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1212. México, sin avance en combate a la pobreza: Cepal


La incidencia de pobreza en México cayó solo de 43% a 41% entre 2004 y 2012, dijo la organización; el país tuvo un aumento modesto en los salarios mínimos, agregó el organismo.
México tuvo un lento avance en la reducción de la pobreza multidimensional entre 2004 y 2012, en contraste con lo logrado en países de América Latina, de acuerdo con un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
En un periodo de siete años, los Gobiernos mexicanos disminuyeron la pobreza en alrededor de 1%, señaló el estudio Panorama Social de América Latina 2014.
En 2004, la incidencia de la pobreza multidimensional era de 43%, mientras que para 2012 cayó a 41%, según los datos presentados en el reporte de la Cepal.
Uno de los factores que han rezagado a México en la reducción de la pobreza es el salario mínimo.
"La tendencia general de los salarios medios ha sido de crecimiento real, aunque muy modesto en los casos de México y de Nicaragua", reportó la Cepal.
En el índice de pobreza multidimensional se integran aspectos monetarios y no monetarios del bienestar, privaciones en empleo, protección social y rezago escolar.
La pobreza monetaria es la privación que más aporta a la pobreza multidimensional en la región, destaca el reporte.
“Las reducciones más cuantiosas tuvieron lugar en la Argentina, el Uruguay, el Brasil, el Perú, Chile y la República Bolivariana de Venezuela, equivalentes a una disminución del índice de recuento del 7% o más por año”.
La Cepal ve una caída en este rubro sobre todo en las zonas urbanas. En el caso de México, 29% de la población de esta área sufre pobreza, mientras que en la rural, 6 de cada diez personas.
La población más vulnerable son los jóvenes, ya que la pobreza entre los menores de 15 años es más del doble de la pobreza en el grupo de mayor de edad en México.
Pese a estas cifras, México logró una reducción en la brecha salarial.
Las personas más pobres registraron una participación en el ingreso total de 6.6% en 2012, cuando en 2008 era de 5.8%. Por su parte los más ricos tuvieron 46.2% y 49% en los mismos años.
“En México, la mejora de la distribución aportó para que la caída del ingreso no se tradujese en mayores niveles de pobreza”, puntualizó la Cepal en el reporte, en el que se pronostica que si se cerraran las brechas de participación disminuirían los niveles de pobreza y desigualdad.
México y Venezuela, la excepción
El crecimiento del PIB por habitante en México, al igual que el de Venezuela, tuvo un “leve decrecimiento” de 0.1% en 2013. En contraste, Paraguay, Panamá y Bolivia, lograron un 11.8%, 56.6% y 5.2%, respectivamente, de acuerdo con datos del reporte.
El PIB por habitante en la región latinoamericana creció 1.5% “manteniendo la tendencia a la desaceleración observada desde 2010”.
Programas sociales
En 2009, con el programa Oportunidades (ahora Prospera) México destinaba 0.5% del PIB, una de las tasas más elevadas de América Latina), para cubrir al 62.8% del total de la población pobre, de acuerdo con los datos dados a conocer por la Cepal.
El promedio de la región latinoamericana equivale a 0.3% del PIB. Del gasto en programas de asistencia social, 2 de cada 10 jóvenes fueron alcanzados.
El monto a estos programas ascendió a 992.2 mdd (dólares de 2005) en 2009. México tenía un déficit de vivienda de 12 años en 2012, lo que equivale a 174.26 mdd (en dólares de 2005).
CNNexpansion.com. México, DF, 26/01/15

América Latina: la pobreza continúa
Según la CEPAL, la pobreza se mantuvo igual en los últimos dos años y la pobreza extrema incluso aumentó. La política de asistencialismo llega a su fin, lo que se necesita es más crecimiento sostenido, dicen expertos.
Casi uno de cada tres latinoamericanos es pobre. “La pobreza afecta al 28 por ciento de la población de América Latina, el proceso de reducción de la pobreza quedó estancado al nivel de 2012”, se lee en el reciente Informe Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La pobreza extrema aumentó incluso del 11,3 por ciento en 2012 al 11,7 por ciento en 2013. Y para 2014 se prevé un nuevo aumento de la pobreza extrema, al 12 por ciento. Las cifras absolutas para la región en 2014 son de unos 167 millones de pobres, de los cuales 71 millones son personas en pobreza extrema.
Si bien en muchos países se han registrado grandes progresos en la última década, el crecimiento y la reducción de la pobreza han demostrado no ser sostenibles en medio de la caída de los precios de las materias primas y el petróleo. ¿Por qué?
Para el profesor Jan Lay, de la Universidad de Gotinga, “los éxitos en la lucha contra la pobreza hasta 2010 se debieron mayormente a la expansión de los programas de transferencias sociales, pero para una reducción sostenible de la pobreza se necesita un crecimiento económico que llegue a la gran masa de la población”.
Los problemas básicos de la región que lo impiden siguen presentes, también después de una década de auge de las materias primas: “La gran desigualdad de posibilidades e ingresos y la dependencia de los recursos naturales han sido algo reducidas, pero falta mucho para eliminarlas”.
Lo que falta: un claro aumento de la productividad
Un ejemplo de ello es Brasil. “Para posibilitar el surgimiento de una dinámica capa media, el crecimiento en países como Brasil debería ser mucho mayor”, dice Simone Schotte, investigadora del German Institut of Global and Area Studies (GIGA), en Hamburgo. “Es necesario un claro aumento de la productividad, las inversiones en educación y nuevas tecnologías y la ampliación de la infraestructura, pero también una decidida lucha contra el crimen y la corrupción”, agrega.
Si bien el progreso en promedio regional fue escaso, cinco países registraron hasta 2013 igual importantes disminuciones de la pobreza. Los países con descensos fueron Paraguay (de 49,6% en 2011 a 40,7% en 2013), seguido por El Salvador (45,3% en 2012 a 40,9% en 2013), Colombia (32,9% en 2012 a 30,7% en 2013), Perú (25,8% en 2012 a 23,9% en 2013) y Chile (10,9% en 2011 a 7,8% en 2013).
Crecimiento, ayuda social y la reducción de la pobreza
¿A qué se debe la notable reducción de la pobreza en Paraguay? Para el profesor Detlef Nolte, director del GIGA, es un claro caso de asistencia social: “El balance positivo de Paraguay se debe a las reformas de política social del presidente Fernando Lugo”.
El Gobierno de Lugo introdujo los pagos sociales a hogares pobres que se comprometieran a determinadas obligaciones en cuanto a prevención de salud, alimentación y educación de los hijos: “En 2011 el programa llegó a unas 83.000 familias y unas 400.000 personas; en 2014, el número de familias beneficiadas llegó a 100.000”.
Venezuela: un modelo que no funciona
En Venezuela, por el contrario, la pobreza aumentó fuertemente en los últimos dos años (2012: 25,4 por ciento; 2013: 32 por ciento), a pesar de los programas sociales. ¿Por qué? Según Víctor Mejares, investigador venezolano visitante en Hamburgo, “la política económica de la Revolución Bolivariana solo puede funcionar en un entorno de precios del petróleo al alza”.
El retroceso en la lucha contra la pobreza comenzó ya cuando el barril de petróleo se vendía a 92 dólares (2012-2013). “Para lograr un equilibrio presupuestario y asegurar la financiación de los programas sociales, Venezuela necesita un precio del petróleo de 120 dólares por barril, mientras que el precio actual es de 38,50 dólares”, concluye Simone Schotte.
Pablo Kummetz. Prodigy.com. 03/02/15

1164. Violencia en aumento contra quienes defienden los Derechos Humanos en América

Activistas, abogados y abogadas, periodistas, líderes comunitarios y sindicalistas: todos los defensores y defensoras de los derechos humanos que ponen su vida y su libertad en peligro luchando por los derechos humanos, siguen sufriendo intimidación, acoso y violencia en América Latina y el Caribe. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
El informe, titulado Defender Derechos Humanos: Necesario, Legítimo y Peligroso que se presenta el Día de los Defensores y las Defensoras de los Derechos Humanos, ofrece una perspectiva general de la situación de quienes defienden derechos humanos en la región. El informe se centra principalmente en más de 200 casos de ataques y abusos sobre los que Amnistía Internacional ha actuado durante los dos últimos años.
“La trágica realidad es que muchas de las personas que defienden los derechos humanos en América Latina y el Caribe sufren persecución y ataques constantes como represalia por su trabajo. En diversos países hemos observado un incremento, inquietante y vergonzoso, del nivel de violencia y represión que padecen estas personas sólo por defender los derechos humanos y la justicia”, ha manifestado Erika Guevara Rosas, directora del Programa para América de Amnistía Internacional.
“Resulta angustioso contemplar el tipo y la frecuencia de los cobardes intentos por silenciar e intimidar a quienes trabajan para arrojar luz sobre los abusos contra los derechos humanos. Y aun así, estas admirables personas siguen luchando, incluso ante semejante represión. Es imperativo que los dirigentes de América redoblen sus esfuerzos y hagan más para proteger a quienes defienden los derechos humanos.”
El informe se basa en casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela.
La investigación documentó niveles especialmente altos de violencia y represión contra quienes trabajan sobre cuestiones relativas a la tierra, el territorio y los recursos naturales, contra quienes trabajan sobre los derechos de las mujeres y niñas, sobre los derechos de las personas que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales, transgénero o intersexuales (LGBTI), y sobre los derechos de las personas migrantes, así como contra periodistas y sindicalistas que defienden los derechos humanos.
Muerte y violencia
En algunos países ha habido un aumento meteórico de las amenazas y los ataques contra defensores y defensoras. Mientras tanto, las autoridades estatales de toda la región eluden su deber de abordar el creciente problema.
Colombia es uno de los países en donde la situación es más grave. Allí, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al menos 40 defensores y defensoras fueron víctimas de homicidio en los nueve primeros meses de 2014. Entre septiembre y octubre de este año, más de un centenar de activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos recibieron una serie de amenazas de muerte por correo electrónico enviadas por grupos paramilitares.
“Con frecuencia, los asesinatos de defensores y defensoras de los derechos humanos podrían haberse evitado si las autoridades estatales hubieran atendido debidamente las denuncias y hubieran investigado las amenazas y los actos de intimidación de los que estas personas fueron víctimas. Los dirigentes estatales de la región deben hacer más para abordar estos problemas y para brindar una protección efectiva a los defensores y defensoras en peligro”, ha manifestado Nancy Tapias Torrado, investigadora sobre la Situación de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos en América de Amnistía Internacional.
Derecho a la tierra y cuestiones de territorio
La investigación de Amnistía Internacional concluyó que quienes trabajan sobre los derechos humanos en relación con la tierra, el territorio y los recursos naturales en la región, pagan un alto precio por su trabajo.
En un caso emblemático de Honduras, el 27 de agosto de 2014 Margarita Murillo fue muerta a tiros. Anteriormente había denunciado amenazas e intimidación. Era defensora y líder comunitaria, y llevaba más de 40 años luchando por los derechos de las comunidades campesinas, para que pudieran mejorar sus condiciones de vida.
Violencia de género y discriminación
Quienes trabajan sobre los derechos de las mujeres y las niñas y sobre los derechos de las personas que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales, transgénero o intersexo (LGBTI) también corren especial peligro.
Amnistía Internacional realizó decenas de entrevistas a mujeres defensoras, quienes no sólo sufren represión por su labor de defensa de los derechos humanos, sino que además luchan contra la desigualdad y la discriminación y son objeto de amenazas y ataques a causa de su género.
En El Salvador, las defensoras de los derechos humanos que luchan contra la prohibición total del aborto y sus mortales consecuencias han sufrido una intimidación y una estigmatización constantes. Algunas han sido amenazadas con ser llevadas a juicio si siguen con su trabajo en apoyo a mujeres vulnerables que han sido injustamente encarceladas por haber sufrido abortos.
Los Estados aún no han adoptado ni implementado medidas de protección específicas y efectivas para que las defensoras de los derechos humanos puedan hacer frente a los riesgos específicos que corren.
De igual modo, quienes defienden los derechos del colectivo LGBTI sufren numerosos ataques a causa de su labor. Este ha sido un problema especialmente grave en el Caribe.
En agosto de 2014, tras haber recibido amenazas de muerte contra él y su familia, Javed Jaghai, miembro de la organización J-FLAG (Forum of Lesbians, All-Sexuals and Gays), retiró un recurso de inconstitucionalidad contra las leyes que criminalizan las relaciones sexuales entre hombres.
Castigo por defender los derechos humanos
Amnistía Internacional también ha observado cómo se utilizan los sistemas judiciales para reprimir a quienes defienden los derechos humanos e impedir su trabajo.
Bettina Cruz Velázquez es integrante y cofundadora de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT) en México. Desde 2011, se enfrenta a cargos penales infundados de privación ilegal de la libertad y delitos contra “el consumo y riqueza nacional”. Su único “delito” ha sido proteger los derechos de los pueblos indígenas en relación con la construcción de un parque eólico en sus tierras.
“Por desgracia, en América Latina y el Caribe cada vez es más habitual que los defensores y defensoras de los derechos humanos se enfrenten a acusaciones infundadas y detenciones injustas. Resulta sumamente preocupante que las autoridades no erradiquen el uso indebido del sistema de justicia como medio de represión”, ha manifestado Nancy Tapias Torrado.
Pasos adelante
El informe destaca que los logros alcanzados en el derecho regional e internacional aún no han sido implementados por los gobiernos del continente.
“Aunque las normas internacionales sobre la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos han avanzado, aún queda mucho camino por recorrer para que quienes están en la primera línea del trabajo de derechos humanos gocen del respeto y la protección que tan claramente necesitan”, ha manifestado Erika Guevara Rosas. 
“Instamos a los gobiernos de toda la región a hacer frente al desafío y cumplir con su obligación de proteger a quienes defienden los derechos humanos, para que así estas personas, fuente de inspiración, puedan continuar con su lucha en favor de los derechos.”
Amnesty.org. 8/12/14

857. Informe Regional de Desarrollo Humano para América Latina 2013-2014. “Seguridad Ciudadana con Rostro Humano: Diagnostico y propuestas para América Latina”

"La inseguridad ciudadana frena el desarrollo de América Latina": PNUD
Nueva York, Estados Unidos. La inseguridad es un reto compartido y un obstáculo para el desarrollo social y económico en todos los países de América Latina según un nuevo informe del Programa de Desarrollo de la ONU (PNUD) lanzado hoy en su sede en Nueva York. Pero no basta sólo con medidas de control del delito; para una reducción duradera de la inseguridad en la región, el Informe Regional de Desarrollo Humano (IDH) 2013-2014 recomienda políticas orientadas hacia la mejora de la calidad de vida de la población, con prevención del delito y la violencia por medio de un crecimiento incluyente, instituciones de seguridad y justicia eficaces, además de medidas para estimular la convivencia social.
Ell IDH “Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina” revela una paradoja: en la última década la región ha sido escenario de dos grandes expansiones, la económica pero también la delictiva. Pese a las mejoras sociales, la región sigue siendo la más desigual y la más insegura del mundo. Mientras los índices de homicidio disminuyen en otras regiones, el problema ha aumentado en América Latina, que registra más de 100 mil asesinatos cada año, llegando a superar un millón de asesinatos entre 2000-2010. Si bien la tasa de homicidios se ha estabilizado e incluso ha disminuido en algunos países, todavía es alta: en 11 de los 18 países, la tasa es mayor a los 10 asesinatos por cada 100,000 habitantes, nivel considerado epidémico. En todos los países analizados, la percepción de seguridad se ha deteriorado y el robo se ha triplicado en los últimos 25 años, convirtiéndose en el delito que más afecta a los latinoamericanos.
“La seguridad ciudadana es un tema delicado que preocupa a tomadores de decisión y repercute al calor de las campañas electorales,” dijo la Administradora del PNUD, Helen Clark. “Es un tema crucial para varias regiones, incluso América Latina y el Caribe, porque sin paz no puede haber desarrollo, y sin desarrollo no puede haber una paz duradera.”
“No hay una solución mágica para la inseguridad ciudadana en América Latina, pero este grave problema sí tiene remedio y requiere visión y voluntad política de largo plazo,” dijo el Subsecretario General de la ONU y Director del PNUD para América Latina y el Caribe, Heraldo Muñoz. “Se requiere, en cada país,  un Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana entre gobierno, partidos políticos y sociedad civil, de modo que la seguridad no se vea politizada y se transforme en una política de Estado.”
El estudio se concentra en seis amenazas principales que se entrecruzan e impactan negativamente a la región: el delito callejero;  la violencia y el delito ejercido en contra y por los jóvenes; la violencia de género; la corrupción (la apropiación indebida de los bienes públicos, cuya provisión es responsabilidad del Estado); la violencia por parte de actores estatales y la delincuencia organizada.
“Si bien algunas amenazas—como la delincuencia organizada, y especialmente el narcotráfico— suelen ser utilizadas para explicar la inseguridad, las dinámicas regionales, nacionales y locales son mucho más diversas”, explica el coordinador del IDH, Rafael Fernandez de Castro. “Incluso, muchas se originan y se manifiestan en el ámbito local.”
Una de las principales lecciones aprendidas en la región es que las políticas de "mano dura" no funcionan: la fuerte represión  policial y penal a menudo ha coincidido con altos índices de criminalidad, dice el informe. Las experiencias analizadas confirman que un enfoque que proteja los derechos a una vida digna y la integridad física y material es la base de la seguridad ciudadana, que es un bien público al cual todas las personas deben tener acceso y, como tal, su provisión es responsabilidad del Estado, resalta el IDH.
MAPA DE LA INSEGURIDAD
Mientras que en la mayoría de los países de América Latina la pobreza y la desigualdad disminuyeron en el periodo de 2004-2010, en más de la mitad de los países analizados la tasa de homicidio aumentó, incluso en aquellos países con menores niveles de pobreza. Además, uno de cada tres latinoamericanos señaló haber sido víctima de un delito con violencia en el año 2012, revela el informe del PNUD.
El aumento de las expectativas de consumo y relativa falta de movilidad social en la región impulsan lo que se denomina un “delito aspiracional”, dice el IDH. Además, las transformaciones causadas por el crecimiento urbano acelerado y desordenado, así como los cambios en la estructura familiar y deficiencias en el sistema escolar han generado condiciones que inciden en la criminalidad. El porte de armas de fuego, el consumo de alcohol y el tráfico de drogas, sin ser sus causales, también impulsan el delito según el estudio, que señala que “las capacidades de los Estados latinoamericanos no han estado a la altura del desafío de la inseguridad: la corrupción y la impunidad, así como la falta de proporcionalidad en las sanciones, han mermado su efectividad y legitimidad.”
La encuesta de cárceles que el PNUD realizó en Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, México y Perú evidencia persistentes retos sociales. Uno de cada tres internos abandonó el hogar familiar antes de los 15 años (en Chile, uno de cada dos), y entre un 13% (Argentina) y un 27% (El Salvador) nunca conocieron a su padre o madre. La encuesta también reveló que un 40% de los internos en Chile no acabó la educación primaria. En todos los países, más de un 80% de los internos encuestados no completó 12 años de escolaridad.
El informe también revela una correlación directa entre el crecimiento urbano y el delito: la mayoría de los países que tuvieron un crecimiento de la población urbana superior al 2% anual (el crecimiento demográfico natural), también tuvieron incrementos en las tasas de homicidio, con la excepción de Colombia y Paraguay. “El problema no es el tamaño de la ciudad, sino la capacidad institucional para incorporar a los sectores que se encuentran en los barrios en condiciones de marginalidad”, señala el IDH.
Los jóvenes, principalmente los varones, son los más afectados por la criminalidad y la violencia y, a la vez, son los responsables más comunes de la violencia y los delitos, según el informe, que también hace un llamado para evitar la criminalización y estigmatización de los jóvenes, particularmente los de bajos ingresos. El Salvador (92.3), Colombia (73.4), Venezuela (64.2), Guatemala (55.4) y Brasil (51.6) tienen las cinco tasas de homicidio juvenil más altas del mundo (por 100,000 jovenes), según datos de la Organización Mundial de la Salud, del 2011.
El estudio del PNUD destaca la violencia de género como una amenaza persistente y un obstáculo para el desarrollo humano, la salud pública y los derechos humanos en la región. Los registros de violencia intrafamiliar, violaciones y asesinatos de mujeres (feminicidio) han aumentado en casi todos los países. De los internos que habían cometido delitos sexuales entre el 75% y el 90% declararon conocer a sus víctimas antes del delito y entre el 20% y el 40% eran sus familiares, según el informe.
PERCEPCION DE INSEGURIDAD
El IDH regional muestra que en todos los casos analizados es mayor la percepción de inseguridad que la victimización directa. Cinco de cada 10 latinoamericanos perciben que la seguridad en el país se ha deteriorado. Pero en Honduras, por ejemplo, que tiene la mayor tasa de homicidios del mundo (86.5 por 100,000 habitantes), ocho de cada 10 ciudadanos se sienten seguros en sus barrios, siguiendo el promedio regional. En contraste, en Chile, el país con menores tasas de homicidio de la región (2 por 100,000 habitantes) y niveles bajos de victimización por robo, la percepción de seguridad es menor que en Honduras: siete de cada 10 ciudadanos se sienten seguros en su barrio.
COSTOS DE LA INSEGURIDAD
El informe resalta que la inseguridad impacta en al menos tres dimensiones del desarrollo humano: a la persona, a la cohesión social y a las instituciones democráticas. También afecta el potencial económico de la región: sin el exceso de muertes por homicidios el Producto Interno Bruto (PIB) de la región hubiese sido superior en un 0,5%, lo que equivaldría a una ganancia potencial de más de US$24 mil millones de dólares en el 2009. Además, América Latina perdió 331 millones de años de vida en el año 2009 considerando la pérdida en la expectativa de vida, el tamaño de la población regional y teniendo en cuenta las tasas de homicidio para 15 países, señala el IDH.
Asimismo, un estudio del PNUD y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el informe analizó los costos de la delincuencia y los niveles de  victimización en cinco países y reveló que Honduras experimenta los más altos costos con el delito y la violencia en porcentaje de su PIB en el 2010 (10.54%, equivalente a 1.669 millones de dólares), seguido de Paraguay (8,7%, lo que equivale a 1.742 millones de dólares), Chile (3.32%, es decir 7.215 millones de dólares) Uruguay (3%, o cerca de 1.165 millones de dólares) y Costa Rica (2.52%, 915 millones de dólares). En todos estos países los gastos públicos como consecuencia del delito (agentes de policía, jueces, prisiones) son más altos en todos los países, excepto en Uruguay, donde el costo antes de la delincuencia (medidas de seguridad, prevención) es mayor.
RESPUESTAS
El IDH resalta que reformar las instituciones básicas de la cadena de justicia—policía, jueces, ministerio público y cárceles—es esencial para responder a la inseguridad ciudadana, con énfasis en reestructurar los procesos de contratación, administración y profesionalización de los funcionarios para lograr una seguridad ciudadana efectiva y respetuosa de los derechos humanos. El estudio analizó la proporción de policías y de jueces en distintos países y realizó encuestas que revelaron bajos niveles de confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia criminal. Excepto Nicaragua y Panamá, más de la mitad de los latinoamericanos expresaron poca o ninguna confianza en que los tribunales actuarían de manera confiable en el caso de ser víctimas de un robo o asalto.
Según el estudio del PNUD el sistema penitenciario está en crisis en prácticamente todos los países de la región, con distintas intensidades. Algunos factores como las deficiencias institucionales de las policías y los tribunales, la sobrepoblación y el abuso de la prisión preventiva son retos clave. Además, la función rehabilitadora de los sistemas penitenciarios no ha sido priorizada, según el informe, “las cárceles se han vuelto espacios que potencian la violencia, los abusos de los derechos humanos, las redes criminales y la reincidencia delictiva.” Asimismo, la percepción de los ciudadanos del encarcelamiento como solución a los problemas de seguridad ha limitado el avance de reformas para reducir la población carcelaria, adoptar medidas alternativas y fomentar la reinserción social, destaca el IDH.
MÁS ALLÁ DEL ESTADO 
El informe resalta la importancia de la respuesta de “actores no estatales”, incluso de los movimientos sociales, y de la cooperación internacional, a nivel regional y con organismos internacionales. Sin embargo, enfatiza que debido a la creciente percepción de inseguridad, a la expansión de las clases medias y al “adelgazamiento” del Estado, la contratación de vigilantes privados ha crecido en América Latina a una tasa estimada del 10% anual. La región tiene hoy casi 50% más vigilantes privados (3.811.302) que agentes de policía (2.616.753), siendo los agentes de seguridad privada de la región los más armados del mundo, con una tasa de posesión de armas por empleado diez veces mayor que la de Europa occidental. Este fenómeno aumenta la desigualdad de la población en términos de capacidad de lidiar con el delito, dice el IDH.
RECOMENDACIONES
El IDH regional subraya que los esfuerzos para mejorar la seguridad ciudadana  deben de tener en cuenta las necesidades y demandas específicas de los jóvenes y las mujeres. El estudio ofrece 10 recomendaciones  basadas en las lecciones aprendidas de la región: 1. Alinear los esfuerzos nacionales para reducir el delito y la violencia, incluyendo un Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana como política de Estado; 2. Generar políticas públicas orientadas a proteger a las personas más afectadas por la violencia y el delito; 3. Prevenir la delincuencia y la violencia impulsando un crecimiento incluyente, equitativo y con calidad; 4. Disminuir la impunidad fortaleciendo las instituciones de seguridad y justicia con apego a los derechos humanos; 5.  Potenciar la participación activa de la sociedad, especialmente las comunidades locales, en la construcción de la seguridad ciudadana; 6. Incrementar las oportunidades reales de desarrollo humano para los jóvenes; 7. Atender y prevenir de modo integral la violencia de género en el espacio doméstico-privado y en el ámbito público; 8; Salvaguardar activamente los derechos de las víctimas; 9. Regular y reducir los disparadores del delito, tales como alcohol, drogas y armas, desde una perspectiva integral y de salud pública y 10. Fortalecer los mecanismos de coordinación y evaluación de la cooperación internacional.
El IDH regional concentra su análisis en 18 países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Undp.org. 12/11/13
http://www.undp.org/content/undp/es/home/presscenter/pressreleases/2013/11/12/citizen-insecurity-thwarts-latin-america-s-development-says-undp/

Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014
"Seguridad Ciudadana con rostro humano:diagnóstico y propuestas para América Latina"
Nueva York, Estados Unidos. A pesar de los avances sociales y económicos en las dos últimas décadas, América Latina sigue siendo la región más desigual y más insegura del mundo. El Informe de Desarrollo Humano para América Latina 2013-2014 del Programa de las Naciones Unidas Unidas para el Desarrollo (PNUD) revela nuevos datos sobre como la delincuencia y la violencia impactan la región y destaca una serie de recomendaciones políticas para la mejora efectiva en la seguridad ciudadana.

“Por la objetividad y solidez de su análisis, así como la pertinencia de sus propuestas de reformas institucionales y políticas públicas, este informe está llamado a ser una referencia obligada en la discusión y solución de la inseguridad ciudadana, el principal obstáculo para el desarrollo de América Latina y el Caribe." 
- ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN
Ex-Presidente de México y Director del Centro de Estudios de la Globalización de la Universidad de Yale.

"Las políticas de seguridad ciudadana son importantes en el mundo entero, con características particulares en América Latina. Este informe es una contribución a la reflexión necesaria en el ámbito de seguridad que atañe al ciudadano de manera prioritaria. En materia de violencia contra la mujer, destaca la necesidad de prevenirla y combatirla en todas sus formas, desde el hogar hasta el ámbito público." 
- ANA PALACIO
Ex Ministra de Asuntos Exteriores de España; miembro del Consejo de Estado.

"Este informe será un referente obligado para entender la seguridad ciudadana en la región y contribuirá significantemente a los desafíos gubernamentales de mejorar las políticas públicas de seguridad ciudadana y evitar caer en la tentación fácil de la mano dura”.
- JOSE MIGUEL INSULZA
Secretario-General de la Organización de los Estados Americanos.

“Los hallazgos de este informe representan una carta de navegación para los Gobiernos que, entre otros, les permitirá orientar sus políticas públicas en la búsqueda de soluciones comunes al desafío de la inseguridad.  El BID contribuyó al estudio de costos de la violencia, para que los recursos invertidos promuevan sociedades más seguras e inclusivas”.  
- LUIS ALBERTO MORENO
Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.

Undp.prg. 12/11/13
http://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/idh-regional/

Informe Regional de Desarrollo Humano para América Latina 2013-2014
“Seguridad Ciudadana con Rostro Humano: Diagnostico y propuestas para América Latina”
Nueva York, Estados Unidos. La región latinoamericana se ha establecido firmemente en el escenario internacional, y avanza en la reducción de la pobreza y la desigualdad, en el crecimiento económico y la estabilidad financiera. Sin embargo, algunos desafíos persisten: en su conjunto la región sufre la pesada carga de la violencia, con más de 100.000 homicidios registrados por año.
La mayoría de los países de la región tienen tasas de homicidio con niveles de epidemia, según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, con tasas mucho más altas que en otras regiones. Los costos humanos y sociales de esta violencia son demasiado altos.
Esta realidad llevó al PNUD a dedicar su Informe Regional de Desarrollo Humano para América Latina 2013-14 al desafío de garantizar la seguridad ciudadana. “Seguridad Ciudadana con Rostro Humano: Diagnóstico y propuestas para América Latina” evidencia los problemas de la delincuencia y la violencia en la región, y ofrece importantes recomendaciones para mejorar las políticas públicas sobre seguridad ciudadana. El informe tiene como antecedentes el Informe de Desarrollo Humano para Centroamérica del PNUD, “Abrir espacios para la seguridad ciudadana y el desarrollo humano“, lanzado en el 2009, y el Informe de Desarrollo Humano del Caribe, “Desarrollo Humano y el cambio hacia una mejor seguridad ciudadana”, del 2012.

856. Aumentan los homicidios en América Latina

AL es la región más insegura
Managua, Nicaragua. En los países de América Latina (AL), uno de cada tres ciudadanos ha limitado sus lugares de compras, y uno de cada tres ciudadanos ha restringido los lugares de recreación, ante la percepción general de inseguridad.
Esta proporción aumenta al tomar en cuenta solo a las personas que han sido víctimas de un delito. En este caso, uno de cada dos ha limitado sus lugares de compras y cuatro de cada diez, sus lugares de recreación.
Según el Informe Regional de Desarrollo Humano (IDH) 2013-2014 “Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina”, del Programa de Desarrollo de la ONU (PNUD), el delito y la violencia constituyen obstáculos graves para el desarrollo humano pleno de América Latina.
Pese a las mejoras sociales, la región sigue siendo la más desigual y la más insegura del mundo. En todos los países analizados, la percepción de seguridad se ha deteriorado y el robo se ha triplicado en los últimos 25 años, convirtiéndose en el delito que más afecta a los latinoamericanos, revela el informe.
Tras referir que América Latina registra más de cien mil asesinatos cada año y en 11 de los 18 países la tasa es mayor a los 10 asesinatos por cada cien mil habitantes, nivel considerado epidémico.
La inseguridad tiene múltiples impactos negativos en el desarrollo humano: afecta profundamente las capacidades y las libertades de las personas, la manera cómo construyen la vida en sociedad y su relación con las instituciones del Estado.
Además, señala el estudio que la inseguridad genera importantes costos, desde el gasto público de las instituciones y los gastos privados de los ciudadanos para procurarse seguridad, hasta los costos irreparables en la vida y en la integridad física de las personas, cuando llega al homicidio.
Y es así que el IDH identifica seis tipos de delitos como amenazas a la seguridad ciudadana de los países de América Latina, debido al impacto en el desarrollo humano: delito callejero, delincuencia organizada, violencia en contra de los jóvenes, la violencia de género, violencia ilegal por parte de actores estatales y la corrupción.
Entre estas amenazas resalta el delito callejero, en el que incluye los hurtos y robos de pequeña cuantía, que son los que atentan con más frecuencia contra la seguridad de los ciudadanos.
Es por eso que señala que cuando se habla de una ciudad segura o de un barrio seguro, generalmente se alude a la poca ocurrencia de delitos callejeros, expone el informe. Y aunque en algunos países de América Latina destaca la incidencia del crimen organizado, el estudio también refiere que en casi todos los países las personas identifican el delito callejero como la principal amenaza a su seguridad.
Es así como un 48 por ciento de los latinoamericanos identifican a la delincuencia común como su principal amenaza.
Plantea el informe que para responder al desafío de la violencia y el delito, los gobiernos requieren establecer una política de Estado en materia de seguridad.
Casos más frecuentes: delitos de menos cuantía 
En Nicaragua no es la excepción. El vocero de la Policía Nacional, comisionado mayor Fernando Borge, corroboró que los delitos de mayor peligrosidad se registran en menor proporción.
Y la mayor cantidad de delitos que ocurren están relacionados con hurtos, carterismo en el interior de los autobuses de transporte colectivo o robos de menor cuantía, como bicicletas, la pieza de algún vehículo, cilindro de gas licuado, entre otros.
El combate de este tipo de delitos no es fácil, apuntó Borge, pero es al problema al cual la Policía se ha “volcado” a prevenir, pues “creemos que la percepción de inseguridad tiene que ver mucho con este tipo de delitos menores”.
Los planes en paradas de autobuses de transporte público y el llamado “Coraza Popular”, que desarrolla la Policía constantemente en los barrios, les ha dejado importantes resultados, expuso el vocero policial.
El IDH refiere que en los países de AL un porcentaje alto de delitos y actos violentos contra la ciudadanía no son investigados, procesados y, en su caso, castigados, por lo que se crea una sensación de vulnerabilidad.
Y en un énfasis muy particular con los países centroamericanos de Guatemala, El Salvador y Honduras, el IDH refiere que las políticas de mano dura, sobre todo en la lucha contra las maras, en esos países han tenido un impacto negativo y profundo en la convivencia democrática y en el respeto a los derechos humanos, que están en la base del desarrollo humano. En ese aspecto, la Policía Nacional de Nicaragua logra destacar en relación con el resto de países del istmo.
El vocero policial, comisionado mayor Fernando Borge, resalta que el logro obedece a que promueven el modelo preventivo comunitario. “En este caso, la fortaleza nuestra es el trabajo con la participación ciudadana”, sostuvo Borge.
Mano dura es un fracaso
Un punto muy particular que aborda el estudio es el fracaso de las políticas de mano dura adoptadas en la región para bajar el delito y los niveles de violencia.
Y en un énfasis muy particular con los países centroamericanos de Guatemala, El Salvador y Honduras, el IDH refiere que las políticas de mano dura, sobre todo en la lucha contra las maras, en esos países han tenido un impacto negativo y profundo en la convivencia democrática y en el respeto a los derechos humanos, que están en la base del desarrollo humano.
En ese aspecto, la Policía Nacional de Nicaragua logra destacar en relación con el resto de países del istmo.
El vocero policial, comisionado mayor Fernando Borge, resalta que el logro obedece a que promueven el modelo preventivo comunitario. “En este caso, la fortaleza nuestra es el trabajo con la participación ciudadana”, sostuvo Borge.
Recomendaciones
Para una América Latina segura, el IDH recomienda: Alinear los esfuerzos nacionales para reducir el delito y la violencia. Y generar políticas públicas orientadas a proteger a las personas más afectadas por la violencia y el delito.
Prevenir el delito y la violencia, impulsando un crecimiento incluyente, equitativo y con calidad. Así como disminuir la impunidad fortaleciendo las instituciones de seguridad y justicia, con respeto a los derechos humanos.
Potenciar la participación activa de la sociedad en la construcción de la seguridad ciudadana e incrementar las oportunidades reales de desarrollo humano para los jóvenes.
Atender y prevenir de modo integral la violencia de género, así como salvaguardar los derechos de las víctimas.
Regular y reducir los disparadores del delito, como alcohol, drogas y armas y fortalecer los mecanismos de coordinación y evaluación de la cooperación internacional.
Elízabeth Romero. La Prensa.com.ni. 15/11/13
http://www.laprensa.com.ni/2013/11/18/reportajes-especiales/170505-al-region-mas-insegura

América Latina, único lugar del mundo donde los homicidios aumentan
América Latina es la única región del mundo donde los homicidios se incrementaron entre el 2000 y el 2010, con 11 países con tasas consideradas como “epidemia”  por la OMS y un millón de víctimas de violencia criminal en una década, según un informe presentado este martes en Nueva York por Naciones Unidas.
Nueva York, Estados Unidos. “Entre 2000 y 2010 la tasa de homicidios de la región creció 11%, mientras que en la mayoría de las regiones del mundo descendió o se estabilizó. En una década han muerto más de 1 millón de personas en Latinoamérica y el Caribe por causa de la violencia criminal”, afirma el estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  (PNUD).
Esta “epidemia de violencia, acompañada por el crecimiento y difusión de los delitos, así como por el aumento del temor entre los ciudadanos”  tiene lugar a pesar de que América Latina “muestra hoy en día economías más fuertes e integradas, menos pobreza y democracias más consolidadas” , indica el informe.
“En la última década, América Latina ha sido el escenario de dos grandes expansiones: la económica y la delictiva”, resume el estudio de 285 páginas y que ofrece una visión regional de la seguridad ciudadana para 18 países, desde México hasta Argentina, sumando a República Dominicana.
Según las datos recabados, 11 países  (Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Venezuela) presentan un “alto nivel”  de homicidios, con tasas superiores a 10 por cada cien mil habitantes.
Esta porcentaje es considerado por la Organización Mundial de la Salud  (OMS) como un nivel de “epidemia”. Por debajo de él se encuentran los otros siete países analizados: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Nicaragua, Perú y Uruguay.
El incremento del homicidio en América Latina afecta particularmente a “jóvenes de entre 15 y 25 años que no trabajan ni estudian” , dijo Carlos Loret de Mola, moderador de la presentación del informe en la que estuvieron presentes la titular del PNUD, Helen Clark, y el subsecretario general de la ONU y director regional del PNUD, Heraldo Muñoz.
A pesar de las alarmantes cifras, “en la mayoría de los países, la tasa se ha estabilizado en los últimos dos o tres años, e incluso hay un pequeño grupo de países que muestra una moderada disminución”, afirma el estudio.
Prensa Libre.com. 15/11/13
http://www.prensalibre.com/internacional/America_Latina-mundo-homicidios-creciendo_0_1028297322.html

Crece violencia en regiones ricas.
México, Distrito federal. Las tasas más altas de homicidios en México se registran en los municipios de menor pobreza, señala un reporte del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El patrón de violencia, según el Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad Ciudadana con Rostro Humano, es totalmente opuesto al de Colombia, donde la violencia se concentra en las demarcaciones con mayores niveles de marginación.
"La relación entre bienestar e inseguridad puede transformarse radicalmente a lo largo del tiempo. Un ejercicio llevado a cabo en México muestra cómo entre los años 1990 y 2000 la mayor incidencia de homicidios se registraba en los municipios con mayor pobreza por ingresos", indica el estudio.
"En el 2005 y 2007, esta relación empezó a transformarse, y para el 2010 había cambiado drásticamente.
Para entonces, un mayor número de homicidios había comenzado a ocurrir en los municipios de menor pobreza por ingresos".
El estudio reconoce que no hay una relación clara entre pobreza y delito, pues en cada país y en cada época se observan comportamientos diferentes.
La educación en Latinoamérica, abunda el organismo, ha mejorado, pero los niveles de violencia no.
No obstante, sí hay una relación entre la deserción escolar y la delincuencia, pues los jóvenes con menor nivel educativo están más expuestos a ser víctimas de la violencia.
La tasa de homicidios de hombres de 18 a 40 años sin primaria es muy superior a la nacional, con 300 por cada 100 mil habitantes.
En contraste, indica, entre los varones de 26 a 40 años que lograron terminar estudios universitarios, la tasa de homicidios se ubica en 26 por cada 100 mil habitantes.
Algo semejante ocurre con las mujeres, donde el único grupo que tiene una tasa de homicidios superior al promedio nacional es el que se encuentra entre 18 y 25 años sin primaria terminada.
Otro dato sobre la relación educación y delincuencia es que el 51 por ciento de los presos declara no haber llegado ni a 9 años de escolaridad, mientras que el 85 por ciento tuvo menos de 12 años.
Victimizados
El PNUD indica que los jóvenes suelen ser el grupo más involucrado en la violencia, regularmente vistos como victimarios, pero también como víctimas.
En Colombia, la guerrilla y el paramilitarismo han provocado el ingreso forzado de jóvenes a sus filas; en países de Centroamérica conforman las pandillas o maras, y en México la estimación es de que 30 mil menores cooperan activamente con la delincuencia organizada desde la piratería hasta extorsión y narcotráfico.
Otro sector vulnerable son las mujeres, pues en México las agresiones sexuales contra ellas representan el 11 por ciento del total de delitos por los que hay condenas en las cárceles, mientras que en Perú llegan a ser el 22 por ciento.
En el caso mexicano, arriba del 70 por ciento de estos casos de violencia, el agresor conocía a la víctima.
Itxaro Arteta. El Norte.com. 15/11/13
http://www.elnorte.com/nacional/articulo/773/1545545/?Titulo=escala-violenciaen-regiones-ricas


América Latina: la paradoja del crecimiento con inseguridad
Durante los últimos años se ha producido un notable desarrollo económico-social, pero al mismo tiempo aumentan vertiginosamente los crímenes. Entre 2000 y 2010 se han producido más de un millón de asesinatos
Madrid, España. En años recientes, América Latina ha sido el escenario de dos grandes expansiones: la económico-social y la delictiva. Pese a los avances en crecimiento y las mejoras en salud, educación y reducción de pobreza y desigualdad, la región se ha tornado la más insegura del mundo.
Mientras los índices de homicidio disminuyen en otras regiones, el problema ha aumentado en América Latina, registrándose más de un millón de asesinatos entre 2000-2010. En 11 de 18 países, las tasas de homicidios superan la clasificación de “nivel epidémico”, con más de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. En tanto, el robo se ha triplicado en los últimos 25 años, convirtiéndose en el delito que más afecta a los latinoamericanos. Un promedio de seis en cada 10 latinoamericanos fueron víctima de un robo con violencia en el año 2012.
Estos son datos del Informe Regional de Desarrollo Humano Ciudadanía con Rostro Humano: Diagnóstico y Propuestas para América Latina, apoyado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que recién damos a conocer. La constatación de que la inseguridad es un reto compartido y un obstáculo para el desarrollo social y económico en todos los países de la región ha llevado al Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD), en el cual dirijo la división para América Latina y el Caribe, a dedicar dos años de investigación para diagnosticar el problema y aportar recomendaciones para mejorar las políticas públicas en la materia.
¿Cómo explicar el aumento en el crimen y la violencia si América Latina experimentó, entre el 2000-2010, el período de mayor crecimiento económico de las últimas cuatro décadas? ¿Cómo explicar la magnitud de la inseguridad ciudadana si esta bonanza económica, junto a la creación de empleos y algunas políticas innovadoras en materia social, elevaron más de un tercio de la población de la región a la clase media?
Por un lado, el crecimiento económico no se traduce automáticamente en una mejora en el desarrollo humano y tampoco implica que los ciudadanos estén más seguros. El informe destaca que en América Latina el crecimiento ha sido de baja calidad, basado en el consumo y con insuficiente movilidad social, lo cual ha impulsado una suerte de “delito aspiracional”. Los robos de celulares, laptops y ropa deportiva son una expresión de este fenómeno.
Por otro lado, el deterioro de la inseguridad ciudadana también se relaciona con las transformaciones demográficas causadas por el crecimiento urbano acelerado y desordenado, así como los cambios en la estructura familiar y fallas en el sistema escolar; es decir, se ha erosionado el tejido social, generándose condiciones que inciden en la criminalidad. Además, el porte de armas de fuego, el consumo de alcohol y el tráfico de drogas son factores que impulsan el crimen y el delito. Otro elemento fundamental es la escasa capacidad de los Estados latinoamericanos, así como la falta de profesionalización en el combate al delito y la carencia de proporcionalidad en las sanciones.
La encuesta de cárceles que el PNUD realizó en Argentina, Brasil, Chile, México y Perú evidencia persistentes retos sociales. Uno en cada tres internos abandonó su hogar antes de los 15 años (en Chile uno en cada dos), y entre un 13% (Argentina) y 27% (El Salvador) nunca conocieron a su padre o madre. La encuesta también reveló que un 40% de los internos en Chile no acabó la educación primaria. En todos los países, más de un 80% de los internos encuestados no completó 12 años de escolaridad.
Los jóvenes, principalmente los varones, son los más afectados por la criminalidad y la violencia, y a la vez son los responsables más comunes de la violencia y los delitos; el informe, también hace un llamado a evitar la estigmatización de los jóvenes, particularmente los de bajos ingresos.
La violencia de género también es una amenaza persistente y un obstáculo para el desarrollo humano, la salud pública y los derechos humanos en la región. Los registros de violencia intrafamiliar, violaciones y asesinatos de mujeres (feminicidios) han aumentado en casi todos los países. De los internos que habían cometido delitos sexuales, entre el 75 y el 90% declararon conocer a sus víctimas antes del delito y entre el 20 y el 40% eran sus familiares, según el informe.
La inseguridad ciudadana también afecta el potencial económico de la región: sin el exceso de muertes por homicidios el Producto Interno Bruto (PIB) de la región hubiese sido superior en un 0,5%, lo que equivaldría a una ganancia potencial de más de 24 mil millones de dólares en el 2009. Un estudio del PNUD y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) elaborado para el informe analizó los costos de la delincuencia y los niveles de victimización en cinco países y reveló que Honduras sufre los más altos costos con el delito y la violencia en porcentaje de su PIB en el 2010 (10.54%, equivalente a 1.669 millones de dólares), seguido de Paraguay (8,7%, lo que equivale a 1.742 millones de dólares), Chile (3.32%, es decir 7.215 millones de dólares) Uruguay (3%, o cerca de 1.165 millones de dólares) y Costa Rica (2.52%, 915 millones de dólares).
La creciente percepción de inseguridad y el “adelgazamiento” del Estado han estimulado la contratación de vigilantes privados, que ha crecido en América Latina a una tasa estimada del 10% anual. La región tiene hoy casi 50% más vigilantes privados (3.811.302) que agentes de policía (2.616.753), siendo los agentes de seguridad privada de la región los más armados del mundo, con una tasa de posesión de armas por empleado 10 veces mayor que la de Europa occidental. Esta privatización de la seguridad agudiza la desigualdad que experimentan los latinoamericanos.
No hay una solución mágica para la inseguridad ciudadana en América Latina, pero el problema sí tiene remedio y requiere visión y voluntad política a largo plazo. América Latina cuenta con experiencias y lecciones aprendidas de gran valor, que se analizan en el informe. Una de las principales lecciones de la región es que las políticas de "mano dura" no funcionan: la fuerte represión policial y penal a menudo ha coincidido con espirales de violencia y altos índices de criminalidad.
Entre las 10 recomendaciones para una región más segura, destaco la conveniencia de evitar la politización del tema de la inseguridad, visualizándola como un desafío de todos que demanda construir en cada país un Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana como política de Estado, provista de medidas para el corto, mediano y largo plazo.
No hay otro camino sino el de elaborar políticas que se orienten hacia una estrategia integral de seguridad ciudadana, que incluya la actuación policial a partir de un trabajo por cuadrantes y cercano con las comunidades locales; la adaptación de nuevas tecnologías para ubicar puntos neurálgicos del crimen, enfatizando la prevención en las áreas de riesgo; la mejora de la calidad de vida de la población con especial atención en los grupos más vulnerables como jóvenes y mujeres; una justicia accesible, ágil y eficaz; y una educación que se base en valores de convivencia pacífica, tolerancia y respeto al estado de derecho.
Heraldo Muñoz. Subsecretario-General de las Naciones Unidas y director del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD).
Heraldo Muñoz. Analítica.com. 15/11/13
http://www.analitica.com/va/internacionales/opinion/1760149.asp

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