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Sembrando semillas de esperanza contra la violencia de género en México

Tres proyectos impulsados por la ONU ayudan a mujeres mexicanas a afrontar situaciones como la pobreza y la violencia agravada por la desigualdad de género. 
En México, nueve mujeres fueron asesinadas al día en 2023. Solo en el Estado de México (uno de los 31 estados que junto con Ciudad de México forman México) se perpetraron 372 asesinatos de mujeres en 2023, de los que solo 89 fueron investigados como feminicidio.
Las organizaciones de la sociedad civil feministas, que incluyen activistas y víctimas, lideran la lucha contra la pobreza y la desigualdad de las mujeres en toda su diversidad. Sin embargo, muchas de ellas trabajan en contextos sociales desafiantes y con pocos recursos, ya que los fondos de la cooperación internacional, los presupuestos nacionales o la filantropía han disminuido drásticamente o son insuficientes.
La ONU hace un llamado urgente para financiar a esas organizaciones, ya que fortalecer los movimientos y las organizaciones de la sociedad civil contribuye a la democracia, la paz y el desarrollo sostenible, objetivos de la Agenda 2030 de la ONU.
En línea con este llamado y en el marco de las dos Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) por feminicidio y desaparición levantadas en el Estado de México desde 2015, el año pasado la Secretaría de las Mujeres estatal se alió con ONU Mujeres* para contribuir a la sostenibilidad de organizaciones feministas y de base que promueven acciones de memoria, reparación y justicia social en los 11 municipios donde se activaron estas alertas.
Tres proyectos, realizados en los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca y Valle de Chalco, usan el arte y el trabajo colectivo con la juventud y la comunidad para empoderar a la mujer.
Lucha, la voz de resistencia en Ecatepec
En Ecatepec, las mujeres no viven tranquilas dentro ni fuera de casa.
“Mi mamá me pide una foto antes de salir de casa porque me dice: tengo miedo, tengo que saber cómo sales (vestida)”, cuenta Pamela González, artista urbana de 25 años, oriunda de este municipio de la periferia de la Ciudad de México con más de 1,6 millones de habitantes y con una de las tasas de feminicidio más altas a nivel nacional y estatal.
Una víctima de esa violencia feminicida es Montserrat Mejía Rangel. Montse, como le dice su mamá, fue brutalmente golpeada por su esposo hace tres años.
“Ella falleció el 20 de febrero de 2021 por traumatismo craneoencefálico y múltiples golpes en el cuerpo. Estaba embarazada de casi 5 meses y dejó una niña que hoy tiene 6 años”, cuenta Mercedes Rangel, quien, como muchas madres del Estado de México y del resto del país, se ha tenido que convertir en activista para exigir una sentencia firme y vitalicia contra el presunto feminicida de su hija. “Lo único que queremos es que no haya ni una más”, dice.
Acompañadas por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, una red conformada por organizaciones de la sociedad civil, defensoras de derechos humanos, colectivos y familiares de víctimas de violencia feminicida, Pamela y Mercedes participaron en la inauguración del primer mural “Voces en Resistencia: Murales por la Justicia y la Memoria”, realizado en diciembre pasado en una de las fachadas del Centro de Justicia de Ecatepec “San Agustín”, dependencia adscrita a la Fiscalía General de Justicia del estado.
“El objetivo del mural es dignificar a las madres”, dice Pamela, coautora del memorial e integrante del colectivo EL BANCO (Barrio con Arte, Nuestra Cultura Organizada).
“Sabes que si en algún momento desapareces, ellas van a estar gritando tu nombre para que se haga justicia”. Por eso el personaje principal es Lucía, “Lucha”, una mezcla de muchas madres.
“Es una mujer que no importa cuánto miedo tenga, cuánto se exponga, ella quiere justicia, pero también está cansada, está triste y está agotada. Porque todo esto es agotador”. La vela del mural representa la luz y la esperanza, mientras que los pétalos morados, en alusión a la tradición mexica, dice, son rezos de paz y amor.
“Me gustaría incomodar un poco a la población para que empatice con la situación que estamos viviendo (las mujeres en Ecatepec) y que hemos normalizado. (Quiero) cambiar la realidad”, indica Pamela.
Dilcya García, fiscal central del Estado de México para la atención de delitos vinculados a la violencia de género, asegura que este memorial sirve “para poder recordar por siempre la justicia que le debemos, en esta institución y en otras, a las madres, a las niñas, a las mujeres que han sido víctimas de violencia feminicida (...) Que cada vez que entren aquí (las y los servidores públicos) se acuerden para quién trabajamos: la sociedad”.
“(La idea es) no quedarnos solamente en la indignación sino pasar a la justicia y a la esperanza (...) Este esfuerzo conjunto entre ONU Mujeres y la Secretaría de las Mujeres del Estado de México es inédito”, destaca María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Apoyos como éste “deben continuar”, agrega.
Siembran esperanza en Chalco para cosechar justicia
En la escuela preparatoria oficial 123 de Valle de Chalco Solidaridad, otro de los municipios alertados por la violencia contra las mujeres en el Estado de México, se ha sembrado la semilla de esperanza. Aquí, en coordinación con el personal escolar adscrito a la Secretaría de Educación Pública estatal, así como con las autoridades municipales, la organización Justicia Pro-Persona impartió talleres, organizó un encuentro de arte con la comunidad y realizó un mural que honra a las víctimas de feminicidio e inspira a la acción colectiva para visibilizar y erradicar este flagelo.
“Colores que restauran” fue la convocatoria que lanzó en diciembre pasado la organización, dirigida a juventudes y estudiantes del municipio para “reflexionar y tejer juntxs una comunidad libre de violencias” contra las mujeres, niñas y adolescentes. En los talleres se impartieron conocimientos para identificar los diferentes tipos de violencia de género, pero, sobre todo, se trabajó en la prevención, la empatía, el trabajo en equipo y la sororidad.
“Mi compromiso (ahora) con mi comunidad, cuando una mujer se sienta sola, esté pasando por un mal momento con su pareja o con su familia, es escucharla y apoyarla como yo pueda. Tal vez ayudándola a denunciar”, comenta Hannia Gissel Cruz, de 17 años, estudiante de la preparatoria.
Joel Romero, de 15 años, destacó el conocimiento adquirido en los talleres y el trabajo colectivo principalmente para la elaboración del mural. “Ahora ya tengo más herramientas para llevar el mensaje a la comunidad (...) El mural no va a salvar vidas, no va a hacer que dejen de desaparecer las personas, pero va a hacer que disminuyan (los casos). Va a hacer que muchas personas se concienticen”, asegura.
El mural titulado “Sembrando memoria, cosechando justicia”, dirigido por la artista mexiquense Verónica Rodríguez, PisiPop, fue realizado frente al huerto de la escuela, en una pared que puede ser vista desde la calle por las y los vecinos. “Todos tenemos un poco de injusticia en nuestras familias y en nuestra periferia. Todos aquí sabemos lo grave que están las cosas del feminicidio. Tenemos que hablar de esto, de cómo nos están desapareciendo, cómo nos están matando y que es algo que no se puede ya callar”, indica.
“El proyecto se enmarca en un tema de reparación”, destaca Ana Yeli Pérez, abogada feminista y directora de Justicia Pro-Persona. “La justicia no sólo está en los tribunales. La justicia es social. La justicia se construye en comunidad y lo que queremos es una comunidad igualitaria donde la justicia sea un valor y donde podamos vivir libres de violencia y sin miedo”.
La participación de ONU Mujeres con el Gobierno del Estado de México es clave, agrega, por cómo “tejemos en diferentes niveles de la sociedad y de las instituciones”.
Memoria viva para reparar y no olvidar a las víctimas en Ixtapaluca
“Nosotros no vivimos una guerra como en Siria, pero estamos viviendo el feminicidio, una pandemia”, dice con contundencia Lorena Gutiérrez, quien no ha dejado de exigir verdad y justicia desde el feminicidio de su hija Fátima Varinia Quintana Gutiérrez, asesinada el 5 de febrero de 2015, a sus 12 años, tras la agresión física y sexual perpetrada por tres hombres en el municipio de Lerma, Estado de México. Su hijo Daniel Quintana, hermano menor de Viri, falleció tiempo después como víctima colateral del mismo delito.
Para Lorena, mantener viva la memoria de Fátima y de todas las mujeres asesinadas a causa de la violencia feminicida es importante “para concientizar a una sociedad que ya ha aprendido a normalizar el feminicidio y la violencia de género”. Por esta razón quiso que su hija estuviera representada en el segundo proyecto de “Voces en resistencia: murales por la justicia y la memoria”, realizado por el citado Observatorio en coordinación con las autoridades locales y personal educativo en el centro de Ixtapaluca, otro de los municipios alertados en el Estado de México pero del que pocas veces se habla.
“Ellas viven en nuestra voz”, se puede leer debajo del nombre de Fátima. Junto a ella están los nombres de Jaqueline, Lulú, Paola, Karla y el de Alejandra Calvo, víctima de feminicidio el 16 de abril de 2020, en Ixtapaluca. Su madre, Teresa Calvo, considera clave la ubicación de este mural no sólo por estar afuera de una escuela, sino porque también está a unos pasos del Ayuntamiento.
“Es para que se visibilice y tanto autoridades como sociedad se den cuenta de que estamos viviendo una realidad, esto es verdad. Son hijas que fueron asesinadas, que ya no están y que nada más está aquí el rostro y está el nombre, pero que no se les olvide que ellas vivieron y ellas son mujeres que debieron haber seguido viviendo aquí”, señala Teresa.
La sororidad y la búsqueda de justicia es lo que ha unido a muchas madres como ellas. “Para mí, Lorena es un gran ejemplo, es una mujer bien fuerte y bien aguerrida. Yo la admiro y la respeto mucho, porque su lucha ha ayudado a muchas mujeres”, indica Teresa. “Las mamás unidas somos más fuertes, podemos llegar a obtener justicia y a cambiar un poco esta violencia hacia las mujeres”.
Para María Figueroa García, la artista plástica y activista encargada de realizar este mural, era importante recuperar la memoria viva de las madres, así como colocar los nombres completos de las víctimas, las fechas de su defunción y una consigna. Con la técnica del estarcido se intentó respetar lo mejor posible los rasgos de todas ellas.
Proyectos como éste, destaca, te permiten “reinterpretar la violencia que se está viviendo y darle una posibilidad a las mujeres que buscan justicia por sus hijas de tener un espacio de reflexión y de diálogo con la gente que por aquí transita”. Estas acciones son eficaces porque pueden empezar a “permear la conciencia colectiva”, concluye.
*El proyecto para contribuir a la sostenibilidad de organizaciones feministas y de base en el Estado de México es producto del programa implementado en el marco de la Iniciativa Spotlight México (2019-2023) para el fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres. 
Asimismo, se enmarca en la sentencia Caso González y otras vs. México, conocida como “Campo Algodonero” por feminicidio y violencia de género. Esta sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 16 de noviembre de 2009, señala que en los casos de violencia contra las mujeres y las niñas, los Estados tienen la obligación de otorgar medidas de reparación integral del daño con un enfoque diferenciado que reconozca la situación de violencia y discriminación estructural que viven previo a la vulneración de sus derechos, con un enfoque transformador de sus vidas y la de sus comunidades, que revierta las situaciones de discriminación, dignifique a las víctimas, sus familias y promueva la reconstrucción del tejido social.
Farrera. E. (2024) 
Eloísa Farrera. Sembrando semillas de esperanza contra la violencia de género en México. Centro de Noticias ONU. Recuperado el 06 de Abril de 2024. 
https://news.un.org/es/story/2024/03/1528187 

1606. La violencia es un problema de salud


No hace falta ser antropólogo para entender que somos fruto incuestionable de nuestro pasado antropoide, salvaje y amoral. Es parte de nuestra programación biológica acometer con fuerza irrefrenable contra cualquier amenaza a nuestra integridad física. Precisamente, la ciencia ha calculado que nuestra especie humana ha sobrevivido por cerca de 3,800 millones de años gracias a ese poderoso instinto.
Pero nuestra evolución nos ha hecho muy singulares; a diferencia de otras especies animales, nosotros planificamos el ataque agresivo. Estrategizamos perversamente la embestida brutal y le llamamos “violencia” (del latín “vis” con el sufijo “lentus”, cuya conjunción en la palabra “violentia” significa “uso continuado de la fuerza”), usando el lenguaje como una brida del instinto, aunque siga siendo mortífero y descontrolado.
Los humanos comúnmente matamos a otras especies para alimentarnos, entablamos guerras por el control de territorios, infligimos heridas y muerte a otras personas para robarnos sus objetos de valor y recurrimos a la fuerza para defender lo que estimamos y queremos. A menudo, la rivalidad sexual también conduce a la brutalidad. Pero, al parecer de los científicos, el tamaño de nuestra masa encefálica nos ha agenciado la capacidad de “socializar”, favoreciendo el desarrollo de nuestra cultura humana. Precisamente, esa cultura ha sido capaz de inventarse eso que llaman “paz”, para filtrar el instinto agresivo y viabilizar un comportamiento aceptable para la mayoría de los miembros de la comunidad. Sobre todo, ha permitido la estabilidad en las relaciones humanas favoreciendo el desarrollo de la creatividad y la imaginación, factores que nos hacen creer “superiores” al resto de las especies vivas del planeta.
Entonces, si la violencia anida entre los frenos de la cultura, para prevenirla y controlarla se requiere entonces de una “educación del instinto agresivo”. Se requeriría de un método de manejo emocional que someta a obediencia la pérdida del control racional.
La Organización Mundial de la Salud —entre otras organizaciones— ha elaborado manuales (“Enfrentando problemas plus”, “Terapia de grupo interpersonal” y “Pensamiento saludable”) sobre intervenciones psicológicas breves, incluyendo utilización de la activación de la conducta, el entrenamiento en relajación, el tratamiento para la resolución de problemas y el fortalecimiento del apoyo social.
La llamada “psicoterapia cognitiva-conductual” parte del principio de que la agresividad se puede convertir en una respuesta rutinaria, familiar y predecible a una variedad de situaciones. Cuando la agresividad es demostrada frecuente y agresivamente puede convertirse en un hábito mal adaptado. Es decir, el bombardeo mediático hostil y violento, en la forma de películas, programas televisivos y eventos masivos descontrolados, unido a actitudes y expresiones de intolerancia política, social y de género, se convierten en detonantes de una rutina de agresión y violencia social.
Sin dejar de reconocer la validez de los análisis del gobierno y los sectores de opinión pública sobre los conflictos detonantes de la violencia en Puerto Rico, como lo son las drogas y las brutales desventajas de clase, hay que reconocer que aunque la violencia es una manifestación directa de esos conflictos, no debe ser una consecuencia absoluta que nos desvíe del propósito presente e inmediato de salvaguardar la seguridad pública.
La violencia que se vive en Puerto Rico —como en cualquier parte del mundo— debe hacer considerar la implantación de un programa integral abarcador de control de agresividad. Este programa puede ser desarrollado con una colaboración no-partidista y multisectorial, donde converjan el gobierno, el sector cívico y privado y el acervo científico universitario del País. Habría que pasarles una alta factura de responsabilidad civil a las iglesias para que aporten algo más que sus inútiles círculos de oración para la ejecución del programa.
Ya resulta antipático tanto foro teórico inconsecuente e impráctico, ese regodeo intelectual que explica, pero no le busca el atajo al problema. En el menos malo de los casos, formula soluciones a un largo plazo ideal, sacrificando el presente problemático.
Lo que necesitamos es un plan de acción coherente y consistente AHORA que permita un alivio de verdadera paz social en Puerto Rico, con un enfoque salubrista, no punitivo. Las macanas, la radicalización táctica de la Policía, entre otras medidas cuasi militares, han probado ser inefectivas.
Puerto Rico podría reinventarse como una cultura de paz. Falta la voluntad colectiva de exigir acción. Y eso incluye el poder político para ejecutarlo.
José Augusto Acevedo. Asesor de Mercadeo y Comunicación Pública  
José Augusto Acevedo. ElVocero.com. Puerto Rico, 26/01/2019

1436. “Riqueza en pocas manos, desigualdad, pobreza y violencia anulan el crecimiento”

La concentración del poder económico, la pobreza, la desigualdad y la violencia son factores que frenan la economía de este país, por lo que en los últimos 30 años ha registrado tasas de crecimiento menores al 3 por ciento, explicó Gerardo Esquivel, doctor en Economía del Centro de Estudios Económicos (CEE).
En agosto pasado, el Banco de México (Banxico) estimó que la economía de este país podría registrar un crecimiento entre 1.7 y 2.5 por ciento en 2015, con lo que redujo el pronóstico del Producto Interno Bruto (PIB) de este año por cuarta ocasión desde su última cifra estimada del 3.0 por ciento, mientras que para 2016 dijo que podría llegar a ser de hasta 3.5 por ciento.
Asimismo, en abril de 2015 el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció que para 2015 el PIB cápita podría ser de 18 mil 370 dólares y de 22 mil 818 dólares en 2018, cifras con lo que México ocupó el lugar 66 de una lista de188 países, por debajo incluso de África, Chile o Uruguay.
Ante dichas cifras, Gerardo Esquivel explicó que entre 1950, 1960 y 1970 México tenía una tasa de crecimiento de más de 3 por ciento por año en términos de ingreso per cápita, sin embargo a partir de 1980 hasta 2015, el crecimiento que tiene el país por cada mexicano es aproximadamente de uno por ciento.
“Tenemos una situación de bajo crecimiento por la que hemos atravesado por más de tres décadas. La tasa actual de crecimiento es muy lejana a los requerimientos del país, a diferencia de lo que se esperaría de un país tan rico en recursos naturales y tan grande de población”, comentó.
El también ganador del Premio Nacional de Periodismo explicó que 1980 las reformas económicas que han implementado los gobiernos no han funcionado“incluso en esta administración, cuando se llevó a cabo una amplia agenda de reformas como la Educativa, Laboral y Energética, los resultados de eso no han sido favorables”.
El especialista detalló que el primer año de gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, el crecimiento del ingreso  per cápita fue un total de 1.1 por ciento, en 2014 fue de 2.1 y para este año se espera que sea de 2.1 por ciento, “eso quiere decir que a lo largo de estos tres años de administración habremos crecido cerca de 5 por ciento, que en términos anuales es de 2 por ciento en promedio, que es mas o menos el crecimiento de la población”.
“A las décadas que ya teníamos bajo crecimiento económico ahora se suma una mitad de sexenio de crecimiento económico prácticamente nulo”, comentó.
Gerardo Esquivel mencionó además que el decremento de las tasas se debe también a los bajos precios de petróleo, al ingreso que se deja de percibir por la venta del crudo y el tipo de cambio “esa es en términos generales la situación económica del país, con un crecimiento mediocre”, dijo.
Pobreza
En agosto pasado, el Coneval dio a conocer que de 2012 a 2014 el número de pobres había aumentado en 2 millones de personas que no tenían acceso a recursos de seguridad social, vivienda y educación, al respecto el investigador del CEE comentó que “las cifras significan que en estos dos años por cada minuto que pasó se incorporaron dos mexicanos a la fila de pobreza”.
Explicó que el problema de que haya actualmente más de 60 millones de pobres en el país es producto del bajo crecimiento y de que las personas que se quedaron sin empleo dejaron de generar ingresos, lo que resulta una cadena de elementos que frenan el desarrollo.
Respecto a los 24 millones de mexicanos que se encuentran en pobreza extrema, según datos del Coneval, dijo que se trata de “gente que no puede comprar la canasta básica alimentaria, es decir, que tampoco puede satisfacer sus necesidades simultáneas de alimentación, educación, vestido y vivienda”.
Comentó que las cifras datan que hace 22 años, cuando se hizo la primera medición de la pobreza, entre el 20 y 21 por ciento de la población vivía con carencias, mientas que actualmente el nivel de pobreza es de aproximadamente 19 por ciento, “es una reducción muy pequeñita [...] lo que nos dice es que la pobreza en este país no se ha podido abatir”, agregó .
Más Desigualdad
El también académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dijo durante la tercera edición del Foro Economía y Cultura que otro problema que enfrenta México es la desigualdad social, pero sobre todo cuando se trata de medirla en términos de ingresos ya que “el crecimiento económico que tenemos en el país es totalmente excluyente, excluyente de la población que recibe menos ingresos”.
En ese sentido destacó que los ingresos de las personas que perciben mejores salarios aumentan en mayor medida que los reciben un salario mínimo “la gente que se encuentra en la parte más baja de la distribución sigue sobreviviendo en buena medida de los programas sociales”.
Esquivel agregó que la desigualdad del país es tan grande que cerca del 10 por ciento de los mexicanos con mayores ingresos concentra el 60 por ciento de todos los ingresos del país “eso implica que el otro 90 por ciento apenas se queda con el 40 por ciento del ingreso nacional, ese es el tamaño de la desigualdad en México”.
Asimismo explicó que la riqueza acumulada que tienen Carlos Slim, Alberto Bailleres, Germán Larrea y Ricardo Salinas equivale a 9 por ciento de todo lo que produce el país en un año.
Detalló que con el rendimiento real de la riqueza de los cuatro magnates podrían contratar a 3 millones de mexicanos con un salario mínimo “ y al final de todo seguirían siendo igual de ricos como eran al principio”.
“La gran capacidad de poder económico viene asociada con una gran capacidad de poder político. Esa riqueza que han generado algunos individuos les sirve también para operar a nivel político”, agregó.
En ese sentido explicó que en las esferas políticas también se gestan las decisiones que no han permitido que México madure en cuestiones económicas.
Violencia 
Respecto a la inseguridad que actualmente se vive en México, explicó que la desigualdad también está asociada con la violencia ya que “en municipios más desiguales la violencia es más alta, los homicidios son mayores y sobre todo el número de homicidios vinculados al crimen organizado”, argumentó.
Explicó también que la violencia se genera incluso donde hay menor participación de los jóvenes en educación o trabajo, por lo que dijo que es importante que las autoridades presten atención a las necesidades básicas de los mexicanos, como es educación, salud, alimentación porque “el simple hecho de que los individuos tengan que estar pensando en apenas sobrevivir, significa que no tienen tiempo ni recursos para dedicarse a otras actividades que enriquecerían de otra manera el espíritu porque tienen que vivir al día”, opinó.
Finalmente el economista sostuvo que para alentar el crecimiento económico se debe fomentar la educación, la creación de espacios de recreación y escuelas, ejercer los derechos sociales contra la desigualdad y un cambio eficaz de la política fiscal “donde haya cambios en las fuentes de ingreso, un gasto de gobierno eficaz”.
Xanath Lastiri. SinEmbargo.mx. México, 23/09/15

1434. ¿Cuánto le cuesta a México la corrupción, violencia y pobreza?

Los índices de corrupción, violencia y pobreza –los tres jinetes del Apocalipsis mexicano– se han disparado en los últimos años. De acuerdo con diferentes encuestas, esos tres son los temas que más preocupan a los mexicanos y también son también los que les quitan más recursos. En 2014, esos rubros le costaron a México 34 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB); es decir, aproximadamente 6 billones 086 mil 939 millones 656 mil 416 pesos de la riqueza del país.
Desde la administración de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), quien declaró la guerra a los cárteles de la droga, y ahora bajo el mando de Enrique Peña Nieto, la corrupción, la violencia y la pobreza han ganado terreno en la vida diaria de los mexicanos. La corrupción, a decir de especialistas consultados, es la que manda y se convirtió ya en la gran piedra en el zapato del Gobierno federal, pues de ahí se desprenden las otras dos grandes problemáticas.
El año pasado, el 2 por ciento de las averiguaciones previas presentadas por delitos cometidos por servidores públicos tuvieron como castigo la cárcel, según datos del Censo de Impartición de Justicia. Además hay en total 281 mil personas desplazadas por violencia y 57 mil 899 averiguaciones previas por homicidios en los primeros 20 meses de Peña Nieto. Aunado a esto, el número de pobres se incrementó a 55.3 millones de pobres, lo que significa que 2 millones personas entraron al umbral de la pobreza desde el inicio de la actual administración a la fecha.
El 34 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de México equivale a lo que se gasta en corrupción, violencia y pobreza. Es decir, aproximadamente 6 billones 086 mil 939 millones 656 mil 416 pesos de la riqueza nacional.
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), que es realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), arrojó que los problemas que los mexicanos consideran más importantes son  inseguridad y delincuencia (70 por ciento), desempleo (51 por ciento), corrupción (48.5 por ciento), seguidos de pobreza y el mal desempeño del gobierno.
El informe “Perspectivas económicas: Las Américas”, realizado por el Foro Económico Mundial,  reconoce que en América Latina es notorio el débil crecimiento económico. Esto se debe en gran medida a los factores externos que han tenido fuertes consecuencias en el debilitamiento de la confianza de las empresas, en gran medida provocado por los actos de corrupción y violencia de los países y eso “apunta a que las perspectivas económicas en la región se enfriarán aún más”.
El conjunto de estos factores ha mermado el crecimiento económico del país, inhibe las inversiones, reduce la productividad del gasto público, distorsiona la asignación de recursos y profundiza la desigualdad social.
Estos tres escenarios son problemáticas –que los académicos han calificado como “multidimensionales”, al tener un inicio y una serie de consecuencias en diferentes ámbitos y que van desde lo político y económico hasta lo cultural– tienen un punto de conjunción que es la corrupción.
La corrupción tiene costo y es el uso ineficiente de los recursos en una economía en la que las empresas interiorizan los costos de operar bajo reglas corruptas que les ayudan a  superar ciertas regulaciones o inversiones.  Los costos son aquellos que  refieren a la inversión extranjera perdida. Todo eso erosiona la competitividad del país, en el que estas prácticas están muy extendidas. Hay un uso ineficiente de los recursos públicos, tanto a nivel federal como estatal, que deberían ser utilizados para el bienestar de la sociedad”, dijo el investigador asociado de México Evalúa, Marcos Fernández.
El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), realizaron el informe “México: Anatomía de la corrupción”, en el que se señala que este fenómeno se presenta ya en todos los escenarios del país; la penetración es tal que ha llegado a modificar las formas de vida de sus habitantes. Repercute de manera negativa en la economía familiar y ha profundizado la desigualdad.
“Además del crecimiento, la corrupción también impacta al desarrollo […] la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos] concluye  que se afecta negativamente algunas variables del bienestar que no están capturadas en las mediciones del PIB: desarrollo sostenible, salud y seguridad, equidad y otros tipos de capital cívico o social como es la confianza”, dice el estudio.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) señala que este problema es un elemento determinante en el crecimiento de un país y que los números negativos en este rubro se deben a eso.
Tan sólo para 2015, el estimado de crecimiento para el país se ha corregido en varias ocasiones a la baja. En agosto, el Banco de México (Banxico) ajustó la cifra de 2.0 a 3.0 por ciento a 1.7 y 2.5 por ciento; para 2016, pasó de 2.5 y 3.5 por ciento.
Una de las consecuencias del desempeño económico fue el aumento en el número de personas en pobreza: De 2012 a 2014, se incrementó esa cantidad 0.7 por ciento para sumar un total de 55.3 millones de pobres en el país.
En conclusión, el 34.1 por ciento de la riqueza del país  se ocupa en corrupción, violencia y para la inversión a la erradicación a la pobreza.
Para Eduardo Bohórquez López, director del think thank Transparencia Mexicana, esta cantidad es preocupante al considerar la caída en los ingresos petroleros que se esperan para 2016, el tipo de cambio y los recortes presupuestales y agrega: “Si la inversión en corrupción es permanentemente grave, en 2016, año con pocos recursos fiscales, se pensarán en otras cosas en las que se debió invertir. Los recursos serán pocos y escasos, la situación es preocupante”.
El germen de la corrupción 
El Banco de México señaló que para 2015, la corrupción le costó al país el equivalente al 9 por ciento del PIB, es decir, 1 billón 602 mil 986 millones 130 mil pesos. El Banco Mundial coincidió con la cifra y agregó que la cantidad podía compararse con el 80 por ciento de la recaudación de impuestos nacional.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) estimó que 86 mil millones de pesos fueron utilizados en desvíos, subejercicios, despilfarro de recursos públicos y pagos indebidos en el gobierno, y según Transparencia Mexicana, en 2010 se destinaron 32 mil millones de pesos a mordidas, e incluso, los hogares con salario mínimo destinan al año el 33 por ciento de sus ingresos para pagar actos de corrupción.
De acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción, en 2013 el 90 por ciento de la población consideró la corrupción un problema y el 88 por ciento lo consideró una situación frecuente y muy frecuente. Otro 52 por ciento considera que los actos de corrupción aumentaron significativamente en los últimos años, son ya un acto normal, cotidiano y hasta un “hábito”.
En el Reporte del Índice de Competitividad Global (2014-2015) elaborado por el Foro Económico Mundial, México ocupa el lugar 61 de 144 en materia. Tiene un mercado de buen tamaño y un ambiente macroeconómico estable, pero tiene resultados negativos en el ámbito de “desempeño institucional”, es decir, en el marco administrativo y legal donde “los individuos, las empresas y el gobierno interactúan económicamente […] la baja calificación perjudica la competitividad del país”.
Los costos de la corrupción pueden ser directos o indirectos, pero ambos, son un obstáculo a la productividad, a la competitividad, a la inversión, y dentro de todo, al crecimiento.
México tiene otras calificaciones reprobatorias en desviación de recursos públicos, pagos extraoficiales y sobornos, favoritismo de funcionarios. En las calificaciones del Banco Mundial, México tiene una evaluación de 39 (sobre 100 lugares) en su control de corrupción, además es el cuarto país de América Latina en donde es más común el pago de sobornos.
En las principales actividades en las que se suele recurrir a los actos de corrupción, de acuerdo con la ENCIG, son para trámites (con autoridades de seguridad pública y permisos de propiedad, principalmente), y por sectores, es más común que se realice con policías, Partidos Políticos, Ministerios Públicos, Gobiernos estatales, Diputados y Senadores, y en el Gobierno Federal.
Una de las características de la corrupción en México es la impunidad. “¿Qué debe pasar para que un acto de corrupción sea castigado o esclarecido en México? El 95 por ciento de los actos de corrupción no se castigan”, puede leerse en el documento “México: Anatomía de la corrupción” realizado por la investigadora María Amparo Casar.
Para Bohórquez López, la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) –que contempla la modificación de 14 artículos de la Constitución, aproximadamente 14 leyes federales y varias modificaciones en estados y municipios– significó una seria revaloración del tema.
“2014 fue el año en que se puso en duda el paradigma anterior de lucha contra la corrupción, y se dio paso al Sistema Nacional, que tomará entre tres y 10 años en establecerse.[…] Se está en el periodo de transición, pero la sociedad todavía no ve ni cosechará ningún cambio. La sensación de impunidad persiste, la sensación de que en México no pasa nada está en todas las sobremesas, y mientras esa idea no cambie, mientras no haya responsables por los actos de corrupción que se exhiben, la gente no cambiara su percepción y no se le puede pedir que la cambie por una modificación institucional, tiene que ver resultados inmediatos”, comentó.
Marcos Fernández, también profesor del Tecnológico de Monterrey e investigador visitante del Woodrow Wilson Center, advirtió que la tarea de México no será fácil y señaló la posibilidad de que por una mala implementación no se obtengan los resultados deseados.
Consideró tres elementos “fundamentales” para que eso no ocurra y que escapan de una reforma legal: una prensa libre, que denuncie eficazmente actos de corrupción y que impulse a actuar sobre esos actos; un poder judicial independiente y profesional que aplique el marco jurídico federal y estatal; y finalmente, un servicio civil que funcione y resista las presiones políticas de las instituciones públicas, que tienen funcionarios nombrados por criterios políticos que caen en la tentación de querer influir en las investigaciones de casos de corrupción.
“En estas tres áreas hay retos sustantivos en México. Con franqueza estamos lejos de estar en una situación óptima para que estos tres pilares del Sistema Nacional Anticorrupción  funcionen. Hay que fortalecer aún más esos tres elementos que en nuestros días, merman sustantivamente la posibilidad de tener el SNA que tanto hace falta al país”, sostuvo.
Los costos de la Violencia
El informe “Peace and Corruption 2015”, sostiene que en la mayoría de los países donde se incrementan los costos de la corrupción, hay una disminución en los índices de paz.
Para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de los factores que afectan a las instituciones gubernamentales están los costos del terrorismo, costos de la violencia y el crimen, crimen organizado, y confianza en los servicios policiales. México ocupa el lugar 92 de 144 países, al afectarle 17 factores.
El costo de la violencia durante 2014 fue de 3 billones 918 mil 410 millones 540 mil pesos; es decir, el 22 por ciento del PIB, según el Índice de Paz Global 2015. La cifra contrasta con la de 2011; el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) calculó el gasto en 15 por ciento del PIB.
Para la organización México Evalúa, el gasto en seguridad pública, fue del 6.2 por ciento del Gasto Programable del Presupuesto de Egresos de la Federación, 197 mil millones de pesos.
El costo a largo plazo lo estimó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por cada persona muerta desde 2009, México dejó de percibir 42 dólares per cápita.
“Los costos de la violencia son tanto tangibles como intangibles. Los tangibles son todas las actividades relacionadas con la prevención y el castigo de la violencia, como inversiones, gastos y pérdidas materiales, así como actividades para identificar y castigar a quienes incurren en delitos relacionados con la violencia. Los costos intangibles son más difíciles de valuar, ya que incluyen estimados de la pérdida de calidad de vida de la víctima, cambios en la conducta y en los traumas personales y la pérdida de confianza interpersonal y de capital social a causa del miedo, así como la pérdida de libertad”, puede leerse en el reporte “Una aproximación a los costos de la violencia y la inseguridad en México”, realizado por el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde).
Esos costos son anticipados, de reparación y de contención. Para el año 2000, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las pérdidas económicas por violencia fueron de 12.3 por ciento del PIB, o mil 45 millones de pesos; esto en atención médica, psicológica, de rehabilitación, gastos en seguridad, procuración de justicia y seguridad privada (en empresas y hogares).
El aumento de un homicidio por cada cien mil habitantes en zonas de tráfico de drogas disminuye los ingresos municipales en 1.2 por ciento. En 2010, el gasto en seguridad representó el 6.2 por ciento del total del gasto programable (197 mil millones de pesos) y para 2011, el gasto fue el equivalente al 15 por ciento del PIB.
Insyde ha señalado que en el plano microeconómico, ha habido consecuencias como una menor inversión extranjera y nacional, un desaliento en el ahorro nacional y menos confianza de un mejor panorama económico a futuro.
Se han modificado los modos de vida por los hechos de violencia que se viven tanto en pequeñas colonias como en las ciudades más importantes del país, lo que permea también las actividades económicas locales: 62 por ciento no dejaron que sus hijos salieran, 55.1 por ciento dejaron de salir de noche, 44.5 por ciento llevaron menos dinero en la cartera, 29.4 por ciento dejaron de salir a caminar.
Empresarios pueden pasar a la informalidad, abandonan los negocios o fingen deterioros, no amplían operaciones (aunque tengan recursos o existan oportunidades).
Mayor número de pobres 
El número absoluto de mexicanos en pobreza aumentó de los 53.3 millones que había en 2012 a los 55.3 millones que se contabilizaron al 2014, lo que representa un aumento de casi 2 millones de personas, esto de acuerdo con las cifras más recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
La pobreza extrema bajó de 11.5 millones registrados en el 2012 a 11.4 millones contabilizados en el 2014. Una reducción de aproximadamente 90 mil personas.
El factor central del incremento de la pobreza en México son los bajos ingresos y afecta principalmente a quienes trabajan. En total son 63.8 millones de mexicanos en pobreza por ingresos que sirven para satisfactores básicos, es la “población con ingreso inferior a la línea de bienestar”.
México destina el 3.1 por ciento del PIB a la atención y erradicación de la pobreza a través de programas sociales, esto es 565 mil 542 millones 986 mil 416 pesos anuales, de acuerdo con los datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015.
Organizaciones civiles han señalado que México carece de políticas de estado que reduzcan de manera eficaz la pobreza y la desigualdad, y que por el contrario, se tienen programas en los tres niveles de gobierno que promueven prácticas clientelares.
Hay 48 programas federales destinados a proyectos productivos, generación de ingresos y servicios para la empleabilidad y cuestan 120 mil millones de pesos (casi lo mismo que se destina a Prospera y Seguro Popular). Sin embargo, estos programas tienen altos costos administrativos y no tienen la cobertura mínima.
Daniela Barragán. SinEmbargo.mx. México, 13/08/15           

1372. ¿Cuánto le cuesta a México la Corrupción, Violencia y Pobreza?

Los índices de corrupción, violencia y pobreza –los tres jinetes del Apocalipsis mexicano– se han disparado en los últimos años. De acuerdo con diferentes encuestas, esos tres son los temas que más preocupan a los mexicanos y también son también los que les quitan más recursos. En 2014, esos rubros le costaron a México 34 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB); es decir, aproximadamente 6 billones 086 mil 939 millones 656 mil 416 pesos de la riqueza del país.
Desde la administración de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), quien declaró la guerra a los cárteles de la droga, y ahora bajo el mando de Enrique Peña Nieto, la corrupción, la violencia y la pobreza han ganado terreno en la vida diaria de los mexicanos. La corrupción, a decir de especialistas, es la que manda y se convirtió ya en la gran piedra en el zapato del Gobierno federal, pues de ahí se desprenden las otras dos grandes problemáticas.
El año pasado, el 2 por ciento de las averiguaciones previas presentadas por delitos cometidos por servidores públicos tuvieron como castigo la cárcel, según datos del Censo de Impartición de Justicia. Además hay en total 281 mil personas desplazadas por violencia y 57 mil 899 averiguaciones previas por homicidios en los primeros 20 meses de Peña Nieto. Aunado a esto, el número de pobres se incrementó a 55.3 millones de pobres, lo que significa que 2 millones personas entraron al umbral de la pobreza desde el inicio de la actual administración a la fecha.
El 34 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de México equivale a lo que se gasta en corrupción, violencia y pobreza. Es decir, aproximadamente 6 billones 086 mil 939 millones 656 mil 416 pesos de la riqueza nacional.
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), que es realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), arrojó que los problemas que los mexicanos consideran más importantes son  inseguridad y delincuencia (70 por ciento), desempleo (51 por ciento), corrupción (48.5 por ciento), seguidos de pobreza y el mal desempeño del gobierno.
El informe “Perspectivas económicas: Las Américas”, realizado por el Foro Económico Mundial,  reconoce que en América Latina es notorio el débil crecimiento económico. Esto se debe en gran medida a los factores externos que han tenido fuertes consecuencias en el debilitamiento de la confianza de las empresas, en gran medida provocado por los actos de corrupción y violencia de los países y eso “apunta a que las perspectivas económicas en la región se enfriarán aún más”.
El conjunto de estos factores ha mermado el crecimiento económico del país, inhibe las inversiones, reduce la productividad del gasto público, distorsiona la asignación de recursos y profundiza la desigualdad social.
Estos tres escenarios son problemáticas –que los académicos han calificado como “multidimensionales”, al tener un inicio y una serie de consecuencias en diferentes ámbitos y que van desde lo político y económico hasta lo cultural– tienen un punto de conjunción que es la corrupción.
“La corrupción tiene costo y es el uso ineficiente de los recursos en una economía en la que las empresas interiorizan los costos de operar bajo reglas corruptas que les ayudan a  superar ciertas regulaciones o inversiones.  Los costos son aquellos que  refieren a la inversión extranjera perdida. Todo eso erosiona la competitividad del país, en el que estas prácticas están muy extendidas. Hay un uso ineficiente de los recursos públicos, tanto a nivel federal como estatal, que deberían ser utilizados para el bienestar de la sociedad”, dijo el investigador asociado de México Evalúa, Marcos Fernández.
El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), realizaron el informe “México: Anatomía de la corrupción”, en el que se señala que este fenómeno se presenta ya en todos los escenarios del país; la penetración es tal que ha llegado a modificar las formas de vida de sus habitantes. Repercute de manera negativa en la economía familiar y ha profundizado la desigualdad.
“Además del crecimiento, la corrupción también impacta al desarrollo […] la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos] concluye  que se afecta negativamente algunas variables del bienestar que no están capturadas en las mediciones del PIB: desarrollo sostenible, salud y seguridad, equidad y otros tipos de capital cívico o social como es la confianza”, dice el estudio.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) señala que este problema es un elemento determinante en el crecimiento de un país y que los números negativos en este rubro se deben a eso.
Tan sólo para 2015, el estimado de crecimiento para el país se ha corregido en varias ocasiones a la baja. En agosto, el Banco de México (Banxico) ajustó la cifra de 2.0 a 3.0 por ciento a 1.7 y 2.5 por ciento; para 2016, pasó de 2.5 y 3.5 por ciento.
Una de las consecuencias del desempeño económico fue el aumento en el número de personas en pobreza: De 2012 a 2014, se incrementó esa cantidad 0.7 por ciento para sumar un total de 55.3 millones de pobres en el país.
En conclusión, el 34.1 por ciento de la riqueza del país  se ocupa en corrupción, violencia y para la inversión a la erradicación a la pobreza.
Para Eduardo Bohórquez López, director del think thank Transparencia Mexicana, esta cantidad es preocupante al considerar la caída en los ingresos petroleros que se esperan para 2016, el tipo de cambio y los recortes presupuestales y agrega: “Si la inversión en corrupción es permanentemente grave, en 2016, año con pocos recursos fiscales, se pensarán en otras cosas en las que se debió invertir. Los recursos serán pocos y escasos, la situación es preocupante”.
El germen de la Corrupción
El Banco de México señaló que para 2015, la corrupción le costó al país el equivalente al 9 por ciento del PIB, es decir, 1 billón 602 mil 986 millones 130 mil pesos. El Banco Mundial coincidió con la cifra y agregó que la cantidad podía compararse con el 80 por ciento de la recaudación de impuestos nacional.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) estimó que 86 mil millones de pesos fueron utilizados en desvíos, subejercicios, despilfarro de recursos públicos y pagos indebidos en el gobierno, y según Transparencia Mexicana, en 2010 se destinaron 32 mil millones de pesos a mordidas, e incluso, los hogares con salario mínimo destinan al año el 33 por ciento de sus ingresos para pagar actos de corrupción.
De acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción, en 2013 el 90 por ciento de la población consideró la corrupción un problema y el 88 por ciento lo consideró una situación frecuente y muy frecuente. Otro 52 por ciento considera que los actos de corrupción aumentaron significativamente en los últimos años, son ya un acto normal, cotidiano y hasta un “hábito”.
En el Reporte del Índice de Competitividad Global (2014-2015) elaborado por el Foro Económico Mundial, México ocupa el lugar 61 de 144 en materia. Tiene un mercado de buen tamaño y un ambiente macroeconómico estable, pero tiene resultados negativos en el ámbito de “desempeño institucional”, es decir, en el marco administrativo y legal donde “los individuos, las empresas y el gobierno interactúan económicamente […] la baja calificación perjudica la competitividad del país”.
Los costos de la corrupción pueden ser directos o indirectos, pero ambos, son un obstáculo a la productividad, a la competitividad, a la inversión, y dentro de todo, al crecimiento.
México tiene otras calificaciones reprobatorias en desviación de recursos públicos, pagos extraoficiales y sobornos, favoritismo de funcionarios. En las calificaciones del Banco Mundial, México tiene una evaluación de 39 (sobre 100 lugares) en su control de corrupción, además es el cuarto país de América Latina en donde es más común el pago de sobornos.
En las principales actividades en las que se suele recurrir a los actos de corrupción, de acuerdo con la ENCIG, son para trámites (con autoridades de seguridad pública y permisos de propiedad, principalmente), y por sectores, es más común que se realice con policías, Partidos Políticos, Ministerios Públicos, Gobiernos estatales, Diputados y Senadores, y en el Gobierno Federal.
Una de las características de la corrupción en México es la impunidad. “¿Qué debe pasar para que un acto de corrupción sea castigado o esclarecido en México? El 95 por ciento de los actos de corrupción no se castigan”, puede leerse en el documento “México: Anatomía de la corrupción” realizado por la investigadora María Amparo Casar.
Para Bohórquez López, la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) –que contempla la modificación de 14 artículos de la Constitución, aproximadamente 14 leyes federales y varias modificaciones en estados y municipios– significó una seria revaloración del tema.
“2014 fue el año en que se puso en duda el paradigma anterior de lucha contra la corrupción, y se dio paso al Sistema Nacional, que tomará entre tres y 10 años en establecerse.[…] Se está en el periodo de transición, pero la sociedad todavía no ve ni cosechará ningún cambio. La sensación de impunidad persiste, la sensación de que en México no pasa nada está en todas las sobremesas, y mientras esa idea no cambie, mientras no haya responsables por los actos de corrupción que se exhiben, la gente no cambiara su percepción y no se le puede pedir que la cambie por una modificación institucional, tiene que ver resultados inmediatos”, comentó en entrevista para SinEmbargo.
Marcos Fernández, también profesor del Tecnológico de Monterrey e investigador visitante del Woodrow Wilson Center, advirtió que la tarea de México no será fácil y señaló la posibilidad de que por una mala implementación no se obtengan los resultados deseados.
Consideró tres elementos “fundamentales” para que eso no ocurra y que escapan de una reforma legal: una prensa libre, que denuncie eficazmente actos de corrupción y que impulse a actuar sobre esos actos; un poder judicial independiente y profesional que aplique el marco jurídico federal y estatal; y finalmente, un servicio civil que funcione y resista las presiones políticas de las instituciones públicas, que tienen funcionarios nombrados por criterios políticos que caen en la tentación de querer influir en las investigaciones de casos de corrupción.
“En estas tres áreas hay retos sustantivos en México. Con franqueza estamos lejos de estar en una situación óptima para que estos tres pilares del Sistema Nacional Anticorrupción  funcionen. Hay que fortalecer aún más esos tres elementos que en nuestros días, merman sustantivamente la posibilidad de tener el SNA que tanto hace falta al país”, sostuvo.
Los costos de la Violencia
El informe “Peace and Corruption 2015”, sostiene que en la mayoría de los países donde se incrementan los costos de la corrupción, hay una disminución en los índices de paz.
Para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de los factores que afectan a las instituciones gubernamentales están los costos del terrorismo, costos de la violencia y el crimen, crimen organizado, y confianza en los servicios policiales. México ocupa el lugar 92 de 144 países, al afectarle 17 factores.
El costo de la violencia durante 2014 fue de 3 billones 918 mil 410 millones 540 mil pesos; es decir, el 22 por ciento del PIB, según el Índice de Paz Global 2015. La cifra contrasta con la de 2011; el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) calculó el gasto en 15 por ciento del PIB.
Para la organización México Evalúa, el gasto en seguridad pública, fue del 6.2 por ciento del Gasto Programable del Presupuesto de Egresos de la Federación, 197 mil millones de pesos.
El costo a largo plazo lo estimó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por cada persona muerta desde 2009, México dejó de percibir 42 dólares per cápita.
“Los costos de la violencia son tanto tangibles como intangibles. Los tangibles son todas las actividades relacionadas con la prevención y el castigo de la violencia, como inversiones, gastos y pérdidas materiales, así como actividades para identificar y castigar a quienes incurren en delitos relacionados con la violencia. Los costos intangibles son más difíciles de valuar, ya que incluyen estimados de la pérdida de calidad de vida de la víctima, cambios en la conducta y en los traumas personales y la pérdida de confianza interpersonal y de capital social a causa del miedo, así como la pérdida de libertad”, puede leerse en el reporte “Una aproximación a los costos de la violencia y la inseguridad en México”, realizado por el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde).
Esos costos son anticipados, de reparación y de contención. Para el año 2000, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las pérdidas económicas por violencia fueron de 12.3 por ciento del PIB, o mil 45 millones de pesos; esto en atención médica, psicológica, de rehabilitación, gastos en seguridad, procuración de justicia y seguridad privada (en empresas y hogares).
El aumento de un homicidio por cada cien mil habitantes en zonas de tráfico de drogas disminuye los ingresos municipales en 1.2 por ciento. En 2010, el gasto en seguridad representó el 6.2 por ciento del total del gasto programable (197 mil millones de pesos) y para 2011, el gasto fue el equivalente al 15 por ciento del PIB.
Insyde ha señalado que en el plano microeconómico, ha habido consecuencias como una menor inversión extranjera y nacional, un desaliento en el ahorro nacional y menos confianza de un mejor panorama económico a futuro.
Se han modificado los modos de vida por los hechos de violencia que se viven tanto en pequeñas colonias como en las ciudades más importantes del país, lo que permea también las actividades económicas locales: 62 por ciento no dejaron que sus hijos salieran, 55.1 por ciento dejaron de salir de noche, 44.5 por ciento llevaron menos dinero en la cartera, 29.4 por ciento dejaron de salir a caminar.
Empresarios pueden pasar a la informalidad, abandonan los negocios o fingen deterioros, no amplían operaciones (aunque tengan recursos o existan oportunidades).
Mayor número de Pobres
El número absoluto de mexicanos en pobreza aumentó de los 53.3 millones que había en 2012 a los 55.3 millones que se contabilizaron al 2014, lo que representa un aumento de casi 2 millones de personas, esto de acuerdo con las cifras más recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
La pobreza extrema bajó de 11.5 millones registrados en el 2012 a 11.4 millones contabilizados en el 2014. Una reducción de aproximadamente 90 mil personas.
El factor central del incremento de la pobreza en México son los bajos ingresos y afecta principalmente a quienes trabajan. En total son 63.8 millones de mexicanos en pobreza por ingresos que sirven para satisfactores básicos, es la “población con ingreso inferior a la línea de bienestar”.
México destina el 3.1 por ciento del PIB a la atención y erradicación de la pobreza a través de programas sociales, esto es 565 mil 542 millones 986 mil 416 pesos anuales, de acuerdo con los datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015.
Organizaciones civiles han señalado que México carece de políticas de estado que reduzcan de manera eficaz la pobreza y la desigualdad, y que por el contrario, se tienen programas en los tres niveles de gobierno que promueven prácticas clientelares.
Hay 48 programas federales destinados a proyectos productivos, generación de ingresos y servicios para la empleabilidad y cuestan 120 mil millones de pesos (casi lo mismo que se destina a Prospera y Seguro Popular). Sin embargo, estos programas tienen altos costos administrativos y no tienen la cobertura mínima.
Daniela Barragán. SinEmbargo.mx.  México, 13/08/15

1350. "En ocho años han desaparecido 150 activistas en México"

Desde el año 2006 a lo que va de este año han desaparecido 150 activistas en México, de ellos, el 60 por ciento son fundadores de diversas organizaciones y movimientos sociales, sobre todo los relacionados con la defensa de los recursos naturales y el territorio, informó el Comité Cerezo.
La organización señaló que en México se pasó de la desaparición forzada contra opositores durante la década de los sesenta y setenta a un mecanismo de descabezamiento de los movimientos sociales a través del miedo
Las actividades de este año se concentrarán en los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en Iguala el pasado 26 de septiembre y la insistencia de que se promulgue una ley federal contra la desaparición forzada.
También demandarán el cumplimiento de la resolución judicial por los eperristas desaparecidos en el 2007, Gabriel Alberto Cruz y Edmundo Reyes, que ordena la búsqueda de las dos personas en cuarteles militares y la consulta de su paradero a través de la declaración de agentes del estado posiblemente involucrados.
De acuerdo con el sitio de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, de la Casa de la Memoria Indómita "la práctica de la desaparición forzada como política de Estado ha tenido por respuesta la organización de familiares y sociedad en general que exigen la presentación con vida de quienes son detenidos por órganos del Estado Mexicano para luego trasladarlos a casas de seguridad, campos militares, cuarteles o lugares clandestinos de los que posteriormente no se sabe cuál es su paradero".
Y precisa que en México la denuncia, investigación y sistematización de los casos ha sido trabajo del movimiento social y político en lucha contra la desaparición forzada, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales.
Dijo que el Estado mexicano "sexenio tras sexenio ha hecho omisión y demostrado la nula voluntad política que tiene para dar Justicia a las familias y sociedad quienes durante décadas hemos exigido la solución a este Crimen de Lesa Humanidad".
Señaló que en los últimos años las listas que se iniciaron en los años 70 han ido engrosando, la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Isidro Burgos" en Ayotzinapa hace evidente que la política de terrorismo y represión del estado sigue latente.
El Museo Casa de la Memoria Indómita no ceja la denuncia iniciada por el Comité Eureka y en esta semana realizaremos una serie de actividades a las cuales nos complace invitarles.
Radiofórmula.com.mx. México, Distrito Federal, 23/05/15
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=504380&idFC=2015

Sobrevivir en Tamaulipas

Una alcaldesa, un periodista y un general encarnan la lucha de quienes no se rinden al narco en el Estado más violento de México
Tamaulipas, puerta de entrada a las drogas y armas
En los mapas, Matamoros se sitúa en el noreste de México, a orillas del río Bravo, cara a cara con Brownsville (Texas). Pero en la mente de los mexicanos es lo más cercano al infierno. La ciudad, de medio millón de habitantes, vive en un estado de guerra permanente. Bajo el control del cártel del Golfo, enzarzado en una demencial lucha contra Los Zetas, hay días en que los sicarios cortan los principales accesos, y las autoridades piden a los vecinos que no salgan a las grandes avenidas. El aire se llena entonces de pólvora. Pero pocas veces se sabe de dónde proceden las balas. Con una tasa de asesinatos casi 40 veces superior a la española, la segunda ciudad de Tamaulipas es, para muchos, una tumba abierta. Desde este agujero, un periodista, una alcaldesa y un general cuentan su historia. Todos viven amenazados por el narco.
La alcaldesa de Matamoros
Norma Leticia Salazar Vázquez, de 37 años, es una mujer de una pieza. Nacida y criada en Matamoros, está dispuesta a morir luchando. No lleva armas, pero se ha entrenado para, si llega el momento, apretar el gatillo. “Pelearé hasta el final”, dice esta alcaldesa del Partido Acción Nacional (PAN) que se ve a sí misma como la última encarnación de la ley al sur del río Bravo. Suya es la frase: “Después de Dios, la única autoridad aquí es Lety Salazar”. Toda una declaración de intenciones en una ciudad devastada por la bestia del cartel del Golfo. Un municipio de calles lunares donde las espuelas del crimen resuenan en cada esquina.
A las 20.10 del pasado domingo 8 de marzo, el Chevrolet Tahoe en el que regresaba de un acto fue emboscado. Dos vehículos se cruzaron en su camino y empezaron a ametrallarlo. Salazar y su escolta lograron esquivar la primera embestida, y perseguidos a balazos recorrieron media ciudad hasta hallar refugio en el Ayuntamiento. Se salvaron, pero posiblemente al narco ya le daba igual. La señal había sido enviada.
Han pasado tres semanas, la alcaldesa de Matamoros está sentada en la sala noble del consistorio. Tras los cristales blindados, Salazar, sombra de ojos a juego con su camisa azul, parece una mujer menuda. Pero la impresión es engañosa. Toda ella exuda vitalidad. Y ambición. Quienes la conocen, dicen que nunca descansa. Ha sido edil, diputada federal y ahora no oculta su sueño de ser gobernadora.
Al llegar al Ayuntamiento en 2013, liquidó a la Policía Municipal, vasalla del narco, y purgó de corruptos los departamentos más sensibles. Hizo de la seguridad su bandera. En la capital del cártel del Golfo, algunos creyeron vislumbrar una nueva etapa. Su nombre comenzó a ser conocido, pero pronto también sus sombras: su mano derecha fue detenido por fraude al fisco, y la unidad paramilitar encargada de la seguridad cayó involucrada en el asesinato de tres jóvenes estadounidenses. El fango de Matamoros empezó a burbujear a su alrededor. Y fue entonces cuando el cártel del Golfo apuntó contra ella. “Sabíamos que iba a atacar”, rememora Salazar.
De la emboscada asegura que no le han quedado secuelas y que prefiere mirar adelante. “Para llegar hasta donde Dios me lleve”. En Lety Salazar, nieta de una pastora de la iglesia Templo Aposento Alto y ella misma una evangelista, la fe es un arma lista para disparar.
El periodista
La rutina, en ocasiones, es un acto heroico. A las siete de la mañana del pasado 4 de marzo, Enrique Juárez, director de El Mañana de Matamoros, recibió la llamada que ningún periodista quiere oír. Por teléfono le informaron de que los ejemplares de su periódico no habían llegado a la ciudad. La víspera, después de tres días de sangrienta ofensiva del narco, Juárez había tomado la decisión, junto a su editor, de publicar en primera página lo que estaba ocurriendo. El titular, a cuatro columnas, decía: “Combates: 9 muertos”. La información detallaba, sin dar el nombre de los cárteles, el horror habitual de Tamaulipas: tres días de asedios en zonas urbanas y carreteras, cuatro ciudades bloqueadas por los sicarios, enfrentamientos a tiros con las fuerzas de seguridad, avenidas principales cortadas con trailers para desvalijar a los conductores, cadáveres en las cunetas… La verdad que nadie cuenta ya en Matamoros, condensada en una primera página. Un desafío que al cartel del Golfo no le pasó inadvertido.
En la autopista, los sicarios interceptaron la furgoneta de distribución y la sacaron del firme. Su destino era quedar ahí. Pero Juárez hizo lo que nadie esperaba: logró convencer a una grúa y él mismo acudió a rescatar la edición. A las once, El Mañana de Matamoros llegaba a los quioscos. Cinco horas después, dos sicarios irrumpían a cara descubierta en la modesta sede del periódico. “Intenté defenderme con un cuchillo, pero me derribaron. Cuando bajaba las escaleras, me resigné a morir”. Le metieron en una furgoneta y ahí le insultaron, golpearon y amenazaron. Cuando la tortura terminó, Juárez supo que debía abandonar para siempre Matamoros. Se quedó en el periódico hasta las ocho de la tarde y, ya de noche, cruzó la frontera con Texas. Ahora, sentado en un bar de Brownsville, tomando a sorbos lentos una cerveza, se pregunta cuándo se perdió la batalla. “Hace mucho tiempo que dejé de entender”, murmura. En su relato emerge un universo derrotado por la violencia, donde el lenguaje se ha corrompido y a la víctima se le llama abatido, y a los sicarios, civiles armados; donde quienes se atreven a contar lo que ocurre, incluso anónimamente o a través de las redes sociales, son localizados y exhibidos muertos en su propia cuenta de Twitter.
“Tengo la vana esperanza de que algún día se arreglen las cosas y podamos hacer periodismo, porque lo de ahora es pura simulación; los cárteles, las autoridades, la gente lo saben; todos simulan”. A sus 51 años, Enrique Juárez es consciente de que jamás podrá regresar a Matamoros, pero sueña, como cualquier periodista, con volver a informar.
El general
El general Arturo Gutiérrez García tiene a la muerte por sombra. Desde su cuartel en Ciudad Victoria dirige la ofensiva contra el narco en el Estado más explosivo de México. Su puesto de mando es un fortín de ocho hectáreas, con un muro perimetral de cinco metros de alto, por el que asoma la agreste sierra Maestra. A la entrada, un cartel recuerda a Calderón de la Barca: Aquí la más principal / hazaña es obedecer... Esa es la consigna. Cueste lo que cueste. Y cuesta.
Su jefe de inteligencia, el coronel Salvador Haro Muñoz, fue liquidado el año pasado a las pocas horas de acceder al cargo. Veinte sicarios, apostados en azoteas, aguardaron el paso de su vehículo para acribillarle. La información sobre su itinerario la proporcionaron subordinados suyos. Meses después otro de sus mandos más próximos, el general Ricardo César Niño Villareal, encargado de la zona norte, cayó a balazos con su esposa mientras conducía sin escolta. Más de 100 casquillos quedaron junto a su coche. “No se dejó cooptar por el narco y acabaron con él”, sentencia el general Gutiérrez. A él mismo, evangelista y admirador de Benito Juárez, trataron de corromperle. “Pero no lo lograron”. Fue al inicio de su mandato, hace un año, cuando tras abandonar el Ejército pasó a dirigir la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, con el objetivo de crear una nueva policía estatal. Para ello puso a militares de alta graduación al frente de las unidades y, en coordinación con el Ejército, la Marina y la Policía Federal, emprendió una feroz persecución del crimen. Desde entonces, a su juicio, se ha dejado de tocar fondo y la ciudadanía ha vuelto a presentar denuncias. “Si hay autoridad, hay confianza”, dice.
Pero el general no se engaña. Sabe que en un territorio con 17 pasos fronterizos a Estados Unidos, cuna de los dos cárteles más sanguinarios de la historia de México, el fin de la violencia es una quimera. Ahí fuera, más allá de los muros de su fortín, aguarda el enemigo, esa fiera que espanta al mundo y ha convertido Tamaulipas en un humeante cráter de calles abandonadas y miradas huidizas. Con gesto profesional, bajo la luz blanca de su búnker, el general calibra a ese adversario. “Está bien organizado y es muy jerárquico. A los sicarios les une el miedo a ser eliminados, mutilados por sus propios jefes. Vivir en la incertidumbre les cohesiona”.Para enfrentarse a ese ejército bárbaro, Gutiérrez confía en la disciplina y la inteligencia. O como él resume con una amplia sonrisa castrense: “Mejor tener dos huevos, que uno”.
Puerta de entrada a las drogas y armas
Matamoros es la ciudad más convulsa de Tamaulipas, y este, a su vez, el Estado más peligroso de México. Pero, a diferencia de otros puntos negros, disfruta de una relativa bonanza económica. La región dispone de una poderosa industria manufacturera, da paso al 33% del comercio exterior mexicano, y su PIB per cápita triplica el de Guerrero, escenario de la tragedia de Iguala.
Con 3.300.000 habitantes, tiene dos puertos, cinco aeropuertos internacionales y, lo más importante, 17 pasos fronterizos con EE UU. Esta enorme puerta de entrada, como reconoce el secretario de Gobierno, Herminio Garza Palacios, es su mayor peligro. Los pasos, cruciales para el tráfico de drogas y armas, son el centro de la enloquecida guerra entre el cartel del Golfo y Los Zetas. Un combate que, con la caída de los grandes capos, ha pasado a manos de incontrolables franquicias de asesinos, como Los Metros o Los Ciclones.
La intervención militar decidida en mayo pasado por el presidente Enrique Peña Nieto, aunque apoyada por una mayoría de la población, apenas ha frenado esta espiral. La tasa estatal de asesinatos duplica la media mexicana, y la de secuestros es seis veces superior. “La militarización no ha servido. Disueltas las policías municipales, nadie investiga los delitos comunes. Y el narco sigue extorsionando a la gente. Nadie se les escapa”, dice Guadalupe Correa, profesora de la Universidad de Texas.
Jab Nartinez, Ahens, Matamoros, Tamulipas, 15/04/15

1235. Urge Cultura de Paz en niños de Chihuahua y el país: UNICEF

La representante de la UNICEF en México, Isabel Crowley, señaló que después de realizar una evaluación general de la niñez y adolescencia tanto en el país, como en Chihuahua, urge establecer una mejor cultura de paz en todo su entorno.
Lo anterior fue expresado posterior de entregar un documento oficial al Gobernador César Duarte Jáquez, sobre un estudio con datos oficiales, sobre ese sector de la población en la Entidad, donde se analizó las condiciones en las que vivían, con base a información del 2012.
De acuerdo con Isabel Crowley, el tema de la violencia en todo México es una situación real, motivo por el cual considera prudente tomar acciones dirigidas de prevención para todos los menores y de esa manera, trabajar en la prevención.
Referente a la situación especifica en Chihuahua, comentó que la situación de atención se centra en las muertes maternas, el embarazo a temprana edad, así como la marginación de ciertos sectores de la población, principalmente en las zonas alejadas.
Jesús López. Entrelineas.com. Chihuahua, Chihuahua, 19/02/15

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