Los índices de
corrupción, violencia y pobreza –los tres jinetes del Apocalipsis mexicano– se
han disparado en los últimos años. De acuerdo con diferentes encuestas, esos
tres son los temas que más preocupan a los mexicanos y también son también los
que les quitan más recursos. En 2014, esos rubros le costaron a México 34 por
ciento de su Producto Interno Bruto (PIB); es decir, aproximadamente 6 billones
086 mil 939 millones 656 mil 416 pesos de la riqueza del país.
Desde la administración
de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), quien declaró la guerra a los cárteles
de la droga, y ahora bajo el mando de Enrique Peña Nieto, la corrupción, la
violencia y la pobreza han ganado terreno en la vida diaria de los mexicanos.
La corrupción, a decir de especialistas, es la que
manda y se convirtió ya en la gran piedra en el zapato del Gobierno federal,
pues de ahí se desprenden las otras dos grandes problemáticas.
El año pasado, el 2 por
ciento de las averiguaciones previas presentadas por delitos cometidos por
servidores públicos tuvieron como castigo la cárcel, según datos del Censo de
Impartición de Justicia. Además hay en total 281 mil personas desplazadas por
violencia y 57 mil 899 averiguaciones previas por homicidios en los primeros 20
meses de Peña Nieto. Aunado a esto, el número de pobres se incrementó a 55.3
millones de pobres, lo que significa que 2 millones personas entraron al umbral
de la pobreza desde el inicio de la actual administración a la fecha.
El 34 por ciento del
Producto Interno Bruto (PIB) de México equivale a lo que se gasta en
corrupción, violencia y pobreza. Es decir, aproximadamente 6 billones 086 mil
939 millones 656 mil 416 pesos de la riqueza nacional.
La Encuesta Nacional de
Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), que es realizada por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), arrojó que los problemas que los
mexicanos consideran más importantes son
inseguridad y delincuencia (70 por ciento), desempleo (51 por ciento),
corrupción (48.5 por ciento), seguidos de pobreza y el mal desempeño del
gobierno.
El informe
“Perspectivas económicas: Las Américas”, realizado por el Foro Económico
Mundial, reconoce que en América Latina
es notorio el débil crecimiento económico. Esto se debe en gran medida a los
factores externos que han tenido fuertes consecuencias en el debilitamiento de
la confianza de las empresas, en gran medida provocado por los actos de
corrupción y violencia de los países y eso “apunta a que las perspectivas
económicas en la región se enfriarán aún más”.
El conjunto de estos
factores ha mermado el crecimiento económico del país, inhibe las inversiones,
reduce la productividad del gasto público, distorsiona la asignación de
recursos y profundiza la desigualdad social.
Estos tres escenarios
son problemáticas –que los académicos han calificado como “multidimensionales”,
al tener un inicio y una serie de consecuencias en diferentes ámbitos y que van
desde lo político y económico hasta lo cultural– tienen un punto de conjunción
que es la corrupción.
“La corrupción tiene
costo y es el uso ineficiente de los recursos en una economía en la que las
empresas interiorizan los costos de operar bajo reglas corruptas que les ayudan
a superar ciertas regulaciones o
inversiones. Los costos son aquellos
que refieren a la inversión extranjera
perdida. Todo eso erosiona la competitividad del país, en el que estas prácticas
están muy extendidas. Hay un uso ineficiente de los recursos públicos, tanto a
nivel federal como estatal, que deberían ser utilizados para el bienestar de la
sociedad”, dijo el investigador asociado de México Evalúa, Marcos Fernández.
El Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO), realizaron el informe “México: Anatomía de la
corrupción”, en el que se señala que este fenómeno se presenta ya en todos los
escenarios del país; la penetración es tal que ha llegado a modificar las
formas de vida de sus habitantes. Repercute de manera negativa en la economía
familiar y ha profundizado la desigualdad.
“Además del
crecimiento, la corrupción también impacta al desarrollo […] la OCDE
[Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos] concluye que se afecta negativamente algunas variables
del bienestar que no están capturadas en las mediciones del PIB: desarrollo
sostenible, salud y seguridad, equidad y otros tipos de capital cívico o social
como es la confianza”, dice el estudio.
Por su parte, el Fondo
Monetario Internacional (FMI) señala que este problema es un elemento
determinante en el crecimiento de un país y que los números negativos en este
rubro se deben a eso.
Tan sólo para 2015, el
estimado de crecimiento para el país se ha corregido en varias ocasiones a la
baja. En agosto, el Banco de México (Banxico) ajustó la cifra de 2.0 a 3.0 por
ciento a 1.7 y 2.5 por ciento; para 2016, pasó de 2.5 y 3.5 por ciento.
Una de las consecuencias
del desempeño económico fue el aumento en el número de personas en pobreza: De
2012 a 2014, se incrementó esa cantidad 0.7 por ciento para sumar un total de
55.3 millones de pobres en el país.
En conclusión, el 34.1
por ciento de la riqueza del país se
ocupa en corrupción, violencia y para la inversión a la erradicación a la
pobreza.
Para Eduardo Bohórquez
López, director del think thank Transparencia Mexicana, esta cantidad es
preocupante al considerar la caída en los ingresos petroleros que se esperan
para 2016, el tipo de cambio y los recortes presupuestales y agrega: “Si la
inversión en corrupción es permanentemente grave, en 2016, año con pocos
recursos fiscales, se pensarán en otras cosas en las que se debió invertir. Los
recursos serán pocos y escasos, la situación es preocupante”.
El germen de la Corrupción
El Banco de México
señaló que para 2015, la corrupción le costó al país el equivalente al 9 por
ciento del PIB, es decir, 1 billón 602 mil 986 millones 130 mil pesos. El Banco
Mundial coincidió con la cifra y agregó que la cantidad podía compararse con el
80 por ciento de la recaudación de impuestos nacional.
La Auditoría Superior
de la Federación (ASF) estimó que 86 mil millones de pesos fueron utilizados en
desvíos, subejercicios, despilfarro de recursos públicos y pagos indebidos en
el gobierno, y según Transparencia Mexicana, en 2010 se destinaron 32 mil
millones de pesos a mordidas, e incluso, los hogares con salario mínimo
destinan al año el 33 por ciento de sus ingresos para pagar actos de
corrupción.
De acuerdo con el
Barómetro Global de la Corrupción, en 2013 el 90 por ciento de la población
consideró la corrupción un problema y el 88 por ciento lo consideró una
situación frecuente y muy frecuente. Otro 52 por ciento considera que los actos
de corrupción aumentaron significativamente en los últimos años, son ya un acto
normal, cotidiano y hasta un “hábito”.
En el Reporte del
Índice de Competitividad Global (2014-2015) elaborado por el Foro Económico
Mundial, México ocupa el lugar 61 de 144 en materia. Tiene un mercado de buen
tamaño y un ambiente macroeconómico estable, pero tiene resultados negativos en
el ámbito de “desempeño institucional”, es decir, en el marco administrativo y
legal donde “los individuos, las empresas y el gobierno interactúan
económicamente […] la baja calificación perjudica la competitividad del país”.
Los costos de la
corrupción pueden ser directos o indirectos, pero ambos, son un obstáculo a la
productividad, a la competitividad, a la inversión, y dentro de todo, al
crecimiento.
México tiene otras
calificaciones reprobatorias en desviación de recursos públicos, pagos
extraoficiales y sobornos, favoritismo de funcionarios. En las calificaciones
del Banco Mundial, México tiene una evaluación de 39 (sobre 100 lugares) en su
control de corrupción, además es el cuarto país de América Latina en donde es
más común el pago de sobornos.
En las principales
actividades en las que se suele recurrir a los actos de corrupción, de acuerdo
con la ENCIG, son para trámites (con autoridades de seguridad pública y
permisos de propiedad, principalmente), y por sectores, es más común que se
realice con policías, Partidos Políticos, Ministerios Públicos, Gobiernos
estatales, Diputados y Senadores, y en el Gobierno Federal.
Una de las
características de la corrupción en México es la impunidad. “¿Qué debe pasar
para que un acto de corrupción sea castigado o esclarecido en México? El 95 por
ciento de los actos de corrupción no se castigan”, puede leerse en el documento
“México: Anatomía de la corrupción” realizado por la investigadora María Amparo
Casar.
Para Bohórquez López,
la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) –que contempla la
modificación de 14 artículos de la Constitución, aproximadamente 14 leyes
federales y varias modificaciones en estados y municipios– significó una seria
revaloración del tema.
“2014 fue el año en que
se puso en duda el paradigma anterior de lucha contra la corrupción, y se dio
paso al Sistema Nacional, que tomará entre tres y 10 años en establecerse.[…]
Se está en el periodo de transición, pero la sociedad todavía no ve ni
cosechará ningún cambio. La sensación de impunidad persiste, la sensación de
que en México no pasa nada está en todas las sobremesas, y mientras esa idea no
cambie, mientras no haya responsables por los actos de corrupción que se
exhiben, la gente no cambiara su percepción y no se le puede pedir que la
cambie por una modificación institucional, tiene que ver resultados
inmediatos”, comentó en entrevista para SinEmbargo.
Marcos Fernández,
también profesor del Tecnológico de Monterrey e investigador visitante del
Woodrow Wilson Center, advirtió que la tarea de México no será fácil y señaló
la posibilidad de que por una mala implementación no se obtengan los resultados
deseados.
Consideró tres
elementos “fundamentales” para que eso no ocurra y que escapan de una reforma
legal: una prensa libre, que denuncie eficazmente actos de corrupción y que
impulse a actuar sobre esos actos; un poder judicial independiente y profesional
que aplique el marco jurídico federal y estatal; y finalmente, un servicio
civil que funcione y resista las presiones políticas de las instituciones
públicas, que tienen funcionarios nombrados por criterios políticos que caen en
la tentación de querer influir en las investigaciones de casos de corrupción.
“En estas tres áreas
hay retos sustantivos en México. Con franqueza estamos lejos de estar en una
situación óptima para que estos tres pilares del Sistema Nacional
Anticorrupción funcionen. Hay que fortalecer
aún más esos tres elementos que en nuestros días, merman sustantivamente la
posibilidad de tener el SNA que tanto hace falta al país”, sostuvo.
Los costos de la Violencia
El informe “Peace and
Corruption 2015”, sostiene que en la mayoría de los países donde se incrementan
los costos de la corrupción, hay una disminución en los índices de paz.
Para la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de los factores que afectan a las
instituciones gubernamentales están los costos del terrorismo, costos de la
violencia y el crimen, crimen organizado, y confianza en los servicios
policiales. México ocupa el lugar 92 de 144 países, al afectarle 17 factores.
El costo de la
violencia durante 2014 fue de 3 billones 918 mil 410 millones 540 mil pesos; es
decir, el 22 por ciento del PIB, según el Índice de Paz Global 2015. La cifra
contrasta con la de 2011; el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado
(CEESP) calculó el gasto en 15 por ciento del PIB.
Para la organización
México Evalúa, el gasto en seguridad pública, fue del 6.2 por ciento del Gasto
Programable del Presupuesto de Egresos de la Federación, 197 mil millones de
pesos.
El costo a largo plazo
lo estimó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por
cada persona muerta desde 2009, México dejó de percibir 42 dólares per cápita.
“Los costos de la
violencia son tanto tangibles como intangibles. Los tangibles son todas las
actividades relacionadas con la prevención y el castigo de la violencia, como
inversiones, gastos y pérdidas materiales, así como actividades para
identificar y castigar a quienes incurren en delitos relacionados con la
violencia. Los costos intangibles son más difíciles de valuar, ya que incluyen
estimados de la pérdida de calidad de vida de la víctima, cambios en la
conducta y en los traumas personales y la pérdida de confianza interpersonal y
de capital social a causa del miedo, así como la pérdida de libertad”, puede
leerse en el reporte “Una aproximación a los costos de la violencia y la inseguridad
en México”, realizado por el Instituto para la Seguridad y la Democracia
(Insyde).
Esos costos son
anticipados, de reparación y de contención. Para el año 2000, de acuerdo con el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las pérdidas económicas por violencia
fueron de 12.3 por ciento del PIB, o mil 45 millones de pesos; esto en atención
médica, psicológica, de rehabilitación, gastos en seguridad, procuración de
justicia y seguridad privada (en empresas y hogares).
El aumento de un
homicidio por cada cien mil habitantes en zonas de tráfico de drogas disminuye
los ingresos municipales en 1.2 por ciento. En 2010, el gasto en seguridad
representó el 6.2 por ciento del total del gasto programable (197 mil millones
de pesos) y para 2011, el gasto fue el equivalente al 15 por ciento del PIB.
Insyde ha señalado que
en el plano microeconómico, ha habido consecuencias como una menor inversión
extranjera y nacional, un desaliento en el ahorro nacional y menos confianza de
un mejor panorama económico a futuro.
Se han modificado los
modos de vida por los hechos de violencia que se viven tanto en pequeñas
colonias como en las ciudades más importantes del país, lo que permea también
las actividades económicas locales: 62 por ciento no dejaron que sus hijos
salieran, 55.1 por ciento dejaron de salir de noche, 44.5 por ciento llevaron
menos dinero en la cartera, 29.4 por ciento dejaron de salir a caminar.
Empresarios pueden
pasar a la informalidad, abandonan los negocios o fingen deterioros, no amplían
operaciones (aunque tengan recursos o existan oportunidades).
Mayor número de Pobres
El número absoluto de
mexicanos en pobreza aumentó de los 53.3 millones que había en 2012 a los 55.3
millones que se contabilizaron al 2014, lo que representa un aumento de casi 2
millones de personas, esto de acuerdo con las cifras más recientes del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
La pobreza extrema bajó
de 11.5 millones registrados en el 2012 a 11.4 millones contabilizados en el
2014. Una reducción de aproximadamente 90 mil personas.
El factor central del
incremento de la pobreza en México son los bajos ingresos y afecta
principalmente a quienes trabajan. En total son 63.8 millones de mexicanos en
pobreza por ingresos que sirven para satisfactores básicos, es la “población
con ingreso inferior a la línea de bienestar”.
México destina el 3.1
por ciento del PIB a la atención y erradicación de la pobreza a través de
programas sociales, esto es 565 mil 542 millones 986 mil 416 pesos anuales, de
acuerdo con los datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015.
Organizaciones civiles
han señalado que México carece de políticas de estado que reduzcan de manera
eficaz la pobreza y la desigualdad, y que por el contrario, se tienen programas
en los tres niveles de gobierno que promueven prácticas clientelares.
Hay 48 programas
federales destinados a proyectos productivos, generación de ingresos y
servicios para la empleabilidad y cuestan 120 mil millones de pesos (casi lo
mismo que se destina a Prospera y Seguro Popular). Sin embargo, estos programas
tienen altos costos administrativos y no tienen la cobertura mínima.
Daniela Barragán. SinEmbargo.mx. México, 13/08/15
