- Analiza Greenpeace
la actuación del gobierno federal en agricultura, bosques, energía, cambio
climático y tóxicos
- Preocupan graves
retrocesos en materia de derechos humanos y medio ambiente, criminalizando la
protesta social
México, Distrito
Federal. A un año de que Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia de la
República ha quedado demostrado que el medio ambiente no es una prioridad de su
gobierno. Hasta ahora solo tenemos una larga lista de declaraciones “políticamente
correctas” acerca de la importancia de los recursos naturales y de lograr la
sustentabilidad, pero sin acciones concretas para conseguirlo.
En Greenpeace sabemos
que un año es insuficiente para remediar los daños ambientales que por décadas
se han tolerado, sin embargo, durante este tiempo pudieron sentarse las bases
de una verdadera transformación, sobre todo cuando el actual gobierno ha
promocionado este 2013 como el “año de las reformas”, sustentadas –en teoría-
por las tres principales fuerzas políticas del país (PRI, PAN y PRD)
representadas en el Pacto por México.
Lamentablemente, en
estos 12 meses, la administración federal ha promovido el Pacto como una
plataforma política que pondría fin a décadas de desacuerdos entre las élites
del poder, pero en la realidad solo ha servido para dar continuidad a políticas
públicas que privilegian los intereses corporativos por encima del bienestar
social y el medio ambiente.
Este acuerdo
-sostenido por alfileres- es solo un disfraz para el desinterés del gobierno
para lograr una verdadera transformación del país que eleve la calidad de vida
de los mexicanos, basándose en un manejo adecuado de los recursos para generar
empleos, elevar la competitividad y acelerar la economía, con pleno respeto a
los derechos y las libertades en un entorno de seguridad, transparencia y sin
corrupción.
El presente análisis
se centra en las acciones implementadas durante el primer año de gobierno de
Peña Nieto en las áreas relacionadas con las cuatro campañas activas de
Greenpeace y el panorama que viven las organizaciones sociales ante la
criminalización de la protesta durante este periodo.
Energía y Cambio
Climático
En agosto, el titular
del Poder Ejecutivo presentó la reforma energética considerada en el Pacto por
México. La propuesta está basada en la modificación de los artículos 27 y 28
constitucionales, para abrir el sector energético a la inversión privada a
través de contratos de utilidad compartida. Esto ha generado división de
opiniones, polémica y la ruptura del tan “exaltado” Pacto por México, una vez
que el PRD ha anunciado su salida de él.
El punto de quiebre del Pacto fue la falta de
consenso en el debate de la reforma energética, que se ha centrado en la conveniencia
o no, de la participación de capital privado para dar continuidad a proyectos
peligrosos como la explotación de crudo en aguas profundas y ultra profundas, y
la explotación del gas shale a pesar de los severos impactos ambientales que
éste ocasiona.
Más allá de la
inclusión de capital privado en el sector energético, el gobierno está
desaprovechando la oportunidad de reformar el sector para transitar hacia un
modelo energético basado en fuentes renovables. A pesar que México tiene una
gran cantidad de recursos naturales y potencial para detonar fuentes de energía
renovables -como la solar, eólica, térmica y fotovoltaica-; y existen leyes y
mecanismos para impulsarlas; lo cierto es que no se ha puesto el interés
necesario para que México se pueda transformar en un país que impulse el uso de
esas tecnologías y sea más sustentable.
La dependencia del
sector energético a los hidrocarburos vulnera a los sectores económico y
social; ya que cada día que continuamos quemando carbón, petróleo y gas,
acentuamos el cambio climático, la sobreexplotación de los recursos naturales y
la contaminación, que repercuten en la salud de la población.
El reciente informe
del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en
inglés) reafirmó que México es uno de los países más afectados por los impactos
del cambio climático, debido a que tiene 11 mil 200 kilómetros de litorales en
los océanos Atlántico y Pacífico, donde según el IPCC se intensificarán los
fenómenos hidrometeorológicos.
A finales de
septiembre, México fue víctima de grandes inundaciones por el desbordamiento de
ríos y deslaves, ocasionados por las tormentas tropicales Ingrid y Manuel;
afectando a miles de personas, principalmente en los estados de Guerrero,
Veracruz y Oaxaca.
Para la fecha de la
emergencia, el Fondo Nacional para Desastres Naturales (Fonden) contaba con 6
mil 300 millones de pesos, pero los daños, ocasionados por Ingrid y Manuel
ascendieron a más de 16 mil millones de pesos. El presupuesto de Egresos para
2014, aprobado hace unos días por la Cámara de Diputados agregó un fondo de 7
mil millones de pesos para cubrir los daños a la infraestructura causados por
las recientes lluvias en el estado de Guerrero.
Lo anterior, es solo
un ejemplo de la falta de una política preventiva ante desastres asociados al
cambio climático y cómo cuando se presentan los desastres solo “reaccionamos”,
la reforma energética da la posibilidad de cambiar este panorama si apostamos
por energías renovables que reducen las emisiones de carbono y en consecuencia
el calentamiento del planeta y los fenómenos asociados a él.
Agricultura
Sustentable y Transgénicos
La protección del
maíz nativo y la prohibición definitiva de la siembras de maíz transgénico en
nuestro país es otro gran pendiente de la administración de Peña Nieto. Este
gobierno ha ignorado las advertencias de los científicos, los agricultores y
los ambientalistas sobre los riesgos de permitir el cultivo de organismos
genéticamente modificados: contaminación genética y con agrotóxicos, pérdida de
las miles de razas y variedades de maíz existes; y control de la industria de
la biotecnología sobre el grano base de la alimentación de los mexicanos, por
poner algunos ejemplos.
En lugar de cumplir
con su función de velar por la protección de nuestra diversidad de maíz, la
salud del campo, el medio ambiente, el bienestar de los agricultores y
garantizar que se respete a México como centro de origen del maíz, las
secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) se han convertido
en abogados de la industria de la biotecnología.
Mientras el Juzgado
Federal Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal emitió
en octubre de 2013, una medida precautoria en la que ordena la suspensión de
permisos a trasnacionales como Monsanto y Pionner, entre otras, para la siembra
“experimental”, liberación y comercialización de maíz transgénico en México,
Semarnat y Sagarpa no
respaldaron la medida precautoria emitida por el juez y por el contrario,
apelaron la decisión, demostrando que trabajan para satisfacer intereses
corporativos por encima de la ciudadanía.
Asimismo, el gobierno
de Peña Nieto no ha planteado una alternativa para el campo con apoyos que
permitan el desarrollo de los pequeños y medianos productores, con prácticas
amigables para el medio ambiente, en su lugar ha dado continuidad a un modelo
agrícola basado en el elevado uso de insumos agrícolas (herbicidas, plaguicidas,
fertilizantes) que impacta a los ecosistemas, la biodiversidad y las
condiciones socio-económicas de los productores mexicanos.
El gobierno, mediante
su Cruzada Nacional contra el Hambre, contribuye a mantener este modelo, en el
cual muy pocas empresas tienen el control sobre la cadena de producción de
nuestros alimentos, que además, son de dudosa calidad y que provocan un grave
problema en la salud de los mexicanos, quienes sufren cada vez más de obesidad
y paradójicamente desnutrición, así como enfermedades relacionadas con el
consumo de productos industrializados.
En este primer año de
gobierno la problemática sigue, los grandes productores reciben la mayor parte
de los apoyos públicos, mientras que los pequeños viven una situación de abandono
gubernamental.
Bosques y Selvas
El 31 de enero, el
presidente Enrique Peña Nieto anunció públicamente el Programa Nacional
Forestal (Pronafor) que, en teoría, promoverá el aprovechamiento sustentable de
los recursos forestales, reactivará la economía de este sector, contribuirá a
la generación de empleos, ingresos y mejora de la calidad de vida de los
habitantes de zonas forestales así como a mantener e incrementar la provisión
de bienes y servicios ambientales a la sociedad, así como a reducir emisiones
de carbono generadas por la deforestación y la degradación forestal.
La propuesta
pareciera hacer eco a algunas propuestas que la sociedad civil y expertos han
realizado para resolver los problemas del sector, y de alguna forma hacer
frente al problema de deforestación y deterioro de los bosques que, según un
estudio publicado en "El Capital Natural de México" por la Comisión
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio, 2009), afecta
a casi medio millón de hectáreas en nuestro país. Sin embargo, el documento o
análisis que sostiene al Pronafor como propuesta de la nueva administración aún
no se ha publicado.
En los últimos años,
la Conafor ha hecho pública una constante reducción en la tasa de deforestación
nacional, sin que contemos con evaluaciones de impacto que nos permitan
verificar en qué medida esta supuesta reducción se debe a los programas de
apoyo gubernamentales, mientras que el último Inventario Nacional Forestal y de
Suelos, correspondiente al periodo 2004-2009 que se entregó a finales de 2012,
no se incluyeron estadísticas generales que informen a la población sobre cuál
es la tasa actual deforestación nacional, regional o por estados.
Ante la falta de
información pública, el gobierno priista no puede demostrar la efectividad, y
congruencia entre objetivos y resultados de algunos programas a los que
aparentemente se les pretende dar seguimiento en la presente administración,
tanto para alcanzar una reducción real en la pérdida y deterioro de los
ecosistemas forestales en México, así como impulsar el desarrollo del sector
con base en criterios de sustentabilidad.
En este mismo
sentido, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 para el sector
forestal da continuidad a la opacidad en el destino de los recursos públicos
que impera desde 2011, cuando la administración anterior decidió integrar todo
el presupuesto en tres rubros con títulos engañosos en los que el único vínculo
corresponde a la forma en que se eroga el gasto (reglas de operación,
lineamientos y operación), obstaculizando así la transparencia y rendición de
cuentas, y la posibilidad de saber con precisión qué y cómo se financia con
presupuesto de la Conafor.
Es urgente contar con
información sólida y actualizada sobre el estado en que se encuentran los
bosques y selvas a lo largo del país para, en consecuencia, diseñar una
estrategia a los detonadores de cambio de uso de suelo de los ecosistemas
forestales en cada región del país que provea de instrumentos y alternativas
adecuados y efectivos para su manejo sostenible y conservación, que garanticen
certidumbre y continuidad a los dueños de terrenos forestales con un flujo
adecuado y transparente de los recursos.
Tóxicos
El acceso al agua es
un derecho humano y México tiene un gran rezago para garantizarlo, sobre todo
cuando hablamos de calidad del líquido, más del 70 por ciento de los ríos de
nuestro país sufren algún grado de contaminación, causada -en algunos casos-
por la industria que vierte sus descargas residuales sin control a los cuerpos
de agua, ante la impasividad de las autoridades.
Este problema ha sido
desatendido durante varios sexenios y el de Enrique Peña Nieto no es la
excepción. La visión de la actual administración en materia hídrica es corta y
sin una propuesta contundente para remediar la escasez y la mala calidad del
agua, que merma la disponibilidad del líquido y afecta a las comunidades
aledañas.
Entre los primeros
anuncios del gobierno se dijo que la Comisión Nacional del Agua (Conagua)
pasaría a ser un organismo de prevención ante la escasez del líquido frente a
las sequías que afectan principalmente al norte y centro del país, pero hasta
ahora ha quedado en una mera intención, no se ha presentado un programa de
trabajo que detalle acciones específicas más allá de “cerrar la llave” para
promover el ahorro del agua.
Se habló también de
impulsar la creación de plantas desalinizadoras para utilizar el agua de mar
como fuente de abastecimiento. Esta propuesta no resuelve el problema de
escasez sino que da continuidad a la explotación de recursos en lugar de evitar
que la contaminación llegue a los ríos y a los mantos freáticos.
En el Pacto por
México se acordó “replantear el manejo hídrico del país”, con una Ley de Agua
Potable y Saneamiento y reformas a la Ley de Aguas Nacionales que aún no han
sido presentadas a pesar de que se ha llamado al 2013 el “año de las reformas”,
lo que muestra la falta de seriedad y compromiso de la actual administración en
el tema.
Las propuestas del
gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto presentan semejanzas con las de
gestiones pasadas, nos están presentando más de lo mismo y lamentablemente se
evita una visión integral del problema, porque la escasez de agua no es
exclusiva del cambio climático. Mientras se siga permitiendo la descarga de
tóxicos a los cuerpos de agua, México es y seguirá siendo un paraíso para
contaminar.
Criminalización de la
protesta
Greenpeace tiene como
principio fundamental la No-Violencia, una filosofía de vida basada en el
principio de igualdad. Con base en esta convicción, no podemos ignorar actos de
injusticia que atenten contra la dignidad de los seres vivos y damos testimonio
de ello, señalando a los responsables.
A la organización
preocupa que en este primer año se presenten graves retrocesos en materia de
derechos humanos y medio ambiente, criminalizando la protesta social. El 2013,
deja muchos ejemplos de ello:
En noviembre, los
opositores al proyecto de la presa de La Parota denunciaron la persecución de
su vocero, Marco Antonio Suástegui, quien dijo que el gobierno de Guerrero
pretende encarcelarlo y acusarlo de secuestro y ataques a las vías federales de
la comunicación.
Noé Vásquez Ortiz,
integrante del “Colectivo Defensa Verde, Naturaleza para Siempre” y miembro del
Movimiento Mexicano de Afectadas y Afectados por las Presas y en Defensa de los
Ríos (MAPDER), fue asesinado el 2 de agosto,
en Amatlán de los
Reyes, Veracruz. Noé, junto con otras organizaciones, se oponía a la
construcción del proyecto hidroeléctrico El Naranjal, que desde 2009 se
pretende instalar en la cuenca de los ríos Blanco y Metlac.
Estos casos, nos recuerdan
a Aldo Zamora, defensor de los bosques y colaborador de Greenpeace México,
quien fuera acribillado en mayo de 2007 por oponerse a la tala ilegal de los
bosques de las Lagunas de Zempoala. El crimen, denunciado ante el entonces
Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, no ha sido resuelto.
La Oficina en México
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH
México) en su “Informe sobre la Situación de las y los Defensores de Derechos
Humanos en México: Actualización y Balance” (junio de 2013) nos da una muestra
de la realidad que enfrentan los activistas ambientales.
El análisis del
periodo comprendido entre noviembre de 2010 y diciembre de 2012, indica que el
mayor número de reportes por agresiones contra defensoras y defensores se
registró en Oaxaca, Chihuahua, Coahuila, Guerrero y DF.
Los tipos de
agresiones más frecuentes son las amenazas e injerencias arbitrarias. Otro
problema es que perduran los impedimentos para identificar a la mayoría de los
presuntos responsables de las agresiones.
Desde el 1 de
diciembre de 2012, cuando Peña Nieto asumió el poder, ha incrementado la escala
de violencia y represión de diversas manifestaciones en las que se utilizó la
fuerza de manera desproporcionada e irracional en contra de manifestantes y
también de periodistas; detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles,
inhumanos y degradantes, limitaciones ilegítimas a la libertad de buscar y
difundir información, tal como lo documentó Artículo 19 y la Recomendación
7/2013 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en donde se
constatan las violaciones a las garantías individuales de 102 personas durante
las manifestaciones de ese día.
Los enfrentamientos
entre policías y manifestantes se han hecho cada vez más violentos: el desalojo
a la fuerza de los maestros de la CNTE del zócalo capitalino y la marcha en
recuerdo de la matanza de estudiantes del 2 de octubre, en donde se acusó la
presencia de infiltrados pagados por el gobierno, sirvieron de pretexto para
que el PAN presentara una iniciativa para la expedición de la Ley General de
Manifestaciones Públicas y una legislación similar para el Distrito Federal,
ambas propuestas imponen requisitos para la realización de protestas en la vía
pública.
Pero el tema no paró
ahí: el 19 de noviembre de 2013, el Pleno de la Asamblea Legislativa del DF
aprobó con 38 a favor, seis votos en contra y una abstención, el dictamen para
reformar los artículos 123, 130, 241 y otros más del Código Penal del Distrito
Federal, mediante las cuales se incrementa en una mitad las penas para quienes
en el marco de manifestaciones o concentraciones públicas cometan los delitos
de lesiones y homicidio dolosos contra autoridades, así como daños a la propiedad
pública y privada; dentro de la propuesta se incluía el agravamiento de penas
para aquellas personas que actúen encapuchadas.
Artículo 19 señala
que esta “reforma penal contraviene los principios democráticos de legalidad e
igualdad propios de un Estado de Derecho y se dirige a la construcción de un
régimen de excepción para manifestantes” y que “de esta forma se pretende
dirigir el aparato punitivo contra quienes disienten públicamente sin reparar
en las causas que originan la protesta, imponiendo un estigma delincuencial a
los manifestantes e impulsando el uso político del sistema de procuración y
administración de justicia”.
Greenpeace.org. 29/11/13
http://www.greenpeace.org/mexico/Global/mexico/Docs/2013/Primer_a%C3%B1o_gobierno_EPN.pdf
