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"Hay que distinguir entre antisemitismo y la crítica legítima a Israel", dice relatora especial sobre la libertad de expresión y de opinión de la ONU

La relatora especialista en libertad de expresión señala que las restricciones a este derecho fundamental en las Universidades y calles de Estados Unidos, además de violar el derecho de protesta, están agudizando la polarización política y llevando al país a una especie de histeria.
En el marco de las protestas dentro de las Universidades y las calles de Estados Unidos sobre la guerra en Gaza y las medidas que se están tomando contra ellas, una experta* independiente de derechos humanos señaló que la “crisis de Gaza se está convirtiendo en una crisis mundial de la libertad de expresión”.
En respuesta a los distintos niveles de tolerancia que se observan en las manifestaciones, dependiendo de si estas son pro-palestinas o son pro-israelíes, la relatora** especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión dijo que es “una señal muy preocupante”, especialmente en países conocidos por apoyar el derecho a la manifestación pacífica.
“Las cabezas de los directores de universidades están rodando”, observó Irene Khan, señalando que se está restringiendo tanto la libertad de expresión académica como la estudiantil: “Esto va a tener enormes repercusiones durante mucho tiempo”.
“¿Adónde nos lleva esto? Esto claramente polariza aún más el clima político sobre este tema entre un ellos y un nosotros. Y una parte tiene razón y la otra no”, explica.
Khan destaca que se ha producido un aumento de la incitación al odio en todos los bandos, lo que también es muy preocupante, sin embargo aclara que hay que distinguir entre lo que es esa instigación y lo que es la crítica política legítima o una visión política diferente.
“Creo que el antisemitismo o la islamofobia deben prohibirse. De hecho, ambos están prohibidos por el derecho internacional. Pero no debemos mezclar eso con la crítica a Israel como entidad política, como Estado. Criticar a Israel es perfectamente legítimo según el derecho internacional. Y lo que veo que ocurre en muchas de estas situaciones es una confusión entre lo que es incitación al odio, o incitación a la violencia por motivos de raza o religión, y lo que es básicamente una visión política diferente de la situación en Israel y los territorios ocupados, o una crítica a las políticas de Israel, una crítica a la forma en que Israel está llevando a cabo este conflicto”, dijo la experta.
Histeria en Estados Unidos
Khan, que como otros relatores y expertos de derechos humanos de la ONU no recibe un salario por su trabajo, insistió en que el discurso legítimo debe ser protegido, pero observa que, “por desgracia, hay una especie de histeria, si puedo decirlo así. Hay una histeria que se está apoderando de los EE.UU., sobre esta cuestión”.
También señala que ella y otros expertos independientes de derechos humanos han “detectado un sesgo contra el apoyo pro-palestino”.
Como ejemplo, señala que en las redes sociales se ha demostrado en las que dependen de Meta: “La propia junta de supervisión de Meta ha pedido cuentas al respecto diciendo que no están tratando de la misma manera el discurso pro-israelí y el discurso pro-palestino. Hay un sesgo”.
Por todo ello, Khan se mostró muy preocupada porque “todos estos son mensajes muy negativos sobre la libertad de expresión”.
Y recordó: “Necesitamos la libertad de expresión, es un derecho fundamental. Es importante para la democracia. Es importante para el desarrollo. Es importante para la resolución de conflictos, para las negociaciones y, en última instancia, para construir la paz”.
Para la experta sacrificar ese derecho en aras de razones políticas y tratando de socavar los derechos a la libertad de protesta, de reunión pacífica, el derecho a la libertad de expresión, supone un “flaco favor” a la democracia por el que “pagaríamos un precio”.
“Sería más difícil negociar. Sería más difícil sentar a la gente a la mesa para hablar. Si encierras a una parte y no le permites desahogarse”, concluye.
*Los relatores especiales y otros expertos independientes en derechos forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. No forman parte del personal de la ONU, son independientes de cualquier gobierno u organización y no reciben un salario por su trabajo.
**Irene Khan, relatora especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.
Centro de Noticias ONU (2024, 25 de Abril) Hay que distinguir entre antisemitismo y la crítica legítima a Israel",  dice experta. Centro de Noticias ONU. Recuperado el 05 de Mayo de 2024. 
https://news.un.org/es/story/2024/04/1529286?utm_source=Noticias+ONU+-+Bolet%C3%ADn&utm_campaign=9ba562bd72-EMAIL_CAMPAIGN_2024_04_26_12_05&utm_medium=email&utm_term=0_e7f6cb3d3c-9ba562bd72-%5BLIST_EMAIL_ID%5D

Denuncian la desproporcionada actuación policial contra las protestas en los campus de Estados Unidos


El responsable de velar por los derechos humanos en el mundo señaló que, si bien cualquier conducta o discurso claramente antisemita es totalmente inaceptable y profundamente preocupante, también lo son las conductas y los discursos antiárabes y antipalestinos.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirmó que la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica son “fundamentales para la sociedad”, especialmente cuando hay fuertes desacuerdos sobre cuestiones importantes, como ocurre en relación con el conflicto en los Territorios Palestinos Ocupados e Israel.
Volker Türk se refería así a las manifestaciones llevadas a cabo por estudiantes de la Universidad de Columbia en Nueva York, para exigir a sus autoridades que dejen de hacer donaciones a Israel debido a la ocupación y el asalto militar de Gaza, que en los últimos días se han extendido por todo el país.
Las autoridades universitarias norteamericanas, de la costa occidental a la oriental, han adoptado distintos enfoques, que van desde la respuesta inicial de Columbia de llamar la policía para desalojar por la fuerza a los estudiantes acampados en señal de protesta, hasta mantener negociaciones con los estudiantes y permitir la permanencia de los campamentos.
Los manifestantes de Columbia ignoraron el lunes un ultimátum de la universidad para que abandonaran el campamento o se arriesgaran a ser suspendidos. A primera hora de la mañana del martes, los estudiantes tomaron el histórico Hamilton Hall del campus, atrincherándose en su interior.
El edificio es emblemático ya que fue uno de los ocupados en las protestas estudiantiles por los derechos civiles y la guerra de Vietnam en 1968.
El presidente de la universidad anunció a primera hora del lunes que el diálogo con los manifestantes había fracasado, y que la institución no cedería a las demandas de no entregar dinero a Israel. Los estudiantes sostienen que ese dinero sirve para financiar las bombas que están contribuyendo al genocidio palestino.
El derecho a protestar es fundamental
En su declaración del martes, Türk señaló que, en las últimas semanas, miles de estudiantes universitarios de Estados Unidos han protestado contra la guerra, y muchas manifestaciones se han desarrollado sin incidentes.
Destacó que, sin embargo, sí se han producido cientos de detenciones tras las intervenciones en algunos campus de las fuerzas de seguridad. Muchos han sido puestos en libertad posteriormente, mientras que otros aún se enfrentan a cargos o sanciones académicas.
Las medidas adoptadas por las autoridades y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para restringir este tipo de expresión deben examinarse cuidadosamente para garantizar que no van más allá de lo que es demostrablemente necesario para proteger los derechos y libertades de los demás o para otro objetivo legítimo, como el mantenimiento de la salud o el orden públicos, afirmó Türk.
“Me preocupa que algunas de las medidas adoptadas por las fuerzas del orden en una serie de universidades parezcan desproporcionadas en sus efectos”, subrayó.
El responsable de derechos humanos insistió que cualquier conducta o discurso claramente antisemita es totalmente inaceptable y profundamente preocupante, pero que también lo son las conductas y los discursos antiárabes y antipalestinos.
“La incitación a la violencia o al odio por motivos de identidad o puntos de vista, ya sean reales o supuestos, debe repudiarse enérgicamente”, continuó. “Ya hemos visto que una retórica tan peligrosa puede desembocar rápidamente en violencia real”.
Türk expresó que cualquier conducta violenta debe abordarse caso por caso y no mediante medidas generales “que imputan a todos los miembros de una protesta los puntos de vista inaceptables de unos pocos”.
Legislación sobre derechos humanos
“Aquí, como en todas partes, las respuestas de las universidades y las fuerzas del orden deben guiarse por la legislación sobre derechos humanos, permitiendo un debate vibrante y protegiendo espacios seguros para todos”, razonó.
El Alto Comisionado hizo hincapié en que cualquier restricción a las libertades fundamentales de expresión debe guiarse por “la legalidad, la necesidad y la proporcionalidad” y aplicarse sin discriminación.
“Las universidades estadounidenses tienen una fuerte tradición histórica de activismo estudiantil, debate estridente y libertad de expresión y reunión pacífica”, dijo Türk.
“Debe quedar claro que los ejercicios legítimos de la libertad de expresión no pueden confundirse con la incitación a la violencia y al odio”.
Centro de Noticias ONU. "Denuncian la desproporcionada actuación policial contra las protestas en los campus de Estados Unidos". Centro de Noticias ONU. 30//04/2024. Recuperado el 01/05/2024.
https://news.un.org/es/story/2024/04/1529426?utm_source=Noticias+ONU+-+Bolet%C3%ADn&utm_campaign=5f67989ec9-EMAIL_CAMPAIGN_2024_05_01_12_05&utm_medium=email&utm_term=0_e7f6cb3d3c-5f67989ec9-%5BLIST_EMAIL_ID%5D

1671. "No podemos permitir que un número reducido de empresas de redes sociales tenga demasiado poder": António Guterres


António Guterres señala que debe haber un marco de trabajo legal que rija las operaciones de las redes sociales. “Me preocupa el poder que ya tienen”, dice en una conferencia de prensa en la que también manifiesta confianza en que la relación entre Estados Unidos y China tenga un nuevo comienzo.
¿Debe ser una compañía la que tenga el poder de decisión para cerrar cuentas de personas en las redes sociales? ¿O debemos crear mecanismos en los que haya un marco de trabajo que les permita hacerlo ajustándose a la ley? , preguntó el Secretario General de las Naciones Unidas en una rueda prensa celebrada este jueves en la sede la Organización en la que abarcó múltiples temas de relevancia mundial.
Cuando se le pidió su opinión sobre la decisión de la plataforma Twitter de cerrar la cuenta del ex mandatario de Estados Unidos, António Guterres respondió cuestionando el poder de las empresas digitales.
“Mi respuesta clara es la segunda opción. Es decir, no creo que podamos vivir en un mundo donde se dé demasiado poder a un número reducido de empresas. Y debo decir que estoy especialmente preocupado por el poder que ya tienen”, dijo.
El titular de la ONU alertó sobre el volumen de información de cada persona recopilado por las redes sociales. Se refirió con alarma a “la falta de control que tenemos sobre nosotros mismos, sobre los datos relacionados con nosotros”.
“Estoy especialmente preocupado por el poder que ya tienen las empresas digitales”
Advirtió que esos datos no sólo pueden usarse con propósitos comerciales, sino que pueden llegar a cambiar el comportamiento de la gente.
Además, -añadió-existe el riesgo de que se usen “desde el punto de vista político para el control de los ciudadanos en los países”.
Guterres consideró que todas esas cuestiones requieren una discusión seria y afirmó uno de los objetivos de la hoja de ruta de la ONU para la cooperación digital es precisamente poner el tema sobre la mesa.
Estados Unidos-China
Al referirse a las relaciones entre Estados Unidos y China, confió en que mejorarán con el cambio de gobierno estadounidense.
“Espero que veamos un nuevo comienzo”, recalcó, y añadió que esto abarca varias dimensiones.
Reconoció que esos países tienen dos visiones completamente diferentes en cuanto a los derechos humanos y que “es claro que no hay margen para un acuerdo o una visión común”.
Sin embargo, afirmó que hay un área donde hay una gran convergencia de intereses: la acción climática.
“Me parece que hay razones para esperar que los dos países se involucren ampliamente en la preparación de la COP26 y en el avance hacia la neutralidad de las emisiones de carbono lo más rápidamente posible”, apuntó.
Esos países también pueden buscar conjuntamente la movilización de capacidades y recursos para alcanzar los objetivos climáticos, explicó.
Comercio y tecnología
Mencionó un tercer terreno en el que Estados Unidos y China pueden competir o cooperar: comercio y tecnología.
“Mi llamado es a una negociación seria en esos campos para garantizar la preservación de una economía global, así como un internet con ciberseguridad global, mientras respaldan los valores que nos son comunes: justicia, igualdad, cooperación internacional y respeto a los derechos humanos”, enfatizó el Secretario General.
En cuanto al nuevo gobierno de Estados Unidos, informó que ha tenido contactos iniciales y reiteró que los anuncios recientes de políticas relevantes que tienen que ver directamente con la ONU son “extremadamente importantes”, desde el regreso al Acuerdo de París hasta la reasignación de fondos para los programas humanitarios dirigidos a los palestinos.
“Todas esas decisiones han suscitado expectativas positivas y trabajaremos muy de cerca para apoyar de lleno estos cambios de políticas que se alinean con nuestra posición en favor de fortalecer el multilateralismo y de entender que la cooperación internacional es la única vía para abordar el mundo de hoy. Y desde luego, la reducción de la disfuncionalidad del Consejo de Seguridad entre las mayores potencias es muy importante”, acotó Guterres.
Noticias ONU. Naciones Unidas. 28 Enero 2021

1645. Federico Mayor Zaragoza anima a "reaccionar" ante las consecuencias del cambio climático, el fanatismo y el domino de las élites



"Por primera vez, podemos alzar la voz, ha llegado el momento de no ser cómplices del silencio y de no dejar embaucarnos por medios de comunicación que son la voz de su amo"
-Federico Mayor Zaragoza

El presidente de la Fundación Cultura de Paz, Federico Mayor Zaragoza, ha animado en Atarfe (Granada) a "reaccionar y alzar la voz" ante las consecuencias "irreversibles" del cambio climático y los fanatismos.
Mayor Zaragoza, que ha acudido al acto conmemorativo del 50 aniversario del IES Ilíberis de Atarfe, ha pedido a los jóvenes que reaccionen ante las políticas "neoliberales", no sean espectadores pasivos y actúen de forma "responsable" en la lucha por la conservación del planeta.
"Los centros docentes son para enseñar a pensar lo que ustedes libres y responsablemente quieran pensar, no actúen nunca al dictado de nadie", ha subrayado el exdirector de la Unesco durante una intervención dirigida a los alumnos que llenaban el auditorio.
Mayor Zaragoza se ha referido a las amenazas que se ciernen sobre la humanidad, principalmente al cambio climático, un proceso "potencialmente irreversible" del que responsabiliza a las políticas "neoliberales" de las principales potencias del mundo.
También ha alertado del peligro que entraña el "fanatismo o el supremacismo" que, según ha advertido, "mata".
"Por primera vez, podemos alzar la voz, ha llegado el momento de no ser cómplices del silencio y de no dejar embaucarnos por medios de comunicación que son la voz de su amo", ha recalcado Mayor Zaragoza, quien ha elogiado el "despertar" del movimiento feminista por la igualdad o la reciente protesta de los estudiantes que salieron a la calle para protestar por los efectos del cambio climático, ha informado el Ayuntamiento de Atarfe.
LaVanguardia.com. España, 28/03/19

1615. Expresión libre e información veraz


La expresión irrestricta de nuestros puntos de vista es un Derecho Humano (art. 19 de la Declaración Universal). La Constitución de la UNESCO, que tiene como misión construir la paz "en la mente de los hombres", establece en su artículo primero "la libre circulación de las ideas por la palabra y por la imagen".
También es un derecho poder acceder a una información veraz, equilibrada, que no refleje la ideología, creencias,  partido político, etc. de quienes emiten la noticia.
Es intolerable que los muy pocos sean capaces de modelar el comportamiento de los muchos mediante el acoso de un enorme poder mediático, hasta el punto de que sigan callados e inaparentes cuando el tiempo del silencio ha concluido.
La desinformación es peligrosísima.
No me canso de insistir en el riesgo de ser sólo espectadores, receptores impasibles, pusilánimes, resignados. Las generaciones venideras merecen algo más. No nos dejemos convencer y ahormar. Con la mejor voluntad, muchas personas no conocen más verdades que las que se les presentan por quienes no dan puntada sin hilo pensando exclusivamente en las próximas elecciones.
Lamentablemente, hasta los medios de comunicación menos tendenciosos se inclinan, de vez en cuando, ante el inmenso poder del “gran dominio” (militar, financiero, energético, mediático).   La concentración del poder mediático audiovisual y escrito es de tal naturaleza que no sólo influye a escala mundial para justificar acciones difícilmente asumibles por la mayor parte del público sino que, a través de los medios más adecuados del "grupo", desencadenan movimientos especulativos de la economía  o crean "enemigos" para que no se desacelere la inmensa maquinaria de la guerra.
Muchas personas que no leen más de un periódico corren el peligro -salvo contadas excepciones- de formarse una idea totalmente errónea de lo que acontece. En consecuencia, sus opiniones sobre la gobernación, sobre la justicia, sobre los partidos... se van tiñendo de la misma parcialidad, de los mismos sesgos que los que caracterizan al diario. Lo mismo sucede con los canales de TV que, progresivamente, van perteneciendo a los mismos amos...
Es fundamental informarse prestando atención también a tendencias reconocidamente contrarias, ver otros canales de TV y escuchar, de vez en cuando al menos, otras emisoras de radio que las "habituales"... Y hablar desapasionadamente, serenamente, de temas controvertidos con amigos de "otros cestos"... Y ver también lo que pasa más allá de nuestro entorno, fuera de España.
Por cuanto antecede, es indispensable tener tiempo para pensar, para reflexionar sobre los distintos temas, para leer y escuchar otras opiniones y expresar después nuestros puntos de vista sin cortapisas, nunca al dictado de otros, nunca condicionados por influencias sectarias, fanáticas, dogmáticas, supremacistas. Sólo así  podremos avanzar hacia el otro mundo posible que anhelamos.
Federico Mayor Zaragoza. Profesor, político y alto funcionario internacional español. Doctor en Farmacia por la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. Exdirector General de la Unesco. Director de la Fundación Cultura de Paz de España.

1545. Basta ya


1544. La libertad de expresión bajo amenaza

5to homicidio de periodista en el año. 
Un nuevo homicidio de un periodista en México –el quinto en el año– pone de manifiesto la alarmante situación de la libertad de expresión en el país, así lo ha manifestado Amnistía Internacional.
Javier Valdez Cárdenas, fundador del medio Río Doce, periodista de La Jornada y El Noroeste, murió por disparos a unos metros de su oficina en el estado de Sinaloa, en el norte de México. Javier era conocido por su trabajo sobre el crimen organizado y el narcotráfico. En 2011 recibió el Premio Internacional a la Libertad de Prensa, otorgado por el Comité para la Protección de Periodistas.
Este es el segundo asesinato de un periodista de La Jornada en el 2017 y ningún medio debería tener que enfrentar esta terrible situación.
“Ser periodista en México parece más una sentencia a muerte que una profesión. El continuo derramamiento de sangre del cual las autoridades prefieren hacer caso omiso genera un profundo vacío que afecta el ejercicio de la libertad de expresión en el país”, ha manifestado Tania Reneaum, directora de Amnistía Internacional México.
“El país se ha convertido en una zona de alto riesgo para los profesionales que, como Javier, informan con valentía de situaciones relativas al crimen y la seguridad. El asesinato de Javier pone de manifiesto que ningún periodista, sin importar el alcance de su medio, está a salvo. Este crimen, como los demás, debe investigarse de manera independiente e imparcial y todos aquellos sobre quienes pese la sospecha de ser responsables deben comparecer ante la justicia”.
De acuerdo a la organización Artículo 19, 105 profesionales de medios de comunicación han sido asesinados en México desde el año 2000. Reporteros sin Fronteras ha declarado que, en 2016, México fue el tercer país con el número más elevado de muertes de periodistas  en el mundo, superado únicamente por Siria y Afganistán.
Ser periodista en México parece más una sentencia a muerte que una profesión. 
Amnistia.org.mx. Ciudad de México, 15/05/2017

1531. Mujeres Periodistas


1528. Día Mundial de la Libertad de Prensa 2017. Mentes críticas para tiempos críticos: El papel de los medios para el avance de sociedades más pacíficas, justas e inclusivas

Día Mundial de la Libertad de Prensa
3 de mayo

«En el Día Mundial de la Libertad de Prensa pido que cese todo tipo de represión contra los periodistas - porque la libertad de prensa fomenta la paz y la justicia para todos».
-António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas

Teniendo en cuenta ese derecho, el Día Mundial de la Libertad de Prensa es una oportunidad para:
Celebrar los principios fundamentales de la libertad de prensa;
evaluar la situación de la libertad de prensa en el mundo;
defender los medios de comunicación de los atentados contra su independencia y;
Rendir homenaje a los periodistas que han perdido la vidas en el cumplimiento de su deber.
La Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, la agencia que encabeza la conmemoración de este día, ha elegido este año como lema el de «Mentes críticas para tiempos críticos» con el objetivo de destacar el papel de los medios en el avance hacia sociedades más pacíficas, justas e inclusivas.
Después de un decline de audiencias de los medios tradicionales, una disminución de ingresos y reclamaciones de una creciente desconexión entre la gente y los medios, la propagación de noticias falsas, como ejemplificado en la cobertura de acontecimientos políticos importantes en el 2016, es el desafío más reciente afectando al sector de los medios de comunicación.
Un.org. 03/05/17

Día Mundial de la Libertad de Prensa 2017
Mentes críticas para tiempos críticos: El papel de los medios para el avance de sociedades más pacíficas, justas e inclusivas
Cada año, el 3 de mayo es una fecha en la que se celebran los principios fundamentales de la libertad de prensa. Esta fecha brinda la oportunidad de evaluar la libertad de prensa a nivel mundial, de defender los medios de comunicación de los ataques sobre su independencia, así como rendir homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas en el desempeño de su profesión.
La UNESCO, el Gobierno de Indonesia y el Consejo de Prensa de Indonesia serán los anfitriones del evento principal del Día Mundial de la Libertad de Prensa y la entrega del Premio Mundial de Libertad de Prensa UNESCO/Guillermo Cano en Yakarta, Indonesia, del 1 al 4 de mayo de 2017.
Celebraciones nacionales se llevan a cabo cada año para conmemorar este día. La UNESCO lidera la celebración en todo el mundo mediante la identificación de la temática global y la organización del evento principal en diferentes partes del mundo.
El Día internacional fue proclamado por la Asamblea General de la ONU en 1993 a raíz de una recomendación adoptada en la 26ª reunión de la Conferencia General de la UNESCO en 1991. Esto a su vez fue una respuesta a una llamada de periodistas africanos que en 1991 produjeron la histórica Declaración de Windhoek sobre el pluralismo de los medios y su independencia.
Unesco.org. 03/05/17




1514. Libertades en resistencia: informe 2016 de Article 19

·                 2016 es el año más violento para la prensa en México, con 426 agresiones registradas.
·                 Además es el año con más asesinatos de periodistas registrados, con 11.
·                 ARTICLE 19 exige al gobierno mexicano cumplir con su obligación de garantizar el libre ejercicio periodístico.
ARTICLE 19 presentó en la Ciudad de México Libertades en Resistencia, su informe anual 2016 sobre violencias contra la libertad de expresión e información.
Durante 2016 esta organización registró 426 agresiones contra la prensa, se trata del año más violento para la prensa en México. Las agresiones continúan en aumento, esta vez 7% más respecto a 2015, cuando se documentaron 397.
El año pasado destaca por ser el de mayor registro de periodistas asesinados, con 11. Previamente, ARTICLE 19 documentó en 2010, 2008 y 2006, 10 asesinatos; años que se caracterizaron por la llamada “guerra contra el narco” durante el sexenio de Felipe Calderón. En lo que va de la administración federal de Enrique Peña Nieto, 30 periodistas han sido asesinados.
El gobierno mexicano no ha encontrado la solución a la violencia contra la prensa, al contrario, ha permitido que las condiciones para ejercer el periodismo se vulneren aún más. Su inacción deja que la impunidad prevalezca en el 99.7% de los casos. El mensaje es claro, sin verdad ni justicia, la prensa es blanco fácil de sus agresores.
Esta situación es todavía más preocupante cuando el 53% de las agresiones contra la prensa en 2016 fueron cometidas por funcionarios públicos de distintos niveles de gobierno. Incluyendo, 2 ejecuciones extrajudiciales de periodistas.
De nueva cuenta, Ciudad de México es el estado con más agresiones registradas, con 71. Le siguen Oaxaca, con 60; Veracruz, con 58; Puebla, 28; y Guerrero, 26.
Por tipo de agresión, los ataques físicos o materiales fueron mayoría, con 81. Le siguen las intimidaciones, con 79; las amenazas, con 76; las privaciones ilegales de la libertad, con 58; y los actos de hostigamiento o acoso, con 58.
Libertades en Resistencia también examina los diferentes entornos en los que se ataca a la prensa. Por ejemplo, en 2016 se registraron 72 agresiones contra periodistas en internet, entre ellas un caso de espionaje digital. En contexto de protesta, se registraron 56 agresiones, incluyendo un asesinato de un periodista. Destaca el aumento de agresiones contra mujeres periodistas, que de 2015 a 2016 incrementó 15%, con 96 casos (14 de ellos con componente de género).
Sin embargo, la prensa no es el único sector de la sociedad que padece el deterioro del ejercicio de la libertad de expresión e información. El informe relata la censura gubernamental del pasado en el Archivo General de la Nación (AGN) y la discriminación que ejercen los gobiernos locales, en particular en Chiapas, a las mujeres y los hombres indígenas quienes exigen la garantía de sus derechos por medio del acceso a la información.
El informe puede consultarse en la página articulo19.org, así como los 6 cortos documentales que la organización produjo con testimonios de los protagonistas de los casos de Libertades en Resistencia.
La documentación de ARTICLE 19 se encuentra disponible en un mapa interactivo. En mapa.articulo19.org se pueden descargar fichas técnicas de la situación de la libertad de expresión y el derecho a la información en cada uno de los estados.
Además, en el marco de esta presentación, se develó la exposición artística Crónicas de una Revuelta, que incluye 22 obras de artistas plásticos y fotógrafos. Las piezas se pondrán a la venta por medio de la página articulo19.org/buscaartistas, que incluye una galería digital. El 20% del valor de las obras será donado a ARTICLE 19.
Articulo19.org. Ciudad de México, 6/3717


1477. Freedom in the World 2016. Anxious Dictators, Wavering Democracies: Global Freedom under Pressure

Key Findings
The world was battered by crises that fueled xenophobic sentiment in democratic countries, undermined the economies of states dependent on the sale of natural resources, and led authoritarian regimes to crack down harder on dissent. These developments contributed to the 10th consecutive year of decline in global freedom.
The number of countries showing a decline in freedom for the year—72—was the largest since the 10-year slide began. Just 43 countries made gains.
Over the past 10 years, 105 countries have seen a net decline, and only 61 have experienced a net improvement.
Ratings for the Middle East and North Africa region were the worst in the world in 2015, followed closely by Eurasia.
Over the last decade, the most significant global reversals have been in freedom of expression and the rule of law.

Mexico
Freedom Status: Partly Free
Aggregate Score: 65
Overview:
President Enrique Peña Nieto reached the halfway point of his six-year term in 2015 facing increasing questions about governmental commitment to good governance and human rights issues. The Peña Nieto administration began its term with a promising set of reforms accompanied by slowing homicide rates, generating optimism about Mexico’s economic and social direction. However, starting in 2014 the government’s narrative of progress was undermined by corruption scandals and rights abuses. The problems continued in 2015, with an increase in homicide rates, the escape of drug lord Joaquin “El Chapo” Guzmán from a high-security federal prison, and ongoing repercussions of the September 2014 disappearance of 43 college students in Iguala, Guerrero, who had engaged in political protests. Peña Nieto’s Institutional Revolutionary Party (PRI)–led coalition maintained its majority following midterm elections in June, but the elections also signaled party fragmentation and the emergence of independent candidates as a new political force.
The Iguala disappearances loomed large throughout the year. Judicial processes continued against scores of local police, drug gang members, and the mayor of the city and his wife, but as of year’s end no convictions had been achieved. In September 2015, a group of experts from the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) released a report that assailed investigative and procedural lapses in the government’s investigation and cast doubt on the government’s November 2014 conclusion that the students’ charred remains had been burned in a municipal dump. Although the state agreed to reopen the disappeared students’ case, its response to criticisms by the IACHR was highly defensive.
The government’s denial of the IACHR experts’ request to interview soldiers stationed in Iguala kept rights watchers’ eyes trained on the military, as did the slow pace of judicial proceedings against soldiers in connection with a June 2014 confrontation between criminals and an army unit in the State of Mexico that left 22 people dead. The spotlight also shone on the federal police following two confrontations in Michoacán. The first, in January 2015, left 8 civilians dead, while a raid in May resulted in the deaths of 42 alleged gangsters and a police officer. In October, Human Rights Watch accused the federal police of committing extrajudicial executions in each incident. Also that month, the United States announced it was withholding a small portion of pledged military assistance due to the lack of progress on rights improvements. Meanwhile, the escape of El Chapo in July embarrassed the government, and a number of high officials were subsequently fired or arrested for corruption and incompetence.
The results of the June midterm elections offered the government some relief, as the ruling PRI continued to hold a majority in the lower house of Congress (with the help of its close allies the Green Party and the New Alliance Party). The elections also offered the first signs of potentially seismic changes in Mexican politics: the left fractured badly, and for the first time candidates were permitted to run as independents, resulting in the election of an outsider governor in the important northern state of Nuevo León.
Political Rights and Civil Liberties:
A. Electoral Process:
The president is elected to a six-year term and cannot be reelected. The bicameral Congress consists of the 128-member Senate and the 500-member Chamber of Deputies. Senators are elected for six-year terms through a mix of direct voting and proportional representation, with at least two parties represented in each state’s delegation. In the Chamber of Deputies, 300 members are elected through direct representation and 200 through proportional representation, each for three-year terms. Under a December 2013 electoral reform, current members of Congress are no longer barred from reelection. As of 2018, elected senators will be eligible to serve up to two six-year terms; deputies will be permitted to serve up to four three-year terms. In Mexico’s federal system, the elected governor and legislature in each of the 31 states have significant governing responsibility, including oversight of the majority of the country’s beleaguered police forces.
Peña Nieto won the July 2012 presidential election with 38 percent of the vote, followed by veteran Party of the Democratic Revolution (PRD) leader Andrés Manuel López Obrador with 31 percent. Although López Obrador initially refused to accept the results, alleging infractions such as widespread vote buying, overspending, and media bias, the Federal Electoral Tribunal found insufficient evidence to invalidate the election. In June 2015, the PRI and allied parties overcame poor government approval ratings to garner a 260-seat majority in the lower chamber. The right-wing National Action Party (PAN) won 108 seats, while left-wing parties (the PRD, the López Obrador-led National Regeneration Movement [MORENA], and the Citizens’ Movement) won 120. No coalition commands a majority in the Senate, where the PRI–Green Party alliance won 61 seats in 2012, the PAN took 38, and the PRD won 22.
Mexico’s National Electoral Institute (INE, known until 2014 as the Federal Electoral Institute) supervises elections and enforces political party laws, including strict regulations on campaign financing and the content of political advertising—although control is weaker in practice. Both the 2012 and 2015 elections were generally considered free and fair, but complaints persisted. The primary accusations in 2012—which concerned alleged instances of vote buying and collusion between the PRI and dominant broadcaster Televisa—were instrumental in sparking a significant anti-PRI student movement. At the state level, allegations of misuse of public resources to favor specific gubernatorial candidates are frequent. The 2013 political reform broadened the INE’s power to include oversight of state elections, and the agency was generally considered to have managed the 2015 balloting competently. However, political analysts faulted the INE’s unwillingness to adequately punish violations during the campaign, particularly repeated flouting of electoral rules by the Green Party.
B. Political Pluralism and Participation:
Mexico’s multiparty system features few official restrictions on political organization and activity. Power has changed hands twice at the national level since 2000, and opposition parties are also competitive in many states. However, in states with lower levels of multiparty contestation, locally dominant political actors often govern in a highly opaque manner that limits political activity and citizen participation and opens the door to corruption and organized crime.
The PRI returned to national government in 2012 after losing two consecutive presidential races to the right-leaning PAN. The PRI ruled Mexico without interruption from 1929 to 2000, and many Mexicans still question its commitment to full democracy. Its ally the Green Party is viewed as a particularly feckless seeker of control over public funds. The left, which had previously been dominated by the PRD, fragmented prior to the 2015 midterms, with López Obrador forming his own party, MORENA. In addition to independent Jaime “El Bronco” Rodríguez’s victory in Nuevo León, the most prominent independent wins were one federal deputy and a state legislator in Jalisco.
Politicians and municipal governments have been subject to significant pressure from criminal groups in recent years, with more than 300 attempted or successful assassinations of local officials registered between 2008 and 2013. There were at least 19 killings linked to the 2015 electoral process.
Indigenous Mexicans are not blocked from participating in the political process, and federal and state laws prescribe procedures for the integration of traditional community customs. However, indigenous groups remain underrepresented in formal political institutions.
C. Functioning of Government:
Organized crime and related violence have limited the effective governing authority of elected officials in some areas of the country. Members of organized crime have persisted in their attempts to infiltrate local governments in order to ensure their own impunity. The mass student disappearance that occurred in Iguala in September 2014 was linked to a deeply corrupt local government working in conjunction with a drug gang. In the most violent regions, the provision of public services has become more difficult as public-sector employees such as teachers increasingly face extortion.
Official corruption remains a serious problem. Billions of dollars in illegal drug money—as well as large quantities of powerful firearms—enter the country each year from the United States, and such funds affect politics, particularly at the state and local levels. Attempts to prosecute officials for alleged involvement in corrupt or criminal activity have often failed due to the weakness of the cases brought by the state, prompting an attempt to purge the federal prosecutorial agency in 2015. Punitive measures have generally focused on low- and mid-level officials, hundreds of whom have been dismissed or charged with links to drug traffickers. Pressure for reform intensified during 2014 after it was revealed that the president’s wife and the finance minister had purchased houses from an active government contractor in a conflict-of-interest scandal. In August 2015, all were cleared of wrongdoing following a widely derided investigation into the so-called mansion scandal. However, civil society outcry about lack of progress contributed to the April passage of constitutional amendments creating a new National Anticorruption System that grants more autonomy to auditors and prosecutors. Mexico was ranked 103 out of 175 countries and territories surveyed in Transparency International’s 2014 Corruption Perceptions Index.
Despite some limitations, a 2002 freedom of information law has successfully strengthened transparency at the federal level, though implementation has slowed and many states lag far behind. A new and more extensive transparency law passed in April 2015 was mostly praised by good governance advocates, although controversies over denial of access to files pertaining to abuses by state security forces persisted.
Civil Liberties:
D. Freedom of Expression and Belief:
Legal and constitutional guarantees of free speech have been improving gradually, but the security environment for journalists remains highly problematic. While some major media outlets have reduced or eliminated their dependence on the government for advertising and subsidies, investigative reporting is scarce and the distribution of government advertising still affects coverage, particularly at the local level. Broadcast media are dominated by a corporate duopoly composed of Televisa and TV Azteca, which together control approximately 95 percent of the free-to-air market. Televisa has faced accusations of supporting specific politicians over the years, usually from the PRI. A 2013 telecommunications law established a new telecommunications regulator, strengthened the Federal Economic Competition Commission, and resulted in the creation of two new free-to-air channels. However, civil society groups have criticized the limited scope of the reforms, and the winners of the auctioned airwaves—one of which subsequently was stripped of its frequency for nonpayment—were not considered likely to offer significant new competition.
A major controversy emerged in March 2015, when famed investigative reporter Carmen Aristegui, whose team broke the presidential mansion story, was fired by MVS Radio. Aristegui accused the station of bowing to political pressures, while the station’s owners accused her of repeated insubordination.
Reporters probing police issues, drug trafficking, and official corruption have faced an increasingly high risk of physical harm since 2006, when violence spiked. At least four journalists were killed in connection with their work during 2015. Two of the killings occurred in Oaxaca, and one in Veracruz; another Veracruz-based journalist, Rubén Espinosa, was murdered along with four other people in Mexico City in July after threats in his home state prompted him to flee. Given the broader context of impunity and lack of state protection, the government’s rapid dismissal of a professional motive in the Espinosa shooting left Mexican journalists indignant. Self-censorship has increased, with many newspapers in violent areas avoiding publication of stories concerning organized crime. Press watchdog groups hailed the 2012 federalization of crimes against journalists as well as an August 2015 law in Mexico City aimed at protecting journalists and human rights defenders, but they have decried the slow pace of the federal government’s special prosecutor for crimes against freedom of expression since the office gained authority in May 2013. Despite improvements in legal status, community radio stations continue to face occasional harassment from criminals and state authorities.
Mexico has been at the forefront of citizen-led efforts to ensure internet access. The government amended Article 6 of the constitution in 2013 to make access to the internet a civil right. However, gangs have targeted bloggers and online journalists who report on organized crime, issuing threats and periodically murdering online writers.
Religious freedom is protected by the constitution and is generally respected in practice. The government does not restrict academic freedom, though university students are sometimes threatened for their political activism. While there are no formal impediments to free and open discussion, fear of criminal monitoring restricts citizens’ willingness to converse publicly about crime issues in some areas of the country.
E. Associational and Organizational Rights:
Constitutional guarantees regarding free assembly and association are largely upheld, but political and civic expression is restricted in some regions. Protest activity slowed in 2015 compared to 2014’s highly-publicized mobilizations in Guerrero and Mexico City related to the student disappearances.
Although highly active, nongovernmental organizations sometimes face violent resistance, including threats and murders. Activists representing indigenous groups contesting large-scale infrastructure projects have been particularly vulnerable. In 2012, civil society pressure prompted the government to create a Protection Mechanism for Human Rights Defenders and Journalists, which has offered protection to several hundred people but has been critiqued by rights groups as slow and suffering from insufficient governmental commitment.
Trade unions, long a pillar of the PRI, have diminished significantly, but independent unions still face interference from the government. Informal, nontransparent negotiations between employers and politically connected union leaders often result in “protection contracts” that govern employee rights but are never seen by workers. Several large unions are considered opaque and antagonistic to necessary policy reforms. Longtime teachers’ union leader Elba Esther Gordillo—widely perceived as extremely corrupt—was arrested in February 2013 and charged with embezzling more than $150 million; she remained in prison throughout 2015.
F. Rule of Law:
Mexico’s justice system is plagued by delays, unpredictability, and corruption, leading to pervasive impunity. A 2008 constitutional reform replaced the civil-inquisitorial trial system with an oral-adversarial one. Although it was expected to strengthen due process while increasing efficiency and impartiality, human rights groups raised concerns about the weak protections it affords to those suspected of involvement in organized crime. Implementation of the new system is expected to take eight years; in 2015, civil society groups noted progress in some states but significant delays in many others.
Abuses during criminal investigations are rife; in March, a UN special rapporteur released a report characterizing torture as “generalized” within Mexican police forces, generating a diplomatic spat. The government has also faced domestic and international pressure to confront the problem of forced disappearance, which may have affected up to 24,000 Mexicans, although figures remain murky. In December, the government submitted a law to end the statute of limitations for both disappearances and torture and create a system of registering the disappeared and coordinating the state’s response.
Coordination among Mexico’s many federal, state, and local law enforcement entities has long been problematic, and the Peña Nieto administration has pursued streamlined chains of command. In zones plagued by crime, federal troops have temporarily replaced local police forces. Critics contend that federal intervention decreases incentives for governors to undertake systemic reforms, and in practice implementation of such reforms at the local level has been largely unsuccessful. Despite a 2009 law ordering all members of the police to be vetted, thousands of police who failed to meet requirements have remained on the job.
Lower courts—and law enforcement in general—are undermined by widespread bribery and suffer from limited capacity. According to a government survey released in September 2015, nearly 93 percent of crimes committed in 2014 went unreported because the underpaid police are viewed as either inept or in league with criminals. Even when investigations are conducted, only a handful of crimes end in convictions. Prisons are violent and overcrowded, and it is not uncommon for prisoners to continue criminal activity while incarcerated. El Chapo’s escape led to the arrest of 34 people. The National Human Rights Commission, long maligned due to its perceived passivity in the face of rampant rights abuses, began to regain some credibility following the appointment of a new director in November 2014.
Presidential authority over the armed forces is extensive, but the military has historically operated beyond public scrutiny. Human rights advocates have long complained about a lack of accountability for rights abuses including torture, forced disappearances, and extrajudicial executions. Military personnel are generally tried in military courts, but a bill passed in April 2014 shifted the venue of trials for violations of civilians’ rights to civilian courts. Of the seven soldiers indicted for the 2014 State of Mexico massacre, four had charges dismissed in October 2015, while three remained in custody pending trial.
The number of deaths attributed to organized crime rose sharply each year between 2007 and 2011, declined from 2012 to 2014, but ticked upward again in 2015. Violence was particularly acute in Guerrero, and also rose sharply in Mexico City. In March and April 2015, the Jalisco New Generation Cartel carried out a series of attacks that killed more than 20 police in Jalisco. Gang murders often feature extreme brutality designed to maximize the psychological impact on civilians, authorities, and rival groups.
In recent years, the government has taken a number of steps to curb violence and ease popular frustration. These include engaging in consultations with civic leaders, the continued deployment of troops, the reformation of the federal police and development of the National Gendarmerie, and the decriminalization of possession of small quantities of drugs. The Peña Nieto administration has been less vocal on matters of public safety than its predecessor, but it has maintained many of the former administration’s strategies, including use of the military. However, after three straight years of declines, the murder rate increased by more than 8 percent in 2015.
Mexican law bans discrimination based on ethnic origin, gender, age, religion, and sexual orientation. Nevertheless, the large indigenous population has been subject to social and economic discrimination, with many groups relegated to extreme poverty in rural villages that lack essential services. Southern states with high concentrations of indigenous residents suffer from particularly deficient services. Indigenous groups have been harmed by criminal violence; in recent years, a series of communities in Guerrero and Michoacán have formed self-defense groups, some of which were subsequently legalized. In addition, disputes over land issues within indigenous groups have occasionally become violent, particularly in the states of Chiapas and Oaxaca.
G. Personal Autonomy and Individual Rights:
Criminals have impeded freedom of movement by blocking major roads in several states in recent years, and ordinary citizens avoid roads in many rural areas after dark. Rights groups frequently detail the persecution and criminal predation faced by migrants from Central America, many of whom move through Mexico to reach the United States. Despite government initiatives to improve protections, pressure from the United States to crack down on migrants generated increasing accusations of abuses against migrants in 2015.
Property rights in Mexico are protected by a modern legal framework, but the weakness of the judicial system, frequent solicitation of bribes by bureaucrats and officials, and the high incidence of criminal extortion harm security of property for many individuals and businesses. A series of demonstrations in March 2015 drew attention to brutal working conditions endured by many indigenous Mexicans working in northern agricultural fields.
Women play a prominent role in social and political life, and female representatives increased their share of seats in the Chamber of Deputies to 42 percent in the 2015 elections. However, sexual abuse and domestic violence against women are common. According to a 2012 study, 46 percent of women have suffered some form of violence, and perpetrators are rarely punished. Implementation of a 2007 law designed to protect women from such crimes remains halting, particularly at the state level, and impunity is the norm for the killers of hundreds of women each year. In July 2015, authorities in the State of Mexico issued a “gender alert,” thereby triggering greater scrutiny and an influx of resources to combat an epidemic of violence against women; women’s rights advocates expressed hope it would serve as a precedent for other similarly afflicted regions. Abortion has been a contentious issue in recent years, with many states reacting to Mexico City’s 2007 liberalization of abortion laws by strengthening their own criminal bans on the procedure.
Mexico took significant steps toward LGBT (lesbian, gay, bisexual, and transgender) equality in 2015, courtesy of the Supreme Court. In June, the chamber struck down as discriminatory a state law stating that the purpose of marriage is procreation, and in August, it extended protections to include adoption of minors by same-sex couples. However, implementing the jurisprudence in all Mexican states will take time, as the court’s rulings do not apply in blanket form to all states that have yet to legalize same-sex marriage.
Mexico is a major source, transit, and destination country for trafficking in persons, including women and children, many of whom are subject to forced labor and sexual exploitation. Organized criminal gangs are heavily involved in human trafficking in Mexico and into the United States. Government corruption is a significant concern as many officials are bribed by or aide traffickers.
FreedomHouse.com. 27/01/16

1408. Control del espacio público: Informe sobre retrocesos en las libertades de expresión y reunión

Informe: Control del espacio público.
Informe sobre retrocesos en las libertades de expresión y reunión en el actual gobierno
La protesta social se encuentra dentro el corazón mismo de la inacabada vida democrática de muchos países de la región americana. En retrospectiva, no hay ejercicio actual de libertades ni de derechos que no sea resultado —o consecuencia indirecta— de la lucha y de las conquistas ciudadanas que tuvieron su origen en las calles y en amplios procesos organizativos. Desde manifestaciones pacíficas hasta irrupciones “violentas” al orden, a la legalidad y al status quo, la protesta será siempre desafiante. Ese es y seguirá siendo su talante transformador.
Si tomamos como punto de partida el origen multicultural y la pluralidad en la composición de nuestras sociedades modernas, podríamos quizá responder el porqué la coexistencia de una enorme diversidad de problemas en el contenido de las demandas —y de las propias expectativas— colocadas en las expresiones de protesta. De ahí que a la pregunta sobre cuál habría de ser el papel del Estado y de sus agentes ante este panorama, la respuesta necesariamente apuntaría hacia impulsar una gestión pública eficaz que se haga cargo de la conflictividad que nos presentan estas expresiones y que responda efectivamente para atenderlas y resolverlas.
Imdhd.org. México, 09/09/2015

Revista Conexión Social

Universidad Autónoma de Zacatecas presenta: Panel sobre el Día Internacional de la Paz

Consejo de Valores Nuevo León y Cultura de Paz y No Violencia Monterrey

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Cultura de Paz y No Violencia Monterrey. Juntos, Podemos hacer la Paz, Podemos Ser la Paz. Creador/Coordinador: José Benito Pérez Sauceda; *Pintura de la cabecera: Pérez Ruiz.
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