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1352. “Guerra en México disparó violaciones, asesinatos y desapariciones de niños”: ONU

El Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños dijo que la violencia armada, el narcotráfico y la lucha contra el crimen organizado en México han resultado en un alto número de decesos de menores, y lamentó el “alto número de desapariciones de niñas”, y “el alto número de feminicidios”.
También habló sobre “los asesinatos, secuestros, desapariciones, violencia sexual, explotación y abuso de menores inmigrantes”, y de ”los informes corroborados de que cientos de niños han sido víctimas de abuso sexual por parte de clérigos de la Iglesia católica”.
México se sometió al escrutinio del Comité los pasados 19 y 20 de mayo. Este miércoles se dieron conocer las conclusiones del mismo, en las que el grupo de expertos que conforma el Comité puso énfasis en la situación y problemas por los que atraviesa la infancia en México.
Un tema en el que dedicaron varios apartados fue el referente a la explotación sexual, especialmente de niñas. Al respecto el Comité denunció el alto número de embarazos adolescentes como consecuencia de abusos, y se sorprendió del hecho que los violadores puedan evitar el castigo si se casan con la víctima.
Los expertos pidieron que se despenalice el aborto, a menos en los casos de violación, incesto o riesgo para la vida de la madre, y recordó que el alto número de interrupciones del embarazo inseguras ha hecho aumentar la mortalidad materna.
Otro de los asuntos en los que el Comité demostró su “gran preocupación” es en “los informes corroborados de que cientos de niños han sido víctimas de abuso sexual por parte de clérigos de la Iglesia católica”.
Los expertos lamentaron la impunidad de la que han gozado los culpables, por lo que solicitaron que el Estado investigue, juzgue y castigue a los clérigos sospechosos.
Este día, el Papa Francisco aprobó el procedimiento para juzgar a los obispos que cometan delitos de abuso de poder, como las responsabilidades en los casos de pederastia, y que serán competencia de una nueva sección de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Hasta ahora no se podían poner denunciar los comportamientos de los obispos por este tipo de delitos, desde ocultación de casos de pederastia o gestión de las diócesis, y por ello, en la última reunión del C9, el cardenal Sean O’Malley había expresado su preocupación por este tema y la necesidad de darle una respuesta.
Sobre la situación por la que atraviesan los menores migrantes en México, la ONU pidió al gobierno de Enrique Peña Nieto ”evitar los asesinatos, secuestros, desapariciones, violencia sexual, explotación y abuso de menores inmigrantes”.
En abril pasado, el Pew Research Center dijo que “el Presidente [Barack] Obama y otros funcionarios estadounidenses dijeron que [México] ha contribuido a una caída significativa en el arresto de menores en la frontera entre ambos países”.
En tanto, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) denunció en mayo que el control migratorio se ha intensificado en México como consecuencia del Programa Plan Frontera Sur, lo cual plantea importantes problemas humanitarios “especialmente para los niños migrantes”.
Al respecto, los expertos solicitaron que se “investigue, se procese y se castigue a los culpables, incluyendo cuando éstos son agentes del Estado”.
El Comité recordó que debe prevalecer el interés del niño en la toma de decisión sobre su paradero y su eventual deportación.
Los expertos también se refirieron a las corridas de toros y los efectos que éstas tienen tanto en los niños toreros como en los que son simples espectadores.
El Comité pidió explícitamente a México que prohíba a niños ejercer como toreros, una práctica que los expertos consideraron “trabajo infantil”. Pidieron que proteja a los menores espectadores de un espectáculo violento que les puede afectar negativamente.
Por otra parte, el informe hace hincapié en la necesidad de dar especial atención a los niños indígenas y a los descendientes afromexicanos para protegerlos de cualquier forma de explotación y violencia.
Con respecto a la justicia juvenil, el Comité lamentó que haya distintas legislaciones y que los niños puedan ser condenados a menores o mayores penas por el mismo delito en función de donde residan o donde lo hayan cometido.
Por otra parte, los expertos solicitaron a México que revoque las leyes que permiten reclutar a menores de 16 y 17 años, y que aumente la edad de reclutamiento voluntario hasta los 18 años.
“El Comité urge al Estado a penalizar explícitamente el reclutamiento y la participación de niños en las hostilidades, incluyendo en los grupos no estatales”. De hecho, los expertos se alarman del alto número de reclutamiento de niños por parte de los grupos organizados y la falta de penalización y persecución de esta práctica.
SinEmbargo.mx. México, Distrito Federal, 10/06/15

Sobrevivir en Tamaulipas

Una alcaldesa, un periodista y un general encarnan la lucha de quienes no se rinden al narco en el Estado más violento de México
Tamaulipas, puerta de entrada a las drogas y armas
En los mapas, Matamoros se sitúa en el noreste de México, a orillas del río Bravo, cara a cara con Brownsville (Texas). Pero en la mente de los mexicanos es lo más cercano al infierno. La ciudad, de medio millón de habitantes, vive en un estado de guerra permanente. Bajo el control del cártel del Golfo, enzarzado en una demencial lucha contra Los Zetas, hay días en que los sicarios cortan los principales accesos, y las autoridades piden a los vecinos que no salgan a las grandes avenidas. El aire se llena entonces de pólvora. Pero pocas veces se sabe de dónde proceden las balas. Con una tasa de asesinatos casi 40 veces superior a la española, la segunda ciudad de Tamaulipas es, para muchos, una tumba abierta. Desde este agujero, un periodista, una alcaldesa y un general cuentan su historia. Todos viven amenazados por el narco.
La alcaldesa de Matamoros
Norma Leticia Salazar Vázquez, de 37 años, es una mujer de una pieza. Nacida y criada en Matamoros, está dispuesta a morir luchando. No lleva armas, pero se ha entrenado para, si llega el momento, apretar el gatillo. “Pelearé hasta el final”, dice esta alcaldesa del Partido Acción Nacional (PAN) que se ve a sí misma como la última encarnación de la ley al sur del río Bravo. Suya es la frase: “Después de Dios, la única autoridad aquí es Lety Salazar”. Toda una declaración de intenciones en una ciudad devastada por la bestia del cartel del Golfo. Un municipio de calles lunares donde las espuelas del crimen resuenan en cada esquina.
A las 20.10 del pasado domingo 8 de marzo, el Chevrolet Tahoe en el que regresaba de un acto fue emboscado. Dos vehículos se cruzaron en su camino y empezaron a ametrallarlo. Salazar y su escolta lograron esquivar la primera embestida, y perseguidos a balazos recorrieron media ciudad hasta hallar refugio en el Ayuntamiento. Se salvaron, pero posiblemente al narco ya le daba igual. La señal había sido enviada.
Han pasado tres semanas, la alcaldesa de Matamoros está sentada en la sala noble del consistorio. Tras los cristales blindados, Salazar, sombra de ojos a juego con su camisa azul, parece una mujer menuda. Pero la impresión es engañosa. Toda ella exuda vitalidad. Y ambición. Quienes la conocen, dicen que nunca descansa. Ha sido edil, diputada federal y ahora no oculta su sueño de ser gobernadora.
Al llegar al Ayuntamiento en 2013, liquidó a la Policía Municipal, vasalla del narco, y purgó de corruptos los departamentos más sensibles. Hizo de la seguridad su bandera. En la capital del cártel del Golfo, algunos creyeron vislumbrar una nueva etapa. Su nombre comenzó a ser conocido, pero pronto también sus sombras: su mano derecha fue detenido por fraude al fisco, y la unidad paramilitar encargada de la seguridad cayó involucrada en el asesinato de tres jóvenes estadounidenses. El fango de Matamoros empezó a burbujear a su alrededor. Y fue entonces cuando el cártel del Golfo apuntó contra ella. “Sabíamos que iba a atacar”, rememora Salazar.
De la emboscada asegura que no le han quedado secuelas y que prefiere mirar adelante. “Para llegar hasta donde Dios me lleve”. En Lety Salazar, nieta de una pastora de la iglesia Templo Aposento Alto y ella misma una evangelista, la fe es un arma lista para disparar.
El periodista
La rutina, en ocasiones, es un acto heroico. A las siete de la mañana del pasado 4 de marzo, Enrique Juárez, director de El Mañana de Matamoros, recibió la llamada que ningún periodista quiere oír. Por teléfono le informaron de que los ejemplares de su periódico no habían llegado a la ciudad. La víspera, después de tres días de sangrienta ofensiva del narco, Juárez había tomado la decisión, junto a su editor, de publicar en primera página lo que estaba ocurriendo. El titular, a cuatro columnas, decía: “Combates: 9 muertos”. La información detallaba, sin dar el nombre de los cárteles, el horror habitual de Tamaulipas: tres días de asedios en zonas urbanas y carreteras, cuatro ciudades bloqueadas por los sicarios, enfrentamientos a tiros con las fuerzas de seguridad, avenidas principales cortadas con trailers para desvalijar a los conductores, cadáveres en las cunetas… La verdad que nadie cuenta ya en Matamoros, condensada en una primera página. Un desafío que al cartel del Golfo no le pasó inadvertido.
En la autopista, los sicarios interceptaron la furgoneta de distribución y la sacaron del firme. Su destino era quedar ahí. Pero Juárez hizo lo que nadie esperaba: logró convencer a una grúa y él mismo acudió a rescatar la edición. A las once, El Mañana de Matamoros llegaba a los quioscos. Cinco horas después, dos sicarios irrumpían a cara descubierta en la modesta sede del periódico. “Intenté defenderme con un cuchillo, pero me derribaron. Cuando bajaba las escaleras, me resigné a morir”. Le metieron en una furgoneta y ahí le insultaron, golpearon y amenazaron. Cuando la tortura terminó, Juárez supo que debía abandonar para siempre Matamoros. Se quedó en el periódico hasta las ocho de la tarde y, ya de noche, cruzó la frontera con Texas. Ahora, sentado en un bar de Brownsville, tomando a sorbos lentos una cerveza, se pregunta cuándo se perdió la batalla. “Hace mucho tiempo que dejé de entender”, murmura. En su relato emerge un universo derrotado por la violencia, donde el lenguaje se ha corrompido y a la víctima se le llama abatido, y a los sicarios, civiles armados; donde quienes se atreven a contar lo que ocurre, incluso anónimamente o a través de las redes sociales, son localizados y exhibidos muertos en su propia cuenta de Twitter.
“Tengo la vana esperanza de que algún día se arreglen las cosas y podamos hacer periodismo, porque lo de ahora es pura simulación; los cárteles, las autoridades, la gente lo saben; todos simulan”. A sus 51 años, Enrique Juárez es consciente de que jamás podrá regresar a Matamoros, pero sueña, como cualquier periodista, con volver a informar.
El general
El general Arturo Gutiérrez García tiene a la muerte por sombra. Desde su cuartel en Ciudad Victoria dirige la ofensiva contra el narco en el Estado más explosivo de México. Su puesto de mando es un fortín de ocho hectáreas, con un muro perimetral de cinco metros de alto, por el que asoma la agreste sierra Maestra. A la entrada, un cartel recuerda a Calderón de la Barca: Aquí la más principal / hazaña es obedecer... Esa es la consigna. Cueste lo que cueste. Y cuesta.
Su jefe de inteligencia, el coronel Salvador Haro Muñoz, fue liquidado el año pasado a las pocas horas de acceder al cargo. Veinte sicarios, apostados en azoteas, aguardaron el paso de su vehículo para acribillarle. La información sobre su itinerario la proporcionaron subordinados suyos. Meses después otro de sus mandos más próximos, el general Ricardo César Niño Villareal, encargado de la zona norte, cayó a balazos con su esposa mientras conducía sin escolta. Más de 100 casquillos quedaron junto a su coche. “No se dejó cooptar por el narco y acabaron con él”, sentencia el general Gutiérrez. A él mismo, evangelista y admirador de Benito Juárez, trataron de corromperle. “Pero no lo lograron”. Fue al inicio de su mandato, hace un año, cuando tras abandonar el Ejército pasó a dirigir la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, con el objetivo de crear una nueva policía estatal. Para ello puso a militares de alta graduación al frente de las unidades y, en coordinación con el Ejército, la Marina y la Policía Federal, emprendió una feroz persecución del crimen. Desde entonces, a su juicio, se ha dejado de tocar fondo y la ciudadanía ha vuelto a presentar denuncias. “Si hay autoridad, hay confianza”, dice.
Pero el general no se engaña. Sabe que en un territorio con 17 pasos fronterizos a Estados Unidos, cuna de los dos cárteles más sanguinarios de la historia de México, el fin de la violencia es una quimera. Ahí fuera, más allá de los muros de su fortín, aguarda el enemigo, esa fiera que espanta al mundo y ha convertido Tamaulipas en un humeante cráter de calles abandonadas y miradas huidizas. Con gesto profesional, bajo la luz blanca de su búnker, el general calibra a ese adversario. “Está bien organizado y es muy jerárquico. A los sicarios les une el miedo a ser eliminados, mutilados por sus propios jefes. Vivir en la incertidumbre les cohesiona”.Para enfrentarse a ese ejército bárbaro, Gutiérrez confía en la disciplina y la inteligencia. O como él resume con una amplia sonrisa castrense: “Mejor tener dos huevos, que uno”.
Puerta de entrada a las drogas y armas
Matamoros es la ciudad más convulsa de Tamaulipas, y este, a su vez, el Estado más peligroso de México. Pero, a diferencia de otros puntos negros, disfruta de una relativa bonanza económica. La región dispone de una poderosa industria manufacturera, da paso al 33% del comercio exterior mexicano, y su PIB per cápita triplica el de Guerrero, escenario de la tragedia de Iguala.
Con 3.300.000 habitantes, tiene dos puertos, cinco aeropuertos internacionales y, lo más importante, 17 pasos fronterizos con EE UU. Esta enorme puerta de entrada, como reconoce el secretario de Gobierno, Herminio Garza Palacios, es su mayor peligro. Los pasos, cruciales para el tráfico de drogas y armas, son el centro de la enloquecida guerra entre el cartel del Golfo y Los Zetas. Un combate que, con la caída de los grandes capos, ha pasado a manos de incontrolables franquicias de asesinos, como Los Metros o Los Ciclones.
La intervención militar decidida en mayo pasado por el presidente Enrique Peña Nieto, aunque apoyada por una mayoría de la población, apenas ha frenado esta espiral. La tasa estatal de asesinatos duplica la media mexicana, y la de secuestros es seis veces superior. “La militarización no ha servido. Disueltas las policías municipales, nadie investiga los delitos comunes. Y el narco sigue extorsionando a la gente. Nadie se les escapa”, dice Guadalupe Correa, profesora de la Universidad de Texas.
Jab Nartinez, Ahens, Matamoros, Tamulipas, 15/04/15

1132. México indignado: dos meses después

Imagen: Desinformémonos.
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La indignación no cesa en México, a dos meses de la desaparición de los 43 estudiantes
La trágica noche del 26 de septiembre en la que desaparecieron 43 estudiantes algo en México cambió: dos meses después, la indignación no cede en las calles y el gobierno se ve obligado a dar un golpe de timón para enfrentar la impunidad y corrupción.
El presidente Enrique Peña Nieto, en su peor crisis en dos años en el poder, anunciará el jueves reformas en la justicia y la creación de una policía única que controle a las policías municipales, infiltradas por el crimen organizado.
“Se deben tomar decisiones donde hay debilidades del Estado mexicano”, adelantó el ministro de Gobernación (interior), Miguel Angel Osorio Chong.
El plan, para cuya ejecución se creará una comisión de todos los poderes del Estado, establecerá filtros para detectar funcionarios en el crimen organizado y reformas legales anticorrupción, que han estado durmiendo en el Congreso.
“Veremos qué profundidad tendrán esas medidas. Hasta ahora el presidente no ha tenido una respuesta coherente a la crisis y tiene que dar una válvula de escape, ocuparse de lo que no había atendido: la corrupción y la violencia”, declaró el experto en seguridad Alejandro Hope.
La desaparición de los estudiantes de la escuela de maestros de Ayotzinapa desnudó la colusión de autoridades y narcotráfico. Los jóvenes fueron atacados a tiros en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, por policías corruptos bajo órdenes del alcalde vinculado con el cartel Guerreros Unidos.
Según las autoridades, tres sicarios narcos detenidos confesaron que los policías se los entregaron, que los mataron y quemaron en una hoguera que ardió por 15 horas, y lanzaron a un río los restos calcinados y triturados.
México aún no se repone de esa noche de horror. “Marcó un despertar civil. La clase política está en entredicho, pero el país se topó de frente con la cruda realidad que muchos no querían ver”, opinó Jorge Hernández, analista de la Universidad Nacional Autónoma de México.
El ultimátum
Cada día, en una ebullición social de baja intensidad, han ocurrido protestas, algunas con quema de edificios estatales y bloqueos, que pasaron en este tiempo del clamor “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” al de “¡Fuera Peña Nieto!”.
Los padres de los estudiantes, que no aceptan la versión oficial, exigen al gobierno que los busque y se los devuelva vivos. “Eso es casi un imposible, como pedir la renuncia de Peña Nieto. Aquí se aprovechan los anarquistas, con agenda propia, para desestabilizar”, dijo el académico José Antonio Crespo.
Bajo la amenaza de recrudecer las protestas, estudiantes de Ayotzinapa dieron esta semana al mandatario un “ultimátum” para que renuncie el 1 de diciembre, cuando se cumplen dos años de su investidura.
Para Peña Nieto, quien devolvió el poder al hegemónico Partido de la Revolución Institucional (PRI), sectores de los manifestantes buscan “desestabilizar” a su gobierno, molestos por sus reformas energética y educativa.
“El gobierno está pasmado. Este debería ser un punto de inflexión para hacer medidas más profundas, de anticorrupción, que toda la clase política acepte, quiera o no”, consideró Crespo.
Un influyente editorialista, Ciro Gómez Leyva, fue tajante sobre la relevancia del anuncio que hará el presidente ante la tormenta que le cae: “No tendrá una segunda oportunidad”.
Un cambio de guión
En plena crisis de pérdida de confianza, Peña Nieto fue señalado de supuesto “conflicto de intereses” por una lujosa mansión que su esposa Angélica Rivera, exactriz de telenovelas, compró a través de una empresa favorecida con proyectos estatales. Sus aclaraciones no lograron aplacar las críticas.
“Es el primer telepresidente de México. Sus reformas ofrecieron una nueva telenovela nacional, pero demasiado pronto se le atravesó la realidad“, opinó el escritor Juan Villoro en el diario Reforma.
Aunque prometió pacificar el país, Peña Nieto continuó la ofensiva militar antinarcóticos del expresidente Felipe Calderón, que desde 2006 deja unos 80.000 muertos y 22.000 desaparecidos.
También siguió la certificación de policías con pruebas de confianza, reprobadas por más de 40.000 agentes. La única novedad fue una gendarmería y un programa de prevención del crimen, aún sin frutos.
Iguala silenció el discurso que exaltaba una baja en la violencia. “Hoy está obligado a cambiar de guión“, subrayó Hope.
La crisis también derrumbó la imagen de reformador de México de que gozaba Peña Nieto aún hace dos meses. Ha sido blanco de mítines de repudio en ciudades del mundo y de presiones de organismos humanitarios por una investigación transparente de lo sucedido en Iguala.
Habituado a hablar sin reparos, el presidente uruguayo José Mujica llegó a afirmar que la desaparición de los estudiantes mostraba a un “Estado fallido”. Aunque en seguida se retractó, ya había echado sal a la herida.
Noticias24. 25/11/14

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Cronología del caso Ayotzinapa: Normalistas cumplen dos meses desaparecidos
Aquí, una recapitulación de todos los hechos relacionados con la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, que ha encendido protestas y alarma entre organizaciones a nivel nacional y mundial.
El 26 de septiembre pasado, estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fueron atacados por policías municipales de Iguala y Cocula; 43 fueron detenidos y posteriormente entregados a integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, una escisión del cártel de los Beltrán Leyva. A partir de ese momento, según la versión oficial, nada se sabe de los normalistas.
Aquí una recapitulación de todos los hechos relacionados con el secuestro de los estudiantes, que ha encendido protestas y alarma entre organizaciones a nivel nacional y mundial:
26 de septiembre
Estudiantes de la Normal de Ayotzinapa tomaron dos camiones para llegar a Iguala, lugar en el que tomaron otras dos unidades, adonde se dirigían —según testimonios de algunos estudiantes— a tomar dos camiones que les faltaban para viajar a sus prácticas a la Costa chica de Guerrero, así como enviar una comitiva a la Ciudad de México a la marcha conmemorativa del 2 de octubre.
Sin embargo, ya en Iguala, el alcalde José Luis Abarca ordenó a la policía municipal detenerlos, y para ello pedir apoyo a la policía de Cocula (un municipio cercano), al suponer que se dirigían a boicotear el acto de informe de gobierno de su esposa, María de los Ángeles Pineda.
En el hecho murieron seis personas, entre ellas tres normalistas, 25 resultaron heridos y 43 más desaparecieron.
30 de septiembre
22 policías son detenidos por presuntamente haber participado en el asesinato de seis personas en Iguala. Fueron trasladados al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Las Cruces, en Acapulco, donde enfrentarán un proceso jurídico por el delito de homicidio.
Iñaky Blanco Cabrera, titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Guerrero, confirmó ese día que los hechos de violencia en Iguala se debieron a un uso excesivo de la fuerza por parte de 22 efectivos policiacos.
El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, pidió licencia a su cargo por 30 días para facilitar las investigaciones que involucran a la Policía Municipal, solicitud que fue aprobada por unanimidad en sesión de cabildo.
Hasta ahora, el funcionario local y su esposa están prófugos.
1 de octubre
El gobernador Ángel Aguirre Rivero anunció la emisión de una orden de presentación en contra del alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.
“También se realiza una orden de presentación del quien fungía como secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores”, tuiteó el funcionario estatal.
3 de octubre
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó la desaparición de los 43 estudiantes. El organismo internacional calificó el hecho como uno de “los sucesos más terribles de los tiempos recientes”.
4 de octubre
En medio de la búsqueda de los estudiantes, la procuraduría de Guerrero confirmó el hallazgo de seis fosas clandestinas en las zonas de Pueblo Viejo y Loma de Coyote, en Iguala (a unos 30 minutos de donde ocurrió el ataque a los normalista); posteriormente se dio a conocer que había 28 cuerpos en ellas.
La Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el caso de los normalistas, a 10 días de su desaparición. A partir de ese momento, la Procuraduría de Guerrero sólo coadyuva en las investigaciones.
5 de octubre
El procurador de Guerrero informó que, a partir de la declaración de dos presuntos integrantes de Guerreros Unidos detenidos, policías de Iguala habrían entregado a 17 normalistas al grupo delictivo, quienes fueron asesinados en una zona cercana adonde localizaron las fosas.
Asimismo, el Consejo Político Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) determinó por unanimidad expulsar  de sus filas a José Luis Abarca, el alcalde de Iguala prófugo.
6 de octubre
Once días después de la desaparición de los jóvenes, el presidente Enrique Peña Nieto habló por primera vez sobre el caso (aquí el video). “Al igual que la sociedad mexicana, como presidente de la República, me encuentro profundamente indignado y consternado ante la información que ha venido dándose a lo largo del fin de semana”, dijo el mandatario federal.
El mismo día, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado mexicano que otorgue medidas cautelares en favor de estudiantes de la escuela rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
Asimismo, elementos de la Gendarmería tomaron el control de la seguridad en el municipio de Iguala, según información del comisionado Nacional de Seguridad,  Monte Alejandro Rubido.
Murillo Karam dice que encabezará la investigación por los normalistas desaparecidos.
El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, dijo que se le dictó auto de formal prisión a 22 policías municipales de Iguala.
7 de octubre
La Organización de Estados Americanos (OEA) calificó el crimen de seis personas en Iguala como inhumano y absurdo, y pidió a México una investigación completa y transparente.
La oficina local de la ONU urgió a México a una búsqueda efectiva de los jóvenes, desaparecidos desde que fueron baleados la noche del 26 de septiembre por policías del municipio de Iguala y miembros del cártel local Guerreros Unidos, en un ataque conjunto.
La Cámara de Diputados anunció la creación de una Comisión Especial que dará seguimiento a las investigaciones en torno al caso Ayotzinapa.
Normalistas de Ayotzinapa protestaron al interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en Chilpancingo, capital de Guerrero. Al interior, tapizaron paredes con los retratos de sus compañeros  desaparecidos entre el 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero.
8 de octubre
Tras solicitar medidas de protección para los sobrevivientes y familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa, Amnistía Internacional (AI) emitió ocho recomendaciones al gobierno de Peña Nieto para que las autoridades a su cargo aceleren la investigación y den con los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero.
Se realiza la primera Jornada de Acción Nacional e Internacional por Ayotzinapa. “¡Ya no podemos permitir ni un muerto más!”, miles de personas marcharon en México y el mundo por los normalistas desaparecidos.
9 de octubre
Autoridades del gobierno de Guerrero tuvieron un primer encuentro con los integrantes de la recién creada Comisión civil del impulso y seguimiento a la búsqueda de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa.
10 de octubre
El procurador Murillo Karam informó sobre la detención de otras cuatro personas por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y la localización de otras cuatro fosas clandestinas en Iguala, Guerrero.
Los números que dio el funcionario federal en ese momento: 34 personas detenidas —26 policías de Iguala, cuatro miembros del grupo delincuencial Guerreros Unidos y los cuatro anunciados ese día— y las nueve fosas clandestinas localizadas en el municipio guerrerense donde la policía municipal presuntamente asesinó a 17 jóvenes
Murillo Karam dijo que se seguía buscando al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, su esposa y el secretario de Seguridad Pública municipal, Felipe Flores.
13 de octubre
Normalistas de Ayotzinapa incendiaron varias oficinas que se encuentran en el interior del Palacio de Gobierno de Guerrero, así como las instalaciones del Ayuntamiento de Chilpancingo.
Colectivos de la UNAM convocan a un paro de 48 horas para demandar la aparición con vida de los 43 estudiantes.
14 de octubre
Fuerzas federales detuvieron a 14 policías más involucrados en la detención, el traslado y la entrega de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa al grupo delictivo Guerreros Unidos, el pasado 26 de septiembre, confirmaron los titulares de la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y la Agencia de Investigaciones Criminal de la PGR(AIC).
El titular de la PGR confirmó que los 28 cuerpos hallados en las primeras fosas de Iguala no son de normalistas.
16 de octubre
Crece la movilización estudiantil por desapariciones de normalistas de Ayotzinapa. Las principales universidades públicas del país amanecieron ese miércoles en paro de labores de 48 horas aprobado por las asambleas estudiantiles de 30 escuelas y facultades de la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Autónoma de Chapingo en “solidaridad” con los estudiantes de Ayotzinapa.
Peña Nieto mencionó nuevamente en un discurso a los jóvenes desaparecidos; asegura que localizarlos es la prioridad para el Estado.
17 de octubre
Fuerzas federales detuvieron al hombre considerado como el máximo líder del grupo del narcotráfico ligado a la desaparición de 43 estudiantes, anunció la Procuraduría General de la República (PGR).
Sidronio Casarrubias Salgado, señalado como líder de la organización Guerreros Unidos, fue arrestado un día antes (el 16)  junto con uno de sus operadores más cercanos.
Los números que actualizó Murillo Karam:  detenidos 36 policías de los municipios de Iguala y Colula, y 17 integrantes del crimen organizado. Asimismo, el funcionario federal detalló que hallaron tres fosas clandestinas más en Iguala.
El sacerdote defensor de los derechos de los migrantes, Alejandro Solalinde, dijo que los estudiantes están muertos y que incluso algunos fueron quemados vivos, de acuerdo con el testimonio que recibió por parte de dos personas.
“Estaban heridos, y así como estaban heridos, los quemaron vivos, les pusieron diésel. Eso se va a saber. Dicen que hasta les pusieron madera, algunos de ellos estaban vivos, otros muertos“, dijo el sacerdote de 69 años a la agencia de noticias Nóvosti.
19 de octubre
Fuerzas federales toman el control de la seguridad en 13 municipios presuntamente infiltrados por el crimen organizado; desarman a los policías locales.
20 de octubre
La PGR ofreció una recompensa de hasta un millón 500 mil pesos a quien o quienes proporcionen información veraz y útil que ayude a la localización de cada uno de los 43 estudiantes desaparecidos.
Un grupo de cinco encapuchados incendió el edificio que ocupan las oficinas de ‘Guerrero Cumple’, el programa asistencialista más importante del gobierno de Ángel Aguirre Rivero. Los normalistas se deslindaron del hecho.
Tras reunirse con autoridades federales, el representante de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos dijo que no confiaban en las indagatorias realizadas y que no están satisfechos con los avances que tiene la PGR en las investigaciones.
22 de octubre
La PGR establece una nueva línea de investigación: reconoce que José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda estaban coludidos con el grupo delincuencial Guerreros Unidos; incluso reconoce a ésta última como la principal operadora.
Murillo Karam confirma que Abarca fue quien ordenó el ataque contra los estudiantes.
Ciudadanos de México y el mundo se unieron al Día de Acción Global por Ayotzinapa. Al final de una multitudinaria manifestación en la Ciudad de México, los padres de los estudiantes desaparecidos dieron a las autoridades dos días para encontrar a los normalistas.
23 de octubre
El gobernador Ángel Aguirre solicitó licencia a su cargo. El guerrerense se dijo convencido de que esta era la decisión responsable para seguir sirviendo a su entidad. La solicitud del funcionario estatal fue “para favorecer un clima que ponga la atención en la solución, el día de hoy(…)”, dijo.
24 de octubre
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que por instrucción presidencial se blindará Guerrero para cuidar a la población y garantizar la seguridad en la entidad.
25 de octubre
Durante la madrugada, el Congreso de Guerrero aprobó la solicitud de licencia de Ángel Aguirre.
Estudiantes de 80 escuelas de México, que conforman la Asamblea Interuniversitaria, convocan a la Tercera Jornada de Acción Nacional e Internacional y a realizar un paro y movilizaciones nacionales el próximo 5 de noviembre para exigir la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
26 de octubre
Se cumple un mes de la desaparición de los normalistas.
Salvador Rogelio Ortega Martínez rindió protesta como gobernador sustituto de Ángel Aguirre Rivero para concluir el periodo 2014-2015. En su primer mensaje aseguró que la prioridad de su gestión será intensificar la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace un mes en Iguala.
Estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa bloquearon al mediodía la Autopista del Sol -que conecta el puerto turístico de Acapulco con el centro del país- en ambos sentidos, en protesta por la desaparición de 43 de sus compañeros.
27 de octubre
Dos de los cuatro últimos detenidos por el caso Ayotzinapa afirmaron haber recibido a un numeroso grupo de personas que se presume fueron los normalistas, informó el procurador Murillo Karam en conferencia de prensa.
Luego de la primera reunión de trabajo entre Rogelio Ortega, quien tomó el cargo como gobernador de Guerrero el domingo, y el presidente Enrique Peña Nieto, salieron a una conferencia de prensa conjunta en la residencia oficial de Los Pinos, en la cual se comprometieron a mantener como prioridad la búsqueda de los normalistas desaparecidos y a entregar a sus familiares una carpeta informativa sobre la investigación.
El sacerdote Alejandro Solalinde se disculpó con los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos por haber hecho públicos los testimonios sobre sus hijos; además explicó sobre su visita de un día antes, a la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, donde le impidieron realizar una misa.
“Quiero externar mi más sincera solidaridad con el dolor de las y los familiares de los normalistas de #Ayotzinapa, asegurándoles que mi intención no ha sido nunca hacer más difícil esta experiencia por la que hoy atraviesan. Ofrezco mis oraciones para que la esperanza les siga dando fuerza en la búsqueda de sus familiares”, dijo en un comunicado publicado en sus redes sociales.
Decenas de jóvenes que se identificaron como estudiantes de la Normal J. Guadalupe Aguilera, tomaron las instalaciones de diversos medios de comunicación de Durango.
29 de octubre
El papa Francisco dijo que reza por los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala. “Envío un saludo especial al pueblo mexicano que sufre la desaparición de sus estudiantes y por tantos problemas parecidos. Que nuestro corazón de hermanos esté cerca de ellos, orando en este momento”, detalló el pontífice.
Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos llegaron a la residencia oficial de Los Pinos para reunirse en privado con el presidente Enrique Peña Nieto.
Tras la reunión que duró unas 5 horas, los padres dijeron que no confían en las investigaciones del gobierno federal sobre el paradero de los jóvenes. Asimismo, el gobierno federal aceptó 10 compromisos relativos a la búsqueda de los jóvenes.
Elementos de la Policía Federal y de la Gendarmería Nacional extendieron al río de Cocula la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos los pasados 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero.
31 de octubre
Manifestantes llegaron al mediodía del viernes 31 de octubre al ayuntamiento de Acapulco, tras una marcha por el puerto turístico del sur de México, para exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
3 de noviembre
Un contingente de 43 ciudadanos representantes de igual número de organizaciones civiles partió desde Iguala en una caminata hacia la Ciudad de México con la que exigen la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre.
Las 43 personas marcharán 191 kilómetrosen representación de cada uno de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Familiares de los normalistas desaparecidos acusaron la noche del lunes 3 de noviembre  en conferencia de prensa que funcionarios federales no presentaron ningún avance sobre las labores de búsqueda de los jóvenes, por lo que rechazaron la instalación de la Comisión Mixta de Seguimiento e Información sobre las investigaciones encabezadas por la PGR en Guerrero.
4 de noviembre
Durante la madrugada, poco antes de las 4 horas, autoridades confirmaron la detención de Abarca y su esposa en una casa de Iztapalapa, en el DF. La operación se llevó a cabo sin realizar un solo disparo, y en ella participaron 20 elementos de élite.
5 de noviembre
Se realizó la Tercera Jornada Global por Ayotzinapa. Miles de personas marcharon en la Ciudad de México para exigir la aparición con vida de los normalistas.
Al mismo tiempo, al menos 115 escuelas en todo el país iniciaron un paro nacional de tres días por la causa.
7 de noviembre
Familiares de los 43 estudiantes se reunieron nuevamente con el procurador Jesús Murillo Karam en el hangar del aeropuerto de Guerrero.
Tras la reunión con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, el procurador Jesús Murillo Karam informó que “las investigaciones apuntan al homicidio de un amplio número de personas”.
El funcionario federal detalló que esta información fue recabada por la detención de tres presuntos integrantes de Guerreros Unidos, quienes dieron detalles sobre el asesinato de estas personas, quienes fueron incineradas y los restos almacenados en bolsas.
Tras la comparecencia de Murillo Karam, los padres de los normalistas aseguraron en rueda de prensa que, hasta que las autoridades no les ofrezcan pruebas científicas concluyentes, ellos consideran que sus hijos están vivos y que, por lo tanto, seguirán buscando hasta las últimas consecuencias, a pesar, dijeron, de que “el Gobierno pretenda hacer creer a la sociedad que los muchachos están muertos”.
Los padres criticaron que la información dada a conocer por la PGR sobre unos restos calcinados hallados en Cocula, los cuales podrían ser de los jóvenes desaparecidos, carece de sustento científico y técnico.
8 de noviembre
Un día después de que el procurador Murillo Karam diera el último avance en la investigación del caso Ayotzinapa, cientos de manifestantes protestaron en la Ciudad de México en una nueva jornada para exigir la aparición con vida de los estudiantes de la Normal Isidro Burgos.
Los manifestantes marcharon pacíficamente de las instalaciones de la PGR al Zócalo capitalino, donde un grupo de personas con el rostro cubierto derribó las vallas que resguardaban el Palacio Nacional, con las cuales golpearon la puerta principal. Después de hacer pintas, intentaron incendiar la puerta. En el hecho, fueron detenidas 18 personas.
Después de una semana de viaje, un grupo de manifestantes llega a la Ciudad de México para participar en la caravana 43×43. Al llegar al DF, los manifestantes decidieron dormir en el Jardín de Tlalpan.
12 vehículos dañados y todos los accesos al Palacio de Gobierno de Guerrero destruidos fue el saldo de la manifestación realizada por cerca de 500 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Chilpancingo.
9 de noviembre
Desde Alaska, en su primera escala de su gira en China, el presidente Enrique Peña Nieto señaló que el país está en duelo nacional, tras la información que dio a conocer la PGR y condenó el uso de la tragedia para justificar actos de violencia.
A partir de las 9 de la mañana se reanuda la caravana 43×43 en la Ciudad de México, los manifestantes caminaron del Jardín de Tlalpan al Zócalo capitalino
Los 18 detenidos por los disturbios en el Zócalo fueron liberados. Entre ellos había estudiantes de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional, del Tec de Monterrey, así como familiares de actores de cine mexicano y trabajadores de restaurantes del Centro Histórico.
10 de noviembre
Normalistas, familiares de los desaparecidos y maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) bloquearon por tres horas los accesos al aeropuerto de Acapulco para exigir la aparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa.
El gobernador Rogelio Ortega le solicitó a la Policía Estatal Preventiva no intervenir para contener a los movimientos sociales en la entidad y así evitar acusaciones de represión.
11 de noviembre
El Congreso de Guerrero designó como alcalde de Iguala a Silvano Mendiola Pérez, en sustitución de Luis Mazón, quien duró alrededor de cinco horas en el cargo, puesto que fue nombrado el 29 de octubre y ese mismo día solicitó licencia.
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que trabaja en la identificaron de los cuerpos encontrados en Guerrero, informó que no hay relación genética entre los restos recuperados en Cocula, Iguala y La Parota con los 43 normalistas desaparecidos.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, se reúnen con los padres de los 43 normalistas desaparecidos.
Un grupo de jóvenes con el rostro cubierto atacó las oficinas del Partido Acción Nacional y de la Secretaría de Finanzas en Morelia, Michoacán. En la sede del PAN, los manifestantes destruyeron puertas, ventanas, equipo y mobiliario, mientras que, en la Secretaría, los jóvenes le prendieron fuego a la puerta principal, utilizando gasolina.
Un grupo de alrededor de 500 personas protestó por la desaparición de los 43 normalistas durante el partido amistoso entre México y Holanda. Los mexicanos ingresaron al estadio con pancartas en las que se podía leer: “Todos somos Ayotzinapa” y “Fue el Estado”.
12 de noviembre
Representantes del gobierno mexicano y de los afectados por el caso Iguala firmaron un acuerdo para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos brinde asistencia técnica en las investigaciones.
Durante su tradicional audiencia de los miércoles en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco recordó a los 43 normalistas desaparecidos y aseguró que el caso refleja la realidad del narcotráfico. “Quiero de alguna manera expresar a los mexicanos, a los aquí presentes y a los que están en la patria, mi cercanía en este momento doloroso de legal desaparición, pero, sabemos, de asesinato de los estudiantes.
“Se hace visible la realidad dramática de toda la criminalidad que está detrás del comercio y tráfico de drogas. Estoy cerca de ustedes y de sus familias”, dijo el pontífice.
Estudiantes normalistas atacaron la sede del PRI en Michoacán. Los agresores causaron destrozos en puertas, cristales, equipo de cómputo, mobiliario y en documentos que sustrajeron y arrojaron afuera del edificio.
13 de noviembre
Parte el primer contingente de la caravana informativa “Brigada Nacional de los 43 Desaparecidos”, que visitará tres regiones del país en busca de apoyo para encontrar a los jóvenes normalistas y dar a conocer la situación en torno al caso Ayotzinapa.
El primer contingente salió del municipio de Tixtla, Guerrero, y se dirige hacia Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco y Michoacán.
Otro grupo partió rumbo al sur para visitar Chiapas, Oaxaca, Morelos y Tlaxcala, mientras que un tercer contingente se dirigirá a municipios de Guerrero, como Tlapa, San Luis Zacatlán, Ayutla, Tecoanapa, Zihuatanejo, Atoyac y Acapulco.
14 de noviembre
Maestros, estudiantes de escuelas normales y familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa marcharon por calles de Chilpancingo 
Una encuesta de Parametría revela que 7 de cada 10 mexicanos no cree que se hará justicia por caso Ayotzinapa
15 de noviembre
El presidente Enrique Peña Nieto pidió no hacer de este momento de pena y dolor por el que pasan los padres de los normalistas de Ayotzinapa, una bandera de otras causas que invite a la violencia y al desorden.
16 de noviembre
Alrededor de 2,500 personas marcharon de manera pacífica del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos.
17 de noviembre
La Brigada Nacional de Ayotzinapa llega a Oaxaca, donde realizó una marcha por el caso Iguala. Al término de la manifestación, un grupo de personas lanzó bombas molotov a la sede del PRI en Oaxaca.
Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (Ceteg) y estudiantes tomaron la Alcaldía de Atlixtac para demandar la presentación con vida de los normalistas desaparecidos.
18 de noviembre
Se formaliza el acuerdo por el que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dará asistencia técnica a las autoridades mexicanas en el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, desaparecidos el 26 de septiembre pasado.
El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que, tras los hechos de violencia ocurridos después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayozinapa, pareciera que hay un “afán orquestado por desestabilizar al país” y atentar contra el proyecto que impulsa su gobierno.
19 de noviembre
Las tres caravanas organizadas por los familiares de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos llegaron a las ciudades de Morelia, Tlaxcala y a la Costa Grande de Guerrero, luego de realizar un recorrido por el norte, centro y el sur del país respectivamente. Estos tres grupos viajaban en dirección a la Ciudad de México, donde participaron en la cuarta acción global por Ayotzinapa.
20 de noviembre
Más de 114 escuelas participan en el paro por Ayotzinapa y se realizan protestas en varios estados de la República y en distintas partes del mundo.
En el Distrito Federal, se reportan manifestaciones alrededor de las 11 de la mañana, las cuales tenían como objetivo tomar el aeropuerto de la ciudad; sin embargo, los policías contienen las protestas en las inmediaciones de la terminal aérea.
Por la tarde, a partir de las cinco, comienzan las manifestaciones de los padres de los normalistas desaparecidos, las cuales parten desde tres puntos diferentes. La primera avanzó del Ángel de la Independencia, mientras que los otros dos contingentes partieron del Monumento a la Redacción y de la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.
Las manifestaciones se realizan de manera pacífica; sin embargo, al término del mitin en la plancha del Zócalo capitalino, grupos de manifestantes lanzaron bombas molotov contra el Palacio Nacional. Al final, el saldo fue de 31 detenidos.
21 de noviembre
Alrededor de la una de la tarde, los padres de los normalistas desaparecidos se reunieron por tercera ocasión con autoridades federales en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero. Durante el encuentro se les informó de la detención del exsubdirector de la policía de Cocula, César Nava González, quien presuntamente participó en la desaparición de los normalistas ocurrida el 26 de septiembre. Además, los padres se deslindaron de los disturbios ocurridos después de la marcha del 20 de noviembre.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos asegura que la actuación de las policías federal y capitalina tras la manifestación del 20 de noviembre en el  Zócalo capitalino fue para contener las expresiones de violencia que se presentaron.
Por la tarde, la Embajada de Estados Unidos en México recomendó  a sus ciudadanos evitar los viajes a Guerrero, incluido Acapulco. Además, sugirió “mantener un alto nivel de vigilancia”, evitar las zonas donde se realicen manifestaciones y tener precaución en caso de estar cerca de una.
22 de noviembre
Familiares y amigos de los detenidos el pasado jueves 20 de noviembre en el Zócalo, además de estudiantes del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), marcharon del Ángel de la Independencia hasta las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada para exigir la liberación de 15 personas.
23 de noviembre
El estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM)  José Manuel Morales Ruiz sale libre luego de pagar una fianza de 50 mil pesos.
Alumnos de la Normal de Ayotzinapa exigieron la libertad de los detenidos en la manifestación en el Zócalo, mientras que, luego de tomar dos radios en Chilpancingo, emitieron un mensaje en el que emplazaron al presidente Enrique Peña Nieto a renunciar o de lo contrario, advirtieron, las movilizaciones irán en aumento.
En tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) envió visitadores médicos y abogados a los penales federales Femenil, número 4 de Tepic, Nayarit, y número 5 de Villa Aldama, Veracruz, para entrevistarse con las 11 personas ya consignadas que fueron detenidas la noche del pasado jueves 20 de noviembre en el Zócalo.
25 de noviembre
La PGR presentó como prueba en contra de los 11 detenidos del Zócalo el testimonio de los mismos policías que los arrestaron y añadió un elemento “clave” para sostener que pertenecen a un “grupo colectivo subversivo”: entre ellos “se decían compas”. Con esos argumentos, la fiscalía consignó a los inculpados por los delitos de tentativa de homicidio, motín y asociación delictuosa.
El equipo de antropólogos forenses de Argentina que participan en las búsqueda de los normalistas desaparecidos informó que tres de los 30 cuerpos hallados en Pueblo Viejo, en el municipio de Iguala, Guerrero, no corresponden a los normalistas de Ayotzinapa.
Por la tarde, familiares, amigos y estudiantes participaron en la segunda marcha para exigir la liberación de 11 de las personas detenidas el pasado 20 de Noviembre al término de la manifestación por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Los manifestantes fueron del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino.
26 de noviembre
Se cumplen dos meses de la desaparición de los 43  normalistas de Ayotzinapa
Animalpolitico.com, México. 26/11/14

Marcha del 20 de Noviembre en la Plaza de los Desaparecidos, Monterrey, Nuevo León, México.
Imagen: Desinformémonos
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Indagatorias, dudas y reclamos: 10 claves a dos meses del caso Ayotzinapa
Aunque la PGR cree haber hallado los restos de los jóvenes desaparecidos, el caso sigue abierto y causando protestas dentro y fuera del país.
La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, cumple dos meses este miércoles, mientras las autoridades mexicanas esperan resultados que corroboren si restos hallados corresponden o no a los jóvenes, sus padres exigen que se mantenga su búsqueda y ciudadanos salen a las calles para demandar justicia en este caso.
Todo esto ocurre, además, al tiempo que se registran algunos hechos de violencia en las manifestaciones y que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto alista medidas para evitar que casos similares vuelvan a suceder, según han adelantado funcionarios y legisladores.
A continuación te presentamos 10 puntos que sintetizan el desarrollo de este caso, que no sólo ha captado la atención dentro de México, sino de parte de otros países y de organismos internacionales.
1. La versión oficial
La Procuraduría General de la República (PGR) informó el 7 de noviembre que sus investigaciones —basadas en las confesiones de tres presuntos delincuentes y en trabajo de campo— apuntan a que los 43 normalistas fueron asesinados el 26 de septiembre pasado por el grupo delictivo Guerreros Unidos, que posteriormente quemó los cadáveres.
A decir de la dependencia, el asesinato ocurrió apenas horas después de que policías del municipio de Iguala atacaran y capturaran a los estudiantes, para entregarlos a Guerreros Unidos con apoyo de la policía de Cocula.
Según la PGR, el ataque —en el que murieron seis personas, entre ellas tres normalistas— fue ordenado por el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, señalado como operador de Guerreros Unidos y quien con esa orden presuntamente buscaba evitar que los jóvenes protestaran en un evento de su esposa, María de los Ángeles Pineda.
 La PGR afirma que los restos calcinados de los estudiantes fueron hallados por fuerzas federales en el municipio de Cocula, en un sitio indicado por las personas detenidas que declararon haber participado en el crimen.
2. La desconfianza de las familias
Los padres de los normalistas, sin embargo, dudan de la versión de la PGR. Entre otras cosas, argumentan que las investigaciones de la dependencia no han sido transparentes, que se ha obstaculizado el trabajo de los expertos independientes convocados por ellos y, en resumen, que no hay "pruebas irrefutables" sobre la muerte de sus hijos.
Felipe de la Cruz, vocero de los familiares, incluso acusa al gobierno federal de buscar "cerrar el caso" con esta explicación.
3. Estudios y búsquedas
Ante la falta de resultados concluyentes, las familias exigen que las autoridades mantengan la búsqueda de los normalistas, alumnos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, ubicada en el municipio guerrerense de Tixtla.
El titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, afirmó el 7 de noviembre que así será, puesto que los estudiantes seguirán en calidad de desaparecidos hasta que existan elementos para catalogarlos de otra forma.
Dentro de ese contexto, la PGR envió a la Universidad de Innsbruck, en Austria, los restos calcinados hallados en Cocula, para que a través de pruebas de ADN se determine si corresponden o no a los jóvenes de Ayotzinapa. Cuestionado por la prensa, Murillo Karam ha dicho que este proceso puede tomar semanas.
4. La reacción mundial
El caso Ayotzinapa ha generado numerosas reacciones en el ámbito internacional. En octubre, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación por la desaparición de los normalistas y llamó a México a realizar una investigación profunda que permita castigar a los responsables.
A este exhorto se han sumado, entre otros, el Parlamento Europeo, el gobierno de Estados Unidos y el de Uruguay, cuyo presidente, José Mujica, recientemente causó molestia entre autoridades mexicanas, al declarar a la revista Foreign Affairs que las instituciones de México dan la impresión de estar "carcomidas" y de pertenecer a un "Estado fallido".
Debido a estas declaraciones, la cancillería mexicana citó al embajador uruguayo, en tanto Mujica aclaró que México no es un "Estado fallido", sino que tiene "cimientos" que "están por encima de sus vicisitudes de hoy".
Además, mexicanos en distintas ciudades del mundo —como Washington, Nueva York, Buenos Aires, Madrid, Barcelona, Londres, Innsbruck o Brisbane— también han realizado protestas para demandar el esclarecimiento del crimen.
5. La reacción en México
Dentro de México, el caso ha derivado en decenas de protestas, principalmente en ciudades de Guerrero y en el Distrito Federal.
En Guerrero, normalistas, familiares de los jóvenes desaparecidos y profesores de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) han marchado y tomado edificios públicos en Iguala y en Chilpancingo, la capital estatal.
Mientras tanto, en el Distrito Federal se han realizado cuatro megamarchas —el 8 y el 22 de octubre, y el 5 y el 20 de noviembre—, así como otras manifestaciones más pequeñas en lugares como la sede de la PGR y la explanada del palacio de Bellas Artes.
6. Violencia en las protestas
En su mayoría, las manifestaciones han sido pacíficas. Sin embargo, a lo largo de las últimas semanas en ellas se han registrado algunos hechos de violencia.
Por ejemplo, el 12 de noviembre normalistas y profesores de la CETEG quemaron vehículos cerca de la sede del congreso de Guerrero, en la ciudad de Chilpancingo, en tanto manifestantes encapuchados saquearon e incendiaron oficinas de la Secretaría de Educación estatal.
En el Distrito Federal, la noche del 8 de noviembre un grupo de unas 20 personas trató de quemar una puerta de Palacio Nacional, y el 20 del mismo mes, algunos inconformes se enfrentaron con policías federales y capitalinos.
Las autoridades federales han rechazado la violencia en las manifestaciones, mientras organizaciones civiles y ciudadanos acusan que la policía ha realizado detenciones arbitrarias en el Distrito Federal.
A la fecha, 11 personas permanecen arrestadas por los delitos de homicidio en grado de tentativa y motín, después de que presuntamente participaron en disturbios en el Zócalo capitalino.
7. Detenidos y prófugos
Hasta ahora, las autoridades federales han detenido a 76 personas relacionadas con el caso, según la PGR.
Entre ellas están el exalcalde Abarca, a quien un juez ya dictó auto de formal prisión, y su esposa, quien se encuentra bajo arraigo. Abarca es acusado de homicidio calificado, secuestro y delincuencia organizada.
Además, otros aprehendidos son policías de Iguala y de Cocula y presuntos integrantes de Guerreros Unidos.
Actualmente permanecen prófugas al menos otras cuatro personas: Felipe Flores, secretario de Seguridad Pública de Iguala; Francisco Salgado Valladares, jefe de la policía local, y dos hombres identificados como el Gil y el Chucky, presuntamente miembros del grupo criminal.
8. Políticos 'caídos'
A raíz de este caso, cuatro políticos resultaron golpeados: Abarca, a quien se le revocó el mandato tras la desaparición de los normalistas; Pineda, quien aspiraba a suceder a su esposo en la alcaldía de Iguala; Lázaro Mazón, a quien el entonces gobernador Ángel Aguirre le pidió renunciar a la Secretaría de Salud estatal por su amistad con Abarca, y el propio Aguirre.
Aguirre, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), solicitó licencia al gobierno del estado el 23 de octubre, luego de una serie de presiones para que dejara el cargo con el fin de facilitar las investigaciones.
9. Crisis partidistas
En estos dos meses, el caso no sólo ha afectado trayectorias políticas individuales; también ha generado crisis al interior de partidos, en especial del PRD.
A principios de octubre, el dirigente perredista, Carlos Navarrete, ofreció disculpas a nombre del partido por haber postulado a Abarca como candidato a la alcaldía de Iguala. Este martes, en un acto público, insistió en que postularlo fue un "error" y que éste "avergüenza" a los perredistas.
El fundador del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, ha dicho al respecto que el caso ha provocado una crisis interna, que obliga a que la dirigencia de Navarrete renuncie para que el perredismo pueda volver a recuperar la confianza de la ciudadanía.
Ante la negativa de Navarrete a dejar el puesto, fue el propio Cárdenas quien este martes renunció a militar en la fuerza política que contribuyó a fundar en 1989.
Por otra parte, los hechos de Ayotzinapa también han costado críticas al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Los padres de los normalistas, por ejemplo, tacharon al mandatario de "insensible" por haber salido de gira a China y Australia cuando el asunto aún no está resuelto, mientras que las consignas "¡Fuera Peña!", "¡Peña, renuncia!" y "¡México sin PRI!" son algunas de las más constantes en las protestas en la capital.
10. Combatir la "debilidad" del Estado
A dos meses del inicio del caso, se prevé que esta semana el presidente anuncie medidas para fortalecer el estado de derecho y evitar que hechos como el de Ayotzinapa vuelvan a ocurrir, según han adelantado funcionarios y legisladores.
"Se tienen que hacer acciones, se tiene que modificar lo que no está caminando bien, y se tienen que tomar decisiones que modifiquen completamente este escenario, respecto a donde hay debilidad en el Estado mexicano, donde hay debilidad, y particularmente en los municipios", dijo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en una entrevista el lunes con la emisora Radio Fórmula.
Los líderes del PRI y del PRD en el Senado, Emilio Gamboa y Miguel Barbosa, respectivamente, han dicho a medios que las medidas que anunciará Peña Nieto incluyen la formación de una comisión para el estado de derecho, en la que participen representantes de los tres poderes y de la cual surjan propuestas para garantizar el cumplimiento de la ley y para fortalecer a las policías del país, en especial en los municipios.
Mauricio Torres. Cnnmexico.com, 26/11/2014

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