Saná, Yemen. El 3 de febrero de 2011 fue la fecha en que las protestas se transformaron en Yemen en un movimiento multitudinario. Ese día, un gran grupo de personas, en su mayoría estudiantes y activistas, que se daban en llamar movimiento de la Juventud del 3 de Febrero (conocido desde entonces como Juventud de la Revolución) atrajo a miles de personas a la capital, Saná, para celebrar manifestaciones multitudinarias.
Las protestas habían comenzado el mes anterior, al anunciar el gobierno un proyecto de reforma de la Constitución que permitía al presidente Alí Abdulá Salé, jefe del Estado desde 1978 –en calidad de presidente de Yemen del Norte, primero, y del Yemen unificado, después– presentarse indefinidamente a las elecciones presidenciales. No obstante, también estaban impulsadas por la frustración que provocaban en el país la corrupción, el desempleo y la represión de las libertades, así como por los sucesos de Túnez y Egipto en cierto modo.
Los manifestantes pedían al presidente Alí Abdulá Salé que destituyera a los miembros del gobierno y a los funcionarios corruptos, retirara a su hijo del cargo de jefe de la Guardia Republicana y las Fuerzas Especiales, disolviera el Parlamento, nombrara un gobierno de unidad nacional, reintegrara los fondos “malversados”, dimitiera como presidente y prometiera no volver a presentarse para su reelección en el cargo.
P: Un año después del comienzo de las protestas, ¿cómo ha cambiado la situación de los derechos humanos?
En 2011 se produjo un rápido deterioro de la situación de los derechos humanos en Yemen. La muestra más terrible de ello fue la brutalidad de la represión de las protestas. Más de 200 manifestantes murieron y más de 1.000 resultaron heridos al utilizar las fuerzas de seguridad munición real para disolver las manifestaciones. Asimismo, cientos de personas más murieron en todos los bandos durante enfrentamientos armados.
La trayectoria de las autoridades en la investigación de las denuncias de violaciones graves de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad ha sido pésima. Amnistía Internacional sólo tiene noticia de una investigación judicial –sobre los homicidios de manifestantes cometidos el 18 de marzo de 2011–. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como resultado de una investigación oficial se presentaron cargos contra 78 personas, pero no se sabe bien si había entre ellas miembros de las fuerzas de seguridad. Las autoridades han ofrecido indemnizaciones a las familias de algunas de las víctimas.
En todo el país han continuado produciéndose enfrentamientos armados, causantes de una creciente crisis humanitaria en la que escasean el agua, la electricidad y otros servicios.
P: ¿En que situación se encuentra ahora Yemen, tras la firma del acuerdo político auspiciado por el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico?
Tras los sucesos de marzo de 2011, los peores ocurridos en un solo incidente, en el que al menos 52 personas murieron en una manifestación, el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico propuso al presidente Salé un trato que le garantizaba la inmunidad frente al procesamiento a cambio de que dimitiera. En octubre, el Consejo de Seguridad de la ONU instó al presidente Salé a dejar el poder conforme al acuerdo del Consejo de Cooperación.
Tras entablar las partes una negociación con la ayuda de un enviado de la ONU, el presidente Salé firmó en noviembre el acuerdo, por el que accedía a ceder algunos poderes al vicepresidente, nombrar un primer ministro para dirigir un “gobierno de reconciliación nacional” y celebrar elecciones presidenciales en el plazo de 90 días. A cambio de ello, él y sus allegados gozarían de inmunidad.
Se ha nombrado ya a un primer ministro que es miembro de la oposición y se ha establecido un nuevo gobierno nacional, que estará en el poder durante un periodo provisional de dos años y en el que están representados el partido gobernante y la oposición. Alí Abdulá Salé conservará el título de presidente hasta las elecciones, que se espera celebrar en febrero.
El 21 de enero de 2012 se aprobó una ley que concede inmunidad absoluta frente al procesamiento al presidente Salé, así como inmunidad penal en las “causas de motivación política” a todos los que han trabajado en su gobierno. Las protestas continúan, ahora también en contra de la ley de inmunidad.
Amnistía Internacional pide al Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico y a la comunidad internacional que retiren su apoyo a la inmunidad de toda autoridad yemení, cualesquiera que sean su rango o afiliación. La ley de inmunidad constituye un incumplimiento de las obligaciones contraídas por Yemen en virtud del derecho internacional.
Resulta lamentable que la ONU diera su apoyo al acuerdo de transición para la transferencia de poderes cuando se firmó el 23 de noviembre, fecha en que se creía ya que contenía una disposición sobre inmunidad. El secretario general de la organización había emitido anteriormente una directriz que prohibía auspiciar acuerdos de paz que contuvieran cláusulas de inmunidad.
P: ¿Por qué se opone Amnistía Internacional a la inmunidad de los dirigentes yemeníes? Hay quien piensa que generará estabilidad.
La aprobación de la ley de inmunidad ha supuesto un duro golpe para quienes piden justicia por las violaciones de derechos humanos cometidas. Amnistía Internacional ha documentado graves violaciones de derechos humanos en Yemen, perpetradas por agentes del Estado o con su complicidad. Es inaceptable que se impida a las víctimas de esos delitos obtener justicia.
La impunidad de los responsables impedirá la protección y promoción de los derechos humanos para todas las personas en Yemen justo en un momento en que hay oportunidades de cambio.
No compartimos la opinión de que la inmunidad traerá consigo estabilidad para el pueblo yemení. Para impedir que se cometan violaciones de derechos humanos y del derecho humanitario en el futuro debe garantizarse la rendición de cuentas por los abusos cometidos en el pasado. En cambio, esta ley indica a los futuros dirigentes de Yemen que, si cometen muchos abusos, probablemente se les concederá inmunidad y bastará con que dejen el cargo.
El gobierno yemení ha dicho que quiere establecer mecanismos de “justicia transicional” para proporcionar justicia y reparación a las víctimas de abusos y prevenir nuevas violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y humanitario. No se sabe bien cómo puede compatibilizarse esta iniciativa con una ley de inmunidad que concede impunidad absoluta al presidente Salé y que podría suponer la inmunidad de todos sus subordinados. Porque, después de todo, no está claro qué significa lo de “causas de motivación política”.
P: ¿Qué tienen que decir sobre los abusos contra los derechos humanos que cometen grupos armados no gubernamentales dentro de Yemen?
Amnistía Internacional condena los abusos contra los derechos humanos comoquiera y dondequiera que se comentan y quienquiera que sea su autor.
Según informes, hay grupos armados no gubernamentales que llevan años perpetrando secuestros y atentados, incluso contra la población civil. En 2011 se recibieron dos informes –que Amnistía Internacional no ha podido confirmar– sobre amputaciones llevadas a cabo por grupos islamistas que decían aplicar la sharia, o ley islámica.
Es responsabilidad de las autoridades yemeníes proteger a la población de la violencia de los grupos armados y garantizar que se respetan y protegen en todo momento los derechos humanos de toda persona en Yemen.
Toda solución que se pretenda dar a los problemas que se plantean en Yemen en materia de seguridad ha de estar basada en la protección de los derechos humanos. Todas las medidas adoptadas contra los grupos armados deben aplicarse de acuerdo con las normas internacionales, que prohíben, entre otras cosas, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la tortura y las detenciones arbitrarias.
P: Yemen se enfrenta a muchas dificultades, como múltiples enfrentamientos armados y pérdida de control sobre algunas partes del país. En este contexto, ¿cabe esperar que el gobierno yemení supere esas dificultades ateniéndose estrictamente a las normas internacionales de derechos humanos?
Yemen se enfrenta a graves problemas, pero, como ocurre con todos los Estados, el gobierno debe ocuparse de ellos –sean políticos, de seguridad o económicos- de conformidad con las obligaciones que ha contraído en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.
El gobierno tiene la responsabilidad primaria de hacer efectivos los derechos humanos. Los gobiernos deben respetar los derechos de las personas y garantizar que otras personas no cometen abusos contra ellos. La falta de medios o la existencia de un conflicto no son excusa para violar o desatender los derechos humanos.
Lamentablemente, en los últimos años se han tomado en Yemen muchas medidas en nombre de la estabilidad y la seguridad, sin la debida observancia de las obligaciones y normas internacionales de derechos humanos.
Las autoridades deben investigar debidamente los informes sobre violaciones masivas de derechos humanos cometidas en el pasado: en el contexto de los disturbios del sur de Yemen, contra personas consideradas secesionistas; en nombre de la lucha antiterrorista, contra personas acusadas de pertenecer o apoyar a Al Qaeda, y en el contexto del conflicto intermitente del norte entre las fuerzas del gobierno y el movimiento rebelde huthi, contra presuntos partidarios de éste y, más en general, contra la población civil de la región.
P: ¿Qué ha significado para Yemen la concesión del Nobel de la Paz a Tawakkol Karman?
La activista de los derechos humanos Tawakkol Karman es una figura destacada desde que comenzaron las protestas multitudinarias contra el gobierno en febrero de 2011. En enero de ese año fue detenida por las autoridades y acusada formalmente de organizar una protesta no autorizada e incitar a otros manifestantes.
La concesión del Nobel de la Paz a Tawakkol, junto con otras dos mujeres, supuso el reconocimiento de la labor de los activistas que defienden los derechos de las mujeres en el mundo y de “su lucha pacífica por la seguridad de las mujeres y por el derecho de las mujeres a la participación plena en el trabajo de consolidación de la paz".
La concesión de un premio mundialmente reconocido como éste a una mujer yemení por su notable labor lleva la esperanza a los millones de mujeres y niñas yemeníes que viven sujetas a leyes discriminatorias que las subordinan a los hombres. Además, brinda a las autoridades yemeníes la oportunidad de reconocer la importante función de las mujeres, aboliendo todas las leyes discriminatorias y sustituyéndolas por otras que garanticen a las mujeres y las niñas protección jurídica contra los abusos, así como igualdad con los hombres en asuntos relativos a la familia como el matrimonio, el divorcio y la herencia y en la participación política.
P: ¿Qué espera Amnistía Internacional ver que ocurre en Yemen en 2012?
En 2012, el nuevo gobierno tiene que llevar a cabo con urgencia el cambio que los manifestantes han estado pidiendo. En particular debe:
• revocar la ley de inmunidad para llevar ante la justicia, si hay pruebas admisibles suficientes, a todo presunto responsable de las violaciones de derechos humanos cometidas cualesquiera que sean su rango o afiliación;
• poner fin a las violaciones de derechos humanos, en particular refrenando a las fuerzas de seguridad y acabando con los homicidios ilegítimos de manifestantes pacíficos y otras personas;
• permitiendo llevar a cabo una investigación internacional independiente sobre las violaciones de derechos humanos cometidas, y
• permitiendo el acceso al país de Amnistía Internacional y otros observadores independientes de la situación de los derechos humanos.
Amnistía Internacional considera además que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de apoyar la rendición de cuentas y la justicia en Yemen, y pide a los socios de Yemen que ejerzan presión sobre el gobierno para que anule la ley de inmunidad y pida una investigación internacional independiente e imparcial sobre las violaciones de derechos humanos actuales y pasadas.
Amnistía Internacional espera también ver, con respecto a los futuros suministros de armas, la suspensión de las transferencias a la policía y las fuerzas de seguridad yemeníes de todo tipo de armas, municiones y equipo conexo que puedan ser utilizados para hacer uso de fuerza excesiva o de medios letales en el control de manifestaciones en demanda de reformas.
Los Estados proveedores de armas deben realizar un examen riguroso y exhaustivo de todos los programas de capacitación y transferencias internacionales a la policía, las fuerzas de seguridad y el ejército yemeníes para asegurarse de que no se autoriza ninguna transferencia de armas si existe un riesgo sustancial de que sean utilizadas para cometer o facilitar graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y humanitario. Si es necesario, los gobiernos deben detener el envío de las armas y revocar la licencia de exportación.
P. ¿Por qué es la ley de inmunidad ilegal?
La ley de inmunidad constituye un incumplimiento de la obligación que tiene Yemen, en virtud del derecho internacional, de iniciar investigaciones y enjuiciamientos por crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos. De acuerdo con el derecho internacional, incluida la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en la que es Estado Parte, Yemen está obligado a investigar y enjuiciar a todo presunto responsable de tales crímenes si hay pruebas admisibles suficientes.
Además, al ser Estado Parte en la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, Yemen reconoce que, si se cometen genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, se aplicarán las disposiciones de la Convención (según la cual estos crímenes no prescriben) a los representantes de la autoridad del Estado y los particulares que, como autores o cómplices, hayan participado en su comisión, incitado directamente a otros a cometerlos o conspirado para cometerlos, independientemente del grado de comisión, y a los representantes de la autoridad del Estado que hayan tolerado su comisión.
Aunque esté comúnmente aceptado que los funcionarios del Estado son inmunes en ciertas circunstancias ante la jurisdicción de Estados extranjeros con respecto a los delitos comunes de derecho interno, tal inmunidad no se aplica –sea el tribunal extranjero o nacional– si el funcionario es responsable presuntamente de crímenes de derecho internacional, a saber: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial. Esta postura ha quedado confirmada a lo largo de seis decenios en numerosos instrumentos. Además, los Estados disponen cada vez más en su legislación interna que no se reconocerá a las autoridades la inmunidad frente al procesamiento en sus tribunales por crímenes de derecho internacional.
Amnistía Internacional.org. 02/02/12
