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Denuncian la desproporcionada actuación policial contra las protestas en los campus de Estados Unidos


El responsable de velar por los derechos humanos en el mundo señaló que, si bien cualquier conducta o discurso claramente antisemita es totalmente inaceptable y profundamente preocupante, también lo son las conductas y los discursos antiárabes y antipalestinos.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirmó que la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica son “fundamentales para la sociedad”, especialmente cuando hay fuertes desacuerdos sobre cuestiones importantes, como ocurre en relación con el conflicto en los Territorios Palestinos Ocupados e Israel.
Volker Türk se refería así a las manifestaciones llevadas a cabo por estudiantes de la Universidad de Columbia en Nueva York, para exigir a sus autoridades que dejen de hacer donaciones a Israel debido a la ocupación y el asalto militar de Gaza, que en los últimos días se han extendido por todo el país.
Las autoridades universitarias norteamericanas, de la costa occidental a la oriental, han adoptado distintos enfoques, que van desde la respuesta inicial de Columbia de llamar la policía para desalojar por la fuerza a los estudiantes acampados en señal de protesta, hasta mantener negociaciones con los estudiantes y permitir la permanencia de los campamentos.
Los manifestantes de Columbia ignoraron el lunes un ultimátum de la universidad para que abandonaran el campamento o se arriesgaran a ser suspendidos. A primera hora de la mañana del martes, los estudiantes tomaron el histórico Hamilton Hall del campus, atrincherándose en su interior.
El edificio es emblemático ya que fue uno de los ocupados en las protestas estudiantiles por los derechos civiles y la guerra de Vietnam en 1968.
El presidente de la universidad anunció a primera hora del lunes que el diálogo con los manifestantes había fracasado, y que la institución no cedería a las demandas de no entregar dinero a Israel. Los estudiantes sostienen que ese dinero sirve para financiar las bombas que están contribuyendo al genocidio palestino.
El derecho a protestar es fundamental
En su declaración del martes, Türk señaló que, en las últimas semanas, miles de estudiantes universitarios de Estados Unidos han protestado contra la guerra, y muchas manifestaciones se han desarrollado sin incidentes.
Destacó que, sin embargo, sí se han producido cientos de detenciones tras las intervenciones en algunos campus de las fuerzas de seguridad. Muchos han sido puestos en libertad posteriormente, mientras que otros aún se enfrentan a cargos o sanciones académicas.
Las medidas adoptadas por las autoridades y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para restringir este tipo de expresión deben examinarse cuidadosamente para garantizar que no van más allá de lo que es demostrablemente necesario para proteger los derechos y libertades de los demás o para otro objetivo legítimo, como el mantenimiento de la salud o el orden públicos, afirmó Türk.
“Me preocupa que algunas de las medidas adoptadas por las fuerzas del orden en una serie de universidades parezcan desproporcionadas en sus efectos”, subrayó.
El responsable de derechos humanos insistió que cualquier conducta o discurso claramente antisemita es totalmente inaceptable y profundamente preocupante, pero que también lo son las conductas y los discursos antiárabes y antipalestinos.
“La incitación a la violencia o al odio por motivos de identidad o puntos de vista, ya sean reales o supuestos, debe repudiarse enérgicamente”, continuó. “Ya hemos visto que una retórica tan peligrosa puede desembocar rápidamente en violencia real”.
Türk expresó que cualquier conducta violenta debe abordarse caso por caso y no mediante medidas generales “que imputan a todos los miembros de una protesta los puntos de vista inaceptables de unos pocos”.
Legislación sobre derechos humanos
“Aquí, como en todas partes, las respuestas de las universidades y las fuerzas del orden deben guiarse por la legislación sobre derechos humanos, permitiendo un debate vibrante y protegiendo espacios seguros para todos”, razonó.
El Alto Comisionado hizo hincapié en que cualquier restricción a las libertades fundamentales de expresión debe guiarse por “la legalidad, la necesidad y la proporcionalidad” y aplicarse sin discriminación.
“Las universidades estadounidenses tienen una fuerte tradición histórica de activismo estudiantil, debate estridente y libertad de expresión y reunión pacífica”, dijo Türk.
“Debe quedar claro que los ejercicios legítimos de la libertad de expresión no pueden confundirse con la incitación a la violencia y al odio”.
Centro de Noticias ONU. "Denuncian la desproporcionada actuación policial contra las protestas en los campus de Estados Unidos". Centro de Noticias ONU. 30//04/2024. Recuperado el 01/05/2024.
https://news.un.org/es/story/2024/04/1529426?utm_source=Noticias+ONU+-+Bolet%C3%ADn&utm_campaign=5f67989ec9-EMAIL_CAMPAIGN_2024_05_01_12_05&utm_medium=email&utm_term=0_e7f6cb3d3c-5f67989ec9-%5BLIST_EMAIL_ID%5D

1143. Reprueba Greenpeace gestión de EPN

A dos años de haber asumido la Presidencia de la República, la administración de Enrique Peña Nieto ha estado marcada por una política sistemática de violaciones a los derechos humanos de los mexicanos, acompañada de impunidad, corrupción y una estrategia de represión contra el movimiento social organizado, señaló Greenpeace.
Mediante un comunicado, la organización ambientalista indicó que pese a que el Presidente afirmó tener el compromiso de cumplir con las modificaciones constitucionales realizadas en 2010 que fortalecerían los derechos humanos en México, la realidad ha sido otra.
"Desde su primer día de gobierno se coartó el derecho a la protesta y la libertad de expresión, configurando un escenario peligroso de retroceso en las libertades democráticas: represión desproporcionada de los manifestantes; investigación y persecución penal del grupo social, con frecuencia dirigida hacia los líderes de los movimientos, así como la descalificación automática de los movimientos, criminalizando a quienes protestan", afirmó la organización.
Greenpeace recordó que en agosto de 2014, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que 22 mil 322 personas se encontraban en estatus de "no localizadas", de las cuales 9 mil 790 fueron reportadas en el Gobierno actual.
"En cifras reales, el Gobierno de Peña ha tenido pocos avances en el juzgamiento de numerosos asesinatos, desapariciones forzadas y torturas perpetradas por soldados y policías en el marco de acciones contra la delincuencia organizada, como una práctica habitual para obtener información y confesiones bajo coacción", expuso.
Aunado a ello, señala los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 cuando en al menos cuatro eventos violentos relacionados entre sí, en las inmediaciones de Iguala, Guerrero, perdieron la vida seis personas, tres de ellas estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, 20 más resultaron heridas y 43 personas fueron desaparecidas, sin que a la fecha exista certeza de su paradero.
"Lamentablemente éste no es un hecho aislado. Ha habido un aumento exponencial en los conflictos socioambientales en México derivados de la explotación y mercantilización de los bienes comunes naturales, el despojo, contaminación de los territorios de pueblos y comunidades indígenas y campesinas y sus recursos naturales que evidencian violaciones a los derechos humanos y crímenes impunes cada vez más recurrentes bajo el amparo de los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal", señaló.
En tanto, desde 2013 y hasta abril de 2014, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) ha contabilizado un aumento en el número de agresiones a defensores ambientales pues en menos de 16 meses se han registrado 82 casos en 22 estados de la República Mexicana, 4 ejecuciones extrajudiciales de defensores ambientales y comunitarios, 29 entre enero y abril de 2014, en los cuales los agresores identificados en 37 casos fueron autoridades del Estado mexicano de los tres órdenes de gobierno.
Greenpeace también se refirió a las reformas estructurales impulsadas por el Presidente Enrique Peña como la reforma energética y los cambios a las leyes secundarias que imponen nuevos retos para la defensa efectiva del derecho a un medio ambiente sano.
Por lo anterior, anunció que seguirá trabajando por todas las vías posibles para reforzar la legislación ambiental mexicana, a pesar del desinterés del Ejecutivo por proteger el medio ambiente.
Además, dijo, no ignorará actos de injusticia que atenten contra la dignidad de las personas y el equilibrio de los ecosistemas.
Agencia Reforma. Diario.mx. México, D.F, 30/11/14

Impunidad, corrupción y represión marcan gobierno de Peña: Greenpeace
La administración de Enrique Peña Nieto ha estado marcada por una política sistemática de violaciones a los derechos humanos de los mexicanos, acompañada de impunidad, corrupción y una estrategia de represión contra el movimiento social organizado, acusó la organización ambiental Greenpeace.
En un comunicado, la organización resalta que desde el primer día de gobierno del priista se coartó el derecho a la protesta y la libertad de expresión, configurando un escenario peligroso de retroceso en las libertades democráticas.
“Desde su primer día de gobierno se coartó el derecho a la protesta y la libertad de expresión, configurando un escenario peligroso de retroceso en las libertades democráticas: represión desproporcionada de los manifestantes; investigación y persecución penal del grupo social, con frecuencia dirigida hacia los líderes de los movimientos, así como la descalificación automática de los movimientos, criminalizando a quienes protestan”, afirmó Greenpeace.
Agrega que aun cuando Peña Nieto ofreció que fortalecería los derechos humanos, la realidad ha sido otra.
“En cifras reales, el gobierno de Peña ha tenido pocos avances en el juzgamiento de numerosos asesinatos, desapariciones forzadas y torturas perpetradas por soldados y policías en el marco de acciones contra la delincuencia organizada, como una práctica habitual para obtener información y confesiones bajo coacción”, expuso Greenpeace.
Respecto a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la violencia en Guerrero destacó:
“Lamentablemente éste no es un hecho aislado. Ha habido un aumento exponencial en los conflictos socioambientales en México derivados de la explotación y mercantilización de los bienes comunes naturales, el despojo, contaminación de los territorios de pueblos y comunidades indígenas y campesinas y sus recursos naturales que evidencian violaciones a los derechos humanos y crímenes impunes cada vez más recurrentes bajo el amparo de los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal”.
Greenpeace dio a conocer que continuará trabajando por todas las vías posibles para reforzar la legislación ambiental, a pesar del desinterés de Peña Nieto por proteger el medio ambiente.
Proceso.com.mx. México, D.F., 30/11/14

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