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1193. Cultura para la Paz en contra de la violencia escolar

A finales del 2014 se capacitó a directores y supervisores de preescolar, primaria y secundaria, en operación de la estrategia “Escuela para la Paz: resolución pacífica de conflictos”. La coordinación estatal para la Convivencia y Seguridad Escolar, dio a conocer los materiales a más de 800 directores de escuelas.
Fernando Pacheco Godínez, coordinador general de los Servicios de Educación Básica y Normal del IEBEM refirió que directores y supervisores implementarán dos estrategias de impacto positivo en el sistema de educación básica de la entidad.
Indicó que la presentación de las líneas estratégicas “Escuela para la paz”, “Escuela segura” y
“Participación ciudadana en la educación”, contenidas en el Proyecto Visión Morelos en la Educación Básica y los manuales de “Contingencias Naturales y de Actuación para una Escuela Libre de Violencia”, crearán condiciones de armonía que tanto urge en planteles, familias y sociedad.
Enfatizó que la coordinación estatal para la Convivencia y Seguridad Escolar, se conformará con las secretarías de Gobierno, Educación, Fiscalía General del Estado, IEBEM, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Sección 19 del SNTE, directores de las escuelas, Asociación Estatal de Padres de Familia y los Consejos Escolares de Participación Social.
Pacheco Godínez dijo que en 2015 se intensificará el abatimiento del acoso escolar y reducción de la violencia en el entorno escolar; enfatizó que la meta no será posible sin el apoyo de los comités de padres de familia, alumnos, maestros y directivos.
DiariodeMorelos.com Enero 2, 2015 - 10:56am

1116. Organismos civiles proponen 5 acciones "urgentes" ante inseguridad

Asociaciones civiles plantean medidas como establecer el mando único policial, evitar la infiltración del crimen y combatir la corrupción
Organizaciones ciudadanas especializadas en temas de seguridad y justicia pidieron a las autoridades a concretar por lo menos "cinco acciones urgentes" para enfrentar la crisis de violencia ante casos recientenes como el de Ayotzinapa, en el que policías de Iguala atacaron y desaparecieron a 43 normalistas.
Las asociaciones emitieron un "manifiesto ciudadano" en el cual demandaron a los tres poderes públicos y a las fuerzas políticas "acciones contundentes con resultados concretos, medibles y cuantificables" con el objetivo de encarar el "recrudecimiento de la crisis de seguridad durante los últimos meses en varias entidades de la República mexicana".
"¡No más promesas!", enfatizaron en el texto titulado "Manifiesto Ciudadano por la Seguridad y la Justicia", firmado por Alto al Secuestro, CIDAC, México SOS, México Unido Contra la Delincuencia, Observatorio Nacional Ciudadano y más de 50 organizaciones civiles y empresariales.
A inicios de mes, el presidente Enrique Peña Nieto y las dirigencias nacionales de los principales partidos manifestaron su interés de pactar un nuevo compromiso para fortalecer a las instituciones y concretar "cambios de fondo".
A continuación te presentamos las acciones urgentes propuestas por las asociaciones en el también llamado "Posicionamiento Juárez", por haber sido acordado en Ciudad Juárez, Chihuahua, el pasado 4 de noviembre.
1. Mando único estatal
Las organizaciones llamaron a emprender las reformas necesarias para establecer en cada entidad un solo responsable directo de las corporaciones (municipales y estatales), para conseguir una coordinación eficaz y la renovación integral de las policías.
2. Legislación pendiente
El Manifiesto ciudadano por la seguridad y la justicia considera inaplazable aprobar y poner en marcha nuevas leyes en materia de delincuencia organizada, ejecución penal, mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal y de justicia para adolescentes.
Además, el pacto plantea promover reformas a la Ley de Amparo y la armonización de la Ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas.
3. Sin privilegios para criminales
"Es urgente unificar los criterios judiciales existentes para no privilegiar el derecho de un criminal cuando se afecta a la ciudadanía en su conjunto. Demandamos la ponderación de los derechos de la víctima e imputado en igualdad de circunstancias", enfatiza el Posicionamiento Juárez.
4. Dinero sucio
Las asociaciones exigieron a los partidos políticos "un compromiso eficaz, radical y sin ambigüedades" para evitar que las campañas políticas de todos los niveles sean financiadas por la delincuencia organizada o por cualquier otro recurso de procedencia ilícita.
El texto señala que se debe permitir una vigilancia estricta de parte de la sociedad civil, y establecer controles de rendición de cuentas —administrativos, financieros y de calidad moral— sobre la probidad de los candidatos.
"La sociedad no está dispuesta a que se repita el caso de Iguala y el de muchos municipios, estados y regiones, en donde están coludidas las autoridades (electas desde la filiación partidista) y criminales de la delincuencia organizada", enfatizó.
5. Anticorrupción
Las ONG afirman que es necesario cumplir sin dilación los compromisos para abatir la corrupción, a través de un programa encabezado por el propio presidente de la República y con el acompañamiento de la sociedad civil. "No más fiscalías", pidió sobre este punto el manifiesto
Cnnméxico.com. 13/11/14

977: "Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión viola el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales"

200 organizaciones hacen un llamado al IFAI a respetar el derecho a la privacidad y protección de datos personales.
El pasado 15 de julio, más de 200 organizaciones, hicieron un llamado al IFAI para presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de varias disposiciones de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que violan el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales y que fue aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 9 de julio del presente año.
Tanto la geolocalización como la retención de datos personales por parte de los concesionarios de telecomunicaciones y el acceso directo de las autoridades gubernamentales a esta información, en las condiciones definidas en la nueva ley, vulneran los derechos fundamentales de la ciudadanía, además de que no se incluyen medidas como la transparencia estadística o el derecho a la notificación de las y los usuarios.
La ley presentada permite un acceso sin restricción a agentes de la policía o de seguridad a datos privados y sin protección en contra de su abuso. Existe la preocupación adicional de que esta información pueda ser utilizada con propósitos corruptos y que ponga a individuos en grave riesgo.
Al día de hoy, quedan sólo 7 días para que el IFAI interponga una acción de inconstitucionalidad en contra de estas disposiciones violatorias del derecho a la privacidad y a la protección de datos personales.

976. Denuncian espionaje masivo mediante smartphones

John McAfee, fundador de la importante compañía de seguridad que lleva su nombre, asegura que los modelos de teléfonos móviles inteligentes espían a sus propietarios.
Sorprendente (por lo inesperado) aparición de John McAfee en una conferencia de «hackers». Sus declaraciones fueron muy provocativas e intentó alarmar a los asistentes. El fundador de la empresa de seguridad que lleva su nombre ha asegurado que los teléfonos móviles inteligentes actuales «espían a los consumidores».
Durante la conferencia de seguridad informática Def Con, que se celebra este fin de semana en Las Vegas (EE.UU.), McAffe salió al paso del siempre polémico tema de la privacidad y seguridad informática. «Los teléfonos inteligentes están espiando a los consumidores estadounidenses, quienes no se molestan en leer las cláusulas de uso», dijo.
Una web para denunciar corrupción
En su intervención desveló el proyecto brownlist.com, una página web pública que pretende recoger las quejas de los usuarios contra las grandes empresas tecnológicas y contó que ha desarrollado una aplicación para teléfonos con sistema operativo Android que rastrea los permisos de privacidad para diversas aplicaciones. La web, dice, «se nutre de la ira de manera positiva».
A su juicio, «en lugar de enfadarse y disparar contra alguien o gritar a su esposa puede iniciar sesión en este sitio». De esta manera, en este foro los usuarios pueden expresas los motivos de su ira. La idea es que la comunidad comparta su visión sobre una cuestión determinada y, de esta forma, «se busquen soluciones a los problemas propuestos».
McAfee, cuya vida actualmente está alborotada por los sucesos registrados en Belice en donde se halló muerto a uno de sus vecinos, huyó a Guatemala y llegó a fingir un ataque al corazón para
Abc.es. Madrid. 09/08/2014
http://www.abc.es/tecnologia/noticias/20140809/abci-john-mcafee-smartphones-def-con-hackers-201408091425.html

877. “Ha habido poco progreso sobre la seguridad o los derechos humanos a un año del gobierno de Enrique Peña Nieto”: WOLA

Washington, D.C., Estados Unidos. Cuando asumió la presidencia de México, Enrique Peña Nieto dijo que su gobierno se centraría en la reducción de la violencia y los delitos que más afectan a la población. Él también dijo que trabajaría para que los “derechos que la Constitución reconoce a los mexicanos pasen del papel a la práctica”. A un año del gobierno de Peña Nieto, esas promesas siguen sin cumplirse.
Hasta ahora, los resultados de la estrategia del gobierno de Peña Nieto para reducir la violencia y combatir los delitos que más afectan a la sociedad han sido decepcionantes. Si bien ha habido una ligera reducción en la tasa de homicidios, la violencia sigue siendo desenfrenada en partes del país, y el secuestro y la extorsión se encuentran en niveles récord. Como la Encuesta de Victimización del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para 2013 dejó en claro, más mexicanos se sienten inseguros este año que en los años anteriores.
Expertos en seguridad han señalado un ligero aumento en los homicidios relacionados con la delincuencia organizada para octubre 2013, después de una caída en septiembre, y en algunos estados, sobre todo Michoacán, la situación de seguridad ha seguido deteriorándose. Hay acusaciones generalizadas de colusión entre los funcionarios del gobierno, la policía, y los grupos criminales. Los grupos de autodefensa están enfrentándose públicamente con las organizaciones criminales, en gran parte porque el gobierno ha sido incapaz de detener los asesinatos, los secuestros, la extorsión y otros abusos contra la población.
El gobierno de Peña Nieto ha intentado distanciarse de las fallidas estrategias implementadas por el expresidente Calderón, y dijo que pondría un mayor énfasis en la prevención de la violencia, el trabajo de la inteligencia, y la coordinación. Sin embargo, hasta ahora su gobierno ha mantenido en gran medida la estrategia de seguridad de su predecesor y ha producido resultados igualmente pobres. El ejército sigue desempeñando un papel principal en la seguridad pública, y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) informa periódicamente sobre el número de presuntos delincuentes detenidos, así como la cantidad de drogas, armas, y vehículos incautados. Estos números permiten al gobierno afirmar que sus esfuerzos están produciendo resultados, pero indican poco sobre el impacto de la estrategia en la violencia y la inseguridad. Además, mientras que la Policía Federal está desempeñando un papel activo en los operativos contra el crimen organizado, la fuerza sigue plagada de muchas acusaciones de abuso y corrupción, como fue la detención en octubre 2013 de 13 agentes por participar en una banda de secuestradores en Acapulco. Las casas de migrantes y las organizaciones de derechos humanos también han reportado múltiples casos de agentes de la policía federal que han extorsionado a migrantes en tránsito por México. El anunciado Gendarmería Nacional, que supuestamente iba a ser un elemento clave en el fortalecimiento de las fuerzas federales de seguridad, ha sido reducida a unos 5.000 efectivos de civiles adscritos a la Policía Federal y no estará en operaciones hasta julio de 2014.
En su primer año de gobierno, Peña Nieto tampoco ha mostrado un claro compromiso con el respeto a los derechos de la población. Aunque firmó poco después de asumir el cargo legislación histórica para víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no se finalizó hasta octubre, y no está claro si tendrá recursos suficientes en 2014 para llevar a cabo sus tareas.
De la misma manera, nueve meses después de la presentación de una base de datos de personas desaparecidas y extraviadas, que estaba plagado de errores y omisiones, el gobierno mexicano aún no ha presentado una base de datos depurado o dejado en claro cómo se está desarrollando una base de datos completa que incluye todos los casos registrados de desapariciones. Aunque la Procuraduría General de la República (PGR) creó una unidad de búsqueda para personas desaparecidas en mayo del presente año, ha sido lento en producir resultados tangibles, y el gobierno federal no ha desarrollado una metodología clara para investigar los casos. El desarrollo de las investigaciones sobre casos de desapariciones forzadas donde están implicados miembros de las fuerzas armadas ha enfrentado otros obstáculos ya que son investigados en la jurisdicción militar.
Al respecto, en septiembre, el Senado comenzó a realizar importantes discusiones sobre la reforma al Código de Justicia Militar. Esta reforma debe garantizar que violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas contra civiles sean investigados y juzgados en cortes civiles en lugar de los tribunales militares. Sin embargo, no se ha fijado una fecha para su votación, y aún no se sabe si el texto final de la legislación cumpliría con las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de las decisiones importantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta materia.
Periodistas y defensores de derechos humanos también están en riesgo. En los últimos meses el Mecanismo de Protección para Personas Defensores de Derechos Humanos y  Periodistas ha avanzado en su consolidación y en asegurar su financiamiento. No obstante, la falta de compromiso político con el Mecanismo sigue siendo un obstáculo y los ataques y las amenazas continúan. Por ejemplo, durante 2013, se ha registrado unos 100 actos de agresión contra periodistas y medios de comunicación. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) considera que México es el país más peligroso para los periodistas en el hemisferio y uno de los más peligrosos en el mundo.
Igual de importante, las recientes victorias para víctimas de violaciones de derechos humanos se han logrado a través de la incansable labor de organizaciones de derechos humanos en México, y no a través de un sistema de justicia que funciona. Tal es el caso de la reciente orden de la Suprema Corte de México para liberar aIsrael Arzate, quien fue torturado por soldados y falsamente implicado en una masacre en 2010, que tuvo lugar en el fraccionamiento de Villas de Salvárcar en Ciudad Juárez. Arzate fue liberado solamente después de que organizaciones de derechos humanos mexicanas asumieron su defensa legal y trabajaron para atraer atención nacional e internacional a su caso. Del mismo modo, después de pasar 13 años en prisión, el profesor indígena Alberto Patishtán fue otorgado un indulto por Peña Nieto en octubre de 2013, porque el gobierno encontró que sus derechos humanos habían sido gravemente violados, en particular el derecho al debido proceso. Desafortunadamente, Patishtán no hubiera sido liberado si no fuera por los años de campaña por su liberación por parte de su familia y de organizaciones nacionales e internacionales quienes trabajaron para visibilizar las injusticias que había sufrido.
Por su parte, las violaciones de los derechos humanos siguen ocurriendo en una manera generalizada. Entre enero y octubre de 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 1.062 quejas contra las fuerzas armadas (del Ejército y la Marina) y 559 en contra de la Policía Federal, incluyendo casos de privación de la vida, desaparición forzada, tortura y trato cruel o inhumano.
Durante su presentación para el Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el gobierno mexicano reconoció sus rezagos en materia de derechos humanos. En la práctica, sin embargo, parece que las declaraciones del gobierno y las buenas intenciones aún no han resultado en acciones concretas, como la investigación y la sanción de policías y soldados que son responsables de violaciones a los derechos humanos. Hasta que haya más avances para combatir la impunidad que prevalece en México, el discurso del gobierno sobre los derechos humanos en el país seguirá siendo poco más que buenas palabras.
Maureen Meyer y Clay Boggs. Wola.org. 27/11/13
http://www.wola.org/es/comentario/a_un_ano_del_gobierno_de_enrique_pena_nieto

Peña Nieto aplica la misma táctica de seguridad de Calderón: WOLA
Washington D.C., Estados Unidos. Durante el primer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se han registrado muy pocos avances en materia de seguridad y derechos humanos, pues se sigue cometiendo una enorme cantidad de violaciones a esas garantías, en medio de total impunidad, señaló la Oficina de Washington en América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés).
Un día después de que la organización internacional Human Rights Watch diera a conocer una carta en la que afirma que el supuesto cambio de la nueva administración en estos temas ha sido únicamente retórico, WOLA formuló señalamientos en contra del gobierno de Peña Nieto en términos muy similares.
Mediante un documento firmado por Maureen Meyer y Clay Boggs, el colectivo recordó que al asumir el cargo, el Presidente prometió reducir la violencia y combatir los delitos que más afectan a la población, pero hasta ahora los resultados han sido decepcionantes.
WOLA destacó que tras una ligera caída en septiembre de este año, los homicidios relacionados con la delincuencia organizada repuntaron en octubre.
La violencia sigue siendo desenfrenada en muchas partes del país, y el secuestro y la extorsión se encuentran en niveles récord, lo cual ha provocado el surgimiento cada vez mayor de grupos de autodefensa, apuntó.
Resultados pobres
Lamentó que pese a las declaraciones de que se apartaría de la estrategia de seguridad aplicada por Felipe Calderón, el gobierno de Peña Nieto ha mantenido en gran medida la estrategia de seguridad de su predecesor y ha producido resultados igualmente pobres, con el Ejército desempeñando tareas de seguridad pública en medio de acusaciones de abusos y corrupción.
De igual forma, la nueva administración federal no ha depurado la lista de 26 mil víctimas de desaparición revelada a inicios de este año por la Secretaría de Gobernación, y su Unidad de Búsqueda de Desaparecidos no ha dado resultados tangibles y no ha concretado la reforma para acotar el Código de Justicia Militar.
Además, se siguen cometiendo violaciones graves de derechos humanos de forma generalizada –muchas de ellas cometidas por el Ejército, la Marina y la Policía Federal– y los comunicadores y los activistas de organizaciones sociales aún son víctimas de intimidaciones y ataques.
Las declaraciones del gobierno y las buenas intenciones aún no han resultado en acciones concretas. Hasta que haya más avances para combatir la impunidad que prevalece en México, el discurso del gobierno sobre los derechos humanos en el país seguirá siendo poco más que buenas palabras, enfatizó el colectivo estadunidense.
Fernando Camacho Servín. La Jornada.unam.mx. 28/11/13
http://www.jornada.unam.mx/2013/11/28/politica/007n2pol

872. Convocatoria para presentar propuestas para el proyecto de policía comunitaria

PROGRAMA PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA
CONVOCATORIA PARA PRESENTAR PROPUESTAS PROYECTO DE POLICÍA COMUNITARIA EN LOS POLÍGONOS DE CIUDAD JUAREZ, TIJUANA Y MONTERREY
Monterrey, Nuevo León. Tetra Tech ARD, socio implementador del Programa para la Convivencia Ciudadana (PCC), según la autoridad contenida en la Ley Estadounidense de Asistencia Extranjera de 1961, reformada, invita a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), o personas morales no estadounidenses, incluyendo a organizaciones basadas en la fe (de acuerdo con la Orden Ejecutiva 13279), a presentar propuestas para la implementación del proyecto “Acciones de Policía Comunitaria en los polígonos meta de Ciudad Juarez, Tijuana y Monterrey”, el cual será financiado bajo el Programa de Donaciones del PCC. El PCC es un programa implementado por Tetra Tech ARD en México y financiado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) bajo el Contrato de USAID No. AID-523-TO-12-00001.
Las organizaciones interesadas en aplicar deben poseer las siguientes características:
• La capacidad de tener presencia en las ciudades donde opera el Programa para la Convivencia
Ciudadana (Tijuana, Ciudad Juárez y Monterrey)
• Tener experiencia en la implementación de políticas públicas de seguridad ciudadana, con énfasis en el ámbito policial y comunitario.
• Tener suficiente personal y capacidad para llevar a cabo las actividades propuestas.
• Poseer capacidades gerenciales, técnicas e institucionales, para lograr los resultados de esta donación.
• Contar con la capacidad para la realización de un trabajo conjunto con los equipos del PCC, así como la apertura a la asesoría técnica y colaborativa de otros actores vinculados al programa.
EL PCC/USAID publicará el paquete de Solicitud de Aplicación (RFA por sus siglas en inglés) el día 22 de noviembre de 2013. Las organizaciones interesadas pueden obtener el paquete de Solicitud de Aplicación
(RFA) escribiendo a la siguiente dirección de correo electrónico: Emilia.Gaitan@ard-mexico.com. Aquellas organizaciones que deseen solicitar una copia impresa pueden hacerlo a la siguiente dirección: Hamburgo
206, Piso 4, Despacho 401 y 402. Col. Juárez, C.P. 06600, México D.F.
Los solicitantes tendrán cinco días hábiles a partir de la fecha de publicación para hacer preguntas aclaratorias acerca de los Términos de Referencia. La fecha y hora límite para formular preguntas es el día 29 de noviembre a las 17:30 p.m. hora local. Las preguntas y respuestas se distribuirán a todos los solicitantes dentro de los próximos cinco días hábiles después de la fecha límite.
Los solicitantes deben presentar copias completas de sus propuestas, 30 días después de la fecha de publicación del RFA, el día 20 de diciembre, a las 17:30 p.m. hora local, vía correo electrónico (preferido) a:
Emilia.Gaitan@ard-mexico.com o una copia impresa a la siguiente dirección: Hamburgo 206, Piso 4,
Despacho 401 y 402. Col. Juárez, C.P. 06600, México D.F. No se aceptarán solicitudes tardías. El PCC y USAID/México se reservan el derecho de financiar parte o ninguna de las propuestas presentadas.


742. Educación para lograr la paz y la concordia en México

México, Distrito Federal. México debe implementar urgentemente una estrategia compartida de desarrollo regional. Esto quiere decir que las condiciones y oportunidades para el desarrollo se igualen para todos los mexicanos, independientemente de si nacen en Nuevo León o en Chiapas, en la ciudad o en la sierra.
En Coparmex sostenemos que uno de los cambios fundamentales para mejorar la eficiencia de toda nuestra economía, desde una perspectiva integral de desarrollo compartido, es asegurar una mejor calidad de la educación. Necesitamos una verdadera reforma educativa, una solución de fondo, que desde nuestro punto de vista descansa en tres bases:
1) La aprobación de las leyes reglamentarias de la reforma al artículo 123 constitucional; 2) consolidar el sistema nacional de evaluación educativa; 3) crear y fortalecer el servicio profesional docente.
La sociedad civil espera y demanda que los legisladores aprueben las leyes reglamentarias de la reforma educativa en el periodo extraordinario que se realizará en agosto. Esto es imprescindible para que empiecen a funcionar los avances constitucionales logrados en materia educativa, para que México se inserte en una economía moderna y para que nuestros niños y jóvenes tengan acceso a la calidad en la educación, que los aleje de las calles, de las pandillas y del crimen organizado. Por ello, a la dimensión social del desarrollo regional debemos sumar la perspectiva de la seguridad pública. La paz y la tranquilidad de nuestras familias debe ser la misma, independientemente de si viven en Yucatán o en Michoacán, en la ciudad o en las comunidades alejadas.
Es difícil, pero debemos empezar a reconocer que hay regiones en nuestro país con características que impiden su desarrollo integral: instituciones débiles con gobiernos inoperantes, guerrillas que disputan el territorio, ausencia del Estado de derecho y la presencia de un "estado" paralelo a las instituciones formales de la república. No puede haber desarrollo integral en las regiones que cumplen con esta definición.
Las exigencias de la sociedad han sido claras desde hace mucho tiempo: mejor coordinación entre las fuerzas federales y locales, policía con mando unificado y un trabajo más eficiente en el combate financiero a los grupos del crimen organizado.
La paz y la seguridad son responsabilidad de todos, incluida la sociedad. El gobierno federal debe planear y ejecutar una estrategia nacional; pero la exigencia ciudadana debe centrarse en los gobiernos locales, municipales y estatales, que han permitido durante décadas el deterioro de las instituciones en el orden local.
Omisión, impunidad, corrupción y colusión con el crimen son algunas de las causas del clima de violencia que se vive en ciertas regiones del país. Pero también lo es la falta de desarrollo, de oportunidades productivas y de un sistema educativo que no siempre genera en sus jóvenes habilidades o valores. La historia del mundo ha demostrado que sólo a través de la generación de riqueza es como puede acabarse la pobreza y los males que vienen con ella, como la desigualdad social, el hambre, la marginación, el crimen y la inseguridad.
Es triste lo que Michoacán ha vivido en los últimos días, especialmente porque es ejemplo de todo lo que nos resta por hacer en México. Además de los problemas de seguridad, esta semana se anunció que Michoacán fue uno de los pocos estados en los que la pobreza extrema creció entre 2010 y 2012; ese es el resultado de una combinación que no debemos permitir para México: inseguridad y violencia; pobreza e incapacidad para abatirla; autoridades ausentes, finanzas públicas comprometidas y, por si fuera poco, uno de los sistemas estatales de educación más deficientes, con muchos maestros que prefieren la protesta en la calle a las clases, y con una alta tasa de deserción educativa que muchas veces es el inicio de la incursión en el crimen.
Si no hacemos algo pronto, la violencia —y especialmente la impunidad que se vive en estas regiones— se puede extender a otras entidades de México, condicionando la viabilidad de nuestro desarrollo y reduciendo el impacto de los grandes temas que se discuten a nivel nacional.
De acuerdo con los compromisos asumidos en el Pacto por México, a finales de agosto tendrían que estar promulgadas la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el cual goza ya de autonomía constitucional.
Es preciso llegar al periodo ordinario que iniciará en septiembre con esas leyes secundarias en materia educativa ya aprobadas, para que los legisladores puedan concentrarse en las reformas estructurales fundamentales en materia de seguridad pública, hacendaria, energética y la banca de desarrollo.
Para Coparmex la educación no sólo es un instrumento para el mejoramiento económico de las familias, sino un elemento indispensable en la emancipación integral de las personas. Por ello, creemos que conforme avancen las reformas en favor de la calidad especializada de nuestra educación, debe avanzar la perspectiva de familia y de valores ciudadanos como indicadores transversales de la política social, porque facilitan el logro de la paz y la concordia en México.
Juan Pablo Castañón Castañón. Presidente Nacional de Coparmex
Diario de Coahuila.com.mx. 02/08/13

615. Resistiendo el Modelo de Guerra en México: Un esfuerzo binacional

México, Distrito Federal. Van muy pocos meses desde que hicimos la caravana del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) a Estados Unidos y en este tiempo ha cambiado mucho el contexto de nuestro movimiento, o mejor dicho, de nuestros movimientos.
Hemos visto la toma de posesión de dos nuevos gobiernos—el de Enrique Peña Nieto aquí en México, y aunque Barack Obama empieza un segundo periodo, está haciendo algunos reacomodos, lanzando algunas nuevas iniciativas, profundizando otras y tenemos nuevos Congresos.
Así que hay cambios importantes en los dos lados de la frontera, y éstos, junto con los cambios al interior del movimiento, hacen necesario repensar dónde estamos parados, por dónde podamos caminar hacia adelante, y qué obstáculos vamos a encontrar en este camino.
Nos unen los propósitos de: verdad y justicia para las víctimas, y cambio de política de seguridad hacia una visión de la seguridad humana. Son dos propósitos, pero un sólo camino: sabemos que no hay paz sin justicia, tampoco hay seguridad sin justicia, pues la seguridad se basa en la justicia y en nuestros lazos comunitarios, no en las armas.
En cuanto a la política de seguridad, Enrique Peña Nieto llega con una gran necesidad de distanciarse de la guerra de Calderón, que fue un factor innegable en el descalabro del Partido Acción Nacional (PAN) en las elecciones. Desde la campaña, empieza hablar de modificar la estrategia de “guerra”, de enfocarse más en la seguridad pública y disminuir la violencia, y no tanto en la lucha contra las drogas.
En su gobierno, ahora hablan de “construir la paz” en lugar de seguir la guerra. Hay frases incluso que repiten casi textualmente del mensaje de nosotros. Suena bien.
Y hay algunas acciones concretas que van más allá del cambio en el discurso, como la aprobación de la Ley de Víctimas, que tendría un impacto real en la situación que viven miles de familias de víctimas.
Entonces, la primera pregunta es: ¿Estamos frente a un verdadero cambio del modelo de seguridad a nivel nacional? Desgraciadamente, existen muchos elementos que indican que la respuesta es no.
Como un buen prestidigitador, el gobierno de Peña Nieto está apostando a que nos quedemos viendo como se muevan sus labios, mientras con manos ocultas hace sus trucos.
II. Porqué pensar que no habrá cambio de modelo
1.- El nuevo gobierno, quiénes son y de dónde viene
Nosotros sí tenemos memoria. El PRI no es una incógnita. Muchos nombres en el nuevo gabinete, empezando con el del presidente, están ya asociados con el autoritarismo de la vieja escuela, con el machismo y con la represión.
Es un partido experto en el control social, por múltiples vías: la manipulación del sistema de justicia, la cooptación, la división y la violencia. Y la guerra contra el narco -con la militarización de grandes partes del territorio nacional- es un sistema de control social disfrazado. Les sirve.
Para dar sólo un ejemplo clave: Eduardo Medina Mora. Recordamos que Medina Mora fue el Procurador General en el gobierno de Felipe Calderón hasta el 2009. Este político que fue vocero de la guerra de Calderón y apologista de la injusticia nacional, fue nombrado embajador a Estados Unidos por el gobierno de Peña Nieto. El mismo que anunció en 2008, como titular de la PGR -aparentemente sin ironía-: “Estamos en la guerra para recuperar la paz”; y el que la embajada de Estados Unidos definió como “un jugador clave” en la Iniciativa Mérida -según un cable de Wikileaks, ahora está en Washington a cargo de la relación binacional cuyo eje sigue siendo la Iniciativa Mérida.
2. El presupuesto militar
El presupuesto 2013 sostiene e incrementa el modelo militarizado contra el narco. Tal como fue aprobado, el presupuesto a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es de 60 mil 810 millones; esto duplica el presupuesto del año 2007 y es 5 mil millones de pesos más que en 2012 bajo el periodo de Calderón. Los recursos se destinan a equipo de vigilancia y de ataque, puestos de control en todo el país, etcétera, y su justificación se centra en la guerra interna con los objetivos de “el acotamiento de los grupos armados en todo el territorio nacional, y mejorar los esquemas de operación en el combate integral al narcotráfico, para hacer más eficientes las actividades que se realizan en las vertientes de erradicación, intercepción y lucha contra la delincuencia organizada”.
3. La Gendarmería.
Esta propuesta de Peña Nieto no es en la práctica una forma de desmilitarización. Se contempla la creación de una fuerza inicial de 10 mil efectivos, mayoritariamente militares, con algunos policías. En efecto, y en la ausencia de un verdadero cambio de modelo, es el mismo esquema con diferente nombre.
La otra razón de dudar de un cambio real de modelo de seguridad en este gobierno tiene que ver con su agenda de reformas estructurales anti-populares, una serie de políticas dirigidas al mal-llamado “desarrollo” basado en privatizaciones de los recursos y las tierras nacionales. La imposición de este tipo de reformas se apoya en la militarización para despoblar zonas de interés, para reprimir comunidades y grupos que defienden sus territorios, y para intimidar o de plano eliminar sectores en resistencia.
Otra razón es la dependencia que México tiene con Estados Unidos y el gran interés del gobierno de Estados Unidos en continuar la guerra.
Estados Unidos: En Washington también se ha dicho que el Plan Mérida se ha modificado para tener un enfoque más integral. Sí es cierto que el financiamiento militar directo (FMF) ha disminuido mucho, el modelo de guerra sigue siendo lo mismo y en muchos aspectos se está intensificando. Los siguientes puntos son indicadores:
1. Las declaraciones de John Kerry, el nuevo Secretario de Estado, al Senado hace unos días. Dijo que México está “bajo sitio” y ofreció redoblar esfuerzos. Afirmó que “el presidente (Enrique) Peña Nieto está tratando de mover esto en otra dirección” (menos militarizado) y que por eso es más importante que nunca el apoyo. Incluso fue más lejos, insistiendo en que en cualquier discusión de recortes de presupuesto no se tocara a la iniciativa Mérida: “así que creo que vamos a necesitar convencer a nuestros colegas de la importancia de esta iniciativa”, puntualizó, sin ofrecer una sóla crítica a un modelo que ha dejado más de 100 mil muertos y desaparecidos.
2. La ayuda a México: Si seguimos el dinero y no la retórica, vemos que el modelo sigue sin cambios. El financiamiento del Operaciones en el Exterior (el Departamento de Defensa es otra fuente aparte de ayuda a la guerra en México) en el 2013 contempla 7 millones de dólares a las Fuerzas Armadas, 199 a la lucha contra las drogas, 8 millones para programas contra el terrorismo, y sólo 35 en apoyo económico a un país en el que casi la mitad de la población vive en la pobreza. Eliminan la ayuda en rubros como salud global y se reduce el apoyo al desarrollo. A la vez, las de por si débiles estipulaciones sobre derechos humanos desaparecen.
3. La expansión del entrenamiento militar para efectivos mexicanos en el Comando Norte. El Pentágono está activamente ampliando los programas de entrenamiento de las fuerzas armadas mexicanas en la guerra. Creó un nuevo cuartel de operaciones especiales en Colorado Springs, la sede del Comando Norte, para entrenar a militares mexicanos -en nombre de la guerra contra el crimen organizado- en técnicas utilizadas en Irak. Según la revista Proceso este entrenamiento en Estados Unidos ha incluido “espionaje, tortura, ataques sorpresa y secuestro.” Se enfoca en operaciones de contrainsurgencia-contraterrorismo-contra drogas, que ya empiezan a fundirse en el discurso y en la práctica expansiva de la guerra, lo cual aumenta la criminalización de la protesta. El propósito expreso del nuevo centro es la guerra contra el narco “para que el presidente mexicano Enrique Peña Nieto establezca una fuerza militar enfocada en las redes criminales…” (esto se supone sería la gendarmería). Los militares estadounidenses habían llevado a los mexicanos a visitar centros de operaciones especiales en Balad Irak y Fort Bragg, NC. La agencia de noticias AP reporta el 17 de enero que están entrenando a los mexicanos en tácticas para capturas, como se aplicaron para capturar, es decir para matar, a Osama Bin Laden. Esto llama la atención porque todos los estudios que tenemos indican que esta estrategia de captura de capos (Kingpin strategy) lleva a una explosión de la violencia en el lugar de los hechos, y no funciona para ni para mejorar la seguridad pública ni para reducir el tráfico de las sustancias ilícitas, y mucho menos para la construcción de una paz duradera.
Para que no quede duda de la relación entre estos esfuerzos y el plan hacia México diseñado por Bush y ampliado por Obama, la AP lo deja claro: “las operaciones especiales de entrenamiento del Mando en la actualidad se derivan de la Iniciativa Mérida, formalizada en 2008 para proporcionar asistencia militar amplia a México”.
La imposición del paradigma contra el terrorismo en México tendrá terribles repercusiones. Cuando el gobierno de Calderón empezó a redefinir a los narcotraficantes como un amenaza a la seguridad nacional y no sólo como criminales, los carteles empezaron a actuar, efectivamente, más como una amenaza a la seguridad nacional, se desataron batallas por control de territorio, aumentaron su injerencia en la vida civil y los actos de corrupción de instituciones, desafiando o cooptando el Estado en distintas regiones del país. A la vez, se extiende la presencia y control de Estados Unidos en territorio mexicano en franca violación del concepto de soberanía nacional, y muy probablemente de las leyes nacionales.
No cabe duda que cuando escalan la guerra contra el narco a una guerra contra el terrorismo con el apoyo de los Estados Unidos, los narcos van a empezar a actuar más como terroristas, que no son. Además, la guerra contra el terrorismo se caracteriza por el uso de la tortura, la matanza de civiles -sobre todo mujeres y niños-con drones y golpes indiscriminados, por el odio y el racismo. ¿Acaso es esto lo que queremos en México? ¿Queremos ser el reemplazo de la guerra en Irak para la industria de guerra en Estados Unidos?
Todo eso nos pone frente una situación de simulación que en muchos sentidos es más peligrosa. Hay un esfuerzo para maquillar la guerra, al mismo tiempo que se intensifica. Existe una enorme distancia entre el discurso y la realidad.
Si no seguimos llamando la atención a la realidad de la guerra–como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad ha hecho desde que nació–dejaremos en la indefensión a las víctimas actuales y a las víctimas futuras, de una guerra que oficialmente se ha declarado terminada. El nuevo contexto puede llevar a mayor aislamiento, mayor vulnerabilidad y mayor simulación; ya varios periodistas han reportado políticas editoriales de suprimir notas sobre la violencia (que no ha disminuido) porque contradicen el afán del nuevo gobierno de mejorar la imagen.
Es importante señalar que el hecho de que siga la guerra no quiere decir que no habrá nuevos espacios y oportunidades para el movimiento contra guerra. Sergio Alcocer, subsecretario para América del Norte, anunció una evaluación de la iniciativa Mérida: “y en función de eso se decidirá como continuar o que continuar dentro de la iniciativa u otro proceso que se establezca.” Es el momento de exigir transparencia y participación ciudadana. En Estados Unidos los recortes abren la posibilidad de cuestionar a fondo la iniciativa Mérida y la aplicación del paradigma contra el terrorismo al tráfico de sustancias ilícitas, y la probabilidad de crear otra guerra costosa y amenazante, y enfatizar las alternativas.
En los dos lados tenemos propuestas constructivas frente a la destrucción. El movimiento ha elaborado los documentos sobre seguridad humana, tejido social y corrupción, y en Estados Unidos las organizaciones tienen propuestas de regulación de las drogas, derechos de migrantes y desmilitarización de la frontera, etcétera.
III. Nos une el propósito de poner fin a la guerra, la violencia y la injusticia
Si al lado de la violencia están la estrategia de control social del gobierno mexicano, los políticos autoritarios, las instituciones corruptas, el crimen organizado, el Pentágono, el gobierno del Estados Unidos, algunos empresarios… ¿Qué está del otro lado?
Nosotros. Nosotras.
Las comunidades indígenas en Chiapas y Michoacán que luchan por vivir en paz y cuidar a la Madre Tierra como han hecho por siglos. Los padres y madres que con el corazón partido luchan por la justicia y para que no se olviden de sus hijos. Las defensoras y los defensores de derechos humanos en comunidades y ciudades en todo el país, que por su trabajo se vuelven blancos de la violencia. Los campesinos en Chihuahua que se oponen al modelo Narco-NAFTA de terror y usurpación de sus tierras. Los jóvenes de Ciudad Juárez que viven y resisten en la sombra de la militarización.
Y en Estados Unidos las y los activistas migrantes que dicen que nadie es ilegal y que los muros matan. Las organizaciones de africano-americanos que protestan contra el encarcelamiento de sus hijos por la guerra contra las drogas en Estados Unidos. Las comunidades de la frontera que protestan por la militarización. Los grupos que exigen un fin a la sangrienta política exterior de hegemonía que es el Plan Mérida.
Somos nosotros, que nos hemos encontrado en el camino, que vamos encontrando más. Sería muy forzado pensar en tener una agenda común. Somos diversas organizaciones y movimientos en Estados Unidos, con agendas propias, y México y Estados Unidos enfrentan contextos nacionales muy distintos. Y es importante que cada quién mantenga su enfoque.
Sin embargo, nos une un propósito: poner fin al modelo de guerra que domina en nuestros países, y para algunos, en nuestras comunidades. Las alianzas y los propósitos comunes y mecanismos de coordinación son esenciales. El reto no es necesariamente seguir con planes conjuntos o crear plataformas en cada uno de los 5 ejes–armas, reforma de las políticas hacia las drogas, fin de ayuda militar para la guerra contra el narcotráfico y política exterior, contra el lavado de dinero, y derechos de migrantes—que trabajamos en la Caravana, sino entender cómo se entrelazan en este modelo de guerra que sufrimos y cómo las luchas de todos y todas pueden reforzarse mutuamente para parar esta guerra.
Laura Carlsen. Desinformémonos.org. 04/02/13

580. Carta de Amnistía Internacional al Presidente de México Enrique Peña Nieto

México: El nuevo Presidente debe romper con el legado de violaciones de derechos humanos
Nota: El presente comunicado acompaña una carta abierta que puede ser descargada aquí
El presidente de México Enrique Peña Nieto debe tomar medidas concretas e inmediatas para abordar algunos de los temas más urgentes del país en materia de derechos humanos, incluyendo los abusos en el contexto de la crisis de seguridad pública, manifestó Amnistía Internacional hoy en una carta abierta al presidente.
Según las investigaciones de Amnistía Internacional, las violaciones de derechos humanos como las desapariciones forzadas, la tortura, las detenciones arbitrarias y la falta de acceso a la justicia se volvieron rutinarias durante la anterior administración.
“El discurso positivo hacia los derechos humanos de Peña Nieto, incluyendo el compromiso de impulsar la Ley General de Víctimas y reformar las leyes para perseguir las desapariciones forzadas son bienvenidos, pero no dejan de ser promesas y las buenas intenciones no son suficientes para erradicar y prevenir las violaciones de derecho humanos,” declaró Javier Zúñiga, Consejero Especial de Amnistía Internacional.
“Como comandante en jefe de las fuerzas armadas, un muy buen primer paso del presidente Peña Nieto podría tomar es instruirlas para respetar los derechos humanos o asumir las consecuencias de no hacerlo".
Durante las elecciones, Enrique Peña Nieto respondió a una carta que Amnistía Internacional envió a la y los candidatos a la Presidencia de la República realizando una serie de compromisos políticos en caso de ser elegido.
"Queremos recordar al nuevo presidente sus promesas de campaña y ver acciones concretas, incluyendo el desarrollo de un programa de derechos humanos elaborado conjuntamente con todos los actores relevantes de la sociedad, incluyendo el poder judicial, las autoridades locales y quienes defienden derechos humanos; un plan que incluya propuestas concretas para abordar la crisis de derechos humanos de México,” añadió Javier Zúñiga.
"El tiempo se acaba para México. El presidente Peña Nieto no debe malgastar otros seis años con políticas de derechos humanos fallidas que añadan más víctimas a las dejadas por el presidente Calderón.”
La carta de Amnistía Internacional detalla varios asuntos prioritarios que el nuevo presidente debe abordar inmediatamente para reforzar el respeto y protección a los derechos humanos en México, incluyendo:
Seguridad Pública: Durante los últimos años, los abusos de derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad y policiales en el contexto de operaciones para luchar contra el crimen organizado se han vuelto sistemáticos, como también la falta de investigaciones efectivas sobre los abusos. La decisión de Peña Nieto de apoyar la Ley General de Víctimas es un importante reconocimiento a los derechos de miles de víctimas de la violencia, pero es esencial que todas las iniciativas de seguridad pública protejan los derechos humanos y la justicia en la práctica y no sólo de forma retórica.
Justicia militar: El despliegue de más de 50,000 soldados y marinos en tareas de cumplimiento de la ley ha significado un fuerte aumento en las denuncias de violaciones de derechos humanos. Estas denuncias han sido tratadas por el sistema de justicia militar, lo cual ha significado una sistemática negación de justicia para las víctimas. Las recientes sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que excluyen los casos de violaciones de derechos humanos del fuero militar son un paso positivo. Sin embargo, el Código de Justicia Militar debe ser reformado para garantizar que todas las denuncias de abusos sean investigadas, perseguidas y juzgadas por el sistema de justicia civil.
Personas defensoras de derechos humanos: El presidente debe clarificar el compromiso del gobierno de financiar y apoyar plenamente el nuevo mecanismo de protección establecido mediante consultas con organizaciones de periodistas y defensores de derechos humanos. La nueva administración debe asegurar también investigaciones efectivas sobre los ataques y actos de hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, incluyendo los casos en los que haya funcionarios públicos implicados.
Migrantes: Peña Nieto debe especificar medidas nuevas y efectivas para hacer frente a la ola de asesinatos, desapariciones, violaciones y otros abusos de derechos humanos cometidos por grupos criminales, a menudo actuando en colusión con funcionarios públicos, contra los migrantes en México
Tortura: La tortura y los malos tratos se han convertido en prácticas sistemáticas durante la administración de Calderón. La información obtenida bajo tortura todavía es aceptada por los tribunales de justicia y de todas las quejas presentadas sólo unas pocas dan lugar a investigaciones completas. La propuesta de reformar el marco legal para combatir la tortura a nivel federal y estatal es positiva pero sólo mediante la implementación de una serie de políticas y acciones concretas se podrá comenzar a erradicar la tortura.
Desapariciones: El nivel de secuestros y desapariciones en México es estremecedor, como también lo es la falta de investigación en la mayoría de los casos. La propuesta para reformar el marco legal para combatir las desapariciones forzadas es un paso positivo. Esta propuesta debe cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos y el gobierno debe asegurar una mejoría radical en las medidas para investigar exhaustivamente todas las denuncias de desaparición, incluyendo establecer una base de datos nacional que ayude a identificar y localizar a las víctimas.
Sistema de Justicia: Más del 98% de los crímenes, incluyendo los abusos de derechos humanos terminan en la impunidad. Las autoridades deben asegurar las reformas en curso en el sistema de justicia mejoren la capacidad y fiabilidad de las medidas judiciales para hacer rendir cuentas a los responsables al tiempo que se garanticen los derechos de víctimas y acusados.
Violencia contra las mujeres: Los recientes avances legislativos no han significado una reducción de los casos de violencia contra las mujeres. El presidente prometió a Amnistía Internacional actuar sobre este asunto de gran importancia pero es preocupante que el Pacto por México no propone ninguna medida concreta para ello. El gobierno debe tomar un papel de liderazgo para reforzar la prevención, investigación y castigo de la violencia contra las mujeres y el respeto a los derechos de las mujeres.
Pueblos Indígenas: El compromiso del Presidente Peña Nieto de combatir la discriminación contra uno de los grupos más marginalizados de la sociedad es positivo, pero cualquier política que se adopte debe asegurar que las comunidades indígenas estén en el centro de las decisiones sobre su propio desarrollo y sus derechos sean respetados.
Corte Interamericana de Derechos Humanos: El gobierno de Peña Nieto debe cumplir con todas las sentencias vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenaron a México durante la última administración.
Amnistía Internacional. 18/12/12

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