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"Alarmante aumento de las condenas a muerte mientras los gobiernos recurren a la pena capital para combatir la delincuencia y el terrorismo": Amnistía Internacional

Pena de muerte en 2014: Alarmante aumento de las condenas a muerte mientras los gobiernos recurren a la pena capital para combatir la delincuencia y el terrorismo
Los Estados utilizaron la pena de muerte en un intento fallido de hacer frente a la delincuencia, el terrorismo y la inestabilidad interna.
El fuerte aumento del número de condenas a muerte se debió en gran medida a Egipto y Nigeria: en todo el mundo se impusieron al menos 2.466 condenas, un 28 por ciento más que en 2013.
Se registraron 607 ejecuciones, casi un 22 por ciento menos que en 2013 (sin incluir las llevadas a cabo en China, país que ejecutó a más personas que el resto del mundo junto).
Se sabe que hubo ejecuciones en 22 países, la misma cifra que en 2013.
Un número alarmante de países utilizaron en 2014 la pena de muerte para responder a amenazas o supuestas amenazas para la seguridad del Estado y la seguridad pública planteadas por el terrorismo, la delincuencia y la inestabilidad interna. Así lo ha concluido Amnistía Internacional en su examen anual de la pena de muerte en el mundo.
El número de condenas a muerte registradas en 2014 aumentó en casi 500 respecto a 2013, principalmente a causa de los fuertes repuntes en Egipto y Nigeria, países en los que llegó a haber condenas colectivas en un contexto de conflicto interno e inestabilidad política.
“Los gobiernos que utilizan la pena de muerte para responder a la delincuencia se engañan a sí mismos. No hay pruebas que demuestren que la amenaza de la ejecución tiene un efecto disuasorio frente a la delincuencia superior al de otras penas", ha manifestado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.
“El año pasado quedó patente la sombría tendencia de los gobiernos a usar la pena de muerte en un inútil intento de responder a amenazas, reales o imaginarias, a la seguridad del Estado y la seguridad pública. Resulta vergonzoso que tantos Estados del mundo jueguen básicamente con la vida de la gente, ejecutando a personas por 'terrorismo' o para sofocar la inestabilidad interna sobre la premisa errónea de la disuasión."
No obstante, en 2014 también hubo buenas noticias: se registraron menos ejecuciones que en el año anterior, y varios países adoptaron medidas positivas tendentes a la abolición de la pena de muerte.
Países que más ejecuciones han llevado a cabo
China volvió a ejecutar a más personas que la suma de todos los demás países del mundo. Amnistía Internacional cree que allí se ejecuta y condena a muerte a miles de personas cada año pero, como las cifras relativas a la pena capital se consideran secreto de Estado, resulta imposible determinar el número exacto.
Los otros países que componen el quinteto que más ejecuciones llevaron a cabo en 2014 son Irán (289 ejecuciones anunciadas oficialmente y al menos 454 más no reconocidas por las autoridades), Arabia Saudí (al menos 90), Irak (al menos 61) y Estados Unidos de América (35).
Excluida China, se tuvo noticia de al menos 607 ejecuciones llevadas a cabo en 2014, frente a las 778 de 2013: una reducción de más del 20 por ciento.
En 2014 se registraron ejecuciones en 22 países, el mismo número que el año anterior. Esta cifra supone una reducción considerable respecto a la de hace 20 años, cuando, en 1995, Amnistía Internacional registró ejecuciones en 42 países, y pone de manifiesto la clara tendencia mundial de los Estados a apartarse de la pena capital.
“Las cifras hablan por sí solas: la pena de muerte está empezando a ser cosa del pasado. Los pocos países que siguen ejecutando deben mirarse seriamente en el espejo y preguntarse si desean seguir violando el derecho a la vida o unirse a la inmensa mayoría de los Estados que han abandonado este exponente máximo de pena cruel e inhumana", ha manifestado Salil Shetty.
Seguridad del Estado
La inquietante tendencia de los países a utilizar la pena de muerte para combatir las amenazas contra la seguridad del Estado se hizo visible en todo el mundo con las ejecuciones, en China, Pakistán, Irán e Irak, de personas acusadas de "terrorismo".
Tras el espantoso ataque contra una escuela de Peshawar, Pakistán reanudó las ejecuciones. En diciembre fueron ejecutadas en el país siete personas, y el gobierno ha declarado que ejecutará a cientos de presos condenados por cargos relacionados con el "terrorismo". Las ejecuciones continuaron a un ritmo elevado en 2015.
En China, las autoridades utilizaron la pena de muerte como herramienta punitiva en la campaña de “mano dura” contra los disturbios en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang. Las autoridades ejecutaron al menos a 21 personas durante el año en relación con diferentes atentados, y tres personas fueron condenadas a muerte en un acto público de imposición de condenas celebrado en un estadio ante miles de espectadores.
“En un año en el que las abominables ejecuciones sumarias a manos de grupos armados quedaron grabadas como nunca antes en la conciencia global, resulta demoledor que los propios gobiernos recurran a un aumento de las ejecuciones como acto reflejo para combatir el terrorismo y la delincuencia", ha manifestado Salil Shetty.
En países como Corea del Norte, Irán o Arabia Saudí, los gobiernos siguieron usando la pena de muerte como herramienta para reprimir la disidencia política.
Otros Estados recurrieron a las ejecuciones en intentos igualmente fallidos de responder a los elevados índices de delincuencia. Jordania puso fin en diciembre a ocho años de moratoria y ejecutó a 11 condenados por asesinato, mientras el gobierno afirmaba que era una manera de poner fin al aumento de la delincuencia violenta. En Indonesia, el gobierno anunció sus planes de ejecutar principalmente a traficantes de droga para hacer frente a una "emergencia nacional" de seguridad pública, y en 2015 cumplió esa promesa.
Repunte de las condenas a muerte
En comparación con el año anterior, en 2014 hubo un espectacular incremento del número de condenas a muerte dictadas: al menos 2.466, frente a las 1.925 de 2013, un aumento de más una cuarta parte. Esto se debió en gran medida a los acontecimientos en Nigeria y Egipto, donde cientos de personas fueron condenadas a muerte.
En Nigeria se registraron 659 condenas a muerte en 2014, un incremento de más de 500 respecto a las 141 de 2013. Los tribunales militares impusieron durante el año, en juicios diferentes, condenas a muerte colectivas contra unos 70 soldados que habían sido declarados culpables de amotinamiento en el contexto del conflicto con Boko Haram.
En Egipto, los tribunales impusieron al menos 509 condenas a muerte durante 2014, 400 más que las registradas durante el año anterior. Entre ellas se encontraban las condenas colectivas dictadas contra 37 personas en abril y contra 183 personas en junio, tras juicios injustos también colectivos.
Métodos y delitos
Entre los métodos de ejecución utilizados en 2014 figuraron la decapitación, el ahorcamiento, la inyección letal y el arma de fuego. Se llevaron a cabo ejecuciones públicas en Arabia Saudí e Irán.
Se condenó a muerte a personas por una serie de delitos no letales, como el robo, delitos relacionados con las drogas y delitos económicos. Hubo incluso personas condenadas a muerte por actos tales como "adulterio", "blasfemia" o "brujería", que ni siquiera deberían ser considerados delitos. Muchos países utilizaron la imprecisa denominación de "delitos políticos" para condenar a muerte a disidentes o presuntos disidentes.
Desglose por regiones
América
Estados Unidos siguió siendo el único país que ejecutaba la pena de muerte en la región, aunque las ejecuciones se redujeron de las 39 de 2013 a 35 en 2014, y reflejaron la disminución constante en el uso de la pena capital en el país a lo largo de los últimos años. Sólo siete estados llevaron a cabo ejecuciones en 2014 (frente a los nueve de 2013); cuatro de ellos –Texas, Misuri, Florida y Oklahoma– fueron responsables del 89 por ciento. El estado de Washington dictó una suspensión de las ejecuciones en febrero. La cifra total de condenas a muerte disminuyó de 95 en 2013 a 77 en 2014.
Asia y Oceanía
La región de Asia y Oceanía fue escenario de una mezcla de novedades relativas a la pena de muerte en 2014. Se registraron ejecuciones en nueve países, uno menos que el año anterior. Pakistán levantó la moratoria de las ejecuciones a civiles. Se registraron 22 ejecuciones en la región, aunque ese número no incluía China ni Corea del Norte, donde fue imposible confirmar las cifras. Indonesia anunció sus planes de reanudar las ejecuciones, principalmente contra narcotraficantes, en 2015.
Oceanía siguió siendo prácticamente la única zona del mundo libre de pena de muerte, aunque los gobiernos de Papúa Nueva Guinea y Kiribati tomaron medidas para reanudar las ejecuciones o introducir la pena capital.
África Subsahariana
El África Subsahariana fue escenario de especiales progresos en 2014. Se registraron 46 ejecuciones en 3 países, frente a las 64 ejecuciones en 5 países de 2013: una reducción del 28 por ciento. Sólo se tuvo constancia de que se hubieran llevado a cabo ejecuciones en tres países: Guinea Ecuatorial, Somalia y Sudán.
Madagascar dio un paso adelante hacia la abolición cuando su Asamblea Nacional adoptó, el 10 de diciembre, un proyecto de ley de abolición de la pena de muerte; no obstante, ese proyecto de ley debe ser firmado por el presidente del país antes de entrar en vigor.
Europa y Asia Central
Bielorrusia –el único país de la región que lleva a cabo ejecuciones– ejecutó al menos a tres personas durante el año, y puso fin con ello a un paréntesis de 24 meses en la aplicación de la pena de muerte. Las ejecuciones se caracterizaron por el secretismo: a los familiares y abogados de los condenados no se les notificaban hasta después de haberlas llevado a cabo.
Oriente Medio y Norte de África
El uso generalizado de la pena de muerte en Oriente Medio y el Norte de África siguió siendo sumamente perturbador. Arabia Saudí, Irak e Irán fueron responsables del 90 por ciento de todas ejecuciones de la región, y del 72 por ciento de las del mundo (excluyendo a China).
En 2014 se documentaron ejecuciones en ocho países, dos más que en 2013. Dieciséis países impusieron condenas a muerte: la gran mayoría de los países de la región.
La cifra total de ejecuciones registradas en la región disminuyo de 638 en 2013 a 491 en 2014. Esta cifra no incluye los cientos de ejecuciones de los que se tiene noticia que se llevaron a cabo en Irán pero que no se anunciaron oficialmente. En 2014, las autoridades iraníes reconocieron 289 ejecuciones; sin embargo, fuentes fiables informaron de otras 454, con lo que el total ascendía a 743.
Amnistia.org.mx. México, Distrito Federal. 31/03/15

Oposición global a la vigilancia masiva de Estados Unidos

La vigilancia masiva por parte de Estados Unidos del uso de Internet y del teléfono indigna a la opinión pública mundial, ha declarado Amnistía Internacional, que dio a conocer los resultados de una importante encuesta de opinión con motivo del lanzamiento de su campaña mundial #DejenDeSeguirme.
Según el estudio, en el que participaron 15.000 personas de 13 países de todos los continentes, el 71% de los encuestados rechaza rotundamente el control por Estados Unidos del uso de Internet. Por otra parte, casi dos tercios afirman que quieren que las empresas de tecnología —como Google, Microsoft y Yahoo— protejan sus comunicaciones para impedir el acceso del gobierno.
“Estados Unidos debería ver esta encuesta como una advertencia de que la vigilancia está perjudicando su credibilidad. El presidente Obama debería escuchar la voz de los ciudadanos de todo el mundo y dejar de usar Internet como una herramienta para recoger datos masivos sobre la vida privada de las personas”, afirmó Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.
“La tecnología actual da a los gobiernos un poder sin precedentes para observar lo que hacemos en Internet. Necesitamos un mecanismo independiente que vigile a los vigilantes para que no haya abusos de poder. Pero hoy son pocas las leyes, si es que las hay, que protegen realmente nuestro derecho humano a la intimidad frente a la vigilancia masiva indiscriminada. De hecho, hay más países estudiando leyes que confieran mayores poderes de vigilancia a expensas de los derechos de las personas.”
En junio de 2013, Edward Snowden reveló que la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense estaba autorizada para vigilar el uso del teléfono y de Internet en 193 países del mundo. En una representación de las capacidades de vigilancia de la agencia, se reveló que ésta recogía 5.000 millones de registros de ubicación de teléfonos móviles al día y 42.000 millones de registros de Internet —incluidos correos electrónicos e historiales de navegación— al mes.
La mayor oposición a la vigilancia masiva de Estados Unidos, en Brasil y Alemania
La mayor oposición a la interceptación, almacenamiento y análisis por Estados Unidos del uso de Internet procedía de Brasil (80 por ciento en contra) y Alemania (81 por ciento).
Tras las revelaciones de Snowden, la indignación pública fue generalizada en estos dos países cuando se reveló que Estados Unidos había vigilado incluso las llamadas telefónicas de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y de la canciller alemana Angela Merkel.
Incluso en el país con menor oposición, Francia, la mayoría de los encuestados rechazaba la vigilancia estadounidense (el 56 por ciento). La encuesta se realizó después del atentado contra Charlie Hebdo.
Aliados clave de Estados Unidos se oponen también a la vigilancia
Estados Unidos comparte los frutos de su programa de vigilancia masiva con Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Reino Unido, países con los que forma la Alianza de los Cinco Ojos. Incluso en estos países, el porcentaje de personas que se oponen a la vigilancia estadounidense (70 por ciento) es más de tres veces superior al de quienes la apoyan (17 por ciento).
“El mensaje es claro: ni siquiera los ciudadanos de los países aliados más próximos de Estados Unidos quieren que los gobiernos registren su uso de Internet. Reino Unido y los otros países de los Cinco Ojos deberían ser sinceros con su propia ciudadanía sobre cómo están compartiendo el botín de la vigilancia: nuestros datos personales”, declaró Salil Shetty.
Las empresas de tecnología, bajo presión para que favorezcan el derecho a la intimidad y no lo obstaculicen
Las personas encuestadas que creen que las empresas de tecnología —como Google, Microsoft y Yahoo— tienen la obligación de ayudarles a proteger su información personal frente a los gobiernos (60 por ciento) son más que las que están de acuerdo en que estas empresas faciliten a las autoridades el acceso a los datos (26 por ciento).
En 2013, unos archivos filtrados de la ANS revelaron que las empresas de tecnología habían colaborado con las autoridades estadounidenses para facilitar la vigilancia del uso de sus aplicaciones, como el correo electrónico y las plataformas de medios sociales.
“Las empresas de tecnología tienen que tomar una decisión sobre el futuro de Internet. ¿Debe ser un lugar de expresión o de represión? Pueden pedir a sus usuarios que dejen su derecho a la intimidad en la puerta cuando se conecten o darles el control sobre sus datos personales”, dijo Salil Shetty.
La vigilancia en el propio país
En los 13 países en los que se hizo la encuesta, la gente rechazaba que su propio gobierno interceptara, almacenara y analizara su uso del teléfono y de Internet. Por término medio, había el doble de encuestados contrarios a la vigilancia por parte de su gobierno (59 por ciento) que de encuestados a favor (26 por ciento).
Quienes más se oponían a la vigilancia masiva por parte de su propio gobierno eran, de nuevo, los encuestados de Brasil (65 por ciento) y Alemania (69 por ciento). España, donde las informaciones de que la ANS había intervenido 60 millones de llamadas telefónicas españolas fueron recibidas con indignación en 2013, también estaba entre los primeros países contrarios (67 por ciento).
La mayoría de los ciudadanos estadounidenses encuestados (63 por ciento) estaba en contra del programa de vigilancia de su gobierno y sólo el 20 por ciento estaba a favor.
“La gente quiere que la sigan sus amigos, no sus gobiernos. Nadie quiere vivir sometido al escrutinio constante de un sistema de vigilancia tipo ‘gran hermano’”, dijo Salil Shetty.
¿El enemigo en casa?
Las actitudes hacia la vigilancia son significativamente diferentes cuando se trata de personas extranjeras. En los 13 países objeto de la encuesta, un porcentaje ligeramente superior de personas (43 por ciento) aprobaba que sus gobiernos vigilaran el uso del teléfono y de Internet en su país por los extranjeros, frente al 40 por ciento que lo rechazaba.
Francia y Reino Unido encabezan la lista de países a favor de vigilar a los extranjeros en su país, y el porcentaje de quienes lo aprueban (el 54 y el 55 por ciento, respectivamente) duplica al de quienes se oponen (el 27 y el 26 por ciento).
Igualmente, la mitad de los ciudadanos estadounidenses pensaba que su gobierno debía vigilar el uso de Internet y del teléfono de los extranjeros en Estados Unidos, a lo que sólo se oponía el 30 por ciento.
“El hecho de que las personas estén más dispuestas a aceptar que su gobierno siga a los extranjeros que a ellas mismas podría ilustrar el clima de miedo creado para justificar la vigilancia. Los gobiernos deben abordar la xenofobia y admitir que sacrificar los derechos humanos no traerá más seguridad”, concluyó Salil Shetty.
Amnistía Internacional ya ha adoptado acciones legales contra los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido para frenar la vigilancia masiva indiscriminada. La organización presenta hoy su nueva campaña #DejenDeSeguirme, en la que pide a los gobiernos que sometan la vigilancia masiva a supervisión y transparencia.
Amnistia.org. México, Distrito Federal, 26/03/15

1189. Tratado sobre el Comercio de Armas: avance histórico para los derechos humanos tras veinte años de campaña

La entrada en vigor del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) el 24 de diciembre, marca un avance histórico para los derechos humanos después de más de dos decenios de campaña de Amnistía Internacional y sus ONG asociadas en todo el mundo. Por primera vez, un tratado integra expresamente las implicaciones que para los derechos humanos tienen las transferencias de ventas de armas.
Amnistía Internacional y sus activistas han trabajado y hecho campaña sin descanso en favor de un Tratado sobre el Comercio de Armas desde mediados de la década de 1990. Como primer tratado jurídicamente vinculante de esta naturaleza, impedirá que las armas lleguen a manos de gobiernos que las destinarían a cometer atrocidades.
“Se trata de un logro verdaderamente histórico. Demuestra lo que se puede conseguir cuando los activistas de derechos humanos trabajan a largo plazo para transformar una buena idea en una realidad que salva vidas en todo el mundo”, ha dicho Salil Shetty, Secretario General de Amnistía Internacional.
“Cuando los activistas de Amnistía Internacional estaban entre el reducido grupo que propuso por primera vez regular el comercio internacional irresponsable de armas a principios de la década de 1990, hubo quienes se burlaron de la idea. Veinte años más tarde, ha pasado a ser una realidad en forma de tratado jurídicamente vinculante: el legado de su duro esfuerzo, su creatividad y su firme determinación.”
Al menos medio millón de personas mueren cada año y varios millones más resultan heridas, son violadas o se ven obligadas a huir de sus hogares como consecuencia de un comercio mundial mal regulado de armas y municiones. El comercio de armas está rodeado de secreto, pero el valor registrado de las transferencias internacionales se aproxima a los 80,000 millones anuales de euros.
El Tratado sobre el Comercio de Armas es un conjunto de sólidas normas concebidas para impedir la afluencia de armas a países donde se sabe que se destinarían a cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos. Los gobiernos de los Estados Parte en el Tratado sobre el Comercio de Armas tendrán la obligación de realizar evaluaciones objetivas para evitar el riesgo preponderante de que el armamento exportado se destine a cometer esas atrocidades.
De los 10 primeros exportadores de armas, 5 –Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido– están entre los 60 Estados del mundo que ya han ratificado el Tratado. Estados Unidos, que es con diferencia el mayor productor y exportador de armas, está entre los otros 70 países que lo han firmado pero aún no lo han ratificado. Otros grandes productores de armas, como China, Canadá y Rusia, se resisten a firmarlo o ratificarlo.
Amnistía Internacional seguirá presionando a todos los Estados para que se comprometan con el Tratado sobre el Comercio de Armas y empiecen a aplicar estrictamente sus disposiciones que salvan vidas. Activistas de la organización en todo el mundo pedirán a Estados Unidos, a China y a países de todas las regiones mundiales que ratifiquen el Tratado sobre el Comercio de Armas el año que viene.
“La tarea no termina aquí. Aunque el Tratado sobre el Comercio de Armas establece unas normas básicas para el comercio mundial de las armas, no es la panacea. Harán falta más presión y apoyo generalizados para que los Estados se adhieran estrictamente a sus principios”, ha afirmado Salil Shetty. “Personas de todo el mundo ya han sufrido bastante por culpa del comercio irresponsable de las armas. Merecen que los gobiernos demuestren su compromiso con la acción.”
Información complementaria
Desde principios de la década de 1990, Amnistía Internacional hace campaña junto a ONG asociadas en favor de que se adopten unas normas globales sobre transferencias internacionales de armas que sean sólidas y jurídicamente vinculantes, para frenar la circulación de municiones y armas convencionales que fomentan las atrocidades y los abusos contra los derechos humanos. Más de un millón de personas en todo el mundo se sumaron a la campaña y pidieron a los gobiernos que acordaran un Tratado sobre el Comercio de Armas firme y con sólidas normas para proteger vidas.
El 2 de abril de 2013, 155 Estados votaron en la Asamblea General de la ONU a favor de adoptar el TCA. Al menos 50 Estados debían ratificarlo, incorporándolo a su legislación nacional, para que fuera posible su entrada en vigor. Y se logró el 25 de septiembre de 2014, en un tiempo récord para un tratado de la ONU.
Amnistía Internacional ha seguido documentando y poniendo al descubierto transferencias irresponsables de armas que facilitan la comisión de abusos graves. Por ejemplo: varios envíos de armas previstos de Estados Unidos a Irak, donde la organización ha documentado graves abusos contra los derechos humanos en meses recientes; un envío masivo de armas y municiones de China al conflictivo Sudán del Sur, donde Amnistía Internacional ha documentado crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad; y la diversidad de países que suministran armas pequeñas y armas ligeras a Honduras, país que, según datos de la ONU, presenta el índice de homicidios más alto del mundo.
Amnistia.org.mx. México, D.F., 24/12/14

1062. Histórico Tratado sobre el Comercio de Armas será realidad tras 50 ratificaciones

La protección para los millones de personas cuyas vidas están devastadas por la mala regulación del comercio mundial de armas dará un gran salto adelante el jueves, ha declarado Amnistía Internacional cuando se prevé que el histórico Tratado sobre el Comercio de Armas supere las 50 ratificaciones necesarias para iniciar la cuenta atrás de 90 días para entrar en vigor.
Argentina, Bahamas, Portugal, la República Checa, Santa Lucía, Senegal y Uruguay serán los últimos Estados que confirmen la ratificación del Tratado en una ceremonia que se celebrará en la sede de la ONU en Nueva York. Con ello, el Tratado se convertirá en ley internacional el 25 de diciembre de 2014, vinculando a todos los países que lo hayan ratificado antes de esa fecha.
“Esto es un hito en la lucha para acabar con el sufrimiento humano causado por la circulación irresponsable de armas. Antes de que finalice el año habrá unas normas globales firmes para impedir que la armas vayan a parar a manos de quienes cometen abusos”, ha declarado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.
“Este extraordinario avance no habría sido posible sin el apoyo de más de un millón de personas que contribuyeron a mantener la presión sobre los gobiernos y dijeron ‘basta ya, el suministro de armas para cometer atrocidades y abusos debe acabar’. Pero la campaña no termina aquí, pues todos los Estados deben afrontar urgentemente la situación y comprometerse con el Tratado sobre el Comercio de Armas”.
Amnistía Internacional lleva captando apoyos y haciendo campaña infatigablemente desde mediados de la década de 1990 a favor de un Tratado sobre el Comercio de Armas. Cada día muere medio millón de personas, y millones más sufren heridas y violaciones y se ven obligadas a huir de su hogar como consecuencia de la mala regulación del comercio global de armas.
El Tratado incluye varias normas para impedir la entrada de armas en países cuando se sepa que se emplearían para cometer o facilitar que se cometan genocidios, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra u otras violaciones graves de derechos humanos.
Cinco de los diez primeros exportadores de armas del mundo —Francia, Alemania, Italia, España y el Reino Unido— ya han ratificado el Tratado. Aunque Estados Unidos todavía no lo ha hecho, sí lo ha firmado. Otros productores de armas importantes, como China, Canadá, Israel y Rusia, se resisten a la ratificación.
“Si los líderes políticos se toman en serio poner fin a la circulación de armas empleadas para cometer crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y la persistente violencia por armas de fuego que niegan a las personas sus derechos humanos, los gobiernos deben incorporarse al Tratado sobre el Comercio de Armas y empezar a aplicarlo efectivamente. No puede haber excusas para la inacción o la doble moral cuando se trata de un tratado que salva vidas”, afirmó Salil Shetty.
Información complementaria
Amnistía Internacional lleva desde principios de la década de 1990 haciendo campaña junto con otras ONG para lograr unas normas globales firmes y legalmente vinculantes sobre las transferencias internacionales de armas que reduzcan la circulación de armas y municiones convencionales que alimentan las atrocidades y los abusos contra los derechos humanos. Más de un millón de personas en todo el mundo han pedido a los gobiernos que acuerden un Tratado sobre el Comercio de Armas fuerte con normas firmes para proteger vidas.
El 2 de abril de 2013, un total de 155 Estados votaron en la Asamblea General de la ONU la adopción del Tratado sobre el Comercio de Armas. Desde esa fecha han firmado el Tratado 119 Estados, que indican así su voluntad de incorporarlo a su legislación nacional. Aunque 41 Estados que apoyaron el año pasado la adopción del Tratado aún no lo han firmado, el impulso internacional para convertirlo realidad sigue aumentando.
Amnistía Internacional continúa documentando y denunciando transferencias irresponsables de armas que facilitan la comisión de abusos graves. Estas incluyen el envío masivo de armas desde China a Sudán del Sur, donde las dos partes del conflicto armado cometen actos terribles, y recientes suministros de armas a Egipto desde Estados Unidos, Chipre, la República Checa, Eslovaquia y Turquía a pesar del riesgo sustancial de que las fuerzas de seguridad egipcias las utilicen para cometer o facilitar que se cometan violaciones graves de derechos humanos.
Amesty.org. 25/09/14

El Tratado sobre Comercio de Armas entrará en vigor en diciembre tras nuevas ratificaciones
Ocho Estados, incluidos Argentina y Uruguay, depositaron hoy en la ONU los instrumentos de ratificación del Tratado sobre el Comercio de Armas, lo que permitirá su entrada en vigor el 24 de diciembre próximo.
Ese acuerdo histórico internacional, que aprobó la Asamblea General de la ONU el pasado año, necesitaba ser ratificado por 50 países para tener plena vigencia, lo que ocurrirá 90 días después de alcanzarse este jueves esa cifra.
Además de los dos países latinoamericanos, Portugal, Bahamas, Bosnia y Herzegovina, la República Checa, Santa Lucia y Senegal, depositaron sus documentos de ratificación. Otros dos Estados, Georgia y Namibia, firmaron el tratado durante un evento celebrado en la sede de la ONU.
En un comunicado, el Secretario General, Ban Ki.-moon manifestó que la necesidad de un tratado como este es muy clara, dado el uso ilegal y la presencia de numerosas armas y municiones en todo el mundo.
Agregó que con la adopción de este Tratado, los Estados miembros se unieron en apoyo de un compromiso robusto y legalmente vinculante para dar una medida de esperanza a millones de personas en todo el mundo.
La representante de Argentina, María Cristina Perceval, resaltó que este Tratado estará listo para entrar en vigor apenas un año y medio después de abrirse a la firma de los países.
“Argentina está orgullosa de haber estado involucrada en este proceso, que comenzó hace más de siete años, y por haber hecho una contribución constructiva a la negociación del Tratado”, manifestó Perceval.
El representante de Uruguay, Gonzalo Koncke, resaltó también la importancia de haber llegado al medio centenar de ratificaciones y la esperanza de que las adhesiones sigan aumentando.
“Uruguay reitera que el Tratado sobre Comercio de Armas es un paso importante hacia un comercio más responsable de armas convencionales, incluidas las pequeñas y ligeras, sus componentes y sus municiones”, señaló el diplomático uruguayo.
Un.org. 25/09/14

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