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1490. Terrorismo y Derechos Humanos: Retos hacia una Cultura de Paz
1er Congreso Internacional de Derecho, Criminología
y Ciencias Políticas
Terrorismo y Derechos Humanos: Retos hacia una
Cultura de Paz
Programa del evento
Miércoles 12 de Octubre
22:00 | Salida de Biblioteca Universitaria
Jueves 13 de Octubre
9:00 - 12:00 | Registro de Participantes y entrega
de Habitaciones
13:00 - 14:00 | Conferencia Magistral: El Combate a
la Delincuencia Organizada desde la Convención de Palermo
14:00 - 15:00 | Conferencia Magistral: Las
Estrategias que ha llevado a cabo el Derecho Internacional Humanitario para
Combatir el Terrorismo
**Evento de Bienvenida en San Miguel de Allende
Viernes 14 de Octubre
10:00 | Salida Hotel Real de Minas San Miguel de
Allende
11:00 | Registro en Hotel Misión Guanajuato
13:00 - 14:00 | Conferencia Magistral: Justicia
Transicional en México
15:00 - 16:00 | Conferencia Magistral: El
Terrorismo como Amenaza Global
12:00 pm - 13:00 pm | Conferencia Magistral:
Cultura de Paz Frente al Terrorismo
Evento de Bienvenida en Guanajuato
Sábado 15 de Octubre
10:00 - 11:00 | Conferencia Magistral: Los MASC en
el Nuevo Sistema Penal Acusatorio y su Impacto en la Obtención de la Paz Social
12:00 - 13:00 | Conferencia Magistral: Psicología
del Terrorista
13:00 - 13:15 | Mensaje de Clausura
13:15 - 13:30 | Entrega de Reconocimientos
Domingo 16 de Octubre
12:00 | Salida del Hotel
Más información:
Rolando Alanís de la Garza
Operaciones-Logística
rolando.alanis@opcemexico.com
(044)812 350 2050
Marco Montuori Reyna
Administración-Finanzas
marco.montuori@opcemexico.com
(044) 811 280 0151
1344. Asignan 5.3 mdp a Cultura de Paz en Morelos
Apoyos por 5.3 millones
de pesos otorga el Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred) al Instituto
de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), para el desarrollo de
seis proyectos de seguridad en el sector educativo, bajo el concepto de
“Cultura para la Paz”.
Los alcances de las
seis iniciativa fueron expuestas por María Capdeville Salgado, de la Dirección
de Desarrollo Educativo del IEBEM, ante la secretaria de Educación, Beatriz
Ramírez Velázquez y del titular del instituto, Fernando Pacheco Godínez.
La expositora dijo que
para que para obtener los apoyos económicos por parte de Pronapred, los
proyectos fueron sometidos a concurso, del cual los ganadores fueron: “Niños y
niñas por la no violencia”, “Talleres educativos para padres de familia y
maestros”, “Crianza positiva”, “Educación para la paz: creación de la red de
mediadores escolares y de espacios de paz”, “Escuelas sin violencia” y “Foros
Culturales”.
El objetivo de
Pronapred es apoyar a las entidades federativas en el desarrollo y aplicación
de programas y acciones en materia de seguridad, con prioridad en temas de
prevención violencia y delincuencia.
En la reunión se
presentaron los coordinadores responsables de los proyectos, la lista de las
escuelas donde se desarrollarán, así como los objetivos que persiguen cada uno
de ellos y el recurso económico asignado para desarrollarlos.
Actividades
Los seis proyectos
aprobados por Pronapred son para desarrollar en:
26 jardines de niños y
preescolar general
57 escuelas primarias
37 escuelas secundarias
DiariodeMorelos.com. Cuernavaca, Morelos. 11/06/15
1214. Informe Mundial Human Rights Watch 2015: México
Al asumir en
diciembre de 2012, el Presidente Enrique Peña Nieto reconoció que la “guerra
contra el narcotráfico” iniciada por su predecesor, Felipe Calderón, había
propiciado graves abusos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad. En
2014, el gobierno adoptó un Programa Nacional de Derechos Humanos que expone
sus políticas para los próximos 4 años, y admitió que todavía se desconocía el
paradero de más de 22.000 personas que habían sido denunciadas como extraviadas
desde 2006.
La desaparición
forzada de 43 estudiantes ocurrida en septiembre en Iguala, Guerrero, provocó
protestas generalizadas que llamaban al gobierno a esclarecer el paradero de
los estudiantes y a abordar el problema más general de corrupción y abusos que
el caso dejó en evidencia.
No obstante, el
gobierno ha logrado avances limitados en el juzgamiento de los asesinatos, las
desapariciones forzadas y los hechos de tortura generalizados perpetrados por
soldados y policías en el marco de acciones contra la delincuencia organizada,
incluso durante la presidencia de Peña Nieto.
Otros problemas que
persisten son las restricciones a la libertad de prensa, los abusos contra
migrantes y los límites al acceso a derechos reproductivos y a la atención
médica.
Desapariciones
forzadas
Miembros de las
fuerzas de seguridad de México han participado en numerosas desapariciones
forzadas desde que el ex Presidente Calderón (2006-2012) dio inicio a la
“guerra contra el narcotráfico”. Integrantes de todas las fuerzas de seguridad
han continuado perpetrando desapariciones durante el gobierno de Peña Nieto, en
algunas ocasiones, en colaboración directa con grupos criminales.
En septiembre, cerca
de 30 policías municipales en Iguala, Guerrero, dispararon sin preaviso contra
tres autobuses que transportaban a aproximadamente 90 estudiantes de una
escuela rural de formación docente. Durante ese incidente y otros dos
posteriores en los cuales agresores no identificados dispararon contra
estudiantes y otras personas, más de 15 víctimas resultaron heridas y 6
perdieron la vida. Los policías ordenaron a los estudiantes del tercer autobús
que bajaran, los golpearon y los obligaron a punta de pistola acostarse al
costado del camino, para luego llevárselos en al menos tres automóviles
policiales.
A la fecha de
redacción de este documento, se desconocía el paradero de 42 estudiantes. La
Procuraduría General de la República (PGR) señaló que, según la confesión de
tres presuntos responsables, los estudiantes habrían sido entregados a miembros
de una organización criminal, quienes los asesinaron, quemaron sus cuerpos y
los arrojaron a un basurero municipal. El ADN de uno de los 43 estudiantes fue
identificado entre los restos que la PGR afirma haber encontrado en el lugar.
Más de 80 personas fueron detenidas y acusadas por su presunta participación en
estos hechos.
En agosto de 2014, el
gobierno reconoció que aún se desconocía el destino de más de 22.000 personas
que habían sido denunciadas como extraviadas desde 2006, pero no aportó
evidencias que corroboren este dato ni información sobre cuántos de estos casos
son presuntas desapariciones forzadas. La Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) ha difundido 12 informes que documentan la desaparición forzada
de 30 víctimas durante este período, y ha hallado evidencias de la probable
participación de agentes del Estado en aproximadamente otros 600 casos de desapariciones.
Según datos
oficiales, hasta abril ninguna persona había sido condenada por desapariciones
forzadas ocurridas después de 2006. Es habitual que agentes del Ministerio
Público y policías no adopten medidas básicas de investigación para identificar
a los responsables de desapariciones, y a menudo atribuyen a las víctimas la
responsabilidad por lo sucedido e indican a sus familiares que deben realizar
ellos mismos las investigaciones. Los familiares de las personas desaparecidas
pueden perder el acceso a beneficios sociales básicos que dependen de la
condición laboral de las víctimas, como servicios de cuidado infantil.
El gobierno ha puesto
en marcha medidas potencialmente alentadoras para hallar a personas cuyo
paradero se desconoce, pero ha logrado resultados limitados. En 2013, el
gobierno creó una unidad en el ámbito de la PGR dedicada a investigar
desapariciones, y a localizar personas extraviadas. En agosto de 2014, la
unidad había hallado a 87 personas. Al momento de la preparación de este informe
aún no se había implementado una base de datos exhaustiva donada por el Comité
Internacional de la Cruz Roja, que permitiría cruzar datos sobre personas
extraviadas y cuerpos no identificados.
Abusos militares e
impunidad
México ha dependido
fuertemente de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la violencia vinculada al
narcotráfico y contra la delincuencia organizada, lo cual ha llevado a
violaciones generalizadas de derechos humanos. Desde 2006, la CNDH recibió
aproximadamente 9.000 denuncias de abusos cometidos por miembros del Ejército,
y emitió informes sobre más de 100 casos en los cuales determinó que personal
de esta fuerza había cometido graves violaciones de derechos humanos.
En abril, el Congreso
reformó el Código de Justicia Militar, estableciendo que los abusos cometidos
por militares contra civiles deberían ser juzgados en la justicia penal
ordinaria. Anteriormente, estos casos tramitaban en el sistema de justicia
militar, que en general no lograba que los militares rindieran cuentas por sus
abusos. Tras la reforma, los abusos contra soldados siguen siendo competencia
del sistema de justicia militar, que carece de independencia y transparencia.
En junio, un grupo de
militares abrió fuego y provocó la muerte de 22 civiles que se encontraban en
el interior de una bodega vacía en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de
México. Un soldado resultó herido durante el incidente.
Los relatos de
testigos y un informe de la CNDH indicaron que al menos 12 civiles fueron
ejecutados extrajudicialmente. Agentes del Ministerio Público estatal
detuvieron a dos de las tres testigos sobrevivientes, las golpearon, las
asfixiaron con bolsas y las amenazaron con someterlas a abusos sexuales para
obligarlas a confesar que tenían vínculos con las personas que fallecieron en
los incidentes, y a declarar que los militares no eran responsables de las
muertes, según informó la CNDH. También amenazaron y maltrataron a una tercer
testigo, y obligaron a las tres a firmar documentos sin que se les permitiera
leer su contenido.
En septiembre, el
sistema de justicia militar detuvo a 24 soldados y un teniente que
presuntamente participaron en los incidentes, y acusó a 8 de ellos de faltas a
la disciplina militar. Posteriormente, siete soldados y el teniente fueron
consignados por la PGR por “ejercicio indebido del servicio público”. Tres de
los soldados también fueron consignados por “abuso de autoridad, homicidio
calificado en agravio de ocho personas y alteración ilícita del lugar y
vestigios del hecho delictivo”. El teniente enfrenta, además, cargos por
encubrimiento.
Tortura
Es común que en
México se practiquen torturas para obtener información y confesiones bajo
coacción. En general, las torturas se aplican durante el período entre que las
víctimas son detenidas arbitrariamente hasta que son puestas a disposición de
agentes del Ministerio Público, en el cual a menudo son mantenidas
incomunicadas en bases militares u otros centros de detención ilegales. Las
tácticas más frecuentes incluyen golpizas, simulacros de ahogamiento, descargas
eléctricas y tortura sexual. Muchos jueces aún admiten confesiones obtenidas
mediante tortura, a pesar de que existe una prohibición constitucional contra
este tipo de prueba.
Sistema de justicia
penal
Es habitual que el
sistema penal no logre proporcionarle justicia a las víctimas de crímenes
violentos y violaciones de derechos humanos. Esto se debe a causas que incluyen
la corrupción, la falta de recursos y de capacitación, y la complicidad de
agentes del Ministerio Público y defensores públicos.
En 2013, México
promulgó, a nivel federal, la Ley General de Víctimas para garantizar justicia,
protección y resarcimiento a las víctimas de delitos. A la fecha de preparación
de este documento, el poder ejecutivo aún no había adoptado las
reglamentaciones necesarias para brindar resarcimiento a las víctimas. En marzo
de 2014, solamente seis estados habían promulgado la legislación exigida por la
Ley de Víctimas.
En 2008, México
promulgó una reforma constitucional destinada a transformar para el 2016 su
sistema judicial inquisitivo y escrito en un sistema acusatorio y oral. Hasta
noviembre, solamente 3 de los estados habían implementado completamente la
reforma, y en 13 estados el nuevo sistema funcionaba parcialmente.
La reforma también ha
introducido una disposición sobre arraigo que permite a los agentes del
Ministerio Público, con autorización judicial, detener durante un máximo de 80
días a personas presuntamente involucradas en la delincuencia organizada, antes
de ser consignadas. En febrero, la Suprema Corte de Justicia determinó que la
disposición solamente debía aplicarse a casos de delincuencia organizada. A la
fecha de preparación de este informe, se encuentra pendiente en el Senado un
proyecto para reducir a 35 días el período máximo que estas personas pueden ser
retenidas sin ser consignadas.
Grupos de autodefensa
La aplicación
ineficaz de la ley ha contribuido al surgimiento de grupos armados de
autodefensa ciudadana en numerosas regiones del país.
Luego de que se
expresara preocupación ante la intervención no regulada de algunos grupos en
materia de seguridad, varios grupos de autodefensa en el estado de Michoacán
suscribieron en abril un acuerdo con el gobierno, en el cual se comprometieron
a que sus miembros registraran sus armas y se sumaran a las fuerzas locales de
seguridad. Al momento de la redacción de este documento, no se había efectuado
ninguna evaluación independiente sobre la implementación del acuerdo, ni sobre
si cumplía con los procedimientos de selección que prevé el derecho mexicano
para las fuerzas de seguridad.
Condiciones en
centros de detención
Las cárceles están
sobrepobladas, tienen problemas de higene y no brindan seguridad básica a la
mayoría de los internos. Los presos que afirman sufrir agresiones u otros
abusos cometidos por guardias o internos no cuentan con un sistema efectivo
para exigir una reparación. En la mayoría de las prisiones, la población
carcelaria es controlada por la delicuencia organizada, y la situación de
corrupción y violencia es sumamente grave.
Libertad de los
medios de comunicación
Numerosos
periodistas, especialmente aquellos que tratan temas vinculados con la
delincuencia o critican a funcionarios, han sido víctimas de persecución y
agresiones. Según datos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos
cometidos en contra de la Libertad de Expresión, entre 2000 y mayo de 2014, 102
periodistas fueron asesinados y otros 24 desaparecieron, incluidos dos 2 que
fueron asesinados en 2014.
Las autoridades
generalmente no logran investigar de forma adecuada los delitos contra
periodistas, y muchas veces descartan de manera prematura que los delitos estén
vinculados con su profesión. Hasta mayo, la Fiscalía Especial estaba efectuando
555 investigaciones sobre delitos contra periodistas o medios, y había
presentado consignaciones en 61 casos.
Es común que
periodistas opten por la autocensura ante los ataques de funcionarios
gubernamentales o grupos delictivos. La regulación insuficiente de la publicidad
oficial también puede limitar la libertad de los medios, al otorgarle al
gobierno una influencia económica desproporcionada sobre ciertos medios de
comunicación.
Derechos de mujeres y
niñas
El derecho mexicano
no protege adecuadamente a mujeres y niñas contra la violencia doméstica y
sexual. Algunas disposiciones, como aquellas que supeditan la gravedad de la
pena para ciertos delitos sexuales a la “castidad” de la víctima, contravienen
estándares internacionales. Las mujeres y niñas que han sufrido este tipo de
violaciones de derechos humanos en general no denuncian los hechos a las
autoridades, y quienes sí lo hacen suelen enfrentarse a una actitud de
sospecha, apatía y menosprecio.
En 2008, la Suprema
Corte de Justicia confirmó la constitucionalidad de una ley de México D.F. que
legalizó el aborto practicado durante las primeras 12 semanas de gestación.
Desde entonces, 17 entidades federativas de México han adoptado leyes que
reconocen el derecho a la vida desde el momento de la concepción.
En 2010, la Suprema
Corte de Justicia resolvió que todos los estados deben ofrecer métodos
anticonceptivos de emergencia y asegurar el acceso al aborto a víctimas de
violación sexual. Sin embargo, en la práctica muchas mujeres y niñas enfrentan
graves obstáculos, incluida la información errónea y la intimidación por parte
de funcionarios, cuando intentan llevar a cabo abortos luego de ser víctimas de
violencia sexual.
Orientación sexual e
identidad de género
En 2010, la Suprema
Corte de Justicia reconoció el derecho de las parejas del mismo sexo de México
D.F. a adoptar niños y a contraer matrimonio. Determinó que la totalidad de los
31 estados mexicanos deben reconocer los matrimonios entre personas del mismo
sexo celebrados en México D.F., pero no exigió que celebren estos matrimonios
en sus respectivas jurisdicciones. En enero de 2014, la Suprema Corte de
Justicia también determinó que las parejas del mismo sexo pueden reclamar los
mismos beneficios de seguridad social y salud que reciben las parejas heterosexuales
de parte de organismos gubernamentales. En septiembre, Coahuila se convirtió en
el primer estado en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Cuidados paliativos
El gobierno mexicano
adoptó una serie de medidas importantes para implementar normas que le conceden
a las personas con enfermedades terminales acceso a cuidados paliativos. El
gobierno promulgó una nueva reglamentación en noviembre de 2013, anunció una
reforma de las reglamentaciones sobre control de drogas para facilitar el
acceso a la morfina y otros analgésicos opioides, añadió la cobertura parcial
de cuidados paliativos en un seguro gubernamental destinado a sectores de bajos
recursos, y anunció medidas orientadas a formular una estrategia nacional en
materia de cuidados paliativos. En México, decenas de miles de pacientes
necesitan cuidados terminales cada año, pero en la práctica apenas una pequeña
minoría puede acceder a estos cuidados.
Migrantes
Cientos de miles de
migrantes indocumentados, incluidos menores no acompañados y familias, cruzan
el territorio de México cada año, y durante el trayecto muchos de ellos sufren
graves abusos por parte del crimen organizado, autoridades migratorias y
miembros de las fuerzas de seguridad. Un informe publicado en 2013 por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que los “robos,
extorsiones, secuestros, agresiones físicas y psicológicas, abusos sexuales,
asesinatos y desapariciones de los que son víctimas [los migrantes]… han
empeorado de forma dramática” en los últimos años.
En abril, cerca de
300 migrantes de América Central y 3 defensores de derechos humanos que los
acompañaban fueron presuntamente agredidos y detenidos por la fuerza por
autoridades de inmigración y policías en Tabasco, según la CIDH.
Las autoridades no
han adoptado medidas adecuadas para proteger a los migrantes, ni para
investigar y juzgar a quienes cometen abusos contra ellos. El gobierno tampoco
ha implementado las medidas de protección dictadas por organismos de derechos
humanos nacionales e internacionales en beneficio del personal de centros de
acogida de migrantes, que suele ser objeto de amenazas y hostigamiento por
parte de grupos delictivos y funcionarios.
Derechos laborales
La preponderancia de
sindicatos afines a sectores patronales continúa obstaculizando la actividad
sindical legítima. Con frecuencia, se impide que sindicatos independientes
inicien negociaciones con los sectores patronales, mientras que los
trabajadores que pretenden conformar sindicatos independientes se exponen a la
posibilidad de perder su empleo. Una ley de trabajo adoptada en 2012 no abordó
la falta de transparencia y democracia en los poderosos sindicatos afines a
intereses patronales y no protegió el derecho de los trabajadores a conformar
sindicatos independientes y llevar a cabo negociaciones colectivas.
Defensores de
derechos humanos
Continúan la
persecución y las agresiones contra defensores y activistas de derechos
humanos, a menudo asociadas con su oposición a “megaproyectos” de infraestructura
o extracción de recursos. En muchos casos, existen evidencias de que agentes
estatales están involucrados en las agresiones.
En 2012, México
promulgó una ley para proteger a defensores de derechos humanos y periodistas.
No obstante, el mecanismo de protección establecido en la ley no se ha
implementado de manera eficaz, y en algunos casos las medidas de protección han
sido tardías, insuficientes o incompletas.
Actores
internacionales clave
Estados Unidos ha
destinado más de US$ 2.000 millones en ayuda internacional a México a través de la
Iniciativa Mérida, un paquete de medidas de asistencia acordado en 2007 sin
plazo estipulado, para contribuir a la lucha contra la delincuencia organizada
en México. El 15 por ciento de algunas partidas de esta ayuda sólo puede ser
desembolsado luego de que el Secretario de Estado de los Estados Unidos informe
que el gobierno mexicano está cumpliendo con una serie de requisitos vinculados
con los derechos humanos. No obstante, el impacto de estos requisitos se ha visto
menoscabado debido a que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, de
manera reiterada, ha informado al Congreso de ese país que se estarían
cumpliendo los requisitos, a pesar de las abrumadoras evidencias que indican lo
contrario, y citando a menudo adelantos incompletos y poco precisos con
respecto a tal cumplimiento, en función de lo cual el Congreso ha dispuesto la
entrega de los fondos.
En abril y mayo, el
Relator Especial de la ONU sobre tortura visitó México y concluyó que la
tortura era “generalizada”. En agosto, el Relator Especial de la ONU sobre las
ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias informó que los abusos
extendidos cometidos impunemente por miembros de las fuerzas de seguridad en el
marco de la “guerra contra el narcotráfico” suponían una amenaza grave para el
derecho a la vida. En septiembre, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos expresó su “profunda preocupación” por los ataques
contra periodistas, y exhortó al gobierno a adoptar medidas para protegerlos.
En México, la mayoría
de las personas con discapacidad vive en condiciones de pobreza, lo cual agrava
los obstáculos a la educación, el empleo y atención médica. En el examen de
octubre de 2014 sobre el cumplimiento por parte de México de la Convención de
la ONU sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, el órgano a cargo de
supervisar la implementación del tratado alertó sobre las restricciones a la
capacidad jurídica de personas con discapacidades, la violencia que enfrentan las
mujeres y los niños con discapacidades (incluida la esterilización
involuntaria), la institucionalización de menores con discapacidades, y la
coerción física y el aislamiento de personas con discapacidades en hospitales
psiquiátricos.
Hrw.org. 29/02/15
1212. México, sin avance en combate a la pobreza: Cepal
La
incidencia de pobreza en México cayó solo de 43% a 41% entre 2004 y 2012, dijo
la organización; el país tuvo un aumento modesto en los salarios mínimos,
agregó el organismo.
México tuvo un lento avance en la reducción de la
pobreza multidimensional entre 2004 y 2012, en contraste con lo logrado en
países de América Latina, de acuerdo con un estudio de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (Cepal).
En un
periodo de siete años, los Gobiernos mexicanos disminuyeron la pobreza en
alrededor de 1%, señaló el estudio Panorama Social de América Latina 2014.
En
2004, la incidencia de la pobreza multidimensional era de 43%, mientras que
para 2012 cayó a 41%, según los datos presentados en el reporte de la Cepal.
Uno de
los factores que han rezagado a México en la reducción de la pobreza es el
salario mínimo.
"La
tendencia general de los salarios medios ha sido de crecimiento real, aunque
muy modesto en los casos de México y de Nicaragua", reportó la Cepal.
En el
índice de pobreza multidimensional se integran aspectos monetarios y no
monetarios del bienestar, privaciones en empleo, protección social y rezago
escolar.
La
pobreza monetaria es la privación que más aporta a la pobreza multidimensional
en la región, destaca el reporte.
“Las
reducciones más cuantiosas tuvieron lugar en la Argentina, el Uruguay, el
Brasil, el Perú, Chile y la República Bolivariana de Venezuela, equivalentes a
una disminución del índice de recuento del 7% o más por año”.
La
Cepal ve una caída en este rubro sobre todo en las zonas urbanas. En el caso de
México, 29% de la población de esta área sufre pobreza, mientras que en la
rural, 6 de cada diez personas.
La
población más vulnerable son los jóvenes, ya que la pobreza entre los menores
de 15 años es más del doble de la pobreza en el grupo de mayor de edad en
México.
Pese a
estas cifras, México logró una reducción en la brecha salarial.
Las
personas más pobres registraron una participación en el ingreso total de 6.6%
en 2012, cuando en 2008 era de 5.8%. Por su parte los más ricos tuvieron 46.2%
y 49% en los mismos años.
“En
México, la mejora de la distribución aportó para que la caída del ingreso no se
tradujese en mayores niveles de pobreza”, puntualizó la Cepal en el reporte, en
el que se pronostica que si se cerraran las brechas de participación
disminuirían los niveles de pobreza y desigualdad.
México
y Venezuela, la excepción
El
crecimiento del PIB por habitante en México, al igual que el de Venezuela, tuvo
un “leve decrecimiento” de 0.1% en 2013. En contraste, Paraguay, Panamá y
Bolivia, lograron un 11.8%, 56.6% y 5.2%, respectivamente, de acuerdo con datos
del reporte.
El PIB
por habitante en la región latinoamericana creció 1.5% “manteniendo la
tendencia a la desaceleración observada desde 2010”.
Programas
sociales
En
2009, con el programa Oportunidades (ahora Prospera) México destinaba 0.5% del
PIB, una de las tasas más elevadas de América Latina), para cubrir al 62.8% del
total de la población pobre, de acuerdo con los datos dados a conocer por la
Cepal.
El
promedio de la región latinoamericana equivale a 0.3% del PIB. Del gasto en
programas de asistencia social, 2 de cada 10 jóvenes fueron alcanzados.
El
monto a estos programas ascendió a 992.2 mdd (dólares de 2005) en 2009. México
tenía un déficit de vivienda de 12 años en 2012, lo que equivale a 174.26 mdd
(en dólares de 2005).
CNNexpansion.com. México, DF, 26/01/15
América
Latina: la pobreza continúa
Según
la CEPAL, la pobreza se mantuvo igual en los últimos dos años y la pobreza
extrema incluso aumentó. La política de asistencialismo llega a su fin, lo que
se necesita es más crecimiento sostenido, dicen expertos.
Casi
uno de cada tres latinoamericanos es pobre. “La pobreza afecta al 28 por ciento
de la población de América Latina, el proceso de reducción de la pobreza quedó
estancado al nivel de 2012”, se lee en el reciente Informe Social de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La pobreza extrema
aumentó incluso del 11,3 por ciento en 2012 al 11,7 por ciento en 2013. Y para 2014
se prevé un nuevo aumento de la pobreza extrema, al 12 por ciento. Las cifras
absolutas para la región en 2014 son de unos 167 millones de pobres, de los
cuales 71 millones son personas en pobreza extrema.
Si bien
en muchos países se han registrado grandes progresos en la última década, el
crecimiento y la reducción de la pobreza han demostrado no ser sostenibles en
medio de la caída de los precios de las materias primas y el petróleo. ¿Por
qué?
Para el
profesor Jan Lay, de la Universidad de Gotinga, “los éxitos en la lucha contra
la pobreza hasta 2010 se debieron mayormente a la expansión de los programas de
transferencias sociales, pero para una reducción sostenible de la pobreza se
necesita un crecimiento económico que llegue a la gran masa de la población”.
Los
problemas básicos de la región que lo impiden siguen presentes, también después
de una década de auge de las materias primas: “La gran desigualdad de
posibilidades e ingresos y la dependencia de los recursos naturales han sido
algo reducidas, pero falta mucho para eliminarlas”.
Lo que
falta: un claro aumento de la productividad
Un
ejemplo de ello es Brasil. “Para posibilitar el surgimiento de una dinámica
capa media, el crecimiento en países como Brasil debería ser mucho mayor”, dice
Simone Schotte, investigadora del German Institut of Global and Area Studies
(GIGA), en Hamburgo. “Es necesario un claro aumento de la productividad, las
inversiones en educación y nuevas tecnologías y la ampliación de la
infraestructura, pero también una decidida lucha contra el crimen y la
corrupción”, agrega.
Si bien
el progreso en promedio regional fue escaso, cinco países registraron hasta
2013 igual importantes disminuciones de la pobreza. Los países con descensos
fueron Paraguay (de 49,6% en 2011 a 40,7% en 2013), seguido por El Salvador
(45,3% en 2012 a 40,9% en 2013), Colombia (32,9% en 2012 a 30,7% en 2013), Perú
(25,8% en 2012 a 23,9% en 2013) y Chile (10,9% en 2011 a 7,8% en 2013).
Crecimiento,
ayuda social y la reducción de la pobreza
¿A qué
se debe la notable reducción de la pobreza en Paraguay? Para el profesor Detlef
Nolte, director del GIGA, es un claro caso de asistencia social: “El balance
positivo de Paraguay se debe a las reformas de política social del presidente
Fernando Lugo”.
El
Gobierno de Lugo introdujo los pagos sociales a hogares pobres que se
comprometieran a determinadas obligaciones en cuanto a prevención de salud,
alimentación y educación de los hijos: “En 2011 el programa llegó a unas 83.000
familias y unas 400.000 personas; en 2014, el número de familias beneficiadas
llegó a 100.000”.
Venezuela:
un modelo que no funciona
En
Venezuela, por el contrario, la pobreza aumentó fuertemente en los últimos dos
años (2012: 25,4 por ciento; 2013: 32 por ciento), a pesar de los programas
sociales. ¿Por qué? Según Víctor Mejares, investigador venezolano visitante en
Hamburgo, “la política económica de la Revolución Bolivariana solo puede
funcionar en un entorno de precios del petróleo al alza”.
El
retroceso en la lucha contra la pobreza comenzó ya cuando el barril de petróleo
se vendía a 92 dólares (2012-2013). “Para lograr un equilibrio presupuestario y
asegurar la financiación de los programas sociales, Venezuela necesita un
precio del petróleo de 120 dólares por barril, mientras que el precio actual es
de 38,50 dólares”, concluye Simone Schotte.
Pablo Kummetz. Prodigy.com. 03/02/15
1129. Sobrevivir a la plaga de la tortura en México
Al cabo de unas
horas, una versión del vídeo en el que aparecían Rogelio y cuatro amigos suyos
confesando el delito invadía las pantallas de televisión de Ciudad Juárez,
localidad situada en el norte de México, junto a la frontera con Estados
Unidos.
Esta ciudad es una de
las más violentas del país, notoria por los enfrentamientos brutales entre
cárteles de la droga rivales y agentes encargados de hacer cumplir la ley.
Las autoridades
locales se felicitaron por haber capturado a quienes calificaban de miembros de
“La Línea”, cártel de la droga local que llevaba años aterrorizando a la gente
de la zona. También se los acusó de colocar un coche bomba que había estallado
hacía poco en el centro de Ciudad Juárez.
Narcotraficantes
entre rejas. Problema resuelto.
Sin embargo, cuando
estos hombres ya habían cumplido varios años de condena, salió a la luz la
verdadera historia de cómo se hizo el vídeo, y quedó expuesto el espantoso uso
de la tortura que impera en México.
La pesadilla de
Rogelio comenzó la noche del 10 de agosto de 2010.
Estaba conversando
con unos amigos en la calle cuando varios agentes de policía estacionaron
bruscamente junto a ellos y se bajaron sin decir palabra, empujaron a Rogelio
al suelo, le propinaron patadas violentamente y lo metieron junto con sus
amigos en una furgoneta.
Una vez en la
comisaría de policía, encerraron a Rogelio y a sus amigos en celdas pequeñas
donde empezaron los brutales interrogatorios.
“¿Dónde trabajas?
¿Para quién trabajas?”, gritaban los agentes mientras seguían golpeándolo, y
apenas le dejaban tiempo para responder.
Le pusieron un trapo
en la cara y lo sometieron a un simulacro de ahogamiento al tiempo que
vociferaban: “Vas a decir que trabajas para los narcotraficantes. ¿Quién es tu
jefe? Tus amigos ya están confesando y te están echando la culpa.”
Los gritos de Rogelio
pidiendo ayuda se sumaban a alaridos semejantes que surgían de las otras
celdas.
En los días
siguientes, los cinco hombres fueron trasladados ilegalmente a diferentes
dependencias policiales, donde la tortura no hizo sino aumentar.
A Rogelio le dijeron
una y otra vez que matarían a su esposa embarazada y a su hijo si no admitía
que integraba un cártel de la droga. Le cubrieron la cabeza con una bolsa de
plástico en varias ocasiones, para simular que lo asfixiaban. Lo golpearon y le
propinaron patadas con tanta fuerza que, un año más tarde, todavía se veían 30
marcas y cicatrices en el cuerpo.
“¡Mátenme ya! ¿Qué
quieren que haga?”, gritaba Rogelio.
Entonces llevaron la
cámara.
Una vez que Rogelio y
sus cuatro amigos hubieron “confesado” formar parte de “La Línea”, fueron
trasladados a la oficina local de la Procuraduría General de la República,
donde tuvieron que firmar una declaración escrita. En aquel momento, el abogado
de oficio que estaba presente les dijo que no podía hacer nada.
Mayra, la esposa de
Rogelio, que lo había estado buscando durante días, no supo de la detención de
su marido hasta que vio su “confesión” por televisión.
“Lo había estado
buscando por todos lados, en hospitales, en comisarías, en los bares. Cuando
fui a la fiscalía a denunciar su desaparición me avisaron que habían aparecido
en la televisión, que los estaban acusando de muchas cosas que, yo sabía, no
eran ciertas”, contó Mayra.
Tras pasar 80 días en
detención previa al juicio, los cinco hombres comparecieron al fin ante un
juez, donde se retractaron de sus confesiones y denunciaron que habían sido
torturados.
Fue en vano. Los
acusaron formalmente de pertenecer a un grupo delictivo y de poseer armas y
drogas, y los encerraron en prisiones federales de alta seguridad alejadas de
sus hogares.
Finalmente, los
cargos que pesaban contra los cinco acusados se retiraron después de que
expertos forenses confirmasen que las confesiones, única prueba contra ellos,
habían sido extraídas con tortura.
Desde que hace 30
años entró en vigor la histórica Convención contra la Tortura, está prohibido
obtener confesiones mediante tortura. México ratificó la Convención en 1986 y
desde 1991 existe una ley federal que prohíbe la tortura.
“Yo siempre les dije
que no había participado en lo del coche bomba, pero nos seguían golpeando y
torturando. Luego tuve que padecer tres años y siete meses por esa acusación.
Tres años y siete meses alejado de mi familia, sintiendo mucha impotencia. Sin
poder ver crecer a mis hijos. Fue muy doloroso”, afirmó Rogelio, que ahora es
un hombre libre.
La plaga de la
tortura
Rogelio, que ahora
vive en Ciudad Juárez con su esposa y sus dos hijos pequeños, sigue luchando
por superar la tortura que le infligieron.
Su sufrimiento no es
en absoluto un caso aislado.
En México, la tortura
es como un virus de proporciones epidémicas.
Las fuerzas de
seguridad recurren con frecuencia a las palizas, los simulacros de asfixia y
los abusos sexuales para castigar a los detenidos u obtener confesiones de
ellos. Según un sondeo encargado por Amnistía Internacional, el 64 por ciento
de los mexicanos temen que podrían sufrir tortura si son puestos bajo custodia.
Asimismo, un informe
publicado por la organización revelaba que el número de casos denunciados ante
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos había aumentado un 600 por ciento
entre 2003 y 2013. Y esta institución sólo detecta una pequeña parte de todos
los posibles casos de tortura que tienen lugar en el país.
La tortura tiene tal
presencia que cualquiera puede ser víctima de ella. Sin embargo, quienes viven
en la pobreza o en barrios marginales corren más riesgo porque los agentes de
policía y los fiscales tienden a asumir que estas personas disponen de menos
recursos para defenderse.
“La policía y los
soldados de México están tan desesperados por encontrar a alguien a quien
culpar de los delitos cometidos por bandas sin escrúpulos que no parecen
pensárselo dos veces a la hora de detener a una persona y extraerle una
confesión a toda costa. No parece haber límites”, afirmó Erika Guevara Rosas,
directora del Programa Regional de Amnistía Internacional para América.
La mayoría de los
responsables de infligir o autorizar la tortura nunca comparecen ante la
justicia: sólo siete torturadores han sido alguna vez declarados culpables por
tribunales federales.
Mientras miles de
personas intentan superar las secuelas de la tortura, las autoridades mexicanas
dan la espalda a esta plaga.
Debido a las graves
deficiencias de las investigaciones emprendidas por los fiscales y por las
comisiones de derechos humanos, denuncias bien fundadas acaban en muchos casos
por ser desestimadas o por no registrarse. Sobre el papel, México se rige desde
hace un decenio por las normas internacionales más estrictas sobre exámenes
forenses de presuntas víctimas de tortura. En realidad, los exámenes forenses
son por lo general deficientes, sufren demoras, obligan a las víctimas a volver
a vivir el trauma y tienen un sesgo contra ellas, como en el caso de Rogelio.
Él fue uno de los pocos afortunados que pudo ponerse en contacto con expertos
forenses independientes. El informe que éstos realizaron echó por tierra la
acusación que pesaba contra Rogelio y sentó las bases de su liberación sin
cargos. Por el momento, nadie ha comparecido ante la justicia por haber
torturado a Rogelio, que no ha recibido ninguna indemnización.
“Yo estoy retomando
mi vida en Ciudad Juárez, con mi familia, en mi trabajo, asistiendo a terapias,
para estar lo mejor posible para mi familia. Nunca voy a quedarme callado sobre
lo que me pasó. Yo sólo busco que el gobierno reconozca que actuó mal, que se
equivocó y que se castigue a las personas que ocasionaron todo este daño”,
afirmó.
En un golpe de vista
En 2013 se
registraron 1.505 denuncias de tortura y otros malos tratos en México, un 600
por ciento más que en 2003.
Según un sondeo
llevado a cabo recientemente por Amnistía Internaiconal, el 64 por ciento de la
población mexicana teme ser torturada si se encontrara en situación de
custodia.
A partir del año
2006, han aumentado los informes de tortura y otros malos tratos paralelamente
a la intensificación de la violencia en México como resultado de la
"guerra contra el narcotráfico" del gobierno.
Los tribunales
federales vieron 123 procesos de tortura entre 2005 and 2013; sólo siete de
ellos concluyeron con condenas en aplicación de la legislación federal.
Entre las técnicas de
tortura empleadas más habitualmente están la semi-asfixia, las palizas, los
simulacros de ejecución, la violencia sexual, las amenzas de muerte y las
descargas eléctricas.
1118. “El caso Ayotzinapa es el peor caso de desapariciones”: ONU
Continúa descontento
por normalistas desaparecidos en Guerrero.
El jefe del Grupo de
Trabajo sobre Desaparición Forzada de la ONU vino a México y se pronunció sobre
el secuestro de 43 normalistas de Ayotzinapa. Lo tiene claro: Al menos en los
últimos cuatro años, en todo el planeta no ha habido un caso con las
características del perpetrado en Iguala. Entre las posibles explicaciones está
el hecho de que la impunidad tiene un “patrón crónico” en el país y que el
gobierno mexicano no atendió 33 recomendaciones que esa instancia hizo en 2011.
En los años recientes ningún país ha tenido una desaparición
forzada de la magnitud de la ocurrida en Iguala. Y ya desde 2011 la ONU había
advertido al gobierno mexicano que en los “miles y miles” de estos casos que
hay en México existe el “patrón crónico de la impunidad”.
Así sintetizó Ariel
Dulitzky, jefe del Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la ONU
(GTDF-ONU), la mirada que este organismo internacional tiene sobre lo ocurrido
en Iguala el 26 y 27 de septiembre pasados, cuando seis personas fueron
asesinadas, una veintena heridas y 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl
Isidro Burgos, de Ayotzinapa, fueron secuestrados y desaparecidos por policías
municipales.
Esos hechos obligaron
a Dulitzky a visitar México la semana pasada. Aquí hizo una lista de
deficiencias del gobierno federal: Las mismas que detectó en 2011 cuando visitó
el país durante 13 días para constatar las denuncias que había en ese tiempo.
“La única diferencia
de lo sucedido en Iguala con las desapariciones ocurridas durante la Guerra
Sucia y las de años recientes es la magnitud, el número de desaparecidos. En
mis cuatro años de encargado del Grupo de Trabajo no he recibido ningún caso
así de ningún país”, sostiene Dulitzky en entrevista.
“Mi presencia aquí
refleja la importancia que la comunidad internacional le está dando a los
hechos de Iguala”, dice. Y explica que todas las desapariciones sucedidas desde
los setenta comparten ciertas características: “Aparente implicación del crimen
organizado, dificultades de coordinación entre autoridades federales y locales,
falta de reacción inmediata, insuficiencia en la legislación y desconfianza de
los familiares en el sistema de justicia, en los ministerios públicos, las
policías y las fuerzas armadas”. Así, denuncia la “impunidad crónica que
contribuye a la perpetuación de las desapariciones forzadas”.
Enumera otros errores
del gobierno: no cuenta con políticas públicas para combatir las desapariciones,
carece de coordinación horizontal y vertical entre los niveles de gobierno, no
tiene un sistema nacional de búsqueda y ni siquiera ha delineado un marco legal
adecuado para investigar, juzgar y sancionar a los responsables.
Sobre las dudas que
generó la última versión del procurador general de la República, Jesús Murillo
Karam, en el sentido de que los jóvenes secuestrados fueron calcinados,
Dulitzky explica: “Eso (la incredulidad) es porque hay una situación de
desconfianza que trasciende este caso y que está todavía sin resolver. (…) El
Estado no estaba preparado para esto”.
Jesus A. Cervantes.
Proceso. México, 15/11/14
http://www.proceso.com.mx/?p=387859
1112. Difunden iniciativas para promover la paz
Ante la crisis de
violencia, inseguridad, de estudiantes asesinados y desaparecidos (Guerrero) o
de menores involucrados en el narcotráfico en México, el doctor HB Danesh,
presidente del Instituto Internacional de Educación para la Paz insiste en que
se necesitan dos tipos de acciones: crear un ambiente seguro, donde es necesario
comenzar con un plan de largo plazo en la educación de niños y jóvenes en la
cultura por la paz y programas enfocados en crear familias libres de violencia
y equidad de género.
De visita en
Guadalajara, el doctor Danesh asiste al XVI Encuentro Estatal de Educación y
Valores, en donde se eligió para este año el tema de la generación y promoción
de la paz, con la participación de la Comisión Nacional de la Cultura de la Paz
y la No Violencia México (Comnapaz).
Se informó en la
rueda de prensa que se trabaja en el taller Constructores de Paz, que se ofrece
en Guadalajara a 150 profesores de escuelas públicas y particulares, donde se
registra mayor incidencia de violencia escolar.
Danesh es el fundador
del Instituto Internacional de Educación para la Paz y se encuentra en la
ciudad para dirigir los trabajos del taller y certificar a los docentes, con el
objetivo de que día a día fomenten la práctica de la armonía y concordia entre
sus alumnos.
Hiram Valdez Chávez,
presidente de Comnapaz, señaló que esa iniciativa también debiera plantear la
creación del Instituto de Investigación de la Cultura de la Paz, un
observatorio de violencia de género y otro de violencia escolar. Explicó que de
lograr su aprobación, se podrían sentar las bases para implementar una política
pública tendiente a la paz, tal como lo marcan distintos organismos
internacionales.
El activista
internacional manifestó que se debe trabajar en liderazgo de gestión para la
paz, un programa que ofrecen para la paz y gobernanza, y que también es
necesario enfocarse en las familias, pues mientras siga existiendo la violencia
y una relación no armoniosa entre hombre y mujer, no habrá una sociedad
suficientemente fuerte para crear paz.
También sugiere
trabajar en la creación de una red de jóvenes constructores de paz, ya que se
ayudan unos a otros para convertirse en hacedores de paz.
El diputado Martín
López Cedillo los invitó al Palacio Legislativo a difundir el evento, ya que ha
trabajado en pro de la paz y la educación, y presentó ante el Pleno del
Congreso del Estado dos iniciativas: una de ellas para fortalecer el fomento a
la cultura, que busca proveer a los estudiantes de primaria y secundaria de
libros de literatura clásica, y otra que pretende institucionalizar el Consejo
Estatal para Fortalecer y Promover una Cultura de Paz, que plantea la creación
de una nueva ley para impulsarla
Rosario Bareño
Domínguez. El Occidental. Guadalajara, Jalisco. 23/11/2014
http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n3581847.htm
1105. Sufrimiento innecesario al final de la vida
Decenas de miles de pacientes con enfermedades terminales en México sufren
innecesariamente dolores severos y otros síntomas, debido a que no tienen
acceso a una atención médica apropiada al final de sus vidas, dijo Human Rights
Watch en un informe.
El informe de 132
páginas, “Care When There Is No Cure: Ensuring the Right to Palliative Care in
Mexico,” (“Cuidar cuando no es posible curar: Asegurando el derecho a los
cuidados paliativos en México”) documenta la falta de acceso de muchos
pacientes a medicamentos para aliviar el dolor y otro tipo de asistencia conocida
como cuidados paliativos. A pesar de que la Ley General de Salud de México
reconoce explícitamente el derecho de las personas con una enfermedad terminal
a recibir cuidados paliativos, el servicio se ofrece de manera casi exclusiva
en los grandes hospitales especializados.
“Las personas con una
enfermedad terminal a menudo experimentan dolor severo y otros síntomas
debilitantes que pueden hacer que las últimas semanas de su vida resulten
insufribles”, dijo Diederik Lohman, director asociado de la División de Salud y
Derechos Humanos de Human Rights Watch. “México debe hacer cumplir su propia
ley y proporcionar medicamentos contra el dolor y otros tratamientos necesarios
para aliviar el sufrimiento al final de la vida”.
El informe está
basado en extensas entrevistas con 115 pacientes, trabajadores de la salud y
funcionarios, así como en la revisión de regulaciones y documentos de políticas
pertinentes.
En México, cada año
mueren casi 600.000 personas. Cálculos de la Organización Mundial de la Salud y
la Alianza Mundial para el Cuidado Paliativo y Hospicios sugieren que más de la
mitad de estas personas necesitan cuidados paliativos.
Debido a que la mayoría
de los servicios de cuidados paliativos están solo disponibles únicamente en
las grandes ciudades, miles de mexicanos se ven obligados a viajar largas
distancias para recibir esta atención médica, incluso cuando están gravemente
enfermos. Muchos otros no tienen siquiera eso y mueren en casa en
circunstancias desesperadas.
“[Por culpa del
dolor] no tenía ganas de hacer nada”, dijo Remedios Ramírez Facio, una paciente
de 73 años con cáncer de páncreas que tenía que viajar cuatro horas para
recibir cuidados paliativos. “No tenía hambre y no quería caminar… nada. Me
enojaba cuando la gente me hablaba. [Gracias a los cuidados paliativos] he
vuelto a la vida”, añadió.
Adriana Preciado
Pérez, cuyo padre, Pedro Preciado Santana, murió de cáncer pulmonar en 2011
después de una prolongada y dolorosa enfermedad, aseguró: “Conseguir que mi
padre recibiera cuidados paliativos nos dio una enorme tranquilidad”.
México modificó su
Ley General de Salud en 2009 para incorporar una sección sobre la atención a
las personas que padecen una enfermedad terminal y a las que les queda menos de
seis meses de vida. Esta sección establece que todos los hospitales deben
ofrecer cuidados paliativos a estos pacientes, incluso a domicilio, y que todos
los trabajadores de la salud deben recibir una formación adecuada en esta
disciplina.
Sin embargo, Human
Rights Watch encontró que hasta hace poco, el gobierno había hecho un pobre
esfuerzo por implementar la ley.
En siete de los 32
estados de México los servicios de cuidados paliativos no están disponibles.
Otros 17 solo cuentan con un único servicio de atención paliativa, localizado
en la capital de los mismos. Las redes que atienden a las personas afiliadas a
las tres instituciones principales de salud de México –el Instituto Mexicano
del Seguro Social, el Instituto de Seguridad Social y Salud de Trabajadores del
Estado y el Seguro Popular— cuentan con pocos establecimientos que ofrezcan
cuidados paliativos. Solo seis de las 102 facultades de medicina de México
incluyen los cuidados paliativos en sus planes de estudio.
Un obstáculo
importante es el limitado acceso a la morfina y otros analgésicos opioides que
son esenciales en el tratamiento del dolor de moderado a severo. La ley
mexicana exige que las recetas para estos medicamentos contengan etiquetas con
códigos de barras, que los médicos solo pueden obtener en persona en las
capitales estatales. Como resultado, muy pocos médicos, especialmente fuera de
las principales ciudades, están autorizados a prescribir estos medicamentos, revela
el informe. Por otra parte, muy pocas farmacias los tienen en existencia.
Human Rights Watch
encontró que es necesario un cambio radical del statu quo para garantizar que
los cuidados paliativos se conviertan en una parte integral del sistema de
salud de México. Entre otras cosas, recomienda que el gobierno sea proactivo en
el desarrollo de una infraestructura en el sistema de salud capaz de proveer
cuidados paliativos, formar a un número suficiente de trabajadores de la salud
e integrar estos servicios en las estructuras de financiación y planes de
seguros.
En el último año, el
gobierno mexicano ha trabajado en estrecha colaboración con grupos
independientes para empezar a abordar los obstáculos en la provisión de
atención paliativa. He aquí algunas de las medidas clave que ha tomado o
anunciado para mejorar su disponibilidad:
• Seguro Popular, una
de las tres mayores agencias de salud, ha añadido el tratamiento para el dolor
y otros síntomas comunes en pacientes que requieren cuidados paliativos a su plan
de seguros.
• La Secretaría de
Salud ha desarrollado la norma oficial para la aplicación de las enmiendas de
2009. La titular de la Secretaria de Salud también ha dado instrucciones para
colaborar con la Fundación Mexicana para la Salud, uno de los principales
grupos no gubernamentales de salud en México, en el diseño una estrategia
nacional de cuidados paliativos.
• La Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), la agencia reguladora
de los medicamentos de México, anunció un nuevo sistema electrónico para la
prescripción de analgésicos opioides, que permitirá que los médicos obtengan
etiquetas con códigos de barras a través de una página web segura y que los
farmacéuticos registren todas las transacciones de estos medicamentos de manera
electrónica. Se espera que el nuevo sistema entre en funcionamiento a
principios de 2015.
“Estos son pasos
importantes que esperamos que beneficien a miles de pacientes”, dijo Lohman.
“Pero solo deberían ser el comienzo de un esfuerzo concertado del gobierno para
asegurar que todos en México tengan acceso a buenos servicios de salud al final
de sus vidas”.
Qué debe hacer México
Implementar el
requisito de la Ley General de Salud de México que garantiza cuidados
paliativos para las personas con una enfermedad terminal; asegurar que las
autoridades sanitarias y gubernamentales rindan cuentas.
Garantizar que los
trabajadores de la salud sean formados en la atención paliativa.
Poner en marcha lo
antes posible un nuevo sistema de prescripción de morfina.
Qué debe hacer la
comunidad internacional
Asegurar al gobierno
mexicano la disponibilidad de las acceder a las mejores prácticas de cuidados
paliativos y asistencia técnica.
Hrw.org. México,
28/10/14
1101. Alejandra Ancheita recibe el Premio Martin Ennals 2014
 |
| Imagen: Hchr.org.mx |
Abogada mexicana
recibe el más prestigioso premio de Derechos Humanos
Alejandra Ancheita,
una abogada de derechos humanos de México, ha vivido bajo amenazas contra su
vida y la de su familia en los años recientes. Y si bien dichas amenazas se han
ido transformando, también han sido empoderadoras.
“Es muy difícil
lidiar con el miedo, y es muy doloroso entender que la violencia es una
realidad,” dijo. “Pero darme cuenta de ello, sin embargo, también me ayuda a continuar
encontrando maneras para seguir luchando y para mantener la esperanza mientras
construimos un proceso de justicia.”
Por más de 15 años la
Sra. Ancheita ha trabajado con migrantes, trabajadores y comunidades indígenas
en México para proteger su tierra y sus derechos laborales. Como fundadora y
directora ejecutiva de ProDESC, ella y su equipo han sido sujetos de
vigilancia, una campaña de difamación en los medios nacionales mexicanos,
allanamiento a sus oficinas y amenazas contra sus vidas.
En reconocimiento a
sus esfuerzos, es ahora la ganadora del Premio Martin Ennals 2014 para
defensores de derechos humanos. El premio, nombrado así en honor al finado
abogado británico que se convirtió en el primer dirigente de Amnistía
Internacional, es otorgado anualmente a una persona con un historial
excepcional de lucha contra violaciones de derechos humanos.
La Sra. Ancheita dijo
que el premio trajo reconocimiento al valor del trabajo de ProDESC en la
defensa de los derechos económicos, sociales y culturales en México.
El Alto Comisionado
de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, le entregó el
premio a la Sra. Ancheita y dijo que su historia destaca no solamente su propio
trabajo, sino aquel de incontables defensores/as de derechos humanos quienes, a
menudo a costa de un algo riesgo personal, defienden los valores de todas las
personas.
“Estos/as
defensores/as son personas que saben que están arriesgando su seguridad
personal, su libertad personal, las comodidades y conveniencias ordinarias de
una vida placentera – e incluso, tal vez, la vida misma,” dijo. “E incluso así eligen resistir la opresión;
defienden la igualdad, la libertad y la dignidad de todas las personas – y lo
hacen pacíficamente.”
Zeid dijo que el
trabajo de los/as defensores/as de derechos humanos debe inspirarnos a todos.
Hchr.org.mx. 14/10/14
http://hchr.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1118%3Aabogada-mexicana-recibe-el-mas-prestigioso-premio-de-derechos-humanos&catid=100%3Ahistorias-destacadas&Itemid=94b
1055. Johan Galtung elogia a la COMNAPAZ México
Nobel elogia comisión
de Paz relegada en México
En tanto para el
noruego Johan Galtung, premio nobel alternativo de Paz (1987) y Premio Gandhi
1993, la propuesta de Comisión Nacional para la Cultura de Paz Mexicana
(Comnapaz) constituye el modelo vanguardista para crear políticas públicas
asertivas que atiendan los conflictos no resueltos derivados de la violencia,
incluso por encima de la propuesta de crear un Departamento de Paz del Senador
republicano de Ohio Dennis Kucinich; esta se mantiene en impasse, es decir
atorada, estancada y sin dictaminar en el Congreso Mexicano.
Galtung, reconoce que
los cuatro ejes en que se sustenta la Comnapaz, constituyen los pilares para
corregir los efectos y las causas de la violencia, al citar que el organismo al
erigirse en observatorio ciudadano, atiende tanto los vínculos institucionales
de la violencia social y de género y de cuerpos consultivos en políticas
públicas, como los vínculos funcionales de equipos de mediación de conflictos y
centros de investigación para la paz, a efecto de que generar vínculos
virtuosos entre tomadores de decisión política que a la par de identificar a
través de la subsecretaria de prevención los polígonos de inseguridad, disponga
de información de las organizaciones locales que trabajan a favor de la Paz.
Este nuevo enfoque de
un México en Paz, que es el primer eje de gobierno de la actual administración,
implica construir una nueva narrativa política que erradique de raíz la
violencia, no solo previniendo, sino corrigiendo, por lo que hace aún más
valiosa una comisión de cultura de paz, que entre sus logros destaca la
creación del primer Diplomado gratuito en línea de Constructores de Paz en
Querétaro www.constructoresdepaz.mx y crear el primer centro de investigaciones
en educación para la Paz, en la Universidad Autónoma de Querétaro en San Juan
del Rió Querétaro, cuyo recinto fue dedicado al laureado nobel alternativo de
Paz.
México está enfermo,
padece el flagelo de la violencia de la desigualdad estructural germen que
lacera el tejido social. Cuando se atisba que la descomposición social en
distintos renglones de la convivencia social y ciudadana en el que domina la
ley de la jungla es preciso, reconfigurar un nuevo contrato social, más allá de
un acuerdo político como lo fue el pacto por México; un pacto ciudadano por el
bien de todos.
La reforma integral
para una cultura de Paz, asume en la dialéctica del conflicto que si la
violencia obedece a casusas multifactoriales, la solución deberá ser
multisectorial.
La reforma política
de Cultura de Paz, incluye soluciones creativas que desde diferentes
secretarias de estado se debe realizar para en cuanto a educación, seguridad
social, que nadie quede excluido por ningún tipo de cuestión.
A decir de Hiram
Valdez Chávez, “nuestra labor es educar a la gente a que haga más por su
comunidad o bienestar común. Sobre todo cuando cada crisis va resquebrajando
“ese pacto social” establecido bajo una delgada línea invisible y así la
balanza continúa desequilibrándose más”, por lo que es imperativo se apruebe
una reforma integral de cultura de Paz en México, bajo las siguientes
consideraciones:
1.- Elevar a rango
Constitucional la Cultura de Paz en México adicionándola al Artículo 3°
Constitucional, dando cumplimiento así, a los acuerdos internacionales signados
por México en la materia.
2.- Legislar para
adherir a la ley general de educación, la educación para la paz.
3.- Que se apruebe la
ley federal de fomento a la cultura de paz
4.-Que se apruebe la
Creación de la Comisión Nacional Para la Cultura de Paz y la No-violencia, como
organismo desconcentrado dependiente a la SEGOB para que genere la
participación de organizaciones civiles en cultura de paz y sea mediador ante
los conflictos sociales en el país.
5.-Getionar para dar
pasó a la creación de la Universidad de la Cultura de Paz, capitulo México,
prevista y apoyada por los programas de la UNESCO.
6.- Que el Senado de
la República legisle y apruebe la creación de Instituto Dr. Alfonso García
Robles con el objeto de impulsar la irenología desde la investigación, la
promoción y en su política interior y exterior
7.- Que se reforme el
artículo 89 fracción Décima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para adherir los estudios de paz.
8.- Que se establezca
en nuestro país el servicio para la cultura de paz a la par del servicio
militar nacional, entre mujeres y hombres que cumplan la mayoría de edad.
9.- Que se Legisle
para otorgar la Medalla Dr. Alfonso García Robles Premio Nobel de la Paz para
incentivar a las organizaciones que trabajan a favor de la paz en México.
10.- Que la
Secretaria de Educación Pública gestione en sus programas, becas de paz para
los estudiantes interesados en estudiar la maestría en educación para la paz.
11.- Que la Secretaria
de Educación Pública promueva para que en el 2015 sea el año de la cultura de
paz en México.
12.- Que la
Secretaria de Desarrollo Social integre en sus programas de apoyo recursos para
las organizaciones de cultura de paz que aplican programas en educación para la
paz y la no-violencia en el país.
13.- Que las casas
incautadas a los grupos delictivos se destinen para desarrollar Centros de
Cultura de Paz y para personas afectadas por la violencia.
14.- Que se instruya
en nuestro país el día nacional de la paz, conmemorando el día en que nació el
premio nobel de la paz el michoacano Dr. Alfonso García Robles.
15.- Que los Estados
en el País legislen lo consejos estatales de cultura de paz.
16.- Que los Estados
en el País legislen lo consejos estatales de cultura de paz. Como el ejemplo
del Estado de Jalisco.
17.- La resolución
64/292 de la Asamblea General de Naciones Unidas reconoce el derecho humano al
agua y accesibilidad para todos. Ante esta garantía proponemos se decrete
reducir considerablemente los precios del agua embotellada en nuestro país,
toda ves que atenta contra el derecho humano a este vital elemento, entre las
familias de escasos recursos (más del 50% de la población).
18.- Iniciativa de
ley para conformar la comisión de valores, que tenga por objeto revisar el
porcentaje de los contenidos de las televisoras y radio difusoras, que
promueven los valores esenciales y el impacto permisivo de la violencia
México en suma,
requiere de soluciones creativas para erradicar el flagelo de una violencia
estructural, que corroe el tejido social. En los legisladores recae la
responsabilidad histórica de aprobar la Reforma Integral de Cultura de Paz en
México, lo que ubicaría a nuestro país a la vanguardia mundial.
Fundadores de
COMNAPAZ México, organismos ciudadano, A.C.
Hiram Valdez Chávez,
Héctor Manuel Vázquez Castillo, Mariela Manzano, Nelly Chavarría Licón, Narcedalia
Lozano, Norman Bardavid, Isaac Ávila Ahumada, Gabriela Pérez López, Luis de la
Teja, Alma Rivera, María Araceli García Carrasco, Noemí Concepción Martínez,
Adrián Alavés, Hannia Quijano, Lorena Márquez, Alejandrina Valdivia, Javier
Galléstegui, Beatriz Díaz, Daniel Narcio Aguilar, Gustavo Morales, Adelina
Trejo Aceves, Mari Carmen Castillo, Adrián Gudiño, Marcelo Amezcua, Reyna
Monjaraz, Patricia Alvarado, José Benito Pérez Sauceda, Eduardo Vergara,
Eduardo López, Cristina Ávila Zessati, Ac Tah, Ileana Hidalgo, Lupita Rosales,
Carlos Pichardo, Tere Reynoso, Antonio Olivas, Claudia Varela, Francisco
Hernández, Liz Castañeda, Myrna Ortiz, Raúl Espinal, Sandra Pacheco, Audry
Vera, Xóchitl Cruz Macías, Marcel Thomas, Héctor Alemán, Ingrid Begman, Fabiola
Nahas, Renee Salinas, Jesús Guevara, Adda Garza, Fernando Montiel T., Esther
Revilla, Armando Hernández, José Luis Alcántara, Luz Delia Rojas, Erick
Paredes, Roxana Sandoval, Gloria Oqueli, Arashiel de Avilatihel, Teo San José,
Bosco Galván, Luis Miguel Arreola Santander, Manuel Díaz, Lluvia Ortega,
Neftalí del Toro, Noé Campos.
Luis Manuel de la Teja. Lapensahispananewspaper.com. 21/09/14
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