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1656. Sólo con Justicia Social se superará la crisis pandémica

Latinoamérica y el Caribe será la región más golpeada en lo económico y, si no logra cobrar más impuestos a los sectores más poderosos, la pandemia la pagarán los pobres y lo que queda de la clase media. 
Establecer impuestos a los patrimonios que superen el millón de dólares, así como a las utilidades de grandes empresas que más bien han visto sus ganancias dispararse durante la pandemia; pero al mismo tiempo aliviar la carga de los hogares empobrecidos, por ejemplo, reduciendo a cero los impuestos a la canasta básica. 
Esas son algunas de las recomendaciones que hace el informe ¿Quién paga la cuenta? Gravar la riqueza para enfrentar la crisis de la COVID-19 en América Latina y el Caribe, recientemente publicado por la organización no gubernamental Oxfam.
El informe propone además que, cuando llegue la etapa de la recuperación, los Estados deberán emprender reformas tendientes a una mayor recaudación para “blindar las políticas sociales”, pero ello debe pasar por reducir la regresividad de las políticas fiscales; es decir, que los ricos paguen como ricos. 
En esa dirección, es vital “detener la ingente pérdida de ingresos fiscales a causa de la evasión fiscal”, así como elevar o crear tasas sobre rendimientos de capital, revisar los impuestos a la propiedad y los incentivos tributarios. 
Cabe destacar que algunas de esas propuestas son muy coincidentes con las ya hechas en Costa Rica por el grupo de Economía Pluralista al presidente Carlos Alvarado desde abril, mediante una carta. Asier Hernando, director de Oxfam para América Latina y el Caribe, durante una charla organizada por la Fundación Gabo, señaló que la pandemia incrementó la pobreza en la región en un 3,2% y ponderó que ello es aún más grave en el contexto en que, durante el último año, se observó lo que llamó “la desafección con la democracia”, pues “la frustración por parte de la población era mucho mayor y vimos diferentes movilizaciones en las calles. Vimos lo que pasaba en Chile, vimos lo que pasaba en Colombia, vimos lo que pasaba en Ecuador, vimos lo que pasaba previamente a Nicaragua o lo que pasó en Honduras”. 
Al mismo tiempo, apuntó que desde 2002, 66 millones de personas en Latinoamérica habían salido de la pobreza, pero la región se mantenía “frágil” y “vulnerable” porque “dependía de las exportaciones y porque solo una serie de sectores muy concretos eran los que esperaban una parte importante de la riqueza”. 
Por ello, advirtió que unas 52 millones de personas “pueden retroceder otra vez a la pobreza”. Vale notar que en Costa Rica, la pobreza desde mediados de los años 90 muestra un estancamiento pues nunca se aleja del 20% de la población. Aún no se puede precisar el golpe que en este rubro está produciendo la crisis pandémica, pero sí se identificó un aumento drástico del desempleo, que ha alcanzado un 20%. 
Hernando también se refirió a la situación de las mujeres y dijo que a través de las labores de cuido en el hogar, que normalmente asumen, “son motor oculto de la economía actualmente” y que “mucho de la carga que tenían antes en el cuidado, que ya doblaba la de los hombres, se acentúa mucho más ahora”.
Se da entonces una situación que “condena a las mujeres al sector de la informalidad; ningún trabajo formal permite dedicarse a cuidados a los que el patriarcado las condena” y por ello “un aspecto fundamental de la crisis es que acentúa la desigualdad de los cuidados” en el hogar. 
La crisis no es igual para todos
El informe de Oxfam puntualiza que América Latina y el Caribe es la región “más desigual del planeta” y que ahora, además de ser el epicentro de la crisis sanitaria desde el 1 de junio, “se ha convertido también en el epicentro de la crisis económica”. 
Al mismo tiempo alarma porque “los elevados niveles de desigualdad y de pobreza, preexistentes a la crisis, junto con la alta informalidad y unas administraciones públicas con recursos insuficientes, son un efecto multiplicador que explica la vulnerabilidad de la región y limita su capacidad de contener la pandemia”.
Sin embargo y sin tapujos, el análisis de Oxfam sentencia que “esta crisis no afecta a todos por igual”, ya que desde el principio de los confinamientos han surgido ocho nuevos “mil millonarios” en la región, personas cuyo patrimonio supera los $1.000 millones. Al mismo tiempo, se estima que 40 millones de personas perderán sus empleos y, hay que insistir, 52 millones podrían recaer en la pobreza. La riqueza de esa élite de “supermillonarios” de la región ha crecido un 17% desde mediados de marzo, según el documento. Eso quiere decir que ese club del privilegio vio su patrimonio colectivo aumentar en $48.200 millones, lo cual equivale a la 38% del total de los paquetes de estímulo que los gobiernos han puesto en marcha para paliar la crisis, o a nueve veces el monto de los préstamos de urgencia que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha aprobado.}Por todo ello, los especialistas de Oxfam hablan de “dos realidades contrapuestas”. 
Por un lado, la mitad de la población de la región sobrevive día a día, con el mercado laboral marcado por la informalidad. “Para la gran mayoría de la ciudadanía, los confinamientos han acabado por ahogar los magros ahorros o mostrado la vulnerabilidad de unos servicios públicos que no alcanzan a garantizar cobertura ni derechos”, señala el informe. 
Pero, por otro lado, “ser extremadamente rico en América Latina y el Caribe te convierte prácticamente en inmune a esta crisis económica”, lo cual también se debe a que durante las últimas décadas “se han venido desmantelando los esquemas de impuestos a las grandes fortunas, hasta el punto de que en la actualidad tan solo tres países cuentan con un impuesto al patrimonio: Argentina, Colombia y Uruguay”.
Esa desigualdad radical también es notable en el ámbito empresarial, pues mientras miles de pequeñas y medianas empresas enfrentan cierres en muchos casos definitivos, “los beneficios de grandes corporaciones como Microsoft, Visa o la farmacéutica Pfizer han crecido entre un 30% y un 50% desde principios de año”. 
Vinicio Chacón, Semanario Universidad. Costa Rica. 05/08/20 
https://semanariouniversidad.com/mundo/solo-con-justicia-social-se-superara-la-crisis-pandemica/

1638. Hacia una Cultura de Paz: Día Mundial de la Justicia Social


Los índices de pobreza en el mundo continúan siendo preocupantes. Según datos de Coneval (Consejo Nacional de Evolución de la Política de Desarrollo Social), en México se estima que 53.4 millones de personas viven en pobreza, y otros 9.4 millones en pobreza extrema. A nivel global, aproximadamente 1,000 millones viven pobreza extrema y otros 1,500 millones en pobreza.
Se habla mucho de pobreza, pero poco nos hemos centrado en analizar la condición de ser pobre. De acuerdo a este consejo, una persona que vive en pobreza es aquella que presenta al menos una carencia social (alimentación, vivienda, servicios básicos de vivienda, salud, educación y seguridad social), y el ingreso es insuficiente para satisfacer sus necesidades. Existe pobreza extrema cuando hay tres o más carencias y se encuentran por debajo del bienestar mínimo. Así, se puede deducir la falta de justicia social que existe en el mundo, y también en nuestro país.
Quizá la palabra pobreza se haya “normalizado” por aparecer tan repetidamente en discursos, como si fuese una condición inherente a la sociedad, más en la nuestra, donde se ha lucrado con ella, manipulando a las personas como llave hacia el poder.
No fue hasta que visité la India y observé la avasalladora realidad de lo que es capaz de soportar una persona para tratar de sobrevivir, que entendí a lo que se refería el concepto. Gente durmiendo amontonada en las calles, sin acceso a sanitarios, agua potable y pepenando restos de comida de la basura para alimentarse. Los más afortunados enjarraban sus “cuartitos” con excremento de vaca. México no está tan alejado de esa realidad, pues ¿cuántas personas no alcanzan a satisfacer sus necesidades básicas, simplemente por que no pueden?, por la desigualdad tan marcada que hace que unos tengan privilegios y otros no, lo que resalta la carencia de una justicia social, en equidad, para todos.
Justicia social se refiere a la necesidad de lograr un reparto equitativo de los bienes, donde los Derechos Humanos sean respetados y los grupos más desfavorecidos cuenten con oportunidades de desarrollo. El 20 de febrero se celebra el Día Mundial de la Justicia Social, que busca apoyar la labor de la comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza para el acceso al bienestar social y la justicia social. ¿Pero cómo lograrla? Podemos comenzar siendo empáticos con las personas que se encuentran desfavorecidas, principalmente desde “la tribuna” que discute y toma decisiones, y entender cuán profunda es la realidad; crear los mecanismos para tener la convicción de que realmente estamos juntos, iguales en dignidad y derechos y apoyar a cada quien con lo que necesita en ese momento. Dejemos la conmiseración y actuemos en consecuencia. Mary Wollstonecraft dijo: Es justicia y no caridad lo que necesita el mundo.
Flor María Yáñez Álvarez. ElHaradoDeChihuahua.com.mx. Chihuahua, Chihuahua. 20/02/2019

1448. La justicia internacional es necesaria para la paz permanente

En 2014 hubo mucha reflexión sobre la Primera Guerra Mundial (1914-1918), que en realidad fue en gran medida una guerra europea, aunque con profundas repercusiones para el siglo pasado.
La Liga de las Naciones del presidente estadounidense Woodrow Wilson (1913-1921) no pudo asegurar las condiciones para la paz duradera. Con la perspectiva del tiempo, el ensayo de John Maynard Keynes sobre las consecuencias económicas de la paz resultó notablemente premonitorio.
Este 2015, la atención se fijó en el final de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), hace siete décadas. La desaparición gradual de la mayoría de los imperios coloniales en las tres décadas posteriores al conflicto prometió una nueva era de justicia internacional.
Ahora que la comunidad internacional se esmera por poner en marcha la Agenda de Desarrollo Posterior a 2015 y celebrar en diciembre un nuevo tratado sobre cambio climático en París, es importante aprender rápidamente la lección del fracaso de la Conferencia sobre la Financiación para el Desarrollo, celebrada en Addis Abeba en julio, para abordar la justicia fiscal.
Sin avances en materia fiscal o de ayuda, será casi imposible realizar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) deberá aprobar este mes, debido a la falta de financiamiento adecuado.
Del mismo modo, según señalaron varios líderes, como el papa Francisco y la expresidenta de Irlanda, Mary Robinson, no habrá avances significativos con respecto al cambio climático si el acuerdo de París no aborda la cuestión fundamental de la justicia fiscal.
El consenso de posguerra
El 10 de mayo de 1944, antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, la Organización Internacional del Trabajo adoptó la histórica Declaración de Filadelfia, que reconoció que "la paz permanente solo puede basarse en la justicia social”.
Una preocupación similar se expresó en la Conferencia de Bretton Woods, celebrada en julio de 1944, que se comprometió a generar las condiciones para la paz permanente mediante la reconstrucción de posguerra y el desarrollo poscolonial, con crecimiento sostenido, pleno empleo y la reducción de la desigualdad.
Bretton Woods creó al Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El FMI ayudaría a los países a superar sus dificultades de balanza de pagos y a “dirigir las políticas económicas y financieras hacia el objetivo de fomentar el crecimiento económico ordenado con una razonable estabilidad de precios”.
El BIRF, más tarde conocido como el Banco Mundial, fue creado para apoyar la inversión y el desarrollo a largo plazo.
La participación de la mano de obra en la producción aumentó a medida que otras desigualdades disminuían. Esta Edad de Oro también tuvo una mayor inversión en salud, educación y demás servicios públicos, como la protección social. El consenso de posguerra perduró más de 25 años antes de colapsar en la década de 1970.
El mejor momento de Estados Unidos
Al final de la Segunda Guerra Mundial, el secretario de Estado estadounidense, George Marshall, anunció el plan para reindustrializar a la Europa devastada por la guerra. Políticamente, el llamado Plan Marshall tenía la intención de crear un cordón sanitario para contener la propagación del comunismo en el inicio de la Guerra Fría.
Esta generosa infusión de ayuda de Estados Unidos y la aceptación favorable de las políticas nacionales de desarrollo aseguró el renacimiento de la Europa moderna. Muchos europeos siguen considerando que este fue el mejor momento de Washington.
En las décadas subsiguientes, el Plan Marshall se convirtió en lo que quizá sea el proyecto de asistencia para el desarrollo económico más exitoso de la historia.
Otras políticas de desarrollo económico similares se aplicaron en Japón, Taiwán y Corea del Sur tras la fundación de la República Popular de China y la guerra de Corea.
Esta experiencia ofrece lecciones valiosas hoy en día.
Europa y el nordeste de Asia se industrializaron con políticas que incluyen intervenciones económicas del Estado, como tasas elevadas, cuotas y otras barreras no arancelarias. El libre comercio solo sería justo después de haberse alcanzado la competitividad internacional.
Marshall sabía que el desarrollo económico compartido es el único camino hacia la paz permanente. También hizo hincapié en que la ayuda debe ser verdaderamente para el desarrollo, no fragmentada o paliativa. Las capacidades y aptitudes de las naciones en vías de desarrollo productivos deben sembrarse.
La contrarrevolución
Cada época, no importa su éxito, siembra las semillas de su propia destrucción.
A principios de la década de 1980, después de la mezcla de inflación y estancamiento económico de Occidente en los años 70, el neoliberal Consenso de Washington – la política económica que vincula al gobierno estadounidense con las instituciones de Bretton Woods, ubicadas en Washington – surgió para liderar la contrarrevolución contra la economía del desarrollo, la economía keynesiana y las intervenciones estatales progresistas.
Así avanzaron la desregulación, la privatización y la globalización económica. Se suponía que esas medidas impulsarían el crecimiento, que se derramaría hacia el resto de la población y reduciría la pobreza, y por lo tanto, no habría que preocuparse por la desigualdad.
Las políticas macroeconómicas se enfocaron casi exclusivamente en equilibrar el presupuesto anual y lograr una inflación de un solo dígito, en lugar del énfasis anterior puesto en el crecimiento sostenido y el pleno empleo con una estabilidad de precios razonable.
Pero las medidas “neoliberales” no lograron generar crecimiento sostenido. En cambio, las crisis financieras y bancarias se hicieron más frecuentes, con consecuencias más devastadoras, exacerbadas por una mayor tolerancia a la desigualdad y la miseria.
La experiencia y los análisis recientes refutaron la presunción anterior de que la redistribución progresiva retarda el crecimiento. La desigualdad y la exclusión social demostraron que son perjudiciales para la paz civil y social.
Las nuevas prioridades globales al final de la Segunda Guerra Mundial siguen siendo relevantes hoy en día.
Tras las últimas tres décadas de regresión, tenemos que volver a comprometernos con la ética más inclusiva e igualitaria de la Declaración de Filadelfia, la conferencia de Bretton Woods y el Plan Marshall, con un Nuevo Trato Mundial para nuestros tiempos.
Para que el sistema y las instituciones internacionales de la ONU sigan siendo pertinentes, deberán demostrarlo al reformarse a sí mismos a medida que las circunstancias cambian, con el fin de abordar mejor los desafíos globales contemporáneos y futuros.
Jomo Kwame Sundaram. Coordinador de Desarrollo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación la Agricultura (FAO).
Jomo Kwame Sundaram. IPSNoticias.net, Italia, 22/05/15

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