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Es Liberado defensor del pueblo indígena de la comunidad tenek

Es necesario madrugar para llegar a la cumbre donde se ubica la sede de la ONG Academia de la Cultura Indígena de la Huasteca Potosina en Tancanhuitz, San Luis Potosí. Levantada con paredes de bambú y techo de palma en medio de la selva, esta organización fue fundada por el defensor de derechos humanos Juan Carlos Soni Bulos y centra sus esfuerzos en defender y promover los derechos de los pueblos indígenas en la comunidad Tenek. Juan Carlos habla tenek y náhuatl lo que le permite tener contacto directo con las comunidades indígenas.
Para conocer el espacio de trabajo de Juan Carlos debemos remontarnos a 1995 cuando inició su labor como defensor de derechos humanos, documentando casos en los que se vieron comprometidos los derechos de las comunidades indígenas huastecas. Uno de los más representativos fue el trabajo de defensa que llevó a cabo en 2004, cuando en Huehuetlán, San Luis Potosí, defendió  la “Cueva del Maam” que significa “Dios Viejo”, lugar sagrado que por siglos, ha sido considerado como el acceso a un altar indígena huasteco náhuatl y que había sido cerrado por particulares. La incidencia política gestionada por Juan Carlos permitió que el gobierno del Estado intercediera y se permitiera el acceso a los peregrinos que continúan actualmente dejando sus ofrendas cada fin de año.
Juan Carlos no sólo es defensor de derechos humanos, sino que ha aprovechado su internamiento en selva huasteca para recolectar hierbas curativas y semillas que le han permitido desarrollar actividades de medicina botánica tradicional. Ha apoyado a grupos de artesanos que confeccionan indumentaria y artesanía tenek para que puedan comercializar sus mercancías. Asimismo, ha impulsado las danzas indígenas milenarias tzakam som y pulik som que rinden tributo a la madre tierra y a los elementos de la naturaleza por los frutos de sus cultivos.
Esta labor de defensa de los pueblos indígenas se vio interrumpida en el mes de junio de 2013 cuando sufrió dos allanamientos en su domicilio por parte de la Secretaría de Marina (Semar), lo que obligó a Juan Carlos a solicitar el cobijo del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob), mismo que lo admitió como peticionario. El 9 de noviembre de 2013 Juan Carlos fue detenido ilegalmente y fuertemente golpeado en su domicilio en Tanquián, San Luis Potosí, por elementos de la Semar. En este tercer allanamiento, los elementos de dicha secretaría también detuvieron a cuatro personas conjuntamente con Juan Carlos, uno de ellos su sobrino. Fue acusado por la Procuraduría General de la República por los delitos de portación de arma de fuego, posesión de cartuchos para arma de fuego y delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de clorhidrato de cocaína y marihuana y recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Tepic, Nayarit por más de un año. La primera semana de marzo del presente año, el Juzgado Séptimo de Distrito de Cd. Valles, San Luis Potosí, dictó a Juan Carlos Soni Bulos y a sus tres coprocesados, una sentencia absolutoria que los liberó de todas las acusaciones planteadas.
La ONU-DH contribuyó con información a la comunicación efectuada por cinco Procedimientos Especiales de Naciones Unidas (Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria, la Relatoría Especial sobre el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas, la Relatoría Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y la Relatoría Especial sobre la tortura) quienes notificaron a la Misión Permanente de México en Ginebra y solicitaron el correspondiente informe acerca de los hechos cometidos en perjuicio de Juan Carlos Soni Bulos y las demás personas detenidas. De hecho, Juan Méndez, Relator Especial sobre la tortura, en su visita oficial al país en abril del 2014, conoció a Juan Carlos en su celda en el Cefereso en Nayarit.
La Oficina llevó a cabo diversas gestiones con el objetivo de que Juan Carlos y sus coacusados lograran justicia. Entre otras cosas, visitó el lugar de la detención del defensor y las demás personas y recabó testimonios de los allanamientos y de la detención en contra de Juan Carlos y de las otras cuatro personas efectuadas por la Semar; asimismo se entrevistó con autoridades locales; también colaboró con el Instituto Federal de la Defensa Publica Federal acercando a su defensor público estándares internacionales sobre detención ilegal y torturas, conceptos que éste invocó cuando emitió sus conclusiones en el juicio contra Juan Carlos; además, brindó información a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que posteriormente conformó una queja; también al Mecanismo de Protección de Segob se le allegaron estándares internacionales sobre los derechos de los defensores de derechos humanos que se encuentran privados de su libertad. Finalmente, la Oficina, vía su equipo de observación, visitó a Juan Carlos cinco veces en el Cefereso donde estuvo recluido; ahí además se celebraron reuniones con el personal directivo y jurídico para garantizar que sus condiciones de reclusión fueran óptimas.
Ahora que ha sido absuelto y puesto en libertad, Juan Carlos espera volver a su labor de defensa de los pueblos indígenas y expresar libremente en idioma tenek “T'ulé kain tolmish talab a ti tzejuan tal chic inikchic” -Me gusta ayudar a la gente-.
Hchr.org.mx. México, Distrito Federal, 27/04/15 

1224. Amnistía Internacional exige a las autoridades adoptar medidas inmediatas para evitar daños irreparables a la Tribu Yaqui

En el marco de la presentación del informe de la Misión Civil de Observación a la Consulta a la Tribu Yaqui, Una sentencia fallida. Actualización del proceso de consulta a la Tribu yaqui sobre el Acueducto Independencia, Amnistía internacional expresa su preocupación por la afectación continuada de los derechos humanos de la Tribu Yaqui ocasionada por la construcción y funcionamiento del Acueducto independencia en sus territorios.
Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México, recuerda que “la consulta previa, libre e informada es una piedra angular de los derechos de los pueblos indígenas; sin embargo, en el caso de la Tribu Yaqui, los gobiernos Estatal y Federal no han realizado dicho proceso y no se ha obtenido el consentimiento de la comunidad para la realización del Acueducto independencia”.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que se violó el derecho a la consulta previa, libre e informada, y ordenó que se llevara a cabo dicho proceso conforme a los estándares internacionales. En la misma decisión, la Corte ordenó que la Autorización de Impacto Ambiental quedara insubsistente y que se realizara un nuevo informe de impacto ambiental que debía ser entregado a la comunidad en su propia lengua.
No obstante, a más de nueve meses de esta resolución, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) no ha entregado a la comunidad el informe de impacto ambiental y un peritaje antropológico que se debieron de haber sido realizados como parte del proceso de consulta. Por lo que la Tribu no ha recibido elementos suficientes para tomar una decisión informada. En tal sentido, Amnistía Internacional exhortó a la SEMARNAT a presentar inmediatamente el estudio de impacto ambiental y el peritaje antropológico necesarios para dar continuidad al proceso de consulta.
Lo anterior, “viola el deber de debida diligencia que debe guiar la actuación estatal ante la posibilidad de daños irreparables a la Tribu Yaqui, pues las autoridades están imponiendo  restricciones a sus derechos humanos, sin verificar que dichas limitaciones no pongan en riesgo la subsistencia del propio pueblo indígena” señaló Perseo Quiroz.
Durante el proceso de consulta, Mario Luna y Fernando Jiménez, quienes son líderes reconocidos por la Tribu Yaqui, fueron detenidos por su supuesta participación en el robo de un vehículo automotriz y privación de la libertad de un miembro de la comunidad yaqui. Amnistía Internacional ha examinado el expediente judicial y teme que el caso esté políticamente motivado y tenga relación con la defensa que la Tribu Yaqui ha hecho de su derecho al agua.
En este contexto, Amnistía Internacional exige a las autoridades garantizar el debido proceso de ambos líderes indígenas para evitar juicio injusto.
Información adicional 
La Tribu Yaqui es un pueblo indígena que habita en el estado de Sonora y a lo largo de su historia ha luchado por conservar su territorio ancestral y sus recursos naturales, los cuales forman parte importante de su sobrevivencia y son el sustento para la preservación de sus formas de vida, su cultura y sus estructuras comunales. La Tribu está asentada a lo largo del río Yaqui, mismo que les da nombre y que es un elemento fundamental de su identidad y su cosmovisión.
El derecho de los pueblos Indígenas a sus territorios y a la consulta previa, entre otros derechos, están reconocidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como en el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales (Convenio 169) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado el Estado mexicano
Amnistía.org.mx. México, D.F. 12/02/15

1018. "Ser defensor de los Derechos Humanos es un crimen para el Gobierno": Raúl Vera

"Ser ahorita defensor de los derechos humanos es un crimen para el Gobierno", expresó Raúl Vera, Obispo de Saltillo, durante su charla en el Décimo Congreso por los Pueblos Indígenas que organiza la Asociación Estudiantil por los Pueblos Indígenas del Tec de Monterrey.
Ante la pregunta de un participante, quien pidió su opinión sobre cómo se ha intensificado la guerra de baja intensidad en las comunidades zapatistas y sobre las comunidades de paramilitares en Chiapas, Vera indicó que la paz nunca se ha firmado.
"Están abiertas las cosas, dada la situación que vive el país les es muy difícil en este momento, (el Gobierno) ya tiene bastante con los grupos armados. También saben que han generado mucha desconfianza, saben que han generado mucha incomodidad con todas las medidas que han venido tomando estos gobiernos neoliberales", expresó.
"Ya no es Chiapas nada más, es todo el país que están dejando en la miseria", indicó.
En rueda de prensa posterior a la conferencia, realizada en el Centro Estudiantil, Vera indicó que los defensores de derechos humanos son objeto de vigilancia, según coinciden defensores de migrantes, como el Padre Alejandro Solalinde y Fray Tomás González.
"Nos tratan como criminales", dijo.
"Quisieran que aceptáramos todo sin chistar, todo lo que en este momento se hace contra la gente, se justifica de una manera muy cínica.
"Vivimos en un país que en un momento dado ya las cosas están el revés, los criminales somos los que trabajamos por la justicia", dijo.
Durante la conferencia habló también sobre su trabajo con Samuel Ruiz, Obispo Emérito de San Cristóbal de las Casas y defensor de los pueblos indígenas, fallecido en el 2011, así como también sobre la riqueza que estos grupos han aportado a México.
Félix Barrón. elnorte.com. Monterrey. 26/08/14
http://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=323788&v=4

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