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1544. La libertad de expresión bajo amenaza
5to homicidio de periodista en el año.
Un nuevo homicidio de un periodista en México –el quinto en
el año– pone de manifiesto la alarmante situación de la libertad de expresión
en el país, así lo ha manifestado Amnistía Internacional.
Javier Valdez Cárdenas, fundador del medio Río Doce,
periodista de La Jornada y El Noroeste, murió por disparos a unos metros de su
oficina en el estado de Sinaloa, en el norte de México. Javier era conocido por
su trabajo sobre el crimen organizado y el narcotráfico. En 2011 recibió el
Premio Internacional a la Libertad de Prensa, otorgado por el Comité para la
Protección de Periodistas.
Este es el segundo asesinato de un periodista de La Jornada
en el 2017 y ningún medio debería tener que enfrentar esta terrible situación.
“Ser periodista en México parece más una sentencia a muerte
que una profesión. El continuo derramamiento de sangre del cual las autoridades
prefieren hacer caso omiso genera un profundo vacío que afecta el ejercicio de
la libertad de expresión en el país”, ha manifestado Tania Reneaum, directora
de Amnistía Internacional México.
“El país se ha convertido en una zona de alto riesgo para
los profesionales que, como Javier, informan con valentía de situaciones
relativas al crimen y la seguridad. El asesinato de Javier pone de manifiesto
que ningún periodista, sin importar el alcance de su medio, está a salvo. Este
crimen, como los demás, debe investigarse de manera independiente e imparcial y
todos aquellos sobre quienes pese la sospecha de ser responsables deben
comparecer ante la justicia”.
De acuerdo a la organización Artículo 19, 105 profesionales
de medios de comunicación han sido asesinados en México desde el año 2000.
Reporteros sin Fronteras ha declarado que, en 2016, México fue el tercer país
con el número más elevado de muertes de periodistas en el mundo, superado únicamente por Siria y
Afganistán.
Ser periodista en México parece más una sentencia a muerte
que una profesión.
Amnistia.org.mx. Ciudad de México, 15/05/2017
1528. Día Mundial de la Libertad de Prensa 2017. Mentes críticas para tiempos críticos: El papel de los medios para el avance de sociedades más pacíficas, justas e inclusivas
Día Mundial de la Libertad de Prensa
3 de mayo
«En el Día Mundial de la Libertad de Prensa pido
que cese todo tipo de represión contra los periodistas - porque la libertad de
prensa fomenta la paz y la justicia para todos».
-António Guterres, Secretario
General de las Naciones Unidas
Teniendo en cuenta ese derecho, el Día Mundial de
la Libertad de Prensa es una oportunidad para:
Celebrar los principios fundamentales de la
libertad de prensa;
evaluar la situación de la libertad de prensa en el
mundo;
defender los medios de comunicación de los
atentados contra su independencia y;
Rendir homenaje a los periodistas que han perdido
la vidas en el cumplimiento de su deber.
La Organización para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, la UNESCO, la agencia que encabeza la conmemoración de este día, ha
elegido este año como lema el de «Mentes críticas para tiempos críticos» con el
objetivo de destacar el papel de los medios en el avance hacia sociedades más
pacíficas, justas e inclusivas.
Después de un decline de audiencias de los medios
tradicionales, una disminución de ingresos y reclamaciones de una creciente
desconexión entre la gente y los medios, la propagación de noticias falsas,
como ejemplificado en la cobertura de acontecimientos políticos importantes en
el 2016, es el desafío más reciente afectando al sector de los medios de
comunicación.
Un.org. 03/05/17
Día Mundial de la Libertad de Prensa 2017
Mentes críticas para tiempos críticos: El papel de
los medios para el avance de sociedades más pacíficas, justas e inclusivas
Cada año, el 3 de mayo es una fecha en la que se
celebran los principios fundamentales de la libertad de prensa. Esta fecha
brinda la oportunidad de evaluar la libertad de prensa a nivel mundial, de
defender los medios de comunicación de los ataques sobre su independencia, así
como rendir homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas en el
desempeño de su profesión.
La UNESCO, el Gobierno de Indonesia y el Consejo de
Prensa de Indonesia serán los anfitriones del evento principal del Día Mundial
de la Libertad de Prensa y la entrega del Premio Mundial de Libertad de Prensa
UNESCO/Guillermo Cano en Yakarta, Indonesia, del 1 al 4 de mayo de 2017.
Celebraciones nacionales se llevan a cabo cada año
para conmemorar este día. La UNESCO lidera la celebración en todo el mundo
mediante la identificación de la temática global y la organización del evento
principal en diferentes partes del mundo.
El Día internacional fue proclamado por la Asamblea
General de la ONU en 1993 a raíz de una recomendación adoptada en la 26ª
reunión de la Conferencia General de la UNESCO en 1991. Esto a su vez fue una
respuesta a una llamada de periodistas africanos que en 1991 produjeron la
histórica Declaración de Windhoek sobre el pluralismo de los medios y su independencia.
Unesco.org. 03/05/17
1514. Libertades en resistencia: informe 2016 de Article 19
·
2016 es el año más violento para la prensa en
México, con 426 agresiones registradas.
·
Además es el año con más asesinatos de
periodistas registrados, con 11.
·
ARTICLE 19 exige al gobierno mexicano cumplir
con su obligación de garantizar el libre ejercicio periodístico.
ARTICLE 19 presentó en la Ciudad de México Libertades
en Resistencia, su informe anual 2016 sobre violencias contra la libertad de
expresión e información.
Durante 2016 esta organización registró 426
agresiones contra la prensa, se trata del año más violento para la prensa en
México. Las agresiones continúan en aumento, esta vez 7% más respecto a 2015,
cuando se documentaron 397.
El año pasado destaca por ser el de mayor registro
de periodistas asesinados, con 11. Previamente, ARTICLE 19 documentó en 2010,
2008 y 2006, 10 asesinatos; años que se caracterizaron por la llamada “guerra
contra el narco” durante el sexenio de Felipe Calderón. En lo que va de la
administración federal de Enrique Peña Nieto, 30 periodistas han sido
asesinados.
El gobierno mexicano no ha encontrado la solución a
la violencia contra la prensa, al contrario, ha permitido que las condiciones
para ejercer el periodismo se vulneren aún más. Su inacción deja que la
impunidad prevalezca en el 99.7% de los casos. El mensaje es claro, sin verdad
ni justicia, la prensa es blanco fácil de sus agresores.
Esta situación es todavía más preocupante cuando el
53% de las agresiones contra la prensa en 2016 fueron cometidas por
funcionarios públicos de distintos niveles de gobierno. Incluyendo, 2
ejecuciones extrajudiciales de periodistas.
De nueva cuenta, Ciudad de México es el estado con
más agresiones registradas, con 71. Le siguen Oaxaca, con 60; Veracruz, con 58;
Puebla, 28; y Guerrero, 26.
Por tipo de agresión, los ataques físicos o
materiales fueron mayoría, con 81. Le siguen las intimidaciones, con 79; las
amenazas, con 76; las privaciones ilegales de la libertad, con 58; y los actos
de hostigamiento o acoso, con 58.
Libertades en Resistencia también examina los
diferentes entornos en los que se ataca a la prensa. Por ejemplo, en 2016 se
registraron 72 agresiones contra periodistas en internet, entre ellas un caso
de espionaje digital. En contexto de protesta, se registraron 56 agresiones,
incluyendo un asesinato de un periodista. Destaca el aumento de agresiones
contra mujeres periodistas, que de 2015 a 2016 incrementó 15%, con 96 casos (14
de ellos con componente de género).
Sin embargo, la prensa no es el único sector de la
sociedad que padece el deterioro del ejercicio de la libertad de expresión e
información. El informe relata la censura gubernamental del pasado en el
Archivo General de la Nación (AGN) y la discriminación que ejercen los
gobiernos locales, en particular en Chiapas, a las mujeres y los hombres
indígenas quienes exigen la garantía de sus derechos por medio del acceso a la
información.
El informe puede consultarse en la página
articulo19.org, así como los 6 cortos documentales que la organización produjo
con testimonios de los protagonistas de los casos de Libertades en Resistencia.
La documentación de ARTICLE 19 se encuentra
disponible en un mapa interactivo. En mapa.articulo19.org se pueden descargar
fichas técnicas de la situación de la libertad de expresión y el derecho a la
información en cada uno de los estados.
Además, en el marco de esta presentación, se develó
la exposición artística Crónicas de una Revuelta, que incluye 22 obras de
artistas plásticos y fotógrafos. Las piezas se pondrán a la venta por medio de
la página articulo19.org/buscaartistas, que incluye una galería digital. El 20%
del valor de las obras será donado a ARTICLE 19.
Articulo19.org. Ciudad de México, 6/3717
1477. Freedom in the World 2016. Anxious Dictators, Wavering Democracies: Global Freedom under Pressure
Key
Findings
The world
was battered by crises that fueled xenophobic sentiment in democratic
countries, undermined the economies of states dependent on the sale of natural
resources, and led authoritarian regimes to crack down harder on dissent. These
developments contributed to the 10th consecutive year of decline in global
freedom.
The number
of countries showing a decline in freedom for the year—72—was the largest since
the 10-year slide began. Just 43 countries made gains.
Over the
past 10 years, 105 countries have seen a net decline, and only 61 have
experienced a net improvement.
Ratings for
the Middle East and North Africa region were the worst in the world in 2015,
followed closely by Eurasia.
Over the
last decade, the most significant global reversals have been in freedom of
expression and the rule of law.
Mexico
Freedom
Status: Partly Free
Aggregate
Score: 65
Overview:
President Enrique Peña Nieto reached the halfway point of his six-year
term in 2015 facing increasing questions about governmental commitment to good
governance and human rights issues. The Peña Nieto administration began its
term with a promising set of reforms accompanied by slowing homicide rates,
generating optimism about Mexico’s economic and social direction. However,
starting in 2014 the government’s narrative of progress was undermined by
corruption scandals and rights abuses. The problems continued in 2015, with an
increase in homicide rates, the escape of drug lord Joaquin “El Chapo” Guzmán
from a high-security federal prison, and ongoing repercussions of the September
2014 disappearance of 43 college students in Iguala, Guerrero, who had engaged
in political protests. Peña Nieto’s Institutional Revolutionary Party (PRI)–led
coalition maintained its majority following midterm elections in June, but the
elections also signaled party fragmentation and the emergence of independent
candidates as a new political force.
The Iguala disappearances loomed large throughout the year. Judicial
processes continued against scores of local police, drug gang members, and the
mayor of the city and his wife, but as of year’s end no convictions had been
achieved. In September 2015, a group of experts from the Inter-American
Commission on Human Rights (IACHR) released a report that assailed
investigative and procedural lapses in the government’s investigation and cast
doubt on the government’s November 2014 conclusion that the students’ charred
remains had been burned in a municipal dump. Although the state agreed to
reopen the disappeared students’ case, its response to criticisms by the IACHR
was highly defensive.
The government’s denial of the IACHR experts’ request to interview
soldiers stationed in Iguala kept rights watchers’ eyes trained on the
military, as did the slow pace of judicial proceedings against soldiers in
connection with a June 2014 confrontation between criminals and an army unit in
the State of Mexico that left 22 people dead. The spotlight also shone on the
federal police following two confrontations in Michoacán. The first, in January
2015, left 8 civilians dead, while a raid in May resulted in the deaths of 42
alleged gangsters and a police officer. In October, Human Rights Watch accused
the federal police of committing extrajudicial executions in each incident.
Also that month, the United States announced it was withholding a small portion
of pledged military assistance due to the lack of progress on rights
improvements. Meanwhile, the escape of El Chapo in July embarrassed the
government, and a number of high officials were subsequently fired or arrested
for corruption and incompetence.
The results of the June midterm elections offered the government some
relief, as the ruling PRI continued to hold a majority in the lower house of
Congress (with the help of its close allies the Green Party and the New
Alliance Party). The elections also offered the first signs of potentially
seismic changes in Mexican politics: the left fractured badly, and for the
first time candidates were permitted to run as independents, resulting in the
election of an outsider governor in the important northern state of Nuevo León.
Political Rights and Civil Liberties:
A. Electoral Process:
The president is elected to a six-year term and cannot be reelected. The
bicameral Congress consists of the 128-member Senate and the 500-member Chamber
of Deputies. Senators are elected for six-year terms through a mix of direct
voting and proportional representation, with at least two parties represented
in each state’s delegation. In the Chamber of Deputies, 300 members are elected
through direct representation and 200 through proportional representation, each
for three-year terms. Under a December 2013 electoral reform, current members
of Congress are no longer barred from reelection. As of 2018, elected senators
will be eligible to serve up to two six-year terms; deputies will be permitted
to serve up to four three-year terms. In Mexico’s federal system, the elected
governor and legislature in each of the 31 states have significant governing
responsibility, including oversight of the majority of the country’s
beleaguered police forces.
Peña Nieto won the July 2012 presidential election with 38 percent of the
vote, followed by veteran Party of the Democratic Revolution (PRD) leader
Andrés Manuel López Obrador with 31 percent. Although López Obrador initially
refused to accept the results, alleging infractions such as widespread vote
buying, overspending, and media bias, the Federal Electoral Tribunal found
insufficient evidence to invalidate the election. In June 2015, the PRI and
allied parties overcame poor government approval ratings to garner a 260-seat
majority in the lower chamber. The right-wing National Action Party (PAN) won
108 seats, while left-wing parties (the PRD, the López Obrador-led National
Regeneration Movement [MORENA], and the Citizens’ Movement) won 120. No
coalition commands a majority in the Senate, where the PRI–Green Party alliance
won 61 seats in 2012, the PAN took 38, and the PRD won 22.
Mexico’s National Electoral Institute (INE, known until 2014 as the
Federal Electoral Institute) supervises elections and enforces political party
laws, including strict regulations on campaign financing and the content of
political advertising—although control is weaker in practice. Both the 2012 and
2015 elections were generally considered free and fair, but complaints
persisted. The primary accusations in 2012—which concerned alleged instances of
vote buying and collusion between the PRI and dominant broadcaster
Televisa—were instrumental in sparking a significant anti-PRI student movement.
At the state level, allegations of misuse of public resources to favor specific
gubernatorial candidates are frequent. The 2013 political reform broadened the
INE’s power to include oversight of state elections, and the agency was
generally considered to have managed the 2015 balloting competently. However,
political analysts faulted the INE’s unwillingness to adequately punish
violations during the campaign, particularly repeated flouting of electoral
rules by the Green Party.
B. Political Pluralism and Participation:
Mexico’s multiparty system features few official restrictions on political
organization and activity. Power has changed hands twice at the national level
since 2000, and opposition parties are also competitive in many states.
However, in states with lower levels of multiparty contestation, locally
dominant political actors often govern in a highly opaque manner that limits
political activity and citizen participation and opens the door to corruption
and organized crime.
The PRI returned to national government in 2012 after losing two
consecutive presidential races to the right-leaning PAN. The PRI ruled Mexico
without interruption from 1929 to 2000, and many Mexicans still question its
commitment to full democracy. Its ally the Green Party is viewed as a particularly
feckless seeker of control over public funds. The left, which had previously
been dominated by the PRD, fragmented prior to the 2015 midterms, with López
Obrador forming his own party, MORENA. In addition to independent Jaime “El
Bronco” Rodríguez’s victory in Nuevo León, the most prominent independent wins
were one federal deputy and a state legislator in Jalisco.
Politicians and municipal governments have been subject to significant
pressure from criminal groups in recent years, with more than 300 attempted or
successful assassinations of local officials registered between 2008 and 2013.
There were at least 19 killings linked to the 2015 electoral process.
Indigenous Mexicans are not blocked from participating in the political
process, and federal and state laws prescribe procedures for the integration of
traditional community customs. However, indigenous groups remain
underrepresented in formal political institutions.
C. Functioning of Government:
Organized crime and related violence have limited the effective governing
authority of elected officials in some areas of the country. Members of
organized crime have persisted in their attempts to infiltrate local
governments in order to ensure their own impunity. The mass student disappearance
that occurred in Iguala in September 2014 was linked to a deeply corrupt local
government working in conjunction with a drug gang. In the most violent
regions, the provision of public services has become more difficult as
public-sector employees such as teachers increasingly face extortion.
Official corruption remains a serious problem. Billions of dollars in
illegal drug money—as well as large quantities of powerful firearms—enter the
country each year from the United States, and such funds affect politics,
particularly at the state and local levels. Attempts to prosecute officials for
alleged involvement in corrupt or criminal activity have often failed due to
the weakness of the cases brought by the state, prompting an attempt to purge
the federal prosecutorial agency in 2015. Punitive measures have generally
focused on low- and mid-level officials, hundreds of whom have been dismissed
or charged with links to drug traffickers. Pressure for reform intensified
during 2014 after it was revealed that the president’s wife and the finance
minister had purchased houses from an active government contractor in a
conflict-of-interest scandal. In August 2015, all were cleared of wrongdoing
following a widely derided investigation into the so-called mansion scandal.
However, civil society outcry about lack of progress contributed to the April
passage of constitutional amendments creating a new National Anticorruption
System that grants more autonomy to auditors and prosecutors. Mexico was ranked
103 out of 175 countries and territories surveyed in Transparency
International’s 2014 Corruption Perceptions Index.
Despite some limitations, a 2002 freedom of information law has
successfully strengthened transparency at the federal level, though
implementation has slowed and many states lag far behind. A new and more
extensive transparency law passed in April 2015 was mostly praised by good
governance advocates, although controversies over denial of access to files
pertaining to abuses by state security forces persisted.
Civil Liberties:
D. Freedom
of Expression and Belief:
Legal and constitutional guarantees of free speech have been improving
gradually, but the security environment for journalists remains highly
problematic. While some major media outlets have reduced or eliminated their
dependence on the government for advertising and subsidies, investigative
reporting is scarce and the distribution of government advertising still
affects coverage, particularly at the local level. Broadcast media are
dominated by a corporate duopoly composed of Televisa and TV Azteca, which together
control approximately 95 percent of the free-to-air market. Televisa has faced
accusations of supporting specific politicians over the years, usually from the
PRI. A 2013 telecommunications law established a new telecommunications
regulator, strengthened the Federal Economic Competition Commission, and
resulted in the creation of two new free-to-air channels. However, civil
society groups have criticized the limited scope of the reforms, and the
winners of the auctioned airwaves—one of which subsequently was stripped of its
frequency for nonpayment—were not considered likely to offer significant new
competition.
A major controversy emerged in March 2015, when famed investigative
reporter Carmen Aristegui, whose team broke the presidential mansion story, was
fired by MVS Radio. Aristegui accused the station of bowing to political
pressures, while the station’s owners accused her of repeated insubordination.
Reporters probing police issues, drug trafficking, and official corruption
have faced an increasingly high risk of physical harm since 2006, when violence
spiked. At least four journalists were killed in connection with their work
during 2015. Two of the killings occurred in Oaxaca, and one in Veracruz;
another Veracruz-based journalist, Rubén Espinosa, was murdered along with four
other people in Mexico City in July after threats in his home state prompted
him to flee. Given the broader context of impunity and lack of state
protection, the government’s rapid dismissal of a professional motive in the
Espinosa shooting left Mexican journalists indignant. Self-censorship has
increased, with many newspapers in violent areas avoiding publication of
stories concerning organized crime. Press watchdog groups hailed the 2012
federalization of crimes against journalists as well as an August 2015 law in
Mexico City aimed at protecting journalists and human rights defenders, but
they have decried the slow pace of the federal government’s special prosecutor
for crimes against freedom of expression since the office gained authority in
May 2013. Despite improvements in legal status, community radio stations
continue to face occasional harassment from criminals and state authorities.
Mexico has been at the forefront of citizen-led efforts to ensure internet
access. The government amended Article 6 of the constitution in 2013 to make
access to the internet a civil right. However, gangs have targeted bloggers and
online journalists who report on organized crime, issuing threats and
periodically murdering online writers.
Religious freedom is protected by the constitution and is generally
respected in practice. The government does not restrict academic freedom,
though university students are sometimes threatened for their political
activism. While there are no formal impediments to free and open discussion,
fear of criminal monitoring restricts citizens’ willingness to converse
publicly about crime issues in some areas of the country.
E. Associational and Organizational Rights:
Constitutional guarantees regarding free assembly and association are
largely upheld, but political and civic expression is restricted in some
regions. Protest activity slowed in 2015 compared to 2014’s highly-publicized
mobilizations in Guerrero and Mexico City related to the student disappearances.
Although highly active, nongovernmental organizations sometimes face
violent resistance, including threats and murders. Activists representing
indigenous groups contesting large-scale infrastructure projects have been
particularly vulnerable. In 2012, civil society pressure prompted the
government to create a Protection Mechanism for Human Rights Defenders and
Journalists, which has offered protection to several hundred people but has
been critiqued by rights groups as slow and suffering from insufficient
governmental commitment.
Trade unions, long a pillar of the PRI, have diminished significantly, but
independent unions still face interference from the government. Informal,
nontransparent negotiations between employers and politically connected union
leaders often result in “protection contracts” that govern employee rights but
are never seen by workers. Several large unions are considered opaque and
antagonistic to necessary policy reforms. Longtime teachers’ union leader Elba
Esther Gordillo—widely perceived as extremely corrupt—was arrested in February
2013 and charged with embezzling more than $150 million; she remained in prison
throughout 2015.
F. Rule of Law:
Mexico’s justice system is plagued by delays, unpredictability, and
corruption, leading to pervasive impunity. A 2008 constitutional reform
replaced the civil-inquisitorial trial system with an oral-adversarial one.
Although it was expected to strengthen due process while increasing efficiency
and impartiality, human rights groups raised concerns about the weak
protections it affords to those suspected of involvement in organized crime.
Implementation of the new system is expected to take eight years; in 2015,
civil society groups noted progress in some states but significant delays in
many others.
Abuses during criminal investigations are rife; in March, a UN special
rapporteur released a report characterizing torture as “generalized” within
Mexican police forces, generating a diplomatic spat. The government has also faced
domestic and international pressure to confront the problem of forced
disappearance, which may have affected up to 24,000 Mexicans, although figures
remain murky. In December, the government submitted a law to end the statute of
limitations for both disappearances and torture and create a system of
registering the disappeared and coordinating the state’s response.
Coordination among Mexico’s many federal, state, and local law enforcement
entities has long been problematic, and the Peña Nieto administration has
pursued streamlined chains of command. In zones plagued by crime, federal
troops have temporarily replaced local police forces. Critics contend that
federal intervention decreases incentives for governors to undertake systemic
reforms, and in practice implementation of such reforms at the local level has
been largely unsuccessful. Despite a 2009 law ordering all members of the
police to be vetted, thousands of police who failed to meet requirements have
remained on the job.
Lower courts—and law enforcement in general—are undermined by widespread
bribery and suffer from limited capacity. According to a government survey
released in September 2015, nearly 93 percent of crimes committed in 2014 went
unreported because the underpaid police are viewed as either inept or in league
with criminals. Even when investigations are conducted, only a handful of
crimes end in convictions. Prisons are violent and overcrowded, and it is not
uncommon for prisoners to continue criminal activity while incarcerated. El
Chapo’s escape led to the arrest of 34 people. The National Human Rights
Commission, long maligned due to its perceived passivity in the face of rampant
rights abuses, began to regain some credibility following the appointment of a
new director in November 2014.
Presidential authority over the armed forces is extensive, but the
military has historically operated beyond public scrutiny. Human rights
advocates have long complained about a lack of accountability for rights abuses
including torture, forced disappearances, and extrajudicial executions.
Military personnel are generally tried in military courts, but a bill passed in
April 2014 shifted the venue of trials for violations of civilians’ rights to
civilian courts. Of the seven soldiers indicted for the 2014 State of Mexico
massacre, four had charges dismissed in October 2015, while three remained in
custody pending trial.
The number of deaths attributed to organized crime rose sharply each year
between 2007 and 2011, declined from 2012 to 2014, but ticked upward again in
2015. Violence was particularly acute in Guerrero, and also rose sharply in
Mexico City. In March and April 2015, the Jalisco New Generation Cartel carried
out a series of attacks that killed more than 20 police in Jalisco. Gang
murders often feature extreme brutality designed to maximize the psychological
impact on civilians, authorities, and rival groups.
In recent years, the government has taken a number of steps to curb
violence and ease popular frustration. These include engaging in consultations
with civic leaders, the continued deployment of troops, the reformation of the
federal police and development of the National Gendarmerie, and the
decriminalization of possession of small quantities of drugs. The Peña Nieto
administration has been less vocal on matters of public safety than its
predecessor, but it has maintained many of the former administration’s
strategies, including use of the military. However, after three straight years
of declines, the murder rate increased by more than 8 percent in 2015.
Mexican law bans discrimination based on ethnic origin, gender, age,
religion, and sexual orientation. Nevertheless, the large indigenous population
has been subject to social and economic discrimination, with many groups
relegated to extreme poverty in rural villages that lack essential services.
Southern states with high concentrations of indigenous residents suffer from
particularly deficient services. Indigenous groups have been harmed by criminal
violence; in recent years, a series of communities in Guerrero and Michoacán
have formed self-defense groups, some of which were subsequently legalized. In
addition, disputes over land issues within indigenous groups have occasionally
become violent, particularly in the states of Chiapas and Oaxaca.
G. Personal Autonomy and Individual Rights:
Criminals have impeded freedom of movement by blocking major roads in
several states in recent years, and ordinary citizens avoid roads in many rural
areas after dark. Rights groups frequently detail the persecution and criminal
predation faced by migrants from Central America, many of whom move through
Mexico to reach the United States. Despite government initiatives to improve
protections, pressure from the United States to crack down on migrants
generated increasing accusations of abuses against migrants in 2015.
Property rights in Mexico are protected by a modern legal framework, but
the weakness of the judicial system, frequent solicitation of bribes by
bureaucrats and officials, and the high incidence of criminal extortion harm
security of property for many individuals and businesses. A series of
demonstrations in March 2015 drew attention to brutal working conditions
endured by many indigenous Mexicans working in northern agricultural fields.
Women play a prominent role in social and political life, and female
representatives increased their share of seats in the Chamber of Deputies to 42
percent in the 2015 elections. However, sexual abuse and domestic violence
against women are common. According to a 2012 study, 46 percent of women have
suffered some form of violence, and perpetrators are rarely punished.
Implementation of a 2007 law designed to protect women from such crimes remains
halting, particularly at the state level, and impunity is the norm for the
killers of hundreds of women each year. In July 2015, authorities in the State
of Mexico issued a “gender alert,” thereby triggering greater scrutiny and an
influx of resources to combat an epidemic of violence against women; women’s
rights advocates expressed hope it would serve as a precedent for other
similarly afflicted regions. Abortion has been a contentious issue in recent
years, with many states reacting to Mexico City’s 2007 liberalization of abortion
laws by strengthening their own criminal bans on the procedure.
Mexico took significant steps toward LGBT (lesbian, gay, bisexual, and
transgender) equality in 2015, courtesy of the Supreme Court. In June, the
chamber struck down as discriminatory a state law stating that the purpose of
marriage is procreation, and in August, it extended protections to include
adoption of minors by same-sex couples. However, implementing the jurisprudence
in all Mexican states will take time, as the court’s rulings do not apply in
blanket form to all states that have yet to legalize same-sex marriage.
Mexico is a major source, transit, and destination country for trafficking
in persons, including women and children, many of whom are subject to forced
labor and sexual exploitation. Organized criminal gangs are heavily involved in
human trafficking in Mexico and into the United States. Government corruption
is a significant concern as many officials are bribed by or aide traffickers.
FreedomHouse.com. 27/01/16
FreedomHouse.com. 27/01/16
1371. Exigen resolver asesinato de fotoperiodista
Asesinan al fotoperiodista Rubén Espinosa en DF
El 2 de Agosto, el cuerpo sin vida del fotoperiodista Rubén Espinosa fue reconocido por familiares. El cuerpo fue localizado en un domicilio de la colonia Narvarte, en la Ciudad de México y presentó dos disparos y signos de severos golpes en la cara. Familiares de Espinosa lo reportaron como desparecido y avisaron a ARTICLE 19, quienes a su vez notificaron formalmente a los organismos competentes (PGR, Segob y CNDH) para que se activaran los protocolos de búsqueda. Con la muerte de Espinosa, suman 88 periodistas asesinados en México.
En entrevista familiares de Espinosa comentaron que la última vez que tuvieron contacto con el fotoperiodista fue el viernes a las 2 P.M. cuando avisó por mensaje que se dirigía hacia su hogar.
Rubén Espinosa, fotoperiodista de Proceso, Agencia Cuartoscuro y AVC Noticias, abandonó Veracruz tras recibir agresiones en su contra y se refugió en el Distrito Federal. Un día antes de que fuera agredido. Espinosa encabezó el acto oficial de la recolocación de una placa en honor a la periodista Regina Martínez, asesinada en la misma entidad en el 2012.
Rubén Espinosa se especializaba en la cobertura de protestas, y a pesar de ser víctima del desplazamiento forzado provocado por la violencia en el estado de Veracruz y las agresiones y amenazas en su contra, Espinosa siguió publicando y trabajando como fotoperiodista.
El homicidio de Rubén Espinosa marca un nuevo hito en la violencia contra la prensa en México. Es la primera vez que un periodista desplazado es asesinado en el Distrito Federal. }ARTICLE 19 ve con suma preocupación que la Ciudad de México deje de ser el refugio seguro que albergaba a decenas de periodistas desplazados de otras entidades.
La violencia de la que había sido víctima Espinosa era públicamente conocida por las autoridades encargadas de proteger periodistas en México. Este homicidio vuelve a poner bajo la lupa la situación de Veracruz y la negligencia de las autoridades locales para brindar protección a los periodistas. Hoy, esta entidad sigue siendo el lugar más peligroso para la libertad de expresión en toda América Latina.
ARTICLE 19 hace un enérgico llamado a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que desde sus facultades hagan todo lo posible para brindar justicia. Al mismo tiempo, hacemos el llamado para que la Procuraduría General de la República atraiga el caso y disponga de todos los recursos del Estado mexicano para dar con los responsables del homicidio.
Article19.org. México. 03/08/15
La justicia no se logra
con declaraciones, se necesitan resultados: AI
Amnistía Internacional
señaló que se necesitan resultados que esclarezcan el asesinato
del foto periodista Rubén Espinosa, Nadia Vera
y tres mujeres más ocurridos el 31 de julio en la colonia Narvarte de la
Ciudad de México. La organización urge a las autoridades mexicanas a llevar a
cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los casos.
Rubén Espinosa se
encontraba en el Distrito Federal desde hace un mes debido a las amenazas
recibió mientras ejercía su profesión en
Veracruz; un estado especialmente peligroso para el periodismo, en el que 15
periodistas han sido asesinados en los últimos cinco años.
“Al ser mujeres las
otras cuatro víctimas, es indispensable que las investigaciones que lleven a
cabo las autoridades consideren como eje fundamental la perspectiva de género”,
afirmó Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México.
Como en otras
ocasiones, la organización hace un llamado a las autoridades para que agoten
todas las líneas de investigación posibles a fin de esclarecer los hechos. En
este caso, es necesario que una de dichas líneas sea el ejercicio de su labor
periodística.
Adicionalmente, resulta
alarmante que a pesar de la creación del Mecanismo de Protección para Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y de la Fiscalía Especial para la
Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, este tipo de
hechos sigan ocurriendo.
“Las declaraciones de
las autoridades que califican estos hechos como aberrantes son insuficientes si
no se acompañan de acciones concretas que prevengan ataques a periodistas, y
que cuando sucedan se investiguen y juzguen
adecuadamente. Es indispensable que este caso no quede en la impunidad
como tantos otros”, reiteró Perseo Quiroz.
México es uno de los
países más peligrosos para ejercer el
periodismo; de conformidad con la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de 2010 a enero de 2015, al menos 97
periodistas han sido asesinados.
AmnistiaInternacional.org.mx. México, 03/08/15
El periodista sirio Mazen Darwish, es ganador del Premio UNESCO/Guillermo Cano de Libertad de Prensa
El periodista y
activista de derechos humanos sirio Mazen Darwish, actualmente encarcelado, es
el ganador del Premio Mundial UNESCO/Guillermo Cano de Libertad de Prensa en su
edición 2015.
La entrega del premio
a su ganador o a una persona que lo recibirá en su nombre tendrá lugar el 3 de
mayo, en Letonia, país que este año acoge el evento mundial de celebración del
Día Mundial de la Libertad de Prensa. El acto tendrá lugar a las 18:00 hrs en la
Biblioteca Nacional de Riga.
Un jurado
independiente formado por profesionales de los medios recomendó la candidatura
de Mazen Darwish por el trabajo que ha realizado en Siria durante más de 10
años, pese al gran sacrificio personal, prohibición de viajar, acoso y torturas
y repetidas privaciones de libertad. Presidido por Ko-ko U (Myanmar),
presidente del grupo de comunicación Yangon y editor del Yangon Times, el
jurado internacional insistió en la necesidad de recordar a Darwish “aunque
esté en prisión, así como otros muchos periodistas y defensores de los derechos
humanos”.
Darwish, abogado y
defensor de la libertad de prensa, preside el Centro Sirio para los Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión (CMFE), fundado en 2004. Es uno de los
creadores del diario Voice y del portal
independiente de noticias syriaview.net, prohibido por las autoridades sirias.
En 2011, Darwish creó Media Club, la primera revista siria dedicada a la
actualidad de los medios de comunicación. El periodista está encarcelado desde
febrero de 2012, fecha en que fue arrestado junto con sus colegas Hani
Al-Zitani y Hussein Ghareer.
Numerosas
organizaciones de defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa de
todo el mundo han hecho llamamientos para que Darwish y sus compañeros sean
liberados.
El 15 de mayo de
2013, la Asamblea General de la ONU adoptó la Resolución 67/262 exigiendo que
“las autoridades sirias pongan inmediatamente en libertad a todas las personas
detenidas arbitrariamente, incluidos los miembros del Syrian Center for Media
and Freedom of Expression.” En enero de 2014, el Grupo de Trabajo de la ONU
sobre la detención arbitraria (WGAD) envió a las autoridades sirias una
comunicación denunciando la detención arbitraria de Darwish y de sus compañeros
y pidió su liberación inmediata.
Creado por el Consejo
Ejecutivo de la UNESCO en 1997, el premio anual UNESCO/Guillermo Cano honra a
una persona, organización o institución que haya hecho una contribución
destacada a la defensa y/o promoción de la libertad de prensa en algún lugar
del mundo, en particular en situaciones de peligro.
Dotado con 25.000
dólares, el premio se creó en memoria de Guillermo Cano Isaza, periodista
colombiano asesinado en Bogotá el 17 de diciembre de 1986 frente a las oficinas
del diario El Espectador, en el que trabajaba. El galardón está financiado por
la Fundación Cano (Colombia) y la Fundación Helsingin Sanomat (Finlandia).
Unesco.org. 03/04/5
Estado de Censura: Informe 2014 sobre violencia contra la prensa
“Estado de censura”,
informe de Artículo 19
En los primeros dos
años del gobierno de Enrique Peña Nieto se agredió a un comunicador cada 26.7
horas.
El informe de la
organización internacional Artículo 19 indica que el promedio de agresiones a
la libertad de expresión en México subió 80 por ciento durante los dos
primeros años de gobierno de Enrique Peña Nieto.
En el sexenio
anterior, apunta, se documentaron 1,092 agresiones, un promedio anual de 182
ataques; mientras que en los dos primeros años del gobierno actual se
registraron 656 —330 en 2013 y 326 en 2014—, un promedio de 328 ataques al
año.
“Con Felipe Calderón
Hinojosa se agredía a un comunicador cada 48.1 horas y con Peña Nieto es cada
26.7 horas”, precisa.
Sobre las agresiones
graves a la prensa, la organización puntualiza que 54 periodistas fueron
asesinados —un promedio de nueve por año— en el sexenio de Calderón; mientras
que con Peña Nieto son nueve los comunicadores muertos en los dos primeros
años —cuatro homicidios en 2013 y cinco en 2014— en lo que va del sexenio. Cabe
recordar que en el informe no se incluyeron asesinatos ocurridos este 2015,
como el caso de Moisés Sánchez.
Aristeguinoticias.com. México, Distrito Federal, 24/03/15
-INFORME COMPLETO-
“En México se atenta contra la libertad de expresión”
En Nueva York,
organizaciones, comunicadoras y feministas de diversas partes del mundo
entregaron una carta de apoyo a la periodista Carmen Aristegui.
Periodistas y
feministas de diversas partes del mundo, participantes en la sesión de la
Comisión Jurídica y Social de las Mujeres de la ONU, que se celebra en Nueva
York, expresaron su apoyo a Carmen Aristegui.
En una carta
entregada al al Embajador Alterno de México en la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), Juan Sandoval Mendiolea, las firmantes consideran que el intento
de rescisión de contrato a la periodista, por parte de MVS, es un ”atentado a
la libertad de expresión”.
Asimismo exigen al
gobierno mexicano todas las acciones para garantizar a las periodistas en
México el acceso a los medios de comunicación y el pleno goce de la libertad de
expresión, como condición fundamental para el empoderamiento de las mujeres y
la democracia.
“No se puede
reconocer la labor de las periodistas en el pleno de sesiones de Naciones
Unidas y guardar silencio ante un atentado a la libertad de expresión de la
periodista con mayor influencia en México, atentado disfrazado de una decisión
de empresa”.
A continuación la
carta firmada por periodistas, feministas y organizaciones internacionales:
Respaldo total a la periodista Carmen Aristegui Flores
Nueva York, 17 de
marzo 2015
Hoy, 20 años después
que se reconociera la importancia de los medios de comunicación para el avance
de las mujeres y sus derechos humanos, a través de la Plataforma de Acción de
Beijing, en México se atenta contra la libertad de expresión de las
periodistas.
En estos días se ha
ratificado el papel fundamental de los medios de comunicación y de las
periodistas para el cambio de paradigmas culturales, sexistas y misóginos, por
los de pluralidad y respeto a la dignidad de las mujeres.
No se puede reconocer
la labor de las periodistas en el pleno de sesiones de Naciones Unidas y
guardar silencio ante un atentado a la libertad de expresión de la periodista
con mayor influencia en México, atentado disfrazado de una decisión de empresa.
Es inaceptable que la
censura de género y el autoritarismo intenten silenciar a la periodista Carmen
Aristegui Flores y a su equipo, quienes han dado voz a las mujeres y con su
periodismo, contribuyen a la democratización de los medios de comunicación y de
la sociedad mexicana. Democracia que hoy nuevamente recibe un golpe, al
silenciar una voz profesional, independiente y crítica.
Periodistas y
feministas presente en la quincuagésima novena sesión de la Comisión Jurídica y
Social de las Mujeres de las Naciones Unidas, rechazamos este atentado a la
libertad de expresión contra la periodista Carmen Aristegui Flores y exigimos
al gobierno mexicano todas las acciones para garantizar a las periodistas en
México el acceso a los medios de comunicación y el pleno goce de la libertad de
expresión, como condición fundamental para el empoderamiento de las mujeres y
la democracia.
A t e n t a m e n t e
Periodistas
Lucía Lagunes Huerta
Yunuhen Rangel Medina
Rosario Nieto Pérez
Rosa María Rodríguez
Quintanilla
Fabiola Calvo Ocampo,
Colombia
Liliana Hendel,
Argentina
Jenny Röngrenn,
Suecia
Tona Gusi, Cataluña,
España
Feministas
Gloria Ramírez
Teresa Ulloa
Sara García,
Agrupación ciudadana por la despenalización del aborto,
Radio de Todas, El
Salvador,
Ingrid Gálvez,
GoJoven, Guatemala
Dalhi Angel, Mujeres
Indígenas Ciarena, Foro Internacional de Mujeres Indígenas
Magdalena García
Hernández, MIRA
Daphne Cuevas
Elsa María Arrollo
Hernández
Toyka Bashboz
Hernádez, MIRA-RED/UNAM
Josefina A. Valencia
Toledano – Closet de Sor Juana AC
Martha Patricia E.
Aguilar Medina – Género UAQ
Irma Serrano Esparza-
MIRA
Graciela Colin Ulloa
María Elena Ortega
Cortés
María de Lourdes
García Acevedo
Mara Muñoz Galván
Organizaciones
Red Internacional de
Periodistas con Visión de Género
Red Nacional de
Periodistas (México)
Red Internacional de
Periodistas con Visión de Género de Argentina
Cátedra Unesco de los
derechos humanos UNAM
CATWLAC
CIMAC Cladem, México
Colectivo de
Académicas en Acción Crítica Permanente (CAACP)
Defensoras Populares
Federación Mexicana
de Mujeres Universitarias (FEMU)
Red de Profesoras y
Profesores e Investigadoras de Derechos Humanos de México
Centro Cultural
Esperanza Rodríguez, AC
Mujeres Democracia y
Ciudadanía Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, AC
Aristeguinoticias.com, México, Distrito Federal. 18/03/15
“Se priva a México de
una de las periodistas de mayor prestigio”: Human Rights Watch
José Miguel Vivanco,
director de Human Rights Watch, envió el martes 17 de marzo a los medios de comunicación un posicionamiento sobre el intento de
rescisión de contrato con la periodista Carmen Aristegui y su equipo de trabajo
en Noticias MVS:
“Es lamentable y
preocupante el despido de Carmen Aristegui de su programa radial porque priva a
México de una de las periodistas de mayor prestigio en América Latina por su
rigor profesional y credibilidad en la investigación de casos de abuso de
poder.
Esta situación genera
seria preocupación por el estado de la libertad de expresión en México”, dijo.
Aristeguinoticias.com, México, Distrito Federal, 21/03/15
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