México debería efectuar
una investigación oportuna, exhaustiva e imparcial sobre las circunstancias en
las que murieron 43 personas el 22 de mayo de 2015 en el estado de Michoacán,
señaló Human Rights Watch. Durante un enfrentamiento armado de tres horas
entre civiles y policías federales en el municipio de Tanhuato murieron 42
civiles y un policía, según fuentes oficiales.
El Comisionado General
de la Policía Federal, Enrique Galindo, señaló que los policías actuaron en
respuesta a disparos emitidos por los civiles. Sin embargo, que 42 civiles
hayan muerto y que las fuerzas de seguridad hayan sufrido una sola baja genera
serias dudas sobre si el uso de la fuerza fue proporcional y lícito, observó
Human Rights Watch.
“Debido a los pésimos
antecedentes en materia de derechos humanos de las fuerzas de seguridad
mexicanas, es crucial que se lleve a cabo una investigación rigurosa y
transparente para determinar si efectivamente el empleo de la fuerza fue
proporcional durante el enfrentamiento y si se produjeron ejecuciones
extrajudiciales”, expresó Daniel Wilkinson, director gerente para las Américas
de Human Rights Watch. “La Procuraduría General de la República debería adoptar
medidas inmediatas para asegurar que estos delitos se investiguen sin las
demoras y la negligencia que caracterizaron la investigación de los asesinatos
ocurridos en Tlatlaya en junio pasado”.
El Comisionado Nacional
de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, señaló en declaraciones a los medios que
42 policías se presentaron en Tanhuato con la intención de investigar la
supuesta toma de un rancho por “delincuentes” armados. Rubido afirmó que los
policías respondieron a disparos efectuados desde un vehículo, al cual
persiguieron hasta que ingresó al rancho. Una vez que los policías llegaron al
rancho, otras personas comenzaron a dispararles desde el interior, señaló
Rubido. Más de una hora después, aproximadamente otros 60 policías se
presentaron en el lugar, incluidos varios que efectuaron disparos contra el
rancho desde un helicóptero.
Funcionarios del
gobierno mexicano, incluidos Galindo y Rubido, negaron expresamente que los
policías hubieran cometido ejecuciones extrajudiciales. Tres sobrevivientes se
entregaron y fueron detenidos, y se decomisaron al menos 38 armas, afirmó
Rubido.
La agencia de noticias
Associated Press y medios locales informaron que, según familiares de algunos
de los fallecidos, uno de los cuerpos tenía un tiro en la parte superior de la
cabeza, otro presentaba golpes en el rostro y había perdido un ojo, y un
tercero tenía la dentadura hundida hacia adentro. Pobladores de las inmediaciones
indicaron que la mayoría de los disparos provenían del helicóptero policial,
según trascendió en los medios.
El procurador general
de justicia del estado de Michoacán señaló a periodistas que el caso estaba
siendo integrado por la Procuraduría General de la República (PGR), pero que su
procuraduría estaba practicando las primeras diligencias. La Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH) también está investigando lo sucedido.
En junio de 2014,
personal militar abrió fuego contra un grupo de civiles que se encontraban en
el interior de una bodega en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México,
provocando la muerte de 22 de ellos. Un soldado resultó herido. Los relatos de
testigos y un informe de la CNDH indicaron que al menos 12 civiles fueron
ejecutados extrajudicialmente.
Agentes de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de México detuvieron a dos de las
tres testigos sobrevivientes, las golpearon, las asfixiaron reiteradamente con
bolsas y amenazaron con someterlas a abusos sexuales para obligarlas a que
confesaran tener vínculos con personas asesinadas en los incidentes, y a
declarar que los militares no eran
responsables de las muertes, según la CNDH. También amenazaron y maltrataron a
una tercera testigo, y obligaron a las tres a firmar documentos sin que se les
permitiera leer su contenido, según el informe.
La PGR recién intervino
en la investigación tres meses después. La PGR ha consignado a siete soldados y
a un teniente, pero solamente en relación con el asesinato de ocho personas.
Asimismo, si bien la CNDH declaró que la Secretaría de la Defensa Nacional
había encubierto el crimen, la investigación aún no ha identificado a todos los
militares involucrados en el encubrimiento, según le señaló un abogado que
interviene en la causa a Human Rights Watch.
“Para no repetir el
fiasco de la investigación sobre el caso Tlatlaya, la procuradora general de la
República debería convocar inmediatamente a expertos forenses independientes y
rigurosos que puedan otorgarle credibilidad a su investigación sobre los
asesinatos”, indicó Wilkinson.
Hrw.org.es. Nueva York, Estados Unidos. 28/05/15
