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1352. “Guerra en México disparó violaciones, asesinatos y desapariciones de niños”: ONU

El Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños dijo que la violencia armada, el narcotráfico y la lucha contra el crimen organizado en México han resultado en un alto número de decesos de menores, y lamentó el “alto número de desapariciones de niñas”, y “el alto número de feminicidios”.
También habló sobre “los asesinatos, secuestros, desapariciones, violencia sexual, explotación y abuso de menores inmigrantes”, y de ”los informes corroborados de que cientos de niños han sido víctimas de abuso sexual por parte de clérigos de la Iglesia católica”.
México se sometió al escrutinio del Comité los pasados 19 y 20 de mayo. Este miércoles se dieron conocer las conclusiones del mismo, en las que el grupo de expertos que conforma el Comité puso énfasis en la situación y problemas por los que atraviesa la infancia en México.
Un tema en el que dedicaron varios apartados fue el referente a la explotación sexual, especialmente de niñas. Al respecto el Comité denunció el alto número de embarazos adolescentes como consecuencia de abusos, y se sorprendió del hecho que los violadores puedan evitar el castigo si se casan con la víctima.
Los expertos pidieron que se despenalice el aborto, a menos en los casos de violación, incesto o riesgo para la vida de la madre, y recordó que el alto número de interrupciones del embarazo inseguras ha hecho aumentar la mortalidad materna.
Otro de los asuntos en los que el Comité demostró su “gran preocupación” es en “los informes corroborados de que cientos de niños han sido víctimas de abuso sexual por parte de clérigos de la Iglesia católica”.
Los expertos lamentaron la impunidad de la que han gozado los culpables, por lo que solicitaron que el Estado investigue, juzgue y castigue a los clérigos sospechosos.
Este día, el Papa Francisco aprobó el procedimiento para juzgar a los obispos que cometan delitos de abuso de poder, como las responsabilidades en los casos de pederastia, y que serán competencia de una nueva sección de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Hasta ahora no se podían poner denunciar los comportamientos de los obispos por este tipo de delitos, desde ocultación de casos de pederastia o gestión de las diócesis, y por ello, en la última reunión del C9, el cardenal Sean O’Malley había expresado su preocupación por este tema y la necesidad de darle una respuesta.
Sobre la situación por la que atraviesan los menores migrantes en México, la ONU pidió al gobierno de Enrique Peña Nieto ”evitar los asesinatos, secuestros, desapariciones, violencia sexual, explotación y abuso de menores inmigrantes”.
En abril pasado, el Pew Research Center dijo que “el Presidente [Barack] Obama y otros funcionarios estadounidenses dijeron que [México] ha contribuido a una caída significativa en el arresto de menores en la frontera entre ambos países”.
En tanto, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) denunció en mayo que el control migratorio se ha intensificado en México como consecuencia del Programa Plan Frontera Sur, lo cual plantea importantes problemas humanitarios “especialmente para los niños migrantes”.
Al respecto, los expertos solicitaron que se “investigue, se procese y se castigue a los culpables, incluyendo cuando éstos son agentes del Estado”.
El Comité recordó que debe prevalecer el interés del niño en la toma de decisión sobre su paradero y su eventual deportación.
Los expertos también se refirieron a las corridas de toros y los efectos que éstas tienen tanto en los niños toreros como en los que son simples espectadores.
El Comité pidió explícitamente a México que prohíba a niños ejercer como toreros, una práctica que los expertos consideraron “trabajo infantil”. Pidieron que proteja a los menores espectadores de un espectáculo violento que les puede afectar negativamente.
Por otra parte, el informe hace hincapié en la necesidad de dar especial atención a los niños indígenas y a los descendientes afromexicanos para protegerlos de cualquier forma de explotación y violencia.
Con respecto a la justicia juvenil, el Comité lamentó que haya distintas legislaciones y que los niños puedan ser condenados a menores o mayores penas por el mismo delito en función de donde residan o donde lo hayan cometido.
Por otra parte, los expertos solicitaron a México que revoque las leyes que permiten reclutar a menores de 16 y 17 años, y que aumente la edad de reclutamiento voluntario hasta los 18 años.
“El Comité urge al Estado a penalizar explícitamente el reclutamiento y la participación de niños en las hostilidades, incluyendo en los grupos no estatales”. De hecho, los expertos se alarman del alto número de reclutamiento de niños por parte de los grupos organizados y la falta de penalización y persecución de esta práctica.
SinEmbargo.mx. México, Distrito Federal, 10/06/15

Sobrevivir en Tamaulipas

Una alcaldesa, un periodista y un general encarnan la lucha de quienes no se rinden al narco en el Estado más violento de México
Tamaulipas, puerta de entrada a las drogas y armas
En los mapas, Matamoros se sitúa en el noreste de México, a orillas del río Bravo, cara a cara con Brownsville (Texas). Pero en la mente de los mexicanos es lo más cercano al infierno. La ciudad, de medio millón de habitantes, vive en un estado de guerra permanente. Bajo el control del cártel del Golfo, enzarzado en una demencial lucha contra Los Zetas, hay días en que los sicarios cortan los principales accesos, y las autoridades piden a los vecinos que no salgan a las grandes avenidas. El aire se llena entonces de pólvora. Pero pocas veces se sabe de dónde proceden las balas. Con una tasa de asesinatos casi 40 veces superior a la española, la segunda ciudad de Tamaulipas es, para muchos, una tumba abierta. Desde este agujero, un periodista, una alcaldesa y un general cuentan su historia. Todos viven amenazados por el narco.
La alcaldesa de Matamoros
Norma Leticia Salazar Vázquez, de 37 años, es una mujer de una pieza. Nacida y criada en Matamoros, está dispuesta a morir luchando. No lleva armas, pero se ha entrenado para, si llega el momento, apretar el gatillo. “Pelearé hasta el final”, dice esta alcaldesa del Partido Acción Nacional (PAN) que se ve a sí misma como la última encarnación de la ley al sur del río Bravo. Suya es la frase: “Después de Dios, la única autoridad aquí es Lety Salazar”. Toda una declaración de intenciones en una ciudad devastada por la bestia del cartel del Golfo. Un municipio de calles lunares donde las espuelas del crimen resuenan en cada esquina.
A las 20.10 del pasado domingo 8 de marzo, el Chevrolet Tahoe en el que regresaba de un acto fue emboscado. Dos vehículos se cruzaron en su camino y empezaron a ametrallarlo. Salazar y su escolta lograron esquivar la primera embestida, y perseguidos a balazos recorrieron media ciudad hasta hallar refugio en el Ayuntamiento. Se salvaron, pero posiblemente al narco ya le daba igual. La señal había sido enviada.
Han pasado tres semanas, la alcaldesa de Matamoros está sentada en la sala noble del consistorio. Tras los cristales blindados, Salazar, sombra de ojos a juego con su camisa azul, parece una mujer menuda. Pero la impresión es engañosa. Toda ella exuda vitalidad. Y ambición. Quienes la conocen, dicen que nunca descansa. Ha sido edil, diputada federal y ahora no oculta su sueño de ser gobernadora.
Al llegar al Ayuntamiento en 2013, liquidó a la Policía Municipal, vasalla del narco, y purgó de corruptos los departamentos más sensibles. Hizo de la seguridad su bandera. En la capital del cártel del Golfo, algunos creyeron vislumbrar una nueva etapa. Su nombre comenzó a ser conocido, pero pronto también sus sombras: su mano derecha fue detenido por fraude al fisco, y la unidad paramilitar encargada de la seguridad cayó involucrada en el asesinato de tres jóvenes estadounidenses. El fango de Matamoros empezó a burbujear a su alrededor. Y fue entonces cuando el cártel del Golfo apuntó contra ella. “Sabíamos que iba a atacar”, rememora Salazar.
De la emboscada asegura que no le han quedado secuelas y que prefiere mirar adelante. “Para llegar hasta donde Dios me lleve”. En Lety Salazar, nieta de una pastora de la iglesia Templo Aposento Alto y ella misma una evangelista, la fe es un arma lista para disparar.
El periodista
La rutina, en ocasiones, es un acto heroico. A las siete de la mañana del pasado 4 de marzo, Enrique Juárez, director de El Mañana de Matamoros, recibió la llamada que ningún periodista quiere oír. Por teléfono le informaron de que los ejemplares de su periódico no habían llegado a la ciudad. La víspera, después de tres días de sangrienta ofensiva del narco, Juárez había tomado la decisión, junto a su editor, de publicar en primera página lo que estaba ocurriendo. El titular, a cuatro columnas, decía: “Combates: 9 muertos”. La información detallaba, sin dar el nombre de los cárteles, el horror habitual de Tamaulipas: tres días de asedios en zonas urbanas y carreteras, cuatro ciudades bloqueadas por los sicarios, enfrentamientos a tiros con las fuerzas de seguridad, avenidas principales cortadas con trailers para desvalijar a los conductores, cadáveres en las cunetas… La verdad que nadie cuenta ya en Matamoros, condensada en una primera página. Un desafío que al cartel del Golfo no le pasó inadvertido.
En la autopista, los sicarios interceptaron la furgoneta de distribución y la sacaron del firme. Su destino era quedar ahí. Pero Juárez hizo lo que nadie esperaba: logró convencer a una grúa y él mismo acudió a rescatar la edición. A las once, El Mañana de Matamoros llegaba a los quioscos. Cinco horas después, dos sicarios irrumpían a cara descubierta en la modesta sede del periódico. “Intenté defenderme con un cuchillo, pero me derribaron. Cuando bajaba las escaleras, me resigné a morir”. Le metieron en una furgoneta y ahí le insultaron, golpearon y amenazaron. Cuando la tortura terminó, Juárez supo que debía abandonar para siempre Matamoros. Se quedó en el periódico hasta las ocho de la tarde y, ya de noche, cruzó la frontera con Texas. Ahora, sentado en un bar de Brownsville, tomando a sorbos lentos una cerveza, se pregunta cuándo se perdió la batalla. “Hace mucho tiempo que dejé de entender”, murmura. En su relato emerge un universo derrotado por la violencia, donde el lenguaje se ha corrompido y a la víctima se le llama abatido, y a los sicarios, civiles armados; donde quienes se atreven a contar lo que ocurre, incluso anónimamente o a través de las redes sociales, son localizados y exhibidos muertos en su propia cuenta de Twitter.
“Tengo la vana esperanza de que algún día se arreglen las cosas y podamos hacer periodismo, porque lo de ahora es pura simulación; los cárteles, las autoridades, la gente lo saben; todos simulan”. A sus 51 años, Enrique Juárez es consciente de que jamás podrá regresar a Matamoros, pero sueña, como cualquier periodista, con volver a informar.
El general
El general Arturo Gutiérrez García tiene a la muerte por sombra. Desde su cuartel en Ciudad Victoria dirige la ofensiva contra el narco en el Estado más explosivo de México. Su puesto de mando es un fortín de ocho hectáreas, con un muro perimetral de cinco metros de alto, por el que asoma la agreste sierra Maestra. A la entrada, un cartel recuerda a Calderón de la Barca: Aquí la más principal / hazaña es obedecer... Esa es la consigna. Cueste lo que cueste. Y cuesta.
Su jefe de inteligencia, el coronel Salvador Haro Muñoz, fue liquidado el año pasado a las pocas horas de acceder al cargo. Veinte sicarios, apostados en azoteas, aguardaron el paso de su vehículo para acribillarle. La información sobre su itinerario la proporcionaron subordinados suyos. Meses después otro de sus mandos más próximos, el general Ricardo César Niño Villareal, encargado de la zona norte, cayó a balazos con su esposa mientras conducía sin escolta. Más de 100 casquillos quedaron junto a su coche. “No se dejó cooptar por el narco y acabaron con él”, sentencia el general Gutiérrez. A él mismo, evangelista y admirador de Benito Juárez, trataron de corromperle. “Pero no lo lograron”. Fue al inicio de su mandato, hace un año, cuando tras abandonar el Ejército pasó a dirigir la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, con el objetivo de crear una nueva policía estatal. Para ello puso a militares de alta graduación al frente de las unidades y, en coordinación con el Ejército, la Marina y la Policía Federal, emprendió una feroz persecución del crimen. Desde entonces, a su juicio, se ha dejado de tocar fondo y la ciudadanía ha vuelto a presentar denuncias. “Si hay autoridad, hay confianza”, dice.
Pero el general no se engaña. Sabe que en un territorio con 17 pasos fronterizos a Estados Unidos, cuna de los dos cárteles más sanguinarios de la historia de México, el fin de la violencia es una quimera. Ahí fuera, más allá de los muros de su fortín, aguarda el enemigo, esa fiera que espanta al mundo y ha convertido Tamaulipas en un humeante cráter de calles abandonadas y miradas huidizas. Con gesto profesional, bajo la luz blanca de su búnker, el general calibra a ese adversario. “Está bien organizado y es muy jerárquico. A los sicarios les une el miedo a ser eliminados, mutilados por sus propios jefes. Vivir en la incertidumbre les cohesiona”.Para enfrentarse a ese ejército bárbaro, Gutiérrez confía en la disciplina y la inteligencia. O como él resume con una amplia sonrisa castrense: “Mejor tener dos huevos, que uno”.
Puerta de entrada a las drogas y armas
Matamoros es la ciudad más convulsa de Tamaulipas, y este, a su vez, el Estado más peligroso de México. Pero, a diferencia de otros puntos negros, disfruta de una relativa bonanza económica. La región dispone de una poderosa industria manufacturera, da paso al 33% del comercio exterior mexicano, y su PIB per cápita triplica el de Guerrero, escenario de la tragedia de Iguala.
Con 3.300.000 habitantes, tiene dos puertos, cinco aeropuertos internacionales y, lo más importante, 17 pasos fronterizos con EE UU. Esta enorme puerta de entrada, como reconoce el secretario de Gobierno, Herminio Garza Palacios, es su mayor peligro. Los pasos, cruciales para el tráfico de drogas y armas, son el centro de la enloquecida guerra entre el cartel del Golfo y Los Zetas. Un combate que, con la caída de los grandes capos, ha pasado a manos de incontrolables franquicias de asesinos, como Los Metros o Los Ciclones.
La intervención militar decidida en mayo pasado por el presidente Enrique Peña Nieto, aunque apoyada por una mayoría de la población, apenas ha frenado esta espiral. La tasa estatal de asesinatos duplica la media mexicana, y la de secuestros es seis veces superior. “La militarización no ha servido. Disueltas las policías municipales, nadie investiga los delitos comunes. Y el narco sigue extorsionando a la gente. Nadie se les escapa”, dice Guadalupe Correa, profesora de la Universidad de Texas.
Jab Nartinez, Ahens, Matamoros, Tamulipas, 15/04/15

913. La nefasta “guerra contra el narcotráfico” debe terminar de una vez por todas

México, Distrito Federal. Cuando asumió la presidencia de México un año atrás, Enrique Peña Nieto prometió adoptar una nueva estrategia contra los carteles de narcotráfico que existen en el país. Su antecesor, Felipe Calderón, había declarado en 2007 una “guerra contra el narcotráfico” que tuvo consecuencias nefastas. Más de 70.000 personas fueron asesinadas y otras 26.000 “desaparecieron” a manos de miembros de las fuerzas de seguridad o fueron denunciadas como extraviadas.
Para muchos en México, poco importó que Peña Nieto no ofreciera detalles concretos sobre cómo pensaba concluir la “guerra”, bastó con que se dispusiera a hacerlo. De hecho, ningún otro tema tuvo mayor incidencia en su elección. Peña Nieto se comprometió a ampliar su agenda de gobierno para incluir reformas en materia de energía, trabajo y educación.
La forma categórica en que él y sus ministros identificaron los fracasos de la estrategia de Calderón, la cual dependió casi exclusivamente del uso de fuerzas de seguridad abusivas y mal preparadas para combatir la delincuencia organizada, generó esperanzas de que pudieran abordar el problema desde otro enfoque.
El mismo Peña Nieto sostuvo que asegurar que policías y soldados respetaran los derechos humanos era una condición indispensable, y no un obstáculo, para reforzar la seguridad. El nuevo gobierno también reconoció que los esfuerzos por profesionalizar a las fuerzas de seguridad debían ser complementados con una formación más eficaz de los fiscales para que pudieran llevar adelante investigaciones destinadas a desarticular los carteles.
Que Peña Nieto pareciera reconocer los errores de la “guerra” torna aún más desconcertante el hecho de que los haya repetido. Consideremos el ejemplo del estado de Michoacán: cuando la violencia asociada al narcotráfico ascendió vertiginosamente a comienzos del mandato de Peña Nieto, la solución que este implementó fue recurrir a las mismas fuerzas de seguridad cuyo desempeño había sido cuestionado. Envió a miles de soldados sin asignarles una misión clara ni establecer plazos para su retirada, y tampoco se previeron medidas de supervisión civil ni capacitación adecuada. Michoacán fue, como lo comprobaron los mexicanos, el primer lugar adonde Calderón envió soldados.
Sin embargo, no resulta sorprendente que esta estrategia no haya tenido resultados exitosos. En octubre, tras una serie de atentados contra estaciones eléctricas que fueron orquestados por carteles en forma coordinada, medio millón de personas quedaron a oscuras en Michoacán. En noviembre, el obispo católico de la región publicó una carta en la cual hablaba de un “Estado fallido”. Entonces Peña Nieto envió a más soldados y policías.
¿Cómo se explica esta insistencia en continuar una política que ha fracasado? Una posibilidad sería que Peña Nieto crea que la crisis de seguridad es demasiado grave como para ser remediada, y por ello se estaría enfocando en otras áreas, como la economía, en las cuales considera que sí puede impulsar cambios. Sin duda, en México las fuerzas de seguridad y los funcionarios judiciales no han inspirado demasiada confianza. Y los carteles se han vuelto cada vez más sofisticados. No obstante, que se trate de problemas enquistados no significa que sean insuperables. Por el contrario, Peña Nieto tiene a su alcance herramientas que permitirían mejorar el modo en que el gobierno combate la delincuencia. El problema radica en que no las está aplicando.
Consideremos el sistema judicial desintegrado del país, donde el 98 por ciento de los delitos denunciados el año pasado han quedado impunes. En 2008, México aprobó un audaz plan para dejar atrás un sistema poco transparente –donde la mayoría de los jueces adoptan decisiones exclusivamente sobre la base de informes escritos– y reemplazarlo por un sistema de juicios públicos donde los jueces pueden ver y escuchar a los acusados. El propósito de la reforma era erradicar muchas de las prácticas más repudiables del sistema, en el cual la investigación de delitos muchas veces implicaba propinar golpizas a presuntos delincuentes para conseguir una confesión. Sin embargo, Peña Nieto prácticamente no ha destinado recursos ni apoyo político a la iniciativa. En algunas partes de México, la implementación ha sido tan deficiente que algunos comienzan a percibir al nuevo sistema como una herramienta que no hace otra cosa que proteger a delincuentes en vez de impartir justicia.
Otra posibilidad es que, al perpetuar el extenso poder militar y renunciar a la investigación de abusos cometidos durante el mandato de Calderón, Peña Nieto se haya asegurado el apoyo del Ejército y de la oposición política para el resto de su programa de gobierno. Sin embargo, en lo que respecta al objetivo de seguridad versus otras reformas, no nos encontramos ante opciones excluyentes.
Difícilmente puedan mejorarse las escuelas si los docentes tienen que entregar parte de su salario a los carteles, como sucedió en el estado de Guerrero durante el gobierno de Calderón. Las empresas de energía tendrán poco interés en invertir en un país donde –según datos proporcionados por el gobierno de Peña Nieto en julio– se ha duplicado la cantidad de conexiones clandestinas, en gran medida por obra de la delincuencia organizada.
De hecho, si este gobierno continúa apoyando todos los aspectos de la “guerra contra el narcotráfico”, y de lo único que prescinde es del nombre de esa estrategia, Peña Nieto podría advertir en el futuro próximo que gran parte de su agenda de reforma ha sido frustrada por la política de seguridad que mantuvo vigente. Y, como lo demuestra este primer año, la violencia y los abusos continuos han tenido un saldo devastador en términos de vidas humanas, que promete seguir agravándose.
Nik Steinberg. Investigador México y Cuba en la División de las Américas de Human Rights Watch. Autor del informe ni derechos ni de Seguridad, que documenta los asesinatos, torturas y "desapariciones" a manos de soldados y policías en México de "guerra contra las drogas." Sus escritos sobre América Latina han sido publicados en el New York Review of Books, el Washington Post, y la Nación. Graduado de la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Dartmouth y la Universidad de Harvard.
Nik Steinberg. Hrw.org. 04/12/13
http://www.hrw.org/es/news/2013/12/04/la-nefasta-guerra-contra-el-narcotrafico-debe-terminar-de-una-vez-por-todas

615. Resistiendo el Modelo de Guerra en México: Un esfuerzo binacional

México, Distrito Federal. Van muy pocos meses desde que hicimos la caravana del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) a Estados Unidos y en este tiempo ha cambiado mucho el contexto de nuestro movimiento, o mejor dicho, de nuestros movimientos.
Hemos visto la toma de posesión de dos nuevos gobiernos—el de Enrique Peña Nieto aquí en México, y aunque Barack Obama empieza un segundo periodo, está haciendo algunos reacomodos, lanzando algunas nuevas iniciativas, profundizando otras y tenemos nuevos Congresos.
Así que hay cambios importantes en los dos lados de la frontera, y éstos, junto con los cambios al interior del movimiento, hacen necesario repensar dónde estamos parados, por dónde podamos caminar hacia adelante, y qué obstáculos vamos a encontrar en este camino.
Nos unen los propósitos de: verdad y justicia para las víctimas, y cambio de política de seguridad hacia una visión de la seguridad humana. Son dos propósitos, pero un sólo camino: sabemos que no hay paz sin justicia, tampoco hay seguridad sin justicia, pues la seguridad se basa en la justicia y en nuestros lazos comunitarios, no en las armas.
En cuanto a la política de seguridad, Enrique Peña Nieto llega con una gran necesidad de distanciarse de la guerra de Calderón, que fue un factor innegable en el descalabro del Partido Acción Nacional (PAN) en las elecciones. Desde la campaña, empieza hablar de modificar la estrategia de “guerra”, de enfocarse más en la seguridad pública y disminuir la violencia, y no tanto en la lucha contra las drogas.
En su gobierno, ahora hablan de “construir la paz” en lugar de seguir la guerra. Hay frases incluso que repiten casi textualmente del mensaje de nosotros. Suena bien.
Y hay algunas acciones concretas que van más allá del cambio en el discurso, como la aprobación de la Ley de Víctimas, que tendría un impacto real en la situación que viven miles de familias de víctimas.
Entonces, la primera pregunta es: ¿Estamos frente a un verdadero cambio del modelo de seguridad a nivel nacional? Desgraciadamente, existen muchos elementos que indican que la respuesta es no.
Como un buen prestidigitador, el gobierno de Peña Nieto está apostando a que nos quedemos viendo como se muevan sus labios, mientras con manos ocultas hace sus trucos.
II. Porqué pensar que no habrá cambio de modelo
1.- El nuevo gobierno, quiénes son y de dónde viene
Nosotros sí tenemos memoria. El PRI no es una incógnita. Muchos nombres en el nuevo gabinete, empezando con el del presidente, están ya asociados con el autoritarismo de la vieja escuela, con el machismo y con la represión.
Es un partido experto en el control social, por múltiples vías: la manipulación del sistema de justicia, la cooptación, la división y la violencia. Y la guerra contra el narco -con la militarización de grandes partes del territorio nacional- es un sistema de control social disfrazado. Les sirve.
Para dar sólo un ejemplo clave: Eduardo Medina Mora. Recordamos que Medina Mora fue el Procurador General en el gobierno de Felipe Calderón hasta el 2009. Este político que fue vocero de la guerra de Calderón y apologista de la injusticia nacional, fue nombrado embajador a Estados Unidos por el gobierno de Peña Nieto. El mismo que anunció en 2008, como titular de la PGR -aparentemente sin ironía-: “Estamos en la guerra para recuperar la paz”; y el que la embajada de Estados Unidos definió como “un jugador clave” en la Iniciativa Mérida -según un cable de Wikileaks, ahora está en Washington a cargo de la relación binacional cuyo eje sigue siendo la Iniciativa Mérida.
2. El presupuesto militar
El presupuesto 2013 sostiene e incrementa el modelo militarizado contra el narco. Tal como fue aprobado, el presupuesto a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es de 60 mil 810 millones; esto duplica el presupuesto del año 2007 y es 5 mil millones de pesos más que en 2012 bajo el periodo de Calderón. Los recursos se destinan a equipo de vigilancia y de ataque, puestos de control en todo el país, etcétera, y su justificación se centra en la guerra interna con los objetivos de “el acotamiento de los grupos armados en todo el territorio nacional, y mejorar los esquemas de operación en el combate integral al narcotráfico, para hacer más eficientes las actividades que se realizan en las vertientes de erradicación, intercepción y lucha contra la delincuencia organizada”.
3. La Gendarmería.
Esta propuesta de Peña Nieto no es en la práctica una forma de desmilitarización. Se contempla la creación de una fuerza inicial de 10 mil efectivos, mayoritariamente militares, con algunos policías. En efecto, y en la ausencia de un verdadero cambio de modelo, es el mismo esquema con diferente nombre.
La otra razón de dudar de un cambio real de modelo de seguridad en este gobierno tiene que ver con su agenda de reformas estructurales anti-populares, una serie de políticas dirigidas al mal-llamado “desarrollo” basado en privatizaciones de los recursos y las tierras nacionales. La imposición de este tipo de reformas se apoya en la militarización para despoblar zonas de interés, para reprimir comunidades y grupos que defienden sus territorios, y para intimidar o de plano eliminar sectores en resistencia.
Otra razón es la dependencia que México tiene con Estados Unidos y el gran interés del gobierno de Estados Unidos en continuar la guerra.
Estados Unidos: En Washington también se ha dicho que el Plan Mérida se ha modificado para tener un enfoque más integral. Sí es cierto que el financiamiento militar directo (FMF) ha disminuido mucho, el modelo de guerra sigue siendo lo mismo y en muchos aspectos se está intensificando. Los siguientes puntos son indicadores:
1. Las declaraciones de John Kerry, el nuevo Secretario de Estado, al Senado hace unos días. Dijo que México está “bajo sitio” y ofreció redoblar esfuerzos. Afirmó que “el presidente (Enrique) Peña Nieto está tratando de mover esto en otra dirección” (menos militarizado) y que por eso es más importante que nunca el apoyo. Incluso fue más lejos, insistiendo en que en cualquier discusión de recortes de presupuesto no se tocara a la iniciativa Mérida: “así que creo que vamos a necesitar convencer a nuestros colegas de la importancia de esta iniciativa”, puntualizó, sin ofrecer una sóla crítica a un modelo que ha dejado más de 100 mil muertos y desaparecidos.
2. La ayuda a México: Si seguimos el dinero y no la retórica, vemos que el modelo sigue sin cambios. El financiamiento del Operaciones en el Exterior (el Departamento de Defensa es otra fuente aparte de ayuda a la guerra en México) en el 2013 contempla 7 millones de dólares a las Fuerzas Armadas, 199 a la lucha contra las drogas, 8 millones para programas contra el terrorismo, y sólo 35 en apoyo económico a un país en el que casi la mitad de la población vive en la pobreza. Eliminan la ayuda en rubros como salud global y se reduce el apoyo al desarrollo. A la vez, las de por si débiles estipulaciones sobre derechos humanos desaparecen.
3. La expansión del entrenamiento militar para efectivos mexicanos en el Comando Norte. El Pentágono está activamente ampliando los programas de entrenamiento de las fuerzas armadas mexicanas en la guerra. Creó un nuevo cuartel de operaciones especiales en Colorado Springs, la sede del Comando Norte, para entrenar a militares mexicanos -en nombre de la guerra contra el crimen organizado- en técnicas utilizadas en Irak. Según la revista Proceso este entrenamiento en Estados Unidos ha incluido “espionaje, tortura, ataques sorpresa y secuestro.” Se enfoca en operaciones de contrainsurgencia-contraterrorismo-contra drogas, que ya empiezan a fundirse en el discurso y en la práctica expansiva de la guerra, lo cual aumenta la criminalización de la protesta. El propósito expreso del nuevo centro es la guerra contra el narco “para que el presidente mexicano Enrique Peña Nieto establezca una fuerza militar enfocada en las redes criminales…” (esto se supone sería la gendarmería). Los militares estadounidenses habían llevado a los mexicanos a visitar centros de operaciones especiales en Balad Irak y Fort Bragg, NC. La agencia de noticias AP reporta el 17 de enero que están entrenando a los mexicanos en tácticas para capturas, como se aplicaron para capturar, es decir para matar, a Osama Bin Laden. Esto llama la atención porque todos los estudios que tenemos indican que esta estrategia de captura de capos (Kingpin strategy) lleva a una explosión de la violencia en el lugar de los hechos, y no funciona para ni para mejorar la seguridad pública ni para reducir el tráfico de las sustancias ilícitas, y mucho menos para la construcción de una paz duradera.
Para que no quede duda de la relación entre estos esfuerzos y el plan hacia México diseñado por Bush y ampliado por Obama, la AP lo deja claro: “las operaciones especiales de entrenamiento del Mando en la actualidad se derivan de la Iniciativa Mérida, formalizada en 2008 para proporcionar asistencia militar amplia a México”.
La imposición del paradigma contra el terrorismo en México tendrá terribles repercusiones. Cuando el gobierno de Calderón empezó a redefinir a los narcotraficantes como un amenaza a la seguridad nacional y no sólo como criminales, los carteles empezaron a actuar, efectivamente, más como una amenaza a la seguridad nacional, se desataron batallas por control de territorio, aumentaron su injerencia en la vida civil y los actos de corrupción de instituciones, desafiando o cooptando el Estado en distintas regiones del país. A la vez, se extiende la presencia y control de Estados Unidos en territorio mexicano en franca violación del concepto de soberanía nacional, y muy probablemente de las leyes nacionales.
No cabe duda que cuando escalan la guerra contra el narco a una guerra contra el terrorismo con el apoyo de los Estados Unidos, los narcos van a empezar a actuar más como terroristas, que no son. Además, la guerra contra el terrorismo se caracteriza por el uso de la tortura, la matanza de civiles -sobre todo mujeres y niños-con drones y golpes indiscriminados, por el odio y el racismo. ¿Acaso es esto lo que queremos en México? ¿Queremos ser el reemplazo de la guerra en Irak para la industria de guerra en Estados Unidos?
Todo eso nos pone frente una situación de simulación que en muchos sentidos es más peligrosa. Hay un esfuerzo para maquillar la guerra, al mismo tiempo que se intensifica. Existe una enorme distancia entre el discurso y la realidad.
Si no seguimos llamando la atención a la realidad de la guerra–como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad ha hecho desde que nació–dejaremos en la indefensión a las víctimas actuales y a las víctimas futuras, de una guerra que oficialmente se ha declarado terminada. El nuevo contexto puede llevar a mayor aislamiento, mayor vulnerabilidad y mayor simulación; ya varios periodistas han reportado políticas editoriales de suprimir notas sobre la violencia (que no ha disminuido) porque contradicen el afán del nuevo gobierno de mejorar la imagen.
Es importante señalar que el hecho de que siga la guerra no quiere decir que no habrá nuevos espacios y oportunidades para el movimiento contra guerra. Sergio Alcocer, subsecretario para América del Norte, anunció una evaluación de la iniciativa Mérida: “y en función de eso se decidirá como continuar o que continuar dentro de la iniciativa u otro proceso que se establezca.” Es el momento de exigir transparencia y participación ciudadana. En Estados Unidos los recortes abren la posibilidad de cuestionar a fondo la iniciativa Mérida y la aplicación del paradigma contra el terrorismo al tráfico de sustancias ilícitas, y la probabilidad de crear otra guerra costosa y amenazante, y enfatizar las alternativas.
En los dos lados tenemos propuestas constructivas frente a la destrucción. El movimiento ha elaborado los documentos sobre seguridad humana, tejido social y corrupción, y en Estados Unidos las organizaciones tienen propuestas de regulación de las drogas, derechos de migrantes y desmilitarización de la frontera, etcétera.
III. Nos une el propósito de poner fin a la guerra, la violencia y la injusticia
Si al lado de la violencia están la estrategia de control social del gobierno mexicano, los políticos autoritarios, las instituciones corruptas, el crimen organizado, el Pentágono, el gobierno del Estados Unidos, algunos empresarios… ¿Qué está del otro lado?
Nosotros. Nosotras.
Las comunidades indígenas en Chiapas y Michoacán que luchan por vivir en paz y cuidar a la Madre Tierra como han hecho por siglos. Los padres y madres que con el corazón partido luchan por la justicia y para que no se olviden de sus hijos. Las defensoras y los defensores de derechos humanos en comunidades y ciudades en todo el país, que por su trabajo se vuelven blancos de la violencia. Los campesinos en Chihuahua que se oponen al modelo Narco-NAFTA de terror y usurpación de sus tierras. Los jóvenes de Ciudad Juárez que viven y resisten en la sombra de la militarización.
Y en Estados Unidos las y los activistas migrantes que dicen que nadie es ilegal y que los muros matan. Las organizaciones de africano-americanos que protestan contra el encarcelamiento de sus hijos por la guerra contra las drogas en Estados Unidos. Las comunidades de la frontera que protestan por la militarización. Los grupos que exigen un fin a la sangrienta política exterior de hegemonía que es el Plan Mérida.
Somos nosotros, que nos hemos encontrado en el camino, que vamos encontrando más. Sería muy forzado pensar en tener una agenda común. Somos diversas organizaciones y movimientos en Estados Unidos, con agendas propias, y México y Estados Unidos enfrentan contextos nacionales muy distintos. Y es importante que cada quién mantenga su enfoque.
Sin embargo, nos une un propósito: poner fin al modelo de guerra que domina en nuestros países, y para algunos, en nuestras comunidades. Las alianzas y los propósitos comunes y mecanismos de coordinación son esenciales. El reto no es necesariamente seguir con planes conjuntos o crear plataformas en cada uno de los 5 ejes–armas, reforma de las políticas hacia las drogas, fin de ayuda militar para la guerra contra el narcotráfico y política exterior, contra el lavado de dinero, y derechos de migrantes—que trabajamos en la Caravana, sino entender cómo se entrelazan en este modelo de guerra que sufrimos y cómo las luchas de todos y todas pueden reforzarse mutuamente para parar esta guerra.
Laura Carlsen. Desinformémonos.org. 04/02/13

594. La trata de mujeres genera 10 mil millones de dólares al año a los cárteles mexicanos


Sólo en Apodaca y Guadalupe, Nuevo León, han desaparecido más de 500 jóvenes
Monterrey, Nuevo León. Se fueron por gusto, espetó un policía ministerial a Isabel Rivera y a otras madres de desaparecidas en Apodaca, Nuevo León, luego de que denunciaron que el crimen organizado había secuestrado a decenas de mujeres jóvenes en ese municipio, más de 103, según el informe reciente de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas de América Latina y el Caribe (Catwlac, por sus siglas en inglés).
“Los cárteles de la droga mexicanos han encontrado un nicho de ganancias inmensas en la trata de mujeres y niñas con propósitos de explotación sexual y pornografía. Anualmente ganan más de 10 mil millones de dólares. Lamentablemente, la Procuraduría General de la República (PGR) no está persiguiendo a los cárteles por la trata de mujeres, sólo por el tráfico de drogas”, expresa en entrevista Teresa Ulloa Ziáurriz, directora para América Latina y el Caribe de Catwlac.
En su nuevo informe sobre la trata y el crimen organizado en México, la organización que promueve el derecho de mujeres y niñas a una vida libre de violencia y explotación sexual, incluye estadísticas cuantitativas y cualitativas en los estados y ciudades de origen de la trata, los factores de vulnerabilidad, las rutas de tránsito, el fin del ilícito y su modus operandi, el tipo de perpetrador solitario o de crimen organizado y los cuatro cárteles de la droga que han incursionado en este próspero delito.
“Los grupos del crimen organizado, particularmente los cárteles del Golfo, Los Zetas, Nuevo Milenio y los Caballeros Templarios, las levantan para usarlas de halconas desde los 12 años; luego las convierten en sicarias, mulas o esclavas sexuales de los jefes de plaza, y cuando se cansan de ellas, simplemente las matan y les desfiguran el rostro para hacer más difícil su identificación. Lo que más nos preocupa es que hemos empezado a ver un vínculo con desaparición de un periodo de tres a seis meses y luego feminicidio”, dice.
El informe titulado Estadísticas cualitativas y cuantitativas para medir el efecto de las nuevas formas de criminalidad violenta contra las mujeres: la trata de mujeres, niñas y adolescentes y sus vínculos con la delincuencia organizada traza un mapa delictivo por Estado de las nuevas violencias contra las mujeres y cómo el avance de la criminalidad en México ha afectado sus vidas, sin que los operativos oficiales ofrezcan seguridad a las mujeres. Analiza los niveles de impunidad sobre la trata y la eficiencia de la respuesta gubernamental: “Las mujeres vivimos con miedo, y ya no se sabe quiénes son peores, si los cuerpos policiacos y las fuerzas armadas, o los cárteles de la droga”.
Desaparecidas en Apodaca
Hace tres años, Guadalupe Jazmín Torres Rivera desapareció en Apodaca, Nuevo León. Durante una semana secuestraron a más de una docena de jovencitas en el mismo barrio; algunas fueron levantadas en la calle, en la parada del autobús y otras fueron sacadas de sus casas a punta de pistola. Sus casos están incluidos en el informe de Catwlac.
Desde entonces han desaparecido más de 200 mujeres en Apodaca y otras tantas en el municipio de Guadalupe, dice Isabel Rivera, madre de Guadalupe Jazmín, quien junto a otras madres de desaparecidas (más de 500) han emprendido una incansable lucha por su localización.
Las autoridades no las están buscando. Es la misma discriminación desde que empezamos. Las discriminan por ser mujeres y luego no las buscan. Lo último que nos dijo un ministerial es que ellas se fueron por gusto. Yo le contesté que ellas no harían eso y que su argumento era una excusa para no buscarlas, pero les da igual, comenta Rivera, quien ha observado cómo los expedientes permanecen igual, sin avance, a pesar del tiempo transcurrido.
Las madres han señalado a las autoridades la necesidad de buscar a las jóvenes de entre 15 y 23 años en los locales de servicios sexuales, como las salas de masaje, los llamados men’s club, los prostíbulos y los table dance en la entidad: Pero la policía ministerial de Nuevo León no entra ni las busca allí; no se meten. Nunca han hecho una redada para localizar mujeres en situación de trata. Queremos que se investigue a fondo.
La última noticia que tuvo de Guadalupe Jazmín fueron dos llamadas en 2012. Las dos fueron en fechas simbólicas: una el día en que a ella la secuestraron saliendo de dar clases de baile en el DIF, y la otra, en el cumpleaños de su hija. La operadora me dijo si yo aceptaba la llamada de un familiar de Torreón, Coahuila, pero luego cortaba. La policía dijo que las llamadas fueron realizadas desde un banco HSBC y me dijeron que iban a buscar los videos, pero no cumplieron.
Isabel Rivera cuenta que no hay un solo día que no piense en su hija y que su nieta de seis años le da la fuerza para seguirla buscando: Estas llamadas son una señal de que está viva. Yo la siento. Me llena de esperanza. Tengo fe de encontrarla. Ella tiene que regresar.
El rescate
El informe de Catwlac incluye las formas de rescate y daño de las víctimas. En los seis años recientes esta organización ha logrado rescatar a mil 37 víctimas: El problema es que hemos podido ubicar a algunas, todas adolescentes entre 12 y 16 años, pero no pueden dejar de trabajar para ellos, porque están amenazadas de muerte, tanto ellas como sus familias, lo que las lleva a paralizarse. Por un lado, la amenaza del grupo delictivo y por el otro, la del Ejército, que ahora las está deteniendo y enviado a los juzgados para jóvenes en conflicto con la ley penal.
Según las estadísticas del más reciente informe sobre trata de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) 90 por ciento de este delito es con fines de explotación sexual, pero las autoridades mexicanas no lo toman en cuenta cuando realizan operativos: “Lo que realmente pasa en muchos de los casos es que aun estando bajo el control de sus tratantes o explotadores, las mujeres en situación de trata las dejan a cargo de las nuevas mujeres o niñas reclutadas, y al llegar el operativo policial o militar, son detenidas y llevadas ante la justicia como presuntas culpables y el verdadero tratante o explotador, nunca responde frente a la justicia. Las autoridades no han entendido bien el delito. No se le está dando prioridad. Persiguen la extorsión, el secuestro, la piratería, pero no le entran a la trata. El delito no está siendo perseguido y socialmente está naturalizado”, afirma Ulloa Ziáurriz.
El rescate de las víctimas mexicanas de trata trasciende las fronteras: Hemos encontrado a muchas chicas del otro lado, concretamente en Nueva York, a las que pasaron por Reynosa, Tamaulipas, donde las inician. Tenemos una rescatada allá y una chica registrada en el padrón de Reynosa con el nombre y los papeles de la que tengo en Nueva York. Les cambian la identidad. Las pasan por McAllen, Texas, y como no se persigue el delito, 99 por ciento de los casos quedan en la impunidad.
Ulloa Ziáurriz fue una de las precursoras de la nueva ley para prevenir, sancionar y erradicar los delitos de trata, pero está convencida que se necesita reformarla: Lamentablemente en el Senado la echaron a perder, los cambios que le hicieron los legisladores priístas fueron para generar mayor impunidad. Y en este gobierno no hemos escuchado ni una sola manifestación contra la trata de Enrique Peña Nieto o de su gabinete.
El nuevo informe exhibe la poca efectividad de las actuaciones de las autoridades mexicanas en la persecución del delito y en el acceso a la justicia para las víctimas. El año pasado, por ejemplo, sólo hubo 31 consignaciones por este delito, pero se lograron únicamente dos sentencias a escala federal y siete en los estados, aunque dos absolutorias.
El problema más grave que tiene la PGR es que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) no tiene facultades para nada. La crearon para callarnos la boca, pero no funciona, al final de cuentas sólo tiene competencia para los asuntos federales y donde no hay delincuencia organizada. Hay que cambiarla.
Las complicidades
El informe de Catwlac ubica los focos rojos del país en la incidencia de mayor número de desapariciones de mujeres y niñas con fines de trata y explotación sexual: Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas, Durango, Chiapas, Oaxaca, estado de México, Hidalgo, Baja California Sur, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas.
La investigación cruza los datos de desapariciones y las vincula con la frecuencia de feminicidios: “Son feminicidios con razgos similares y características de una violencia salvaje. Los cuerpos aparecen todavía con fauna cadavérica. Los cráneos están separados de los cuerpos, la mayoría son cráneos limpios y con la mandíbula separada. Tienen golpes en todo el cuerpo, quebrados los dientes de enfrente, sus manitas crispadas, y algunas están completamente con la pelvis y las piernas desarticuladas por las violaciones. Creemos que este modus operandi está directamente relacionado con la posibilidad de evitar la identificación, porque les arrancan el tendón que une la quijada y es el más fuerte que tenemos en el cuerpo para obtener el ADN y la mayoría de las procuradurías de los estados no cuentan con la tecnología para ese tipo de prueba, algunos ni siquiera para sacar el ADN”.
Con base en su experiencia, Ulloa Ziáurriz afirma que la trata en México es un negocio constituido por redes de complicidad entre el poder político, económico y el crimen organizado, y hay nexos entre hombres propietarios de negocios sexuales metidos en política. Según la PGR, unas 800 mil mujeres adultas y 20 mil menores son obligadas a ingresar a las 47 redes de trata que existen en el país: “Hay intereses muy fuertes. Después de violarlas se las llevan a explotarlas a los men’s club y lugares como los masajes eróticos, que ahora se han extendido de forma alarmante en todo el país, donde hay servicio de prostitución. Son lugares que se han convertido en los nuevos negocios de lavado de dinero procedente del narcotráfico”.
SanJuana Martinez. La Jornada.unam.mx. 06/01/13

561. Su nueva misión es la Paz

En su discurso frente a miembros de las Fuerzas Armadas, el presidente nunca hizo referencia a la “guerra” contra el crimen organizado
México, Distrito Federal. El presidente de México Enrique Peña Nieto cambió radicalmente el paradigma de la administración de Felipe Calderón respecto al objetivo de las Fuerzas Armadas de México. Ahora ya no lanza a los militares a ninguna guerra. Al contrario, los envía a construir la paz.
Peña Nieto no llegó al homenaje que le brindaron las Fuerzas Armadas, en el Heroico Colegio Militar, enfundado en una casaca verde olivo. Su discurso tampoco hizo jamás referencia a una guerra contra el crimen organizado de la que los mexicanos suelen estar hartos
El discurso del nuevo mandatario, en cambio, instruyó cuál debe ser la nueva misión para el Ejército, Fuerza Aérea y Marina Armada de México: alcanzar la paz. Edificar la paz, además, respetando puntillosamente los derechos humanos, en todo el territorio.
“Trabajemos juntos por un México en paz, próspero y con responsabilidad global”, propuso.
También será parte del cometido de las Fuerzas Armadas de México (FAM) en el sexenio que inicia, continuar con la labor social que han desempeñado siempre, hacia la que Peña Nieto ofreció su “profundo” reconocimiento.
“Su labor es amplia y de inestimable valor”, dijo el mandatario.
En su discurso, de unos 10 minutos, Peña Nieto hizo referencia a su persona al menos en cinco ocasiones, como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.
Escogió presentarse a sí mismo bajo tal título por el carácter protocolario, institucional y castrense del evento, como por su magnitud.
Sus palabras encomiaron los valores castrenses del honor, lealtad, patriotismo, valor y abnegación, que han sido provechosos y lo seguirán siendo, para velar por la democracia, la justicia y la paz.
Resaltó el carácter de apoyo social que desarrollan Ejército y Marina. Calificó a los elementos como mujeres y hombres valientes en que las Fuerzas Armadas lucen capaces y dispuestas “al máximo sacrificio para auxiliar a la población civil”.
Las Fuerzas Armadas siempre están ahí, dijo, ayudando a la ciudadanía. Cuando se requiere de una acción integral para cuidar de la salud pública, ahí están también, respaldando las campañas preventivas, como las de vacunación.
Regreso no inmediato a cuarteles
No cabe duda que los primeros días del gobierno de Peña Nieto son muy diferentes a los de Felipe Calderón en 2007.
Eso sí, previno el Presidente, las Fuerzas Armadas no regresarán en lo inmediato a los cuarteles, sino gradualmente. Lo harán cuando se aplique ya la nueva Política de Estado por la Seguridad y la Justicia. En tanto eso ocurre, por ahora se mantendrán en tareas de seguridad en beneficio de la ciudadanía.
Bajo mi mano –recalcó el Presidente- las Fuerzas seguirán siendo factor de estabilidad y de confianza social, y continuarán cumpliendo con decisión “la elevada misión de garantizar la seguridad interior y la defensa exterior de la República”.
Su misión es lograr un México en paz –apuntó Peña Nieto-, labor en la que deberán ser escrupulosamente respetuosos de los derechos humanos. Asimismo llamó a las FAM a coadyuvar con el resto del gobierno a implementar los cinco ejes rectores de su mandato.
Armonizando a los guerreros
En un evento organizado en conjunto por el Ejército, Fuerza Aérea y Marina-Armada de México, en las instalaciones del Heroico Colegio Militar de Tlalpan, el Jefe del Ejecutivo fue recibido con amplios honores, música marcial, pólvora festiva tricolor y un desfile de diversas agrupaciones castrenses.
El mensaje no-verbal, sino simbólico, no podía ser más claro: el nuevo gobierno federal deja atrás posibles distanciamientos entre las más importantes secretarías relacionadas con la seguridad nacional.
Al mismo tiempo Peña Nieto –justo en el día de Santa Bárbara, patrona de los artilleros celebrada cada cuatro de diciembre, logró armonizar los criterios a veces disímbolos de la Sedena y la Marina, emitiendo un mensaje de unidad en las Fuerzas Armadas.
Faltaría por ver si este mismo espíritu de conciliación, diálogo y acuerdos, mostrado el domingo pasado en la firma del Pacto por México, entre presidencia y los tres principales partidos políticos, tanto como ayer entre Sedena y Semar, puede extenderse a la conflictiva SSP federal.
En el evento se ofreció por igual un desayuno. Peña Nieto fue el único orador. No tomó la palabra ninguno de los secretarios ahí presentes, ni los anfitriones General Salvador Cienfuegos de la Defensa, ni el Almirante Vidal Soberón, de la Armada, ni los invitados Miguel Ángel Osorio Chong, de Segob; Rosario Robles de Sedesol o Claudia Ruiz Massieu, de Turismo.

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