad que reedita sin preanuncios el concepto de lo global, y no como programado ejercicio teórico, sino como experiencia abierta en el plano de los hechos reales. Este cambio de escenario nos ubica, de inmediato, en el ámbito de la cultura, y en este caso, de una nueva o al menos novedosa cultura.
El término cultura se ha prestado siempre a muchas divagaciones, y por eso es cada vez más evasivo. En estos tiempos de aperturas globalizadoras en todos los órdenes, la cultura, como fenómeno radicalmente humano, tiene que reconocer, aceptar y asumir la multiplicidad de sus sentidos, para contribuir al equilibrio global que los tiempos nos demandan a todos, poderosos o débiles, influyentes o anónimos, pujantes o expectantes. Construir esa cultura acorde con las posibilidades del presente y las demandas del futuro es un reto de primera línea, y sin escapatoria. La lógica del “mundo mundializado” –valga la aparente redundancia– sólo puede sostenerse si hay una cultura también mundializada: una cultura que se ubique por encima de las diversas y localizadas culturas tradicionales. Esa tendría que ser la cultura de paz.
¿Y por qué una cultura de paz? En primer lugar, porque lo que ha prevalecido desde siempre, y desde luego también en la contemporaneidad, es la incultura de la guerra, atropelladora y desalmada hasta el paroxismo. Esto no quiere decir que estemos hablando de un sueño irrealizable: el de un mundo sin conflictos. Conflictos siempre habrá, porque las contradicciones vienen desde la interioridad del ser humano: de lo que se trata es de administrar las contradicciones, independientemente de su magnitud y de su agresividad, para que se instale en todas partes una auténtica convivencia pacífica. Esto no puede surgir de ningún mandato, ni responder a ningún designio: tiene que ser producto del trabajo expansivo de los valores en acción; y de tres de ellos en primera línea: respeto, solidaridad, amor al prójimo.
Hay que insistir en una cuestión básica para que este esfuerzo pueda prosperar de veras como activador de un nuevo y diferente modelo de vida en sociedad: el hecho de que la reingeniería de las actitudes debe iniciar en el individuo, en su carácter, en su voluntad, en su autovaloración como persona. Y por consiguiente la cultura de paz se construye en el día a día del vivir de los seres humanos con nombre y apellido. La educación, tanto en el hogar como en la escuela y en el ambiente social, es determinante al respecto. Habría que ir desactivando, en todos esos ámbitos de convivencia, los factores que inducen a la guerra, entendida ésta en el más amplio sentido del término. Guerra interior, guerra interpersonal, guerra comunitaria. Para que la paz se vuelva vida hay que hacer que la vida se abra a los estímulos y a los desafíos de la paz.
David Escobar Galindo. Ensayista y escritor salvadoreño
Cambio 3.com 25/01/2012

419. "La Educación en la pluralidad, clave para conseguir la Paz"

Euskadi, España. El catedrático y exministro de Educación y Ciencia Ángel Gabilondo aseguró en el "Fórum Europa. Tribuna Euskadi" que "la pluralidad de formas y de voces es clave en una tierra que se enfrenta a un desafío extraordinario, conseguir la paz, una tarea abierta y permanente que requiere toda una labor social y política", en la que, a su juicio, trabajan el Gobierno y toda la sociedad.
Además, dijo que "se precisa una labor ética, la de lograr una efectiva forma de vida basada en la diversidad, pluralidad de la palabra insustituible de todos y cada uno". En este sentido, Ángel Gabilondo afirmó que "la educación de toda la sociedad, en especial la de los jóvenes, es determinante". Durante la presentación de la consejera de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno vasco, Isabel Celaá, el exministro opinó que la educación y formación son la mejor política económica, sobre todo en tiempos de crisis. En este sentido, manifestó que "la innovación y la dimensión emprendedora son determinantes". Reconoció que "son tiempos de ajustes", pero también "de compromiso para que esos ajustes tengan una dimensión social". Gabilondo calificó a su compañera de partido como "sensata, firme, rigurosa y cordial", e indicó que "la consejera siempre ha comprendido que la defensa de los intereses de una persona exige a su vez la solidaridad con los demás". Por ello, durante su intervención en el citado foro de debate, organizado en Bilbao por Nueva Economía Fórum, Gabilondo agradeció el esfuerzo y la dedicación que está demostrando Isabel Celaá al frente de la Consejería de Educación.
El Econimista.es. 23/01/2012

418. Llevarán creación de COMNAPAZ a la Cumbre Mundial de Paz

México, Distrito Federal. Ante las indefiniciones de la Comisión de Gobernación que preside el panista, Javier Corral Jurado, para dictaminar favorablemente la iniciativa para crear la Comisión Nacional de Cultura de Paz, misma que garantizaría la certidumbre jurídica de Cultura de Paz en México, el proponente Dip. Rafael Yerena, quien en 1994 retomó esta propuesta del Movimiento Nacional de Cultura de Paz y No- Violencia que preside el activista Hiram Valdez Chávez, aseveró ante una veintena de organismos internacionales y ONG´S que es preciso adoptar una Política de Estado para desarrollar una estrategia transversal, que ponga prioridad en la prevención, aliente y facilite la participación de organizaciones comprometidas en reconstruir el tejido social.
Rafael Yerena enfatizó que frente al desafío que representa la inseguridad pública y la violencia para la integridad del Estado y el lastre social que afecta a las personas por lo que se propone con la COMNAPAZ se implemente una estrategia integral, multidimensional y con visión de corto y largo plazo, que tenga la dimensión de una política de Estado compartida por los tres niveles de gobierno.
El Diputado Rafael hizo un exhorto al Ejecutivo a que no frene el accionar de las organizaciones civiles dedicadas a la cultura de Paz, asumiendo que el Estado es la Sociedad Civil Organizada, cuya actividad rectora le corresponde al sector gubernamental como gestor exclusivo y representante de los intereses generales los cuales no puede inhibir el accionar de las organizaciones ciudadanas que generan credibilidad, confianza y vínculos de solidaridad al actuar y trabajar a favor de crear una cultura de Paz en nuestro país.
Con la presencia de representantes de Naciones Unidas de la talla de Francisco Plancarte y García Naranjo, Fundador de la Federación Mundial de Naciones PLANETAFILIA. O.N.U.; Manuel Díaz Rubio, Bandera de la Paz Comité Internacional O.N.U. ; Alicia Rodriguez Presidenta Internacional de la Bandera de la Paz O.N.U; Mariela Manzano, Fundación Enlazando Esfuerzos Conjuntos, A.C. y Ac Tah, Caminante Maya por la Paz, el Dip Rafael Yerena se comprometió a ciudadanizar la cultura de paz, llevando el tema a la Cumbre Mundial de Paz, en la que el propio diputado cabildeo para atraerla a Puerto Vallarta y evidenciar si es necesario ante los organismos internacionales la negligencia de los legisladores que se oponen a esta noble iniciativo, que es un imperativo categórico inaplazable en México
La educación para la paz no sólo es un hecho educativo sino también una experiencia política.
La educación para la paz prepara a los ciudadanos para la responsabilidad individual, la cual debe estar siempre ligada al reconocimiento del compromiso cívico, a la asociación con los demás para resolver problemas y al trabajo por una comunidad justa, pacífica y democrática.
Para el activista Hiram Valdez, estima que esta LXI Legislatura no puede pasar a la historia como la legislatura del silencio, por tantos minutos que se han pedido por las víctimas a causa de la violencia, en ese tiempo ya se hubiera legislado un proyecto a favor de la educación para la paz en México. Como por ejemplo un plan nacional emergente para la cultura de paz y la No violencia.
De no aprobarse esta iniciativa de la Comisión Nacional de Cultura de Paz y No Violencia, México sería incoherente en su Política interior con los principios que enarbola en la diplomacia de la Política Exterior tan reconocida en la comunidad internacional
Especialistas de Cultura de Paz:
Manuel Díaz Rubio –Bandera de la Paz Comité Internacional O.N.U.
Alicia Rodriguez Presidenta Internacional de la Bandera de la Paz O.N.U
Francisco Plancarte y García Naranjo- Federación Mundial de Naciones Planetafilia O.N.U
Mariela Manzano, Fundación Enlazando Esfuerzos Conjuntos, A.C
Hiram Valdez Chávez, Movimiento Nacional por la Divulgación de la Cultura de Paz y la Noviolencia.
Ac Tah, Caminante Maya por la Paz
Héctor Manuel Vázquez Castillo, Director de la Maestría en Educación para la Paz, Universidad Albert Einstein.
Fernando Montiel Tiscareño, Mediación de Conflictos.
José Isaac Patiño Medina, Director de Centros de Mediación de Conflictos, H. Ayuntamiento de Guadalajara.
Alvin Erick Paredes Briseño, Doctor en Políticas Públicas Tecnológico de Monterrey
Luis Manuel de la Teja, Comunicación de Medios para la Paz y la No violencia
Narcedalia Lozano, Fundación la Paz comienza con los Niños A.C.
Cristina Ávila Zesatti, Corresponsal de Paz.
Claudia Varela Sotomayor, Por una Cultura de Paz y Felicidad.
Adrian Alavés Aguirre, Consultor Educación para la Paz.
Nelly Chavarría Licón, Asociación de Educadores para la Paz A.C.
Fabiola Nahas Sánchez, Cresser Educación para la Paz A.C.
José Benito Pérez Sauceda, Doctor en Derecho creador de Mediación Monterrey y Cultura de Paz y No Violencia Monterrey
Neftalí del Toro Guzman, Doctor en Criminología
Armando Hernández Cruz, Experto en Educación Para la Paz.

417. Human Rights Watch Informe Mundial 2012: Fortalecer el apoyo a la 'Primavera Árabe'

Los gobiernos deben defender los derechos, y no a los aliados que cometen abusos
El Cairo, Egipto. Son muchos los gobiernos democráticos que, en función de sus vínculos con aliados represivos, han mitigado su defensa de los derechos humanos en el marco de las protestas de la Primavera Árabe, señaló hoy Human Rights Watch en su Informe Mundial 2012. Por una cuestión de principios e intereses a largo plazo, los gobiernos deberían expresar su firme apoyo a las personas de Oriente Medio y África del Norte que reclaman sus derechos fundamentales y trabajar para asegurar la transición hacia democracias genuinas.
El informe de 676 páginas, que contiene el examen anual de Human Rights Watch sobre prácticas de derechos humanos en todo el mundo, resume los principales obstáculos a estos derechos en más de 90 países y refleja el exhaustivo trabajo de investigación llevado a cabo durante 2011 por el personal de Human Rights Watch. Acerca de los eventos en Oriente Medio y África del Norte, Human Rights Watch señaló que la manera más efectiva de ejercer presión para que los autócratas de la región pongan fin a los abusos y refuercen las libertades básicas es mediante el apoyo internacional firme y coherente a quienes se manifiestan de manera pacífica y a los críticos del gobierno. El compromiso con el respeto de los derechos humanos es además la forma más eficaz de ayudar a que los gobiernos populares se mantengan alejados de la intolerancia, el desorden y las represalias que pueden manifestarse en el seno mismo de la revolución y ponerla en riesgo, afirmó Human Rights Watch.
“Las personas que impulsan la Primavera Árabe merecen recibir un contundente apoyo internacional para poder ejercer sus derechos y construir democracias genuinas”, manifestó Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch. “La lealtad hacia socios autocráticos no debería impedir apoyar a quienes promueven reformas democráticas. También se necesita de la influencia internacional para asegurar que los nuevos gobiernos extiendan el reconocimiento de los derechos humanos y el imperio de la ley a todas las personas, especialmente mujeres y minorías”.
El Informe Mundial 2012 documenta violaciones de derechos humanos en todo el mundo, que incluyen transgresiones del derecho de guerra en Libia y Afganistán; la difícil situación de los presos políticos en Vietnam y Eritrea; el silenciamiento del disenso en China y Cuba; las restricciones a Internet en Irán y Tailandia; las ejecuciones por parte de miembros de las fuerzas de seguridad en India y México; los problemas vinculados con comicios en Rusia y la República Democrática del Congo; el maltrato de migrantes en Europa Occidental; las deficientes políticas de salud materna en Haití y Sudáfrica; la represión de la libertad religiosa en Indonesia y Arabia Saudita; las torturas en Pakistán y Uzbekistán; la discriminación contra personas con discapacidad en Nepal y Perú; y la detención de personas sin ningún tipo de proceso judicial en Malasia y por Estados Unidos.
Un paso positivo ha sido la adopción de un tratado internacional para proteger los derechos de los trabajadores del hogar, expresó Human Rights Watch. Los trabajadores del hogar están particularmente expuestos a abusos, y pese a ello muchos países los excluyen de las protecciones legales y otras garantías. El nuevo tratado garantiza los derechos fundamentales de millones de migrantes que trabajan en casas particulares como empleados del hogar o al cuidado de niños u otras personas.
La política occidental respecto a los países árabes ha sido tradicionalmente de contención, y ha apoyado a diversos autócratas árabes con el fin de garantizar la “estabilidad” en la región, incluso en momentos en que la democracia se consolidaba en otras partes del mundo. Human Rights Watch indicó que entre las razones por las cuales tantos gobiernos democráticos admiten una “excepción árabe” se incluyen el temor al islam político y el terrorismo, la necesidad de asegurar el suministro de petróleo y una política de larga data que depende de las autocracias para la preservación de la paz entre Israel y el mundo árabe, así como para ayudar a contener la migración hacia Europa.
“Los eventos del año pasado demuestran que el silencio impuesto a las personas que viven bajo regímenes autocráticos no debería haberse confundido con conformismo popular”, señaló Roth. “Es tiempo de poner fin a la ‘excepción árabe’ y reconocer que las personas de la región merecen que se respeten sus derechos y libertades al igual que cualquier otra persona”.
Las repercusiones de la Primavera Árabe se han sentido en todo el mundo, afirmó Human Rights Watch. Los líderes de China, Zimbabue, Corea del Norte, Etiopía, Vietnam y Uzbekistán parecen vivir permanentemente bajo el temor, ahora alimentado por estos antecedentes, de que sus gobiernos autocráticos sean derrocados por el pueblo. Pero incluso democracias como India, Brasil y Sudáfrica se han mostrado renuentes a apoyar el cambio. Al apelar a una visión obsoleta que asocia la promoción de los derechos humanos con el imperialismo e ignorar el apoyo internacional recibido históricamente cuando su propio pueblo reclamó el reconocimiento de tales derechos, a menudo estas democracias no se han expresado en el contexto de las Naciones Unidas a favor de las personas que son objeto de represión.
China y Rusia han adoptado una postura aun más obstruccionista y han vetado medidas del Consejo de Seguridad de la ONU destinadas a ejercer presión sobre Siria para que desista de la matanza de miles de manifestantes. La supuesta razón detrás de esta postura —evitar una intervención militar como ocurrió en Libia— pierde plausibilidad si se tiene en cuenta el contenido moderado de la resolución vetada, que en ningún caso podía interpretarse que autoriza la acción militar.
Human Rights Watch señaló que la comunidad internacional podría tener un rol trascendental en la promoción de democracias que favorezcan el respeto de los derechos humanos en Oriente Medio y África del Norte. En vez de negarse a apoyar la propagación del islam político, como sucedió en algunas ocasiones en el pasado, los gobiernos democráticos deberían reconocer que posiblemente el islam político represente la preferencia de la mayoría, manifestó Human Rights Watch. Sin embargo, la comunidad internacional debería insistir en que los gobiernos islámicos cumplan sus obligaciones internacionales de derechos humanos, especialmente las relacionadas con el respeto de los derechos de las mujeres y la libertad religiosa, al igual que cualquier otro gobierno.
Con respecto a Oriente Medio y África del Norte, Estados Unidos y la Unión Europea adoptaron una posición más firme frente a la represión en Libia y Siria, cuyos líderes se consideraban hostiles para Occidente, expresó Human Rights Watch. Pero no actuaron con igual contundencia frente al presidente de Egipto Hosni Mubarak, percibido como un baluarte de la “estabilidad” en la región hasta el momento en que su suerte estuvo prácticamente echada. No se pronunciaron en contra de la inmunidad del presidente de Yemen Ali Abdullah Saleh por su responsabilidad en la matanza de manifestantes —a pesar de que se sugirió que no habría consecuencias para nuevas muertes—, ya que se le considera un bastión frente a Al Qaeda en la Península Arábiga. Tampoco aplicaron presiones genuinas contra Bahréin cuando sofocó su movimiento democrático, para evitar herir la sensibilidad saudita, por temor a la influencia iraní y para intentar proteger una base naval estadounidense.
Estados Unidos y algunos aliados europeos podrían contribuir significativamente a la erradicación de la tortura en el mundo árabe al reconocer sus propios antecedentes de complicidad en torturas cometidas en el marco de la lucha contra el terrorismo. Los gobiernos occidentales deberían sancionar a los responsables de ordenar o facilitar torturas y poner fin al uso de garantías diplomáticas como excusa para justificar el envío de presuntos criminales a países donde pueden ser sometidos a torturas.
Los países miembros de la Liga Árabe, que históricamente se han defendido entre sí frente a cualquier crítica relativa a derechos humanos, han manifestado un compromiso más constructivo durante la Primavera Árabe, aseveró Human Rights Watch. La Liga Árabe apoyó las medidas de presión para poner fin a la represión de Gaddafi en Libia, aplicó sanciones contra Siria y envió a observadores como parte de un intento, hasta el momento infructuoso, por detener la matanza perpetrada en Siria por Bashar al-Assad. Contrariamente, la Unión Africana (UA) se ha mostrado cautelosa ante los sucesos de la Primavera Árabe, aun cuando la UA se creó supuestamente para defender la democracia y la libertad.
Los gobiernos de transición en Túnez, Libia y Egipto necesitan ayuda para revisar sus leyes represivas y consolidar instituciones de gobierno que fueron debilitadas y cuyo desarrollo fue obstaculizado deliberadamente por los regímenes autocráticos, principalmente las instituciones nacionales de justicia, indicó Human Rights Watch. Mientras que los miembros de las fuerzas de seguridad y los funcionarios gubernamentales no tengan una expectativa razonable de que podrán ser juzgados por su actuación indebida, difícilmente se resistirán a la posibilidad de recurrir al abuso, la violencia y la corrupción.
Esto también se aplica al rol complementario que desempeña la justicia internacional.
“Los gobiernos que respetan los derechos humanos deberían apoyar las iniciativas de justicia internacional independientemente de cualquier consideración política. Sería erróneo creer que al permitir que los países escondan los abusos cometidos en el pasado se evitarán del algún modo atrocidades en el futuro”, afirmó Roth. “A un año del comienzo de la Primavera Árabe, deberíamos defender con firmeza los derechos y las aspiraciones de las personas por sobre las arbitrariedades de los tiranos”.
Human Rights Watch.org. 22/01/12

416. Las criticas de 'Human Rights Watch' a los países de América Latina

México, Distrito Federal. La organización Human Rights Watch (HRW) señaló que Cuba sigue siendo el único país latinoamericano que reprime todo disenso, denunció el deterioro de los derechos humanos en Venezuela y advirtió que la represión del crimen organizado incrementa la violencia en México.
En el capítulo americano de su informe mundial sobre derechos humanos en 2011 divulgado en El Cairo, HRW señaló también que los poderes obtenidos por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, pueden lesionar la libertad de expresión y la independencia judicial.
El caso de Cuba, de represión
"Cuba se mantiene como el único país latinoamericano que virtualmente reprime toda forma de disenso político", advierte el informe.
"En 2011 el gobierno (del presidente Raúl Castro) siguió imponiendo la conformidad política mediante arrestos breves, golpizas, actos de repudio público, exilio forzado y restricciones a los viajes", añade.
"Los cubanos que critican al gobierno son objeto de cargos criminales. No acceden a las garantías del debido proceso, como el derecho a la defensa o audiencias públicas e imparciales en un tribunal competente, independiente e imparcial", precisa HRW.
"En la práctica, las cortes (judiciales) están 'subordinadas' a los poderes Ejecutivo y Legislativo", advierte.
Denunció que una organización cubana de derechos humanos divulgó en junio de 2011 una lista de 43 presos políticos en el país, pero esta entidad "estima que hay más presos políticos cuyos casos no puede documentar".
Señaló que las detenciones son usadas para impedir la participación en "mítines o eventos vistos como críticos del gobierno".
"Las víctimas de tales arrestos arbitrarios dijeron que han permanecido 'incomunicados' por varias horas o días, a menudo en cuarteles policiales", precisó el reporte.
"Algunos han recibido un 'acta de advertencia', que los fiscales pueden usar después en juicios penales para mostrar un patrón de comportamiento delictivo", añadió.
Recordó que los últimos 12 disidentes del "grupo de los 75" que fueron detenidos en 2003 y condenados a largas penas de cárcel, fueron excarcelados en marzo de 2011, pero "la mayoría fueron forzados a escoger entre continuar en prisión o el exilio forzado".
Human Rights Watch criticó además que el gobierno cubano "mantiene el monopolio de los medios en la isla, lo que asegura que virtualmente no haya libertad de expresión".
"El gobierno controla todo lo que difunden los medios en Cuba y el acceso a la información del exterior está altamente restringida. El acceso limitado a internet significa que solo una pequeña fracción de cubanos pueden leer artículos publicados independientemente y blogs", alertó HRW.
El informe también destacó que el gobierno cubano impide a sus ciudadanos salir y entrar al país sin obtener un "permiso oficial, que a menudo es negado".
"Por ejemplo, a la conocida bloguera Yoani Sánchez, que ha criticado al gobierno, se le ha negado el derecho a salir de la isla para recibir premios y participar en conferencias en al menos 16 ocasiones en los últimos cuatro años", indicó.
En Venezuela situación de derechos humanos es 'precaria'
El documento afirma además que en Venezuela la situación de los derechos humanos es "precaria".
"El debilitamiento del sistema democrático de equilibrio de poderes bajo el gobierno del presidente Hugo Chávez ha contribuido a una precaria situación de los derechos humanos", señala.
"El gobierno sistemáticamente ha socavado el derecho a la libertad de expresión, la actividad sindical y la capacidad de acción de los grupos defensores de los derechos humanos", indicó HRW.
La organización dice que los legisladores chavistas "aprobaron diversas leyes que aumentaron la capacidad del gobierno de restringir derechos".
El informe se detiene sobre varias leyes que aprobó el saliente Parlamento en diciembre de 2010, entonces dominado casi totalmente por el oficialismo, cuando habilitó a Chávez para legislar por decreto durante 18 meses o reformó una norma que ampliaba las regulaciones a los medios de comunicación.
"Las vagas disposiciones de la ley (habilitante) pudieron impactar directamente en el ejercicio de los derechos porque, por ejemplo, permitían al presidente determinar qué penas podían ser impuestas a alguien que cometía un crimen", señala el documento.
HRW aseguró también que en Venezuela hay una serie de normas que "contribuyen a un clima de autocensura", como la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos del año 2004, que fue reformada en 2010, para regular los contenidos en internet y ampliar las limitaciones a radios y televisoras.
Según esta ley, que fue muy criticada por los opositores a Chávez, los medios que difundan mensajes que pudieran "hacer apología del delito", "fomentar zozobra en la ciudadanía" o los destinados a "desconocer a las autoridades legítimamente constituidas" serán sancionados.
El informe de HRW cuestionó también la decisión oficial que en 2009 llevó a la salida del aire de una treintena de radioemisoras, o la revocación dos años antes de la concesión a la televisora RCTV, muy crítica con el gobierno.
Igualmente denunció los procesos administrativos contra la estación Globovisión, un canal de noticias de línea editorial crítica, así como la multa por más de 2 millones de dólares con que fue sancionada en octubre por la cobertura que hizo de una violenta crisis carcelaria.
En cuanto al Poder Judicial, HRW aseguró que "desde 2004 el Tribunal Supremo de Justicia ha abdicado en su rol de vigilar al Poder Ejecutivo, fallando en la protección de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución".
"Chávez y sus aliados tomaron el control del Tribunal Supremo de Justicia instalando a partidarios del gobierno y creando nuevas medidas para realizar purgas entre los jueces de la corte", acusó HRW.
Esta falta de independencia, añadió, ha favorecido "el enjuiciamiento de reconocidos opositores a Chávez", como el ex gobernador Oswaldo Álvarez Paz; el presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga; o el líder sindical Rubén González.
La organización humanitaria denunció además el proceso contra la jueza María Lourdes Afiuni, detenida desde hace dos años por otorgar libertad condicional a un banquero acusado de corrupción.
"Jueces independientes pueden enfrentar represalias si fallan en contra de los intereses del gobierno", afirmó HRW, que recordó que "al día siguiente de su detención, Chávez acusó públicamente a Afiuni de ser una 'bandida' que debería recibir la pena máxima de 30 años de cárcel".
Sobre la inseguridad y violencia que azotan a este país sudamericano, el documento de HRW sostiene que "los crímenes violentos proliferan en Venezuela, donde los asesinatos extrajudiciales por agentes de seguridad siguen siendo un problema".
"Las prisiones venezolanas están entre las más violentas de América Latina. Débiles sistemas de seguridad, hacinamiento, vigilancia insuficiente, pobremente preparada y corrupción, permiten que las bandas armadas efectivamente controlen las prisiones", sentenció HRW.
Chávez está en el poder desde 1999 y en las elecciones de octubre aspirará a un tercer mandato.
En México se alimenta la violencia
En su informe sobre México, apunta que las acciones de las fuerzas de seguridad movilizadas para combatir bandas criminales que, a su vez, libran guerras entre sí, alimentan la violencia.
"Los esfuerzos de la administración del presidente Felipe Calderón condujeron a un significativo aumento en las muertes, torturas y otros abusos de las fuerzas de seguridad lo cual empeoró el clima de anarquía e ilegalidad en muchas partes del país", dice HRW.
"Periodistas, defensores de los derechos humanos y migrantes son blanco de ataques de grupos criminales por cuanto México no ha conseguido asegurarle protección a esos grupos vulnerables", añade.
En Colombia activistas sociales son perseguidos
Al examinar a Colombia, HRW afirmó que en su primer año de gobierno el presidente Juan Manuel Santos mostró "más preocupación por los derechos humanos que su antecesor" Álvaro Uribe (2002-2010).
No obstante advierte que sindicalistas, periodistas y activistas sociales siguen siendo perseguidos, secuestrados o asesinados por actores del conflicto armado interno que desde hace décadas sacude a Colombia.
En Brasil hay corrupción y abuso policial
Sobre Brasil, HRW apuntó que varias organizaciones policiales incurren "con impunidad en prácticas abusivas" y la violencia por conflictos de tierra campea en varias zonas del país.
En Argentina, deporables condiciones en prisión
En su análisis sobre Argentina elogia los procesos judiciales por crímenes de la dictadura (1976-1983).
Empero HRW dice tener "preocupaciones significativas" sobre "deplorables condiciones en las prisiones, torturas y restricciones arbitrarias a los derechos reproductivos de las mujeres".
En Chile hay postestad de enjuiciar policías
De Chile afirmó que el presidente Sebastián Piñera reformó las leyes contra el terrorismo y el sistema de justicia militar "eliminando importantes elementos que eran incompatibles con los estándares internacionales del debido proceso."
Apunta que los jueces militares ya no tienen jurisdicción sobre civiles pero mantienen la potestad de enjuiciar a los policías acusados de abusos a los derechos humanos.
Riesgos en la libertad de expresión en Ecuador
Ecuador mantiene vigentes leyes que coartan la libertad de expresión, una problemática que podría ahondarse con nuevas normas impulsadas por el presidente Rafael Correa en un contexto de enfrentamiento con un sector de la prensa, señala el informe anual de Human Rights Watch (HRW).
"Las leyes penales de difamación que restringen la libertad de expresión siguen en vigor y Correa las ha utilizado en varias ocasiones contra sus críticos", indica el reporte de la ONG de derechos humanos difundido este domingo.
HRW indicó que a ello se suma un proyecto de ley de comunicación, presentado por el oficialismo de izquierda al Congreso, algunos de cuyos artículos "podrían abrir la puerta a la censura de los medios".
Dicha iniciativa, aprobada vía referendo en mayo de 2011, propone un consejo que sancione la difusión de contenidos violentos, discriminatorios o explícitamente sexuales, lo que HRW considera "términos vagos" que podrían "conducir fácilmente" a castigar a los "medios críticos" del gobierno.
El informe sostiene que bajo la actual legislación los periodistas pueden enfrentar penas de hasta dos años de cárcel por desacato (irrespeto a la autoridad), y cita un documento de la ONG local
Fundamedios, según el cual cinco reporteros fueron condenados por difamación desde 2008, mientras que 18 enfrentan cargos similares.
HRW menciona en particular el caso del diario El Universo, cuyos tres directivos y el periodista Emilio Palacio fueron condenados a tres años de cárcel y al pago de 40 millones de dólares a Correa, que los demandó como ciudadano común por injurias calumniosas.
Una audiencia de casación tendrá lugar el martes en este juicio, interpuesto a raíz de una columna en la que Palacio llama a Correa dictador y le advierte que podría ser procesado por crímenes de lesa humanidad.
"El presidente Correa con frecuencia reprende periodistas y medios de comunicación que lo critican y ha llevado personalmente a los periodistas a la corte por supuestamente difamarlo", sostiene la organización.
HRW también asegura que las reformas aprobadas en el referendo de 2011 "podrían incrementar el poder del gobierno para constreñir a los medios e influenciar el despido de jueces", en el marco de una reestructuración del sistema judicial que hasta el año pasado tenía represadas 1.2 millones de causas.
Asimismo, la ONG cuestiona los cargos de terrorismo contra indígenas envueltos en sabotajes durante protestas contra la explotación petrolera y minera, y denuncia que la impunidad por los abusos policiales sigue "muy extendida".
Univision.com. 23/01712

415. "La responsabilidad por la muerte bajo custodia de Wilman Villar Mendoza recae directamente en las autoridades cubanas": Amnistía Internacional

México, Distrito Federal. La muerte bajo custodia de un preso de conciencia cubano tras una huelga de hambre es un trágico recordatorio de la intolerancia del gobierno de Raúl Castro con la disidencia, ha dicho hoy Amnistía Internacional.
Wilman Villar Mendoza, de 31 años, falleció esta mañana en el hospital Juan Bruno Zayas, de la ciudad de Santiago, al que había sido trasladado desde la cárcel el pasado 13 de enero por problemas de salud presuntamente ocasionados por la huelga de hambre que había iniciado para protestar por su juicio y encarcelamiento injustos.
Wilman estaba cumpliendo una condena de cuatro años de cárcel por cargos relacionados con su participación en una manifestación pública en contra del gobierno.
“La responsabilidad por la muerte bajo custodia de Wilman Villar Mendoza recae directamente en las autoridades cubanas, que lo habían juzgado y encarcelado de forma sumaria por ejercer su derecho a la libertad de expresión”, ha expresado Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional.
“Su trágica muerte pone de relieve la honda desesperación en la que están sumidos otros presos de conciencia cubanos que siguen consumiéndose en las cárceles del país y que deben ser puestos en libertad de forma inmediata e incondicional.”
“Las autoridades cubanas deben poner fin al acoso, persecución y encarcelamiento de manifestantes pacíficos y de activistas políticos y de derechos humanos.”
El 14 de noviembre de 2011, la policía arrestó a Wilman Villar Mendoza y a otros ocho miembros de la Unión Patriótica Cubana, un grupo disidente de la ciudad de Contramaestre, al este del país, por participar en una manifestación contra el gobierno de Cuba.
Mientras estuvo bajo custodia, la policía intimidó a Wilman Villar Mendoza diciéndole que lo harían desaparecer o que lo encarcelarían por cargos penales derivados de un arresto anterior si no cesaba en sus protestas y abandonaba el grupo disidente.
Fue puesto en libertad después de permanecer tres días bajo custodia de la policía, pero fue citado el 24 de noviembre ante el Tribunal Municipal de Contramaestre. Los jueces lo juzgaron a puerta cerrada y desestimaron el testimonio de la esposa de Wilman y de otros testigos de la defensa.
El activista fue condenado a cuatro años de cárcel y lo trasladaron inmediatamente a la prisión de Aguadores, en Santiago, la capital de provincia. Ese mismo día, Wilman inició una huelga de hambre en protesta por la sentencia dictada contra él.
Con motivo del deterioro de la salud de Wilman durante los últimos días, los miembros de la Unión Patriótica Cubana y del grupo de oposición las Damas de Blanco organizaron una vigilia a las puertas del hospital. El 18 de enero, los funcionarios de seguridad disolvieron la concentración y detuvieron a más de una docena de personas.
Wilman Villar Mendoza no es el primer preso de conciencia que muere bajo custodia en Cuba.
Orlando Zapata Tamayo, un preso de conciencia que fue encarcelado en marzo de 2003 tras las medidas represivas de la Primavera Negra contra los grupos de la oposición, murió en la cárcel el 23 de febrero de 2010 tras permanecer varias semanas en huelga de hambre
Amnistía Internacional.org. 20/01/12
http://www.amnesty.org/es/news/autoridades-cubanas-responsables-muerte-activista-huelga-hambre-2012-01-20

414. Human Rights Watch hace severas criticas a México por violencia y narcotráfico

Resaltan que sólo hubo 15 condenas
Washington, Estados Unidos.  La organización HRW llamó al próximo gobierno de México a que revise la estrategia contra el crimen organizado y los cárteles de la droga, que a su juicio ha aumentado la violencia y los abusos contra los derechos humanos en el país.
"Yo espero que el próximo gobierno en México revise la estrategia. Parece que la estrategia no está funcionando", estimó el director para las Américas de la organización de promoción de los derechos humanos, José Miguel Vivanco, en rueda de prensa en Washington.
El futuro gobierno que será elegido en las elecciones generales de julio debe preguntarse si debe seguir usando el ejército, actualmente desplegado dentro de la estrategia contra los cárteles del gobierno de Felipe Calderón, "contra un problema que es de tipo policial y judicial".
"¿Está el ejército en condiciones, preparado para seguir esta lucha? ¿O es una entidad que no se subordina a la autoridad civil? Mi opinión es esta última", dijo Vivanco.
En su informe mundial publicado el domingo, HRW denunció "serios violaciones de derechos humanos" por parte de los militares mexicanos, junto a una gran impunidad frente a estos hechos.
La procuraduría militar abrió 3,671 casos por estos atropellos entre 2007 y 2011, pero sólo ha habido 15 condenas, resaltó la organización.
Gobierno rechazó acusaciones
El gobierno de México rechazó los señalamientos, al asegurar que los 50 mil soldados desplegados para combatir al crimen organizado realizan su labor en estricto apoyo a la estructura de seguridad pública.
"El gobierno de México rechaza los señalamientos de HRW sobre las violaciones a los derechos humanos e impunidad de los cuerpos de seguridad federales en México", señaló un comunicado de la secretaría de Gobernación (Interior) de México.
Gobernación señaló que desde diciembre de 2006, cuando se inicio la estrategia federal antidrogas, la estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió 109 recomendaciones a las secretarías de la Defensa y de Marina como resultado de 6,722 quejas interpuestas por ciudadanos por violaciones a las garantías individuales.
El comunicado precisa que unos 276 militares están involucrados en esas recomendaciones y se encuentran bajo proceso, de los cuales 29 han sido condenados.
Vivanco lamentó que México continúe "con una actitud en general de cerrazón en términos de seguir adelante a ciegas con una política que según ellos está dando resultados, pero que según todas las cifras demuestra que crece la violencia y al mismo tiempo los abusos".
Vivanco lanzó un "desafío" al gobierno de México para que explique cómo sostiene que 95% de las casi 50 mil personas que han muerto por la violencia del crimen organizado en los últimos cinco años en México son narcotraficantes, cuando ha abierto investigaciones en menos de 1.000 casos.
"La cifra es mínima en relación a la gravedad y número de violaciones o abusos u homicidios en el contexto de la lucha contra el narcotráfico", dijo Vivanco.
No obstante, Vivanco dijo que México es un país "de puertas abiertas" para las organizaciones de derechos humanos y relató que recientemente sostuvo una reunión positiva con Calderón, de quien dijo esperar "cambios concretos y reales" con respecto a los derechos humanos en lo que queda de su gobierno.
Periodistas, migrantes y defensores, los más vulnerables
Sobre los otros señalamientos de HRW, destacó que en julio de 2011 el gobierno emitió un acuerdo "por el que se establecen las bases del mecanismo de protección" de defensores de derechos humanos, mientras que un año antes creó la fiscalía para la atención de delitos cometidos en contra de la libertad de expresión.
En su informe anual difundido el domigo en El Cairo, HRW subrayó que México ha fallado en proteger grupos vulnerables como periodistas, migrantes y defensores de derechos humanos.
El reporte, con datos de 2011, reseñó que esos grupos son blanco tanto de organizaciones criminales como de los cuerpos de seguridad, sin que el gobierno del presidente Felipe Calderón les haya provisto de protección o adecuadas investigaciones de los crímenes en su contra.
Univision.com. 23/01/12
En el estado de Nuevo León cada año se agrava el problema de las desapariciones forzosas, pues tan sólo en 2011 se reportaron 117 casos de esa naturaleza, denunció la organización Ciudadanos en Apoyo de los Derechos Humanos
México, Distrito Federal. "Tenemos datos que demuestran que la violencia ha aumentado horrorosamente en México en los últimos años y que no hay un sistema para juzgar a los militares de forma que haya justicia”, aseguró ayer Emma Daly, directora de comunicación de Human Rights Watch.
Durante la presentación mundial del informe de la organización, Daly explicó que el presidente de México, Felipe Calderón, está empleando a los militares para luchar contra los narcotraficantes y la delincuencia organizada, pero las Fuerzas Armadas no están bien entrenadas para realizar acciones policiales y gozan de impunidad cuando cometen abusos.
En su opinión, “existe una impunidad absoluta en México para los militares”, quienes, con el sistema de justicia castrense, nunca son juzgados, lo que fomenta que continúen “los abusos porque no hay modo de pararlos”.
De acuerdo con el informe de la ONG que fue presentado en el Cairo, los esfuerzos de las autoridades mexicanas para combatir el crimen organizado han desembocado en un significativo aumento de los asesinatos, la tortura y otros abusos de las fuerzas de seguridad, que sólo hacen que “el clima de desorden y miedo empeore en algunas zonas del país”.
Entre las violaciones de los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas, según el informe, figuran los asesinatos, la tortura y las desapariciones forzosas.
Una muestra de que los soldados que han cometido violaciones de los derechos humanos quedan impunes es, según HRW, que la fiscalía militar abrió más de 3 mil 600 investigaciones de estos casos entre 2007 y junio de 2011 y sólo 15 uniformados fueron condenados en ese periodo.
Los principales afectados por esos ataques son los periodistas, los defensores de derechos humanos y los emigrantes, según la nota publicada por el periódico El Universal.
El número de desaparecidos en Nuevo León va en aumento
Los muertos y heridos no son el único saldo de la guerra entre cárteles y la lucha anticrimen, pues hay cientos de desaparecidos en el estado de Nuevo León.
Ciudadanos en Apoyo de los Derechos Humanos (CADHAC), único organismo que lleva el registro en ese estado, reporta 117 casos de desaparición forzada sólo entre 2011 y lo que va de este año, pero estima que, en realidad, hay hasta 800, pues la mayoría no han sido reportados, según una nota del periódico Reforma.
"Son cuando menos 800, y nos quedamos cortos", explicó la religiosa Consuelo Morales, directora de la asociación civil, la cual, además, exige al Congreso estatal tipificar el delito de desaparición forzada.
Morales afirmó que, de los casos registrados en CADHAC, en un 35 por ciento están involucrados agentes policiacos (locales y federales), así como elementos de la Marina y el Ejército. El resto, 65 por ciento, apunta a la delincuencia organizada.
Los 117 casos han sido revisados desde junio de 2011 por el procurador Adrián de la Garza e integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por el poeta Javier Sicilia.
Nora Montemayor, madre de José Francisco, uno de cuatro jóvenes secuestrados en Ciénega de Flores en 2006, de los primeros casos de levantones reportados en Nuevo León, dijo que aún mantiene la esperanza de ver llegar a su muchacho sano y salvo.
"¿Qué te puedo decir de la autoridad? (...) No nos ayudó, y yo tengo la impresión de que así está la mayoría de los casos de desaparecidos: sin solución alguna".
E-Consulta.com 23/01/12

413. ONU pugna por aprobación de ley sobre desapariciones forzadas en Nuevo León, México

Monterrey, Nuevo León. El representante en México de la ONU para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, visitó hoy la ciudad de Monterrey con el objetivo de impulsar la aprobación en el estado de Nuevo León de la ley sobre desaparición forzada de personas.
Hernández Valencia se reunió con el gobernador y otras altas autoridades del estado para conversar sobre el proceso iniciado por el Congreso de Nuevo León, que ha avanzado en la redacción de un marco legislativo para las desapariciones forzadas.
El representante de la ONU enfatizó la importancia de culminar el proceso de la aprobación de la ley y ofreció la asistencia y cooperación técnica del organismo mundial en esa y otras iniciativas de protección y promoción de los derechos humanos.
El experto consideró que la tipificación legal de las desapariciones forzadas en la legislación de Nuevo León marcaría la vanguardia y el ejemplo a seguir en el resto de México.
Centro de Noticias de las Naciones Unidas. 20/01/12

 "Pedimos a los legisladores de Nuevo León que cambien esta situación”: Amnistía Internacional  
Monterrey, Nuevo León. Las autoridades de México deben aprobar y aplicar leyes que tipifiquen como delito las desapariciones forzadas de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, ha dicho Amnistía Internacional a raíz de que un estado esté planteando un proyecto de ley para prohibir esta práctica.
Nuevo León, próximo a la frontera con Estados Unidos, es uno de los estados mexicanos que han experimentado una oleada de violencia en los últimos años, que incluye secuestros y desapariciones forzadas en las que están implicados miembros de bandas criminales, las fuerzas armadas y la policía.
El 19 de enero, las autoridades estatales llevarán a debate un proyecto de ley para tipificar como delito las desapariciones forzadas. De aprobarse esta ley, Nuevo León se sumaría a los otros ocho estados mexicanos que ya cuentan con una legislación similar.
“En muchas de las desapariciones forzadas que se producen en México está implicada la policía municipal o estatal, lo que significa que la jurisdicción federal y la legislación federal actual pueden no tener competencia sobre ello”, ha explicado Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional.
“La aprobación de esta ley clave en Nuevo León reforzaría los esfuerzos de todo el país por introducir una legislación al respecto y garantizar la investigación y el procesamiento efectivos de casos presentes y futuros de desapariciones forzadas.”
Los casos de detenciones y secuestros ilegales de México en los que están implicados funcionarios públicos normalmente no se investigan, ya que las autoridades prefieren que toda la responsabilidad recaiga únicamente sobre las organizaciones criminales.
“Según el derecho internacional, los Estados deben evitar las desapariciones forzadas y llevar a los responsables ante los tribunales”, ha dicho Javier Zúñiga.
“Las autoridades no deben esperar a que se apruebe la nueva legislación para actuar de forma inmediata en los numerosos casos en los que existen indicios evidentes de la implicación del ejército, la armada o la policía.”
Casi 50.000 personas han sido asesinadas y miles de ciudadanos continúan desaparecidos en todo México desde diciembre de 2006, fecha en la que el presidente Calderón ocupó su cargo y comenzó a hacer uso de las fuerzas armadas para luchar contra las redes de crimen organizado.
El conflicto entre los cárteles de la droga se ha extendido a muchos estados y ciudades como Monterrey, la capital del estado de Nuevo León.
Existen numerosas denuncias por connivencia de funcionarios públicos. La respuesta militar a las bandas criminales está teniendo como resultado graves violaciones de derechos humanos, entre las que se incluyen actos de tortura, desapariciones forzadas y homicidios ilegítimos. La respuesta general a todos estos delitos es la impunidad.
Las organizaciones locales de derechos humanos han documentado cientos de casos de secuestros y desapariciones en el estado. Afirman que la policía estatal y municipal, con frecuencia acusada de connivencia con bandas criminales, ha estado implicada directa o indirectamente en el 40 por ciento de estos casos.
De acuerdo con el sistema de gobierno federal de México, cada uno de los 31 estados que componen el país, junto con el Distrito Federal de Ciudad de México, tiene su propia jurisdicción penal. Esto significa que la responsabilidad de investigar y enjuiciar delitos como desapariciones forzadas, detenciones ilegales y secuestros generalmente recae en los estados y no en las autoridades federales.
Las víctimas de estos delitos y las ONG se encuentran con innumerables obstáculos para lograr que estos casos se investiguen de forma efectiva y para aclarar el papel desempeñado por los funcionarios estatales.
México ha ratificado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, pero no ha reconocido la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y estudiar los informes presentados por las víctimas u otros Estados Parte en la Convención.
“Al no contar con leyes adecuadas que garantizan la investigación y el enjuiciamiento de las desapariciones forzadas de forma efectiva como un tipo de delito, México no está cumpliendo con sus obligaciones internacionales”, ha afirmado Javier Zúñiga.
“Pedimos a los legisladores de Nuevo León y de otros estados mexicanos que cambien esta situación.”
Amnistía Internacional.org. 18/01/2012

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