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443. "Última llamada al Gobierno de Nuevo León"

 Lanzan empresarios ultimátum a gobernador de NL
Monterrey, Nuevo León. Los organismos del sector privado de Monterrey lanzaron hoy un ultimátum al Gobernador Rodrigo Medina para que adopte "medidas contundentes" para resolver la crisis de inseguridad que afecta la Entidad.
Al dar a conocer los resultados de la tercera edición del Pulsómetro de Seguridad, los representes de Coparmex, Ccinlac y Caintra, los representantes de la IP regia demandaron al Mandatario estatal que enfrente el problema de inseguridad en lugar de ocuparse de asuntos partidistas y electorales.
"Hoy estamos encendiendo el foco de alerta y la última llamada al Gobierno del Estado", señaló hoy Eugenio Clariond Rangel, presidente de la Caintra.
"El tema de la seguridad no se deslinda a secretarios ni se delega a voceros. Queremos ver al Gobernador liderando y resolviendo los grandes problemas que enfrentamos en lugar de solamente aparecer en eventos de otra índole".
En caso de que el escenario de inseguridad y violencia prevalezca en los próximos meses, agregó Clariond Rangel, las medidas que exigirá el sector privado al Gobernador del Estado serán distintas.
"Esperamos que en la próxima encuesta se vea un avance, de lo contrario las condiciones sociales estarían peores y las medidas que los organismos intermedios exigiríamos serían distintas".
-¿Es un ultimátum al Gobernador?, se le preguntó a Clariond Rangel.
"Prácticamente ésa es la respuesta", contestó el empresario.
Clariond Rangel evadió responder si en caso de que el Gobierno del Estado no atienda estas exigencias y la situación de seguridad no mejore los organismos privados se estén considerando pedir la renuncia del Ejecutivo estatal.
"Nosotros pediríamos cambios drásticos que en su momento veremos", aclaró.
"Nosotros vamos a esperar la próxima encuesta y en base a eso tomaríamos nuestra postura".
En la rueda de prensa para dar a conocer los resultados del Pulsómetro de Seguridad estuvieron presentes Víctor Zorrilla, presidente del Ccinlac; Miguel Treviño, director del organismo; José Mario Garza Benavides, director general de la Coparmex, y Guillermo Dillón, director de la Caintra.
En la encuesta se refleja una caída de 10 puntos porcentuales en la percepción que tiene la gente de que el Gobernador Medina está comprometido para enfrentar el problema de la inseguridad en el Estado.
"El Gobernador en 6 meses se encuentra 10 puntos porcentuales menos comprometido de acuerdo a la percepción ciudadana, es decir, está en una situación peor que 7 de los 9 municipios del área metropolitana de Monterrey".
César Cepeda. Terra.com.mx. 23/02/12

 Sector privado lanza ultimátum al Gobernador de Nuevo León
Monterrey, Nuevo León. El sector privado de Nuevo León criticó la forma con la que el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz ha manejado el problema de la inseguridad en la entidad.
Los presidentes de la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra), Eugenio Clariond Rangel; del Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León (Ccinlac), Víctor Zorrilla Vargas, y el director de Coparmex, José Mario Garza Benavides, ofrecieron una conferencia de prensa para exponer su postura al respecto.
Garza Benavides subrayó que 'al gobernador Rodrigo Medina le manifestamos que debe quedar muy claro que la prioridad en Nuevo León es la seguridad y no los procesos partidistas'.
“Le exigimos a ocuparse en el trabajo para el cual fue conferido y que la ciudadanía le asignó, además de comprometerse de manera que responda a la gravedad del problema que hoy enfrentamos”, añadió.
Refirió que de acuerdo al pulso metropolitano de seguridad, “el mandatario estatal en seis meses se encuentra 10 puntos porcentuales menos comprometido con la seguridad del estado”.
Por su parte, el representante del Ccinlac dijo que los organismos intermedios lamentan la pérdida de 44 vidas humanas y condenan a la vez el grave descontrol que existe al interior del penal de Apodaca.
Consideró que la estrategia oficial de seguridad en el estado “sigue errática y como sociedad- debemos exigir resultados inmediatos”.
Zorrilla Vargas subrayó que “es indignante la descomposición de todos los cuerpos policíacos y elementos vinculados con la seguridad en el estado”.
Ahora, comentó, “se da a conocer que cerca de 20 custodios y funcionarios de ese penal confesaron participar en estos hechos violentos al permitir el ataque y la fuga de reos”.
Dijo que durante todo el año anterior insistieron en la necesidad de que las autoridades implementen una estrategia para retomar el control de los penales en el país, “al ser un foco de alerta y corrupción latente”.
“Urgimos a que el gobierno estatal reconozca públicamente que no puede hacerlo y de paso a las fuerzas militares y federales para lograrlo”, dijo.
“De la forma en que el gobierno del estado está actuando en este y otros casos, es perceptible que la seguridad no es su prioridad número uno”, refirió.
Destacó que el gobernador “parece más preocupado en designar un secretario de Gobierno que opere una plataforma hacia las próximas elecciones, así como apoyar la licencia de la alcaldesa de uno de los municipios con mayores problemas de seguridad en el estado”.
Por su parte, el director local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) afirmó que “consideramos que el caso del penal de Apodaca es aún más grave que el del Casino Royale, desde el punto de vista de responsabilidad, pues se da dentro de un recinto que en esencia debería estar completamente controlado”.
“Deviene claramente de actos de corrupción de funcionarios públicos, y por si fuera poco, el director de este penal había sido declarado como no confiable y aún así el gobernador de Nuevo León lo instaló en ese cargo”, manifestó.
Dijo que los directivos de la iniciativa privada propusieron federalizar inmediatamente el penal de Apodaca, así como emprender acciones inmediatas para despresurizar los centros penitenciarios en el estado.
Para alcanzar estas acciones, consideraron necesario el traslado de reos peligrosos a penales de máxima seguridad como el de Puente Grande o las Islas Marías, y detallar un programa de preliberación de reos con delitos del fuero común.
A su vez, el presidente del grupo Cemex, Lorenzo Zambrano Treviño, afirmó que 'hay mucha mediocridad en el área de seguridad en el estado'.
Sostuvo que “se percibe falta de capacidad en las corporaciones para enfrentar la problemática de seguridad y de violencia en el estado. Lo que está, no está funcionando”.
Excelsior.com.mx. 23/02/12

 Culpan a gobierno de NL de violencia
Monterrey, Nuevo León. Tras la masacre de 44 internos y la fuga de 30 miembros de Los Zetas del penal de Apodaca la madrugada del domingo, organismos ciudadanos locales y el Partido Acción Nacional (PAN) estatal responsabilizaron al gobierno del estado de la violencia en las cárceles.
El presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, José Antonio Ortega, dijo en una conferencia a la que tituló “Cómo llegó Nuevo León al caos”, que mientras existan ciudadanos “agachados” la violencia se mantendrá en la entidad, ante la “ingobernabilidad que mantiene el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, quien debe de abandonar el cargo”.
En Nuevo León, en los últimos 13 meses se han registrado alrededor de 2 mil 200 muertes violentas, la mayoría de ellas relacionadas con la guerra que libran diversos cárteles de la delincuencia organizada que opera en la localidad.
En este contexto y tras lo ocurrido el domingo en la cárcel de Apodaca, autoridades estatales confirmaron la muerte de tres presos pero ahora en el penal de Topo Chico, mismos que fueron acuchillados a unas horas de haber ingresado por secuestro.
“Hay una responsabilidad política y mientras la gente siga agachada y no le exija cuentas a su gobernante, no van a salir de la crisis, hay una responsabilidad política y no se ha castigado y el gobernador no ha querido o no ha podido resolver. Tiene que haber renuncias y no puede quedar en celadores, tienen que ser de alto nivel y estoy hablando de Rodrigo Medina. Si la autoridad no es capaz de controlar un penal donde la gente está sometida bajo cuatro paredes, menos va a poder controlar una ciudad o un estado”, dijo Ortega.
En un comunicado, el PAN responsabilizó de los hechos al gobernador, y dijo que con los sucesos ocurridos en el penal de Apodaca se pone de “manifiesto la debilidad y fragilidad de su gobierno”.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, AC (CADHAC) consideraron preocupante la situación. “Estas personas estaban recluidas en espacios protegidos para su observación, esperando su ubicación, a pesar de ello, fueron asesinadas a puñaladas con objetos punzocortantes, además de no haber recibido asistencia de las autoridades penitenciarias”, dijo Consuelo Morales, líder de la organización.
Tres asesinatos en Topo Chico
Tres supuestos secuestradores fueron asesinados ayer en el penal de Topo Chico. Autoridades estatales informaron que los tres internos, entre ellos una mujer, habían ingresado el lunes al viejo centro penitenciario. Los occisos fueron identificados como Jorge González , de 18 años; Alán Josué González, de 24 años; y Dewy Vianey Rojas, de 24.
El vocero de Seguridad del estado, Jorge Domene Zambrano, reveló que el ataque fue directo a estos internos por ser de nuevo ingreso, y dos presos están siendo investigados.
El Universal.com.mx. 22/02/12

 "Nuevo León va hacia una condición de estado fallido"
Monterrey, Nuevo León. Por hechos como el ocurrido en el Penal de Apodaca, Nuevo León se encamina a convertirse en un estado fallido, advirtió hoy José Antonio Ortega, presidente del Consejo ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal.
El titular de esta ONG, que en días pasados informó que Monterrey se encontraba en el lugar 38 de las 50 ciudades más violentas del mundo, comentó que las autoridades no han podido hacer que se respete la Ley.
"El Estado de Nuevo León va hacia una condición de estado fallido, va hacia una ingobernabilidad, hacia la anarquía porque los Gobernantes no han sabido o no han querido hacer que la Ley se respete".
"Hoy en Nuevo León los homicidios han tenido un aumento, los secuestros están teniendo un crecimiento y lo que veo es que pareciera que no hay autoridad y se refleja con lo sucedido en el Penal de Apodaca, en donde con una fuga de 30 reos se tapa con 44 personas asesinadas, si no son capaces las autoridades de controlar un penal donde la gente está sometida, donde está bajo cuatro paredes, menos van a poder controlar una Ciudad o un Estado", dijo.
Ortega señaló que existe una responsabilidad política en lo ocurrido en el centro de reclusión, en donde el domingo asesinaron a 44 internos y se fugaron 30 más, por parte del Estado y la sociedad tiene que exigirle al Gobernador Rodrigo Medina, incluso, la renuncia por los hechos.
"Hay una responsabilidad política y mientras la gente de Monterrey y de Nuevo León siga agachada y no le exija cuentas a su Gobernante no van a salir de la crisis, hay una responsabilidad política y no se ha castigado y el Gobernador no ha querido o no ha podido resolver".
"Lo de Apodaca es una muestra de que quien tiene el control en los penales es el crimen organizado, que las autoridades son unos títeres... Si la gente no alza la voz y no hay consecuencias políticas, porqué esto no hubiera sucedido si Rodrigo Medina hubiera aplicado la ley, van a seguir agachados los nuevoleoneses, sometidos a la violencia, tiene que haber renuncias y no pueden quedar en celadores, tienen que ser de alto nivel y estoy hablando de Rodrigo Medina, para que sea de alto nivel", sentenció.
El presidente del Consejo ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal fue invitado por Vertebra para compartir con los socios del organismo ciudadano el tema ¿Cómo llegó Nuevo León al caos?.
En donde refirió que las cifras de secuestros y homicidios han crecido en el estado de manera alarmante en los últimos cinco años.
Alberto Rodríguez. Terra.com.mx. 21/02/12

298. Forbes sugiere pactar con el narco


Nueva York, Nueva York. La revista financiera Forbes sugirió que el gobierno de Felipe Calderón dé una tregua a su guerra contra el crimen organizado y así poner fin a la violencia que vive y afecta el país.
En un artículo publicado ayer, señala que esta guerra ha ocasionado la muerte de 40 mil personas a un precio muy alto para una misión muy dudosa.
De acuerdo con el artículo, explica que “el gobierno mexicano está dejando pasar una oportunidad, aunque sea vaga, de encontrar algún tipo de solución pacífica con los carteles".
Esto se da después de que el fin de semana el procurador de Justicia de Guerrero, Alberto López Rosas, sugiriera que el gobierno federal hiciera una tregua con el crimen organizado y que el secretario técnico de Seguirdad, Alejandro Poiré, rechazara tal propuesta.
El artículo menciona que una de las formas para terminar con la violencia legalizar las drogas, sin embargo recalca que es “algo que México no puede realmente hacer con un pie de Estados Unidos encima del hombro".
La revista señala: "hacer la paz con los cárteles no puede ocurrir en el vacío. Ese es el truco. Si se permite que continúen el mercado negro, el contrabando y la violencia nada más, eso no es mejor que el combate a la delincuencia patrocinado por el Estado. Ese fue el status quo en los gobiernos anteriores, y la razón por la cual el Presidente Felipe Calderón es un apasionado de la guerra contra las drogas. La política simultánea tendría que ser un fin de la prohibición, algo que México no puede realmente hacer con un pie de Estados Unidos encima del hombro".
"Sin embargo, sería bueno acabar con la violencia, y la manera de hacerlo no es llevar a todos los cárteles y criminales ante la justicia. Eso es una tontería imposible y poco realista. La manera de poner fin a la violencia es acabar con el mercado negro por completo, es ponerle fin a la prohibición", considera.
Eje Central.com.mx. 24/8/2011

"Coparmex dice 'no' a una tregua o negociación con narcos".
México, Distrito Federal. En su mensaje semanal, el presidente del organismo, Gerardo Gutiérrez Candiani, enfatizó que en estos momentos sería irresponsable sacar a las fuerzas armadas de las regiones y dejar desamparada a la población, así como también no hacer lo necesario para que puedan reintegrarse a sus funciones propias una vez que exista la garantía de policías e instituciones honestas y eficaces.
Así mismo, expresó que en lo inmediato también se debe proteger a los ciudadanos aquí y ahora, lo mismo que atender a las víctimas y no permitir que haya regiones, ciudades o colonias, controladas por la delincuencia.
Y es que a tres años de la firma del, el presidente de la Coparmex refirió que aunque ha habido avances importantes, predominan el rezago, el incumplimiento y la falta de información.
"En estos tres años, la incidencia del secuestro se incrementó en un 40%; los homicidios más de 25%, y también han crecido la extorsión y el robo con violencia según encuestas y datos oficiales"; dijo.
Gutiérrez Candiani destacó que es por ello que durante los últimos meses han surgido diversos planes y llamados a construir nuevos acuerdos desde la sociedad civil, por lo que se pronunció por construir un proyecto común sobre puntos fundamentales que se comparten, para que los esfuerzos no se dispersen y puedan trascender.
"En este momento, es la mejor opción disponible para reactivar el Acuerdo Nacional por la Seguridad. Si no lo hacen los políticos, hagámoslo los ciudadanos. Generemos el pacto social que se necesita para tener certidumbre de que la situación mejorará y la esperanza de que un México seguro, sin impunidad, donde se respeta y cumple la ley, es posible", puntualizó.
El líder del sindicato de patrones, enfatizó en que dicho esfuerzo debe partir de tres premisas primordiales como son: que no haya mezquindad política, que exista un plan transexenal, y precisamente que se actúe en dos frentes: las obligaciones de carácter contingente y el largo plazo.
Así, señaló también que los gobiernos estatales, sin excepción, deben hacer honor a la palabra empeñada en el Acuerdo por la Seguridad y en su nuevo decálogo, pues, dijo, son responsables ante los delitos del fuero común, y la gente está harta de pretextos, "de que transfieran su responsabilidad a otros y de retórica estéril sin resultados".
En el largo plazo, abundó el líder de la Coparmex, la tarea es construir la nación a la que se aspira, ya que dijo que no se está haciendo lo suficiente y muchos políticos están preocupados más en otros temas o se ocupan de la seguridad con un afán electoral y no como estadistas.
Organización Editorial Mexicana.com.mx. 22/8/2011

262. Ccinlac, Coparmex y Caintra señalan falta de esfuerzo por parte del gobierno de Nuevo León en seguridad

Sexta conferencia de Prensa Mensual - Resultados del Semáforo del Delito para junio de 2011
IntroducciónEstamos aquí para hacer el análisis de la información que arroja el Semáforo del Delito en el mes de junio. Además, haremos una recapitulación especial de las acciones y omisiones de las autoridades que explican la incidencia delictiva del primer semestre del año en el Área Metropolitana de Monterrey.
En meses pasados hemos puesto especial atención en señalar los aspectos más preocupantes de la incidencia delictiva en los municipios del área metropolitana de Monterrey. Hoy nos sentimos obligados a poner el foco de atención en la autoridad estatal. Tenemos elementos para afirmar que el Gobierno del Estado no está aportando lo que le toca para que los semáforos delictivos municipales puedan cambiar del rojo al verde.
Empezaremos por llamar la atención sobre aspectos sobresalientes del Semáforo para el mes de junio y de ahí pasaremos a hacer comentarios sobre omisiones específicas del Gobierno Estatal durante el primer semestre del año.
Nuevos hallazgos en la criminalidad por municipios:1. El oriente de la Ciudad –Guadalupe, Juárez y Cadereyta– se ha convertido en un “polo de delitos patrimoniales”.
Lo anterior nos lleva a suponer –como de hecho lo han expresado algunos alcaldes– que ante la falta de coordinación intermunicipal las fronteras municipales son un obstáculo para la prevención del delito.
En robo a casa los tres municipios presentan tendencias al alza; en robo a vehículo sobresale el incremento de Guadalupe y Juárez; y en robo a negocio es Guadalupe el que presenta un incremento de 50 por ciento con respecto el mes anterior.
2. Es notorio que las bandas de robo a vehículo siguen operando a sus anchas en prácticamente todos los municipios del área metropolitana.
3. La tasa de homicidios tuvo una alza importante en el Poniente de la Ciudad; particularmente en Santa Catarina, García, Escobedo y la zona de Monterrey que vigila la Policía Regia.
Hasta aquí los apuntes sobre la incidencia delictiva en los municipios.
Omisiones del Gobierno del Estado en el combate a la delincuenciaLa evolución del Semáforo del Delito en esta primera mitad del año nos ha permitido identificar algunas prácticas municipales dignas de emularse por sus pares. También hemos urgido a otros municipios –los de desempeño más pobre– a redoblar esfuerzos y a implementar políticas de prevención probadas en otros lados.
Hoy que concluimos el primer semestre de este ejercicio, nos vemos obligados a reconocer que las omisiones más graves en el abordaje de la crisis de seguridad que vive la Entidad corresponden a la autoridad estatal. Es falso que el Gobierno del Estado hace todo lo que puede.
El Gobierno del Estado le está fallando a Nuevo León en el abordaje de la violencia; está en deuda tanto en las acciones orientadas a salir de la emergencia, y también en las transformaciones de fondo a las instituciones de seguridad.
No hace el Gobierno todo lo que puede, ni en aquello que está completamente bajo su control; ni tampoco en aquello en lo que le toca ser facilitador de la acción municipal.
Aquí enumeramos las cinco principales omisiones o fallas del Gobierno del Estado. Empezamos por lo más sencillo y a la mano, para avanzar a lo más retador, a lo que igualmente está obligado:
1. Ausencia de política de prevención metropolitanaEn un área conurbada con tantas autoridades municipales se necesitan espacios de intercambio de política pública en diferentes materias. Pero en seguridad, y en medio de la crisis que vivimos, no hay alternativa, el Estado debe ofrecer la plataforma de trabajo desde la que se evalúa el trabajo de los municipios. Un espacio en el que se diseccionen las acciones preventivas específicas de cada municipio, para documentar aquello que está funcionando y aquello que no, y así poder plantear directrices para el conjunto de los municipios.
Por increíble que parezca hoy no tenemos un especio de intercambio de buenas prácticas municipales en materia de prevención del delito. No hay el trabajo de equipo que se necesita, entre municipios, para tener un conjunto de políticas preventivas del delito a nivel metropolitano que empiecen a dar resultados.
2. Ciclo de certificación – depuración incompletoSe han invertido y se siguen invirtiendo recursos cuantiosos a la certificación policial. La instancia evaluadora, el CISEC, pasó de una capacidad de 200 evaluaciones al mes hace un año a una capacidad de 600 actualmente.
También reconocemos el trabajo de depuración masiva y de golpe que se ha dado en algunos municipios, particularmente el caso de Juárez.
Sin embargo, lo que es inaceptable, y lo hemos señalado reiteradamente, es que al día de hoy no sabemos si los policías que salen de la certificación policial evaluados como “no aptos” están siendo despedidos o no por los municipios.
Vale la pena dimensionar lo lejos que estamos del deber ser.
El ideal sería que el Estado hubiera encontrado ya el mecanismo para obligar a los municipios a que despidan a los policías dictaminados como no aptos. Evidentemente no estamos ahí.
Si esto, por las razones que sean, no lo pueden hacer, el Estado tendría que estar presionando de manera directa, con los resultados de las evaluaciones en su mano, a los municipios para que despidan a los policías no aptos. Tampoco estamos ahí.
Ya de perdido, como último recurso, si el Estado no quiere hacerlo, que nos deje intentarlo a los ciudadanos. Si el Estado transparenta la certificación policial, y también la información que tiene a la mano sobre el personal policíaco de los municipios, la sociedad estaría en posibilidades de presionar para que los despidos que se tienen que dar en los municipios efectivamente se den. Tampoco eso, tan elemental, están dispuestos a hacer. Cientos de millones de pesos invertidos en la certificación policial para que el Gobierno del Estado deje suelto el ciclo de la certificación y depuración policial; es decir, para dejar a cada alcalde que decida a capricho si usan la información de la certificación o si la tiran la basura.
3. Robo a vehículo: 10,500 en el año y todavía sin pistasHace tres meses en una conferencia de prensa improvisada y sorpresiva, que buscaba anticiparse a nuestras presentaciones sobre la evolución del Semáforo del Delito, el Gobierno dijo que el robo a automóvil ya había empezado a disminuir. En ese momento dijimos que la autoridad faltaba a la seriedad más elemental presentando información de esa manera. El tiempo, lamentablemente, nos dio la razón.
Hoy podemos decir que cualquiera que sea la estrategia en materia de combate al robo de automóvil, no está funcionado. Si es que se está haciendo algo en materia preventiva, no está sirviendo de nada.
¿Cómo se roban, transportan, almacenan y desarman 10,500 automóviles en seis meses sin que las autoridades puedan detenerlo?
Esto sólo sucede cuando hay contubernio entre funcionarios públicos, municipales o estatales y las bandas de criminales.
4. Para la seguridad, mucho dinero y poca estrategia
Es cierto que parte importante de los recursos municipales los reciben directamente de la Hacienda federal. Pero también es una realidad que el Gobierno de Nuevo León mantiene cierto nivel de discrecionalidad sobre fondos que se distribuyen desde el Estado, hacia los municipios.
Ante un problema de violencia como el que vivimos y con más de una decena de alcaldes buscando abordar el problema desde su visión particular, lo natural sería ver a un gobierno estatal buscando, por todos los medios, tomar las riendas del problema.
Uno de los mecanismos más obvios y recurridos en otros estados es el uso de los fondos públicos para premiar al municipio que se acoge a las estrategias comunes diseñadas al nivel estatal, o en su caso para castigar, retirándole apoyos, a aquellos alcaldes que quieren manejar su municipio como una isla.
¿Es complicado?, sí. ¿Es imposible?, no.
Hace falta imaginación, voluntad y deseo de dar dirección, desde el Estado, a todas las autoridades públicas de la entidad para constituir un verdadero frente común contra la violencia y la inseguridad. Un Gobierno con ganas de tomar el problema del Estado en sus manos estaría diseñando premios y castigos –donde les duele, en el presupuesto– para los municipios en función de su disposición a sumarse a una coordinación por la que podamos presentar un solo frente contra el crimen.
Un Gobierno estatal dispuesto a usar este tipo de herramientas estaría en la posibilidad de ejecutar, con eficacia y eficiencia, políticas específicas; desde las que tendrían que ser sencillas como la eliminación de los polarizados, hasta aquellas más retadoras como lo es el tener una política de prevención del delito a nivel metropolitano y como lo es el contar con un proceso de depuración policíaca que no deja cabos sueltos.
5. Homicidios dolosos al alza y descalificados por el Estado
En esto llevamos algo de responsabilidad todos. Le hemos “comprado” al Gobierno del Estado la historia de que, en sucesos como el de Sabino Gordo, o como el asesinato del Director de Policía de Santa Catarina, o como cualquier día de estos en el que hay asesinatos múltiples, las víctimas algo tienen que ver con el crimen organizado.
Es condenable que una autoridad democráticamente constituida incurra en estos trucos de comunicación que no pueden calificarse de otra manera más que como viles y fuera de la Ley. Al Ejecutivo no le toca, y comete una falta grave, cuando pretende marcar a priori, horas después del evento, a personas fallecidas como víctimas de segunda, por supuestamente estar vinculados a alguna actividad criminal.
Por lo menos en la esfera de nuestras exigencias necesitamos regresar a lo básico: al Ejecutivo le toca proteger la vida de todos los ciudadanos e investigar para dar con los criminales y capturarlos.
Lo que le toca al Gobierno del Estado es investigar sin prejuicios cada crimen, particularmente aquellos en los que alguien pierde la vida. Y a nosotros lo que nos toca es exigírselos.
- o -
Antes de concluir es importante reconocer aquellos temas en los que algo se ha avanzado: la depuración masiva de Juárez, la mayor eficacia de la unidad antisecuestro, la contratación de nuevos policías, la coordinación del Gobierno de Estado con el Gobierno Federal.
Sin embargo, está lejos de ser suficiente tomando en cuenta la situación del Estado.
Los organismos intermedios aquí representados vemos con preocupación lo que está pasando en Nuevo León. En primera instancia, como a todos, nos preocupa la violencia que no baja.
Pero lo que genera una inconformidad profunda es el estar ciertos de que el Gobierno Estatal no hace todo lo que está en sus manos hacer.
Nos inconforma, ver a autoridades que en ocasiones no sólo no hacen, sino que además no se dejan ayudar.
Vemos un Gobierno Estatal cada vez más encerrado en sí mismo y menos dispuesto a ponerse al frente de autoridades municipales y de la sociedad, para que caminemos juntos en dirección de acabar con la violencia que ha invadido a Nuevo León.
18 de Julio de 2011

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