El gasto militar mundial aumenta en medio de la guerra, las crecientes tensiones y la inseguridad

El gasto militar mundial total alcanzó los 2.443.000 millones de dólares en 2023, un aumento del 6,8 % en términos reales con respecto a 2022. Este fue el aumento interanual más pronunciado desde 2009. Los 10 países que más gastaron en 2023, encabezados por Estados Unidos, China y Rusia aumentaron su gasto militar, según nuevos datos sobre el gasto militar global publicados por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), disponibles en www.sipri.org 

El gasto militar aumenta en todas las regiones

El gasto militar mundial aumentó por noveno año consecutivo hasta alcanzar un máximo histórico de 2.443.000 millones de dólares. Por primera vez desde 2009, el gasto militar aumentó en las cinco regiones geográficas definidas por el SIPRI, con aumentos particularmente grandes registrados en Europa, Asia, Oceanía y Medio Oriente.

" El aumento sin precedentes del gasto militar es una respuesta directa al deterioro global de la paz y la seguridad", afirmó Nan Tian, ​​investigador principal del Programa de Gasto Militar y Producción de Armas del SIPRI. "Los Estados están dando prioridad a la fuerza militar, pero corren el riesgo de una espiral de acción y reacción en un panorama geopolítico y de seguridad cada vez más volátil".

La ayuda militar a Ucrania reduce la brecha de gasto con Rusia

El gasto militar de Rusia aumentó un 24 por ciento hasta un estimado de 109 mil millones de dólares en 2023, lo que supone un aumento del 57 por ciento desde 2014, el año en que Rusia anexó Crimea. En 2023, el gasto militar de Rusia representó el 16 por ciento del gasto público total y su carga militar (gasto militar como porcentaje del producto interno bruto, PIB) fue del 5,9 por ciento.

Ucrania fue el octavo país que más gastó en 2023, después de un aumento del gasto del 51 por ciento hasta alcanzar los 64.800 millones de dólares. Esto dio a Ucrania una carga militar del 37 por ciento y representó el 58 por ciento del gasto gubernamental total.

El gasto militar de Ucrania en 2023 fue un 59 por ciento mayor que el de Rusia. Sin embargo, Ucrania también recibió al menos 35.000 millones de dólares en ayuda militar durante el año, incluidos 25.400 millones de dólares de Estados Unidos. Combinados, esta ayuda y el propio gasto militar de Ucrania equivalían aproximadamente al 91 por ciento del gasto ruso.

Estados Unidos sigue siendo el mayor gastador de la OTAN, pero los miembros europeos aumentan su participación

En 2023, los 31 miembros de la OTAN representaron 1.341 mil millones de dólares, equivalente al 55 por ciento del gasto militar mundial. El gasto militar de Estados Unidos aumentó un 2,3 por ciento hasta alcanzar los 916.000 millones de dólares en 2023, lo que representa el 68 por ciento del gasto militar total de la OTAN. En 2023, la mayoría de los miembros europeos de la OTAN aumentaron su gasto militar. Su participación combinada en el total de la OTAN fue del 28 por ciento, la más alta en una década. El 4 por ciento restante provino de Canadá y Türkiye .

"Para los Estados europeos de la OTAN, los últimos dos años de guerra en Ucrania han cambiado fundamentalmente las perspectivas de seguridad", afirmó Lorenzo Scarazzato, investigador del Programa de Gasto Militar y Producción de Armas del SIPRI. "Este cambio en las percepciones de amenaza se refleja en una proporción cada vez mayor del PIB que se destina al gasto militar, y que el objetivo de la OTAN del 2 por ciento se considera cada vez más como una base en lugar de un umbral a alcanzar".

Una década después de que los miembros de la OTAN se comprometieran formalmente con el objetivo de gastar el 2 por ciento del PIB en el ejército, 11 de 31 miembros de la OTAN alcanzaron o superaron este nivel en 2023, la cifra más alta desde que se asumió el compromiso. Otro objetivo , destinar al menos el 20 por ciento del gasto militar al "gasto en equipamiento" , fue cumplido por 28 miembros de la OTAN en 2023, frente a 7 en 2014.

El creciente gasto militar de China eleva el gasto de sus vecinos

China, el segundo mayor gastador militar del mundo, asignó aproximadamente 296 mil millones de dólares al ejército en 2023, un aumento del 6,0 por ciento con respecto a 2022. Este fue el 29º aumento interanual consecutivo en el gasto militar de China. China representó la mitad del gasto militar total en la región de Asia y Oceanía. Varios de los vecinos de China han vinculado sus propios aumentos de gasto con el creciente gasto militar de China.

Japón asignó 50.200 millones de dólares a su ejército en 2023, un 11 por ciento más que en 2022. El gasto militar de Taiwán también creció un 11 por ciento en 2023, alcanzando los 16.600 millones de dólares.

"China está dirigiendo gran parte de su creciente presupuesto militar a aumentar la preparación para el combate del Ejército Popular de Liberación", afirmó Xiao Liang, investigador del Programa de Gasto Militar y Producción de Armas del SIPRI. "Esto ha llevado a los gobiernos de Japón, Taiwán y otros a aumentar significativamente sus capacidades militares, una tendencia que se acelerará aún más en los próximos años".

La guerra y las tensiones en Oriente Medio impulsan el mayor aumento del gasto de la última década

El gasto militar estimado en Oriente Medio aumentó un 9,0% hasta los 200.000 millones de dólares en 2023. Esta fue la tasa de crecimiento anual más alta en la región vista en la última década.

El gasto militar de Israel , el segundo mayor de la región después de Arabia Saudita , aumentó un 24 por ciento hasta alcanzar los 27.500 millones de dólares en 2023. El aumento del gasto se debió principalmente a la ofensiva a gran escala de Israel en Gaza en respuesta al ataque al sur de Israel. por Hamás en octubre de 2023.

'El gran aumento del gasto militar en Oriente Medio en 2023 reflejó el rápido cambio de la situación en la región: desde el calentamiento de las relaciones diplomáticas entre Israel y varios países árabes en los últimos años hasta el estallido de una gran guerra en Gaza y los temores de una conflicto en toda la región", afirmó Diego Lopes da Silva, investigador principal del Programa de Gasto Militar y Producción de Armas del SIPRI.

La acción militar contra el crimen organizado dispara el gasto en Centroamérica y el Caribe

El gasto militar en Centroamérica y el Caribe en 2023 fue un 54 por ciento mayor que en 2014. Los crecientes niveles de delincuencia han llevado a un mayor uso de fuerzas militares contra bandas criminales en varios países de la subregión.

El gasto militar de la República Dominicana aumentó un 14 por ciento en 2023 en respuesta al empeoramiento de la violencia de las pandillas en el vecino Haití. El gasto militar de República Dominicana ha aumentado drásticamente desde 2021, cuando el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse sumió a Haití en una crisis.

En México, el gasto militar alcanzó los 11.800 millones de dólares en 2023, un aumento del 55 por ciento con respecto a 2014 (pero una disminución del 1,5 por ciento con respecto a 2022). Las asignaciones a la Guardia Nacional, una fuerza militarizada utilizada para frenar la actividad criminal, aumentaron del 0,7 por ciento del gasto militar total de México en 2019, cuando se creó la fuerza, al 11 por ciento en 2023.

"El uso del ejército para reprimir la violencia de las pandillas ha sido una tendencia creciente en la región durante años, ya que los gobiernos son incapaces de abordar el problema utilizando medios convencionales o prefieren respuestas inmediatas, a menudo más violentas", dijo Diego Lopes da Silva, Senior Investigador del Programa de Gasto Militar y Producción de Armas del SIPRI.

Otros desarrollos notables

India fue el cuarto país con mayor gasto militar a nivel mundial en 2023. Con 83.600 millones de dólares, su gasto militar fue un 4,2 por ciento mayor que en 2022.

El mayor aumento porcentual en el gasto militar de cualquier país en 2023 se registró en la República Democrática del Congo (+105 por ciento), donde ha habido un conflicto prolongado entre el gobierno y grupos armados no estatales. Sudán del Sur registró el segundo mayor aumento porcentual (+78 por ciento) en medio de la violencia interna y las consecuencias de la guerra civil sudanesa.

El gasto militar de Polonia, el decimocuarto más alto del mundo, fue de 31.600 millones de dólares después de crecer un 75 por ciento entre 2022 y 2023, con diferencia el mayor aumento anual de cualquier país europeo.

En 2023, el gasto militar de Brasil aumentó un 3,1 por ciento a 22.900 millones de dólares. Citando la directriz de gasto de la OTAN, los miembros del Congreso de Brasil presentaron una enmienda constitucional al Senado en 2023 que apunta a aumentar la carga militar de Brasil a un mínimo anual del 2 por ciento del PIB (frente al 1,1 por ciento en 2023).

El gasto militar de Argelia creció un 76 por ciento hasta alcanzar los 18.300 millones de dólares. Este fue el nivel de gasto más alto jamás registrado por Argelia y se debió en gran medida a un fuerte aumento de los ingresos por las exportaciones de gas a países de Europa a medida que se alejaban de los suministros rusos.

Irán fue el cuarto país que más gastó militarmente en Oriente Medio en 2023, con 10.300 millones de dólares. Según los datos disponibles, la proporción del gasto militar asignada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica aumentó del 27 por ciento al 37 por ciento entre 2019 y 2023.

sipri.org (2024, 22 de abril) El gasto militar mundial aumenta en medio de la guerra, las crecientes tensiones y la inseguridad. sipri.org. Recuperado 05 de mayo se 2024.

https://www.sipri.org/media/press-release/2024/global-military-spending-surges-amid-war-rising-tensions-and-insecurity?utm_source=phpList&utm_medium=email&utm_campaign=SIPRI+Update+April+2024%3A+New+military+expenditure+data%2C+Chinese+and+Russian+peacebuilding%2C+Indo-Pacific+naval+build-up%2C+missile+technology+controls+and+more&utm_content=HTML

Más de 2 mil arrestos en protestas por Gaza en campus de Estados Unidos

Al menos 200 personas fueron arrestadas en la UCLA el jueves, haciendo que el total de detenciones en todo el país ascienda a más de 2 mil en docenas de campus universitarios desde que la Policía desmanteló un campamento en la Universidad de Columbia a mediados de abril.

Las manifestaciones -y los arrestos- se han producido en casi todos los rincones de la nación. Pero, en las últimas 24 horas, casi toda la atención se ha dirigido a la Universidad de California en Los Ángeles, donde hubo escenas caóticas la mañana del jueves, cuando policías con equipo antimotines arremetieron contra un grupo de manifestantes.

La policía retiró barricadas y empezó a desmantelar un campamento fortificado de manifestantes propalestinos en el campus de la UCLA después de que cientos de inconformes desafiaron las órdenes policiales de que se marcharan; algunos de ellos formaron cadenas humanas mientras la policía lanzaba granadas aturdidoras para disolver los grupos.

Al menos 200 personas fueron arrestadas en la UCLA, dijo el sargento Alejandro Rubio de la Patrulla de Caminos de California. Agregó que las personas arrestadas fueron trasladadas al complejo carcelario del condado, cerca del centro de Los Ángeles. La Policía de la UCLA determinará si presentará cargos.

Un grupo de trabajadores entró la mañana del jueves al sitio donde estuvo el campamento y comenzó una limpieza extensa. Varias excavadoras recogían bolsas de basura y carpas desmanteladas. Algunos edificios estaban cubiertos de grafiti.

Los arrestos se produjeron después de que los oficiales hablaron durante horas por megáfonos, amenazando con arrestar a quienes no se dispersaran. Más de mil personas se congregaron en el campus, incluso dentro de un campamento de carpas rodeado con barricadas. Los manifestantes y la policía se empujaban y enfrentaban cuando las autoridades hallaban resistencia. Varios videos muestran a la policía deteniendo a los manifestantes y retirándoles los cascos y gafas protectoras.

Se oían helicópteros policiales sobrevolando la zona y el estallido de las granadas aturdidoras, que producen un destello luminoso y un fuerte ruido para desorientar y aturdir a la gente, mientras la Policía avanzaba y la gente coreaba "¿Dónde estaban anoche?". La tarde del martes, contramanifestantes atacaron el campamento, y la administración de la UCLA y la policía del campus tardaron horas en responder.

Los campamentos de manifestantes que llaman a las universidades a dejar de hacer negocios con Israel o con empresas que, afirman, apoyan la guerra en Gaza, se han propagado en los campus de todo el país en un movimiento estudiantil como ningún otro en este siglo. Las consiguientes intervenciones policiacas hicieron eco de las acciones realizadas hace décadas contra un movimiento de protestas mucho más amplio en contra de la guerra de Vietnam.

Las manifestaciones y los arrestos se han presentado en casi cada rincón de la nación. Al menos mil 945 personas han sido arrestadas desde el inicio de las protestas en la Universidad de Columbia en Nueva York el 18 de abril.

Entre ellas está un profesor universitario de Illinois que dijo haber sufrido varias fracturas en las costillas y en una mano durante una protesta pro palestina el sábado en la Universidad de Washington en St. Louis, Misuri.

Un video tomado por un transeúnte muestra el arresto de Steve Tamari, catedrático de historia de la Universidad Edwardsville del Sur de Illinois. Parecía acercarse para tomar video o fotos de los manifestantes detenidos cuando varios oficiales lo derriban bruscamente.

Tamari dijo el jueves en un comunicado que era "un pequeño precio a pagar por el genocidio que Israel lleva a cabo en Gaza".

Funcionarios de la Universidad Stony Book de Nueva York en Long Island dijeron que 29 personas fueron detenidas la madrugada del jueves, entre ellas, estudiantes, miembros del cuerpo docente y otras personas "ajenas a nuestra comunidad en el campus". En la ciudad de Nueva York, funcionarios de la Universidad de Fordham dijeron que 15 personas fueron arrestadas tras entrar por la fuerza al vestíbulo de un edificio en el campus de la escuela en el Lincoln Center.

AP (2024, 02 de mayo). Van 2 mil arrestos en protestas por Gaza en campus de EU.ElNorte.com. Recuperado el 04/05/24

https://www.elnorte.com/van-2-mil-arrestos-en-protestas-por-gaza-en-campus-de-eu/ar2801136?v=4

Denuncian la desproporcionada actuación policial contra las protestas en los campus de Estados Unidos

El responsable de velar por los derechos humanos en el mundo señaló que, si bien cualquier conducta o discurso claramente antisemita es totalmente inaceptable y profundamente preocupante, también lo son las conductas y los discursos antiárabes y antipalestinos.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirmó que la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica son “fundamentales para la sociedad”, especialmente cuando hay fuertes desacuerdos sobre cuestiones importantes, como ocurre en relación con el conflicto en los Territorios Palestinos Ocupados e Israel.

Volker Türk se refería así a las manifestaciones llevadas a cabo por estudiantes de la Universidad de Columbia en Nueva York, para exigir a sus autoridades que dejen de hacer donaciones a Israel debido a la ocupación y el asalto militar de Gaza, que en los últimos días se han extendido por todo el país.

Las autoridades universitarias norteamericanas, de la costa occidental a la oriental, han adoptado distintos enfoques, que van desde la respuesta inicial de Columbia de llamar la policía para desalojar por la fuerza a los estudiantes acampados en señal de protesta, hasta mantener negociaciones con los estudiantes y permitir la permanencia de los campamentos.

Los manifestantes de Columbia ignoraron el lunes un ultimátum de la universidad para que abandonaran el campamento o se arriesgaran a ser suspendidos. A primera hora de la mañana del martes, los estudiantes tomaron el histórico Hamilton Hall del campus, atrincherándose en su interior.

El edificio es emblemático ya que fue uno de los ocupados en las protestas estudiantiles por los derechos civiles y la guerra de Vietnam en 1968.

El presidente de la universidad anunció a primera hora del lunes que el diálogo con los manifestantes había fracasado, y que la institución no cedería a las demandas de no entregar dinero a Israel. Los estudiantes sostienen que ese dinero sirve para financiar las bombas que están contribuyendo al genocidio palestino.

El derecho a protestar es fundamental

En su declaración del martes, Türk señaló que, en las últimas semanas, miles de estudiantes universitarios de Estados Unidos han protestado contra la guerra, y muchas manifestaciones se han desarrollado sin incidentes.

Destacó que, sin embargo, sí se han producido cientos de detenciones tras las intervenciones en algunos campus de las fuerzas de seguridad. Muchos han sido puestos en libertad posteriormente, mientras que otros aún se enfrentan a cargos o sanciones académicas.

Las medidas adoptadas por las autoridades y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para restringir este tipo de expresión deben examinarse cuidadosamente para garantizar que no van más allá de lo que es demostrablemente necesario para proteger los derechos y libertades de los demás o para otro objetivo legítimo, como el mantenimiento de la salud o el orden públicos, afirmó Türk.

“Me preocupa que algunas de las medidas adoptadas por las fuerzas del orden en una serie de universidades parezcan desproporcionadas en sus efectos”, subrayó.

El responsable de derechos humanos insistió que cualquier conducta o discurso claramente antisemita es totalmente inaceptable y profundamente preocupante, pero que también lo son las conductas y los discursos antiárabes y antipalestinos.

“La incitación a la violencia o al odio por motivos de identidad o puntos de vista, ya sean reales o supuestos, debe repudiarse enérgicamente”, continuó. “Ya hemos visto que una retórica tan peligrosa puede desembocar rápidamente en violencia real”.

Türk expresó que cualquier conducta violenta debe abordarse caso por caso y no mediante medidas generales “que imputan a todos los miembros de una protesta los puntos de vista inaceptables de unos pocos”.

Legislación sobre derechos humanos

“Aquí, como en todas partes, las respuestas de las universidades y las fuerzas del orden deben guiarse por la legislación sobre derechos humanos, permitiendo un debate vibrante y protegiendo espacios seguros para todos”, razonó.

El Alto Comisionado hizo hincapié en que cualquier restricción a las libertades fundamentales de expresión debe guiarse por “la legalidad, la necesidad y la proporcionalidad” y aplicarse sin discriminación.

“Las universidades estadounidenses tienen una fuerte tradición histórica de activismo estudiantil, debate estridente y libertad de expresión y reunión pacífica”, dijo Türk.

“Debe quedar claro que los ejercicios legítimos de la libertad de expresión no pueden confundirse con la incitación a la violencia y al odio”.

Centro de Noticias ONU. "Denuncian la desproporcionada actuación policial contra las protestas en los campus de Estados Unidos". Centro de Noticias ONU. 30//04/2024. Recuperado el 01/05/2024.

https://news.un.org/es/story/2024/04/1529426?utm_source=Noticias+ONU+-+Bolet%C3%ADn&utm_campaign=5f67989ec9-EMAIL_CAMPAIGN_2024_05_01_12_05&utm_medium=email&utm_term=0_e7f6cb3d3c-5f67989ec9-%5BLIST_EMAIL_ID%5D

1690. Expertos en derechos humanos piden acabar con el racismo medioambiental en el “Corredor del Cáncer” de Estados Unidos.

Esta discriminación racial ecológica supone una grave amenaza para el goce de varios derechos humanos de sus residentes, en su mayoría afroamericanos, como el derecho a la igualdad y a la no discriminación, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a un nivel de vida adecuado y los derechos culturales.

La continua industrialización del llamado “Corredor del Cáncer”, una franja petroquímica a lo largo del río Misisipi en el estado sureño de Luisiana, en Estados Unidos, genera una especie de racismo medioambiental, alertó este martes un grupo de expertos* en derechos humanos.

En opinión de los especialistas este cinturón industrial conocido originalmente como Plantation Country, donde se obligaba a trabajar a los esclavos africanos, no sólo ha contaminado el agua y el aire de su entorno, sino que también ha provocado que sus residentes, en su mayoría afroamericanos, sufran cáncer, enfermedades respiratorias y otros efectos adversos para la salud.

"Esta forma de racismo medioambiental constituye una amenaza grave y desproporcionada en el disfrute de varios derechos humanos de sus residentes, en su mayoría afroamericanos, como el derecho a la igualdad y a la no discriminación, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a un nivel de vida adecuado y los derechos culturales", afirmaron.

La legislación da la espalda a sus habitantes

Los expertos consideran que las regulaciones medioambientales a nivel federal no han protegido a las personas que residen en el "Corredor del Cáncer".

El Consejo de la Parroquia de St. James aprobó en 2018 el Proyecto Sunshine, una de las instalaciones de producción de plásticos más grandes del mundo construida por FG LA LLC, una empresa subsidiaria de la compañía taiwanesa Formosa Plastics Group.

En paralelo, el Consejo también aprobó los planes de construcción de complejos de metanol por parte de las empresas YCI Methanol One y South Louisiana Methanol.

Los especialistas consideran que, sólo contando el complejo de Formosa Plastics, la posibilidad de que los habitantes del Consejo sufran cáncer “se duplicará con creces”, afectando de forma desproporcionada a los residentes afroamericanos.

De acuerdo con los datos del mapa de evaluación nacional de sustancias tóxicas en el aire de la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos, el riesgo de cáncer en los distritos predominantemente afroamericanos en esa área podría situarse entre los 104 y 105 casos por millón, mientras que el peligro en otros distritos con población predominantemente blanca oscilaría entre el 60 y el 75 por millón.

La expansión del Proyecto pone en peligro varios derechos básicos

Al mismo tiempo, alertan de que la construcción de los nuevos complejos petroquímicos agravará la contaminación del medioambiente y provocará un impacto adverso desproporcionado en los derechos a la vida, a un nivel de vida adecuado y a la salud de las comunidades afroamericanas.

Los expertos también mostraron su preocupación por las posibles violaciones de los derechos culturales de las comunidades afroamericanas de la zona, ya que la construcción del “Proyecto Sunshine amenaza la destrucción de al menos cuatro cementerios de africanos esclavizados.

"Los descendientes de los afroamericanos esclavizados que en su día trabajaron la tierra son hoy las principales víctimas de la mortífera contaminación ambiental que han provocado en sus barrios estas plantas petroquímicas ", señalaron.

Por ello, instaron a Estados Unidos y al Consejo Parroquial a reconocer esta situación y a indemnizar a estas personas debido a “los daños causados a los afrodescendientes durante siglos que tienen su origen en la esclavitud y el colonialismo".

Los especialistas aplaudieron la orden ejecutiva medioambiental de la nueva administración estadounidense emitida el pasado 20 de enero que busca proteger la salud de los ciudadanos, la protección del medioambiente frente a la crisis climática y que los responsables de la contaminación rindan cuentas por sus actos.

Asimismo, piden al Gobierno de Estados Unidos que extienda esta justicia medioambiental a las comunidades de todo el país, empezando por los habitantes del Consejo de la Parroquia de St. James.

Añadieron que las empresas también son responsables y que deben realizar las comprobaciones debidas como parte sus evaluaciones de impacto ambiental y de derechos humanos.

*Los expertos son: E. Tendayi Achiume relatora especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia; Dominique Day (presidenta); Ahmed Reid; Michal Balcerzak; Sabelo Gumedze; Ricardo A. Sunga III; Grupo de Trabajo de Expertos Afrodescendientes;

Dante Pesce (Presidente), Surya Deva (Vicepresidente), Elżbieta Karska, Githu Muigai, y Anita Ramasastry, Grupo de Trabajo de la ONU sobre los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales; David Boyd, relator especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible; Tlaleng Mofokeng, relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; Marcos Orellana, relator especial sobre las consecuencias para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de las sustancias y desechos peligrosos.

Naciones Unidas. (2021, 2 de Marzo) Expertos en derechos humanos piden acabar con el racismo medioambiental en el “Corredor del Cáncer” de Estados Unidos. News.un.org/. Recuperado el 16 de Marzo de 2021 enhttps://es/story/2021/03/1488912

1463. Investigación sobre tortura a la CIA, una tarea inconclusa

Un año después del informe del Senado, sigue sin haberse abierto una investigación penal ni se ha proporcionado ningún tipo de reparación

Las alegaciones del Gobierno de Obama de que obstáculos legales impiden la investigación penal sobre la tortura a manos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) no son convincentes y amenazan con dejar un legado en el que la tortura es una opción política, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Existe suficiente evidencia para que el fiscal general ordene la investigación penal de altos funcionarios de Estados Unidos y otros implicados en el programa de la CIA después del 11 de septiembre para la tortura, la conspiración para la tortura y otros delitos tipificados en el derecho estadounidense.

El informe de 153 páginas, “No More Excuses: A Roadmap to Justice for CIA Torture” (“No más excusas: una hoja de ruta hacia la justicia para las torturas de la CIA”), exhibe evidencia para apoyar los principales cargos penales que pueden presentarse contra los responsables de los actos de tortura sancionados por el Estado, y cuestiona las afirmaciones de que los juicios no son legalmente viables. El informe también detalla las obligaciones legales de EE.UU. de proporcionar reparación a las víctimas de la tortura, así como los pasos que debe seguir para hacerlo. También especifica las acciones que otros países deben emprender para reivindicar las investigaciones penales sobre las torturas de la CIA.

“Ha pasado un año desde el informe del Senado sobre la tortura y aún el Gobierno de Obama no ha abierto nuevas investigaciones penales sobre las torturas de la CIA”, dijo Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch. “Sin estas investigaciones penales, que eliminarían la tortura como una opción política, el legado de Obama quedará manchado para siempre”.

El 9 de diciembre de 2014, el Comité de Inteligencia del Senado de EE.UU. difundió un demoledor resumen del informe todavía confidencial de 6.700 páginas que documentaba el programa de detención e interrogatorios de la CIA. Además de confirmar informes anteriores, el resumen del Senado también reveló que la tortura era una práctica más brutal, sistemática y extendida en la CIA de lo que se había informado anteriormente. También brindó nuevos detalles sobre los abusos cometidos, como la denominada “alimentación rectal”, y aportó información sobre el brutal impacto que las posiciones dolorosas y la privación del sueño tenían sobre los detenidos. El resumen se centró en si “las técnicas de interrogatorio mejoradas” eran un medio eficaz para obtener inteligencia útil (concluyó que no lo eran), pero no evaluó la legalidad del programa.

 El Departamento de Justicia asegura que ya había investigado los abusos de la CIA en 2009 y concluyó que no había pruebas admisibles suficientes para presentar cargos. Pero esa investigación, dirigida por John Durham, examinó sólo los abusos de la CIA que iban más allá de las acciones “autorizadas”, en lugar de todas las torturas y malos tratos de la agencia. Incluso entonces, parece que ninguno de los investigadores entrevistó a ninguno de los ex detenidos, debilitando las alegaciones de que su investigación fue exhaustiva y creíble.

Uno de los argumentos de defensa más repetidos es que la CIA y los altos funcionarios de la Casa Blanca se basaron en opiniones legales de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia que pretendían considerar que las “técnicas de interrogatorio mejoradas” eran legales: los denominados “Memos de la tortura”. Sin embargo, el resumen del Senado pone en evidencia que los funcionarios de la CIA sabían desde el principio que estas prácticas supondrían una violación de las leyes contra la tortura. Otra prueba muestra que funcionarios de la CIA y la Casa Blanca trataron de obtener garantías contra el procesamiento penal y cuando éstas les fueron denegadas, contribuyeron a elaborar esas mismas opiniones legales que autorizarían la tortura que aplicarían a continuación.

Los “Memos de la tortura” estaban tan forzados en su razonamiento jurídico que no pueden ser considerados de manera justa como una interpretación honesta de la ley. Estos hechos constituyen la antítesis de la confianza de buena fe en el asesoramiento de un abogado que podría servir como una defensa legítima en los cargos de tortura. Además, el resumen del Senado y otras evidencias muestran que la CIA cometió abusos que no fueron autorizados y aplicaron técnicas permitidas en formas que excedían las autorizaciones.

Aunque gran parte de la tortura y otros abusos fueron cometidos hace una década o más, la ley de prescripción no obstruye algunos cargos criminales. La prescripción usual federal de cinco años no es un impedimento para los delitos de tortura y conspiración para torturar en los casos en que hay un “riesgo previsible de que pudieran producirse lesiones físicas graves o la muerte”, ni para ciertos cargos de abuso sexual. Además, la ley de prescripción para el delito de conspiración puede ser extendida si los responsables ocultan un componente central de la trama, como fue el caso con el programa de la CIA, dijo Human Rights Watch.

Bajo la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, que EE.UU. ratificó en 1988, los gobiernos están obligados a investigar de manera creíble las denuncias de tortura y a entablar procesos legales en los casos en que esté justificado. No investigar ni enjuiciar las torturas de la CIA aumenta el peligro de que algún futuro presidente autorice métodos ilegales de interrogatorio similares en respuesta a una inevitable amenaza de seguridad grave. Varios candidatos presidenciales para las elecciones de 2016 han defendido el uso de “técnicas de interrogatorio mejoradas” y algunos han asegurado que las volverían a utilizar en caso de resultar elegidos.

La Convención contra la Tortura, en cuya concepción el gobierno de EE.UU. jugó un papel decisivo, también contempla el derecho de las víctimas de tortura a recibir una reparación o indemnización. Sin embargo, los gobiernos de Bush y Obama han frustrado activamente todos los esfuerzos por parte de ex detenidos de obtener reparaciones en los tribunales estadounidenses, invocando reclamaciones de inmunidad y seguridad nacional para conseguir que las demandas fueran desestimadas incluso antes de que los demandantes pudieran siquiera presentar evidencias de abuso.

El Departamento de Justicia debería nombrar a un fiscal especial para llevar a cabo nuevas investigaciones que garanticen que todos los testigos pertinentes, incluso las presuntas víctimas de tortura, sean entrevistados y que se recopilen, conserven y examinen todas las pruebas materiales pertinentes disponibles, recomendó Human Rights Watch.

“Si EE.UU., con su democracia establecida y su sistema político estable, puede incumplir su obligación legal de procesar la tortura, socava el respeto por el imperio de la ley en todo el mundo”, dijo Roth. “Los funcionarios del gobierno, que buscaron y ayudaron a crear opiniones jurídicas que justificaban lo injustificable no deberían de poder valerse de esas opiniones para evadir su responsabilidad”.

El informe también describe casos en el extranjero para investigar los abusos de la CIA relacionados con la tortura. Estas investigaciones realizadas en otros países se han centrado en funcionarios de EE.UU., así como funcionarios nacionales acusados de haber participado o actuado como cómplices de abusos de la CIA. El deber de enjuiciar le corresponde principalmente al gobierno de EE.UU., pero la Convención contra la Tortura contiene una cláusula de “jurisdicción universal” que obliga a todos los gobiernos a procesar a los sospechosos que entran en su territorio, independientemente del lugar donde tuvo lugar la tortura. El hecho de que EE.UU. no lleve a cabo sus propias investigaciones exhaustivas y creíbles sobre las torturas de la CIA significa que otros gobiernos deberían tomar medidas para investigar estos crímenes.

“Ante la negativa del gobierno de Obama de investigar y procesar a altos funcionarios responsables de estos graves delitos, otros países deberían proceder”, dijo Roth. “Si el presidente Obama no va a evitar un peligroso precedente de impunidad para la tortura, otros países deberían intervenir”.

Hrw.org. Washington, D.C., 01/12/15 

https://www.hrw.org/es/news/2015/12/01/eeuu-investigacion-sobre-tortura-de-la-cia-una-tarea-inconclusa

No More Excuses

A Roadmap to Justice for CIA Torture

Oposición global a la vigilancia masiva de Estados Unidos

La vigilancia masiva por parte de Estados Unidos del uso de Internet y del teléfono indigna a la opinión pública mundial, ha declarado Amnistía Internacional, que dio a conocer los resultados de una importante encuesta de opinión con motivo del lanzamiento de su campaña mundial #DejenDeSeguirme.

Según el estudio, en el que participaron 15.000 personas de 13 países de todos los continentes, el 71% de los encuestados rechaza rotundamente el control por Estados Unidos del uso de Internet. Por otra parte, casi dos tercios afirman que quieren que las empresas de tecnología —como Google, Microsoft y Yahoo— protejan sus comunicaciones para impedir el acceso del gobierno.

“Estados Unidos debería ver esta encuesta como una advertencia de que la vigilancia está perjudicando su credibilidad. El presidente Obama debería escuchar la voz de los ciudadanos de todo el mundo y dejar de usar Internet como una herramienta para recoger datos masivos sobre la vida privada de las personas”, afirmó Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.

“La tecnología actual da a los gobiernos un poder sin precedentes para observar lo que hacemos en Internet. Necesitamos un mecanismo independiente que vigile a los vigilantes para que no haya abusos de poder. Pero hoy son pocas las leyes, si es que las hay, que protegen realmente nuestro derecho humano a la intimidad frente a la vigilancia masiva indiscriminada. De hecho, hay más países estudiando leyes que confieran mayores poderes de vigilancia a expensas de los derechos de las personas.”

En junio de 2013, Edward Snowden reveló que la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense estaba autorizada para vigilar el uso del teléfono y de Internet en 193 países del mundo. En una representación de las capacidades de vigilancia de la agencia, se reveló que ésta recogía 5.000 millones de registros de ubicación de teléfonos móviles al día y 42.000 millones de registros de Internet —incluidos correos electrónicos e historiales de navegación— al mes.

La mayor oposición a la vigilancia masiva de Estados Unidos, en Brasil y Alemania

La mayor oposición a la interceptación, almacenamiento y análisis por Estados Unidos del uso de Internet procedía de Brasil (80 por ciento en contra) y Alemania (81 por ciento).

Tras las revelaciones de Snowden, la indignación pública fue generalizada en estos dos países cuando se reveló que Estados Unidos había vigilado incluso las llamadas telefónicas de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y de la canciller alemana Angela Merkel.

Incluso en el país con menor oposición, Francia, la mayoría de los encuestados rechazaba la vigilancia estadounidense (el 56 por ciento). La encuesta se realizó después del atentado contra Charlie Hebdo.

Aliados clave de Estados Unidos se oponen también a la vigilancia

Estados Unidos comparte los frutos de su programa de vigilancia masiva con Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Reino Unido, países con los que forma la Alianza de los Cinco Ojos. Incluso en estos países, el porcentaje de personas que se oponen a la vigilancia estadounidense (70 por ciento) es más de tres veces superior al de quienes la apoyan (17 por ciento).

“El mensaje es claro: ni siquiera los ciudadanos de los países aliados más próximos de Estados Unidos quieren que los gobiernos registren su uso de Internet. Reino Unido y los otros países de los Cinco Ojos deberían ser sinceros con su propia ciudadanía sobre cómo están compartiendo el botín de la vigilancia: nuestros datos personales”, declaró Salil Shetty.

Las empresas de tecnología, bajo presión para que favorezcan el derecho a la intimidad y no lo obstaculicen

Las personas encuestadas que creen que las empresas de tecnología —como Google, Microsoft y Yahoo— tienen la obligación de ayudarles a proteger su información personal frente a los gobiernos (60 por ciento) son más que las que están de acuerdo en que estas empresas faciliten a las autoridades el acceso a los datos (26 por ciento).

En 2013, unos archivos filtrados de la ANS revelaron que las empresas de tecnología habían colaborado con las autoridades estadounidenses para facilitar la vigilancia del uso de sus aplicaciones, como el correo electrónico y las plataformas de medios sociales.

“Las empresas de tecnología tienen que tomar una decisión sobre el futuro de Internet. ¿Debe ser un lugar de expresión o de represión? Pueden pedir a sus usuarios que dejen su derecho a la intimidad en la puerta cuando se conecten o darles el control sobre sus datos personales”, dijo Salil Shetty.

La vigilancia en el propio país

En los 13 países en los que se hizo la encuesta, la gente rechazaba que su propio gobierno interceptara, almacenara y analizara su uso del teléfono y de Internet. Por término medio, había el doble de encuestados contrarios a la vigilancia por parte de su gobierno (59 por ciento) que de encuestados a favor (26 por ciento).

Quienes más se oponían a la vigilancia masiva por parte de su propio gobierno eran, de nuevo, los encuestados de Brasil (65 por ciento) y Alemania (69 por ciento). España, donde las informaciones de que la ANS había intervenido 60 millones de llamadas telefónicas españolas fueron recibidas con indignación en 2013, también estaba entre los primeros países contrarios (67 por ciento).

La mayoría de los ciudadanos estadounidenses encuestados (63 por ciento) estaba en contra del programa de vigilancia de su gobierno y sólo el 20 por ciento estaba a favor.

“La gente quiere que la sigan sus amigos, no sus gobiernos. Nadie quiere vivir sometido al escrutinio constante de un sistema de vigilancia tipo ‘gran hermano’”, dijo Salil Shetty.

¿El enemigo en casa?

Las actitudes hacia la vigilancia son significativamente diferentes cuando se trata de personas extranjeras. En los 13 países objeto de la encuesta, un porcentaje ligeramente superior de personas (43 por ciento) aprobaba que sus gobiernos vigilaran el uso del teléfono y de Internet en su país por los extranjeros, frente al 40 por ciento que lo rechazaba.

Francia y Reino Unido encabezan la lista de países a favor de vigilar a los extranjeros en su país, y el porcentaje de quienes lo aprueban (el 54 y el 55 por ciento, respectivamente) duplica al de quienes se oponen (el 27 y el 26 por ciento).

Igualmente, la mitad de los ciudadanos estadounidenses pensaba que su gobierno debía vigilar el uso de Internet y del teléfono de los extranjeros en Estados Unidos, a lo que sólo se oponía el 30 por ciento.

“El hecho de que las personas estén más dispuestas a aceptar que su gobierno siga a los extranjeros que a ellas mismas podría ilustrar el clima de miedo creado para justificar la vigilancia. Los gobiernos deben abordar la xenofobia y admitir que sacrificar los derechos humanos no traerá más seguridad”, concluyó Salil Shetty.

Amnistía Internacional ya ha adoptado acciones legales contra los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido para frenar la vigilancia masiva indiscriminada. La organización presenta hoy su nueva campaña #DejenDeSeguirme, en la que pide a los gobiernos que sometan la vigilancia masiva a supervisión y transparencia.

Amnistia.org. México, Distrito Federal, 26/03/15

http://amnistia.org.mx/nuevo/2015/03/26/oposicion-global-a-la-vigilancia-masiva-de-estados-unidos/?o=n

1167. Demoledor informe del Senado de EU sobre torturas y mentiras de la CIA

El resumen del informe que elaboró la Comisión de Inteligencia del Senado de EE. UU. sobre el programa de detención e interrogatorios de la Agencia Central de Inteligencia (Central Intelligence Agency, CIA) representa una contundente denuncia del uso extendido y sistemático de la tortura por la CIA, señaló Human Rights Watch. El resumen de 525 páginas, que ha sido parcialmente editado, se difundió el 9 de diciembre de 2014 y forma parte de un informe confidencial de 6.700 páginas que la comisión aún no ha manifestado que tenga previsto divulgar el texto completo.

El resumen documenta numerosos datos tergiversados transmitidos por la CIA sobre la eficacia del programa, y demuestra que funcionarios estadounidenses sabían que era ilegal. Pone de manifiesto la necesidad de que el gobierno estadounidense divulgue oportunamente el informe completo, refuerce la supervisión de la actuación de la CIA e investigue y juzgue por las vías correspondientes a los altos funcionarios responsables del programa de tortura, expresó Human Rights Watch.

“El informe del Senado no debería simplemente quedar archivado en un estante o un disco rígido, sino ser el punto de partida para que se investigue penalmente el uso de tortura por funcionarios de EE. UU.”, indicó Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch. “Si el gobierno de Obama no exige que los responsables de torturas rindan cuentas por sus actos, la tortura podría convertirse en una opción política cuando se produzca la próxima e inevitable amenaza para la seguridad”.

Naturaleza y magnitud de los abusos

El resumen concluye que los abusos de la CIA fueron mucho más cruentos, sistemáticos y extendidos de lo que se informó anteriormente; que muchas de las técnicas aplicadas en interrogatorios de la CIA excedieron las autorizadas por el Departamento de Justicia; y que la CIA comenzó a utilizar las técnicas mucho antes de haber recibido autorización.

El resumen expone numerosos datos que se informaron anteriormente sobre el programa de tortura de la CIA, como el uso de posiciones forzadas con el propósito de causar dolor físico y estrés, la exposición a encandilamiento y música a niveles intolerables, la simulación de asfixia con agua (waterboarding) y arrojar bruscamente a detenidos contra paredes o encerrarlos en ataúdes.

También contiene nueva información que muestra que las torturas de la CIA fueron incluso más despiadadas de lo que se creía antes. El organismo utilizó métodos de inmovilización dolorosos, practicó medidas punitivas como la “alimentación por vía rectal” o la “rehidratación rectal” y obligó a detenidos que tenían fracturas en las piernas a permanecer de pie y encadenados a la pared. Las tácticas afectaron gravemente a los detenidos, en particular cuando se combinaban con privación del sueño y aislamiento, y se extendían durante períodos prolongados. Uno de los detenidos se describe como “un hombre absolutamente doblegado”, y se indica que otro está “al borde de un colapso total”.

El resumen ofrece además evidencias que corroboran numerosos datos contenidos en trabajos anteriores de Human Rights Watch sobre abusos de la CIA. A modo de ejemplo, Human Rights Watch informó en 2012 sobre el uso de la CIA de la simulación de asfixia con agua y otras torturas con agua practicadas a detenidos, lo cual contradice abiertamente la afirmación de la CIA de que sólo había sometido a tres detenidos a estas prácticas. Como se indica en la nota al pie 623 del resumen, Human Rights Watch informó en 2012 que el detenido Mohammed Shoroeiya (que también empleaba los nombres de Abd al-Karim o al-Shara'iya) había aportado un testimonio detallado y creíble de que sufrió simulación de asfixia con agua reiteradas veces durante los interrogatorios, en un centro de detención de la CIA en Afganistán. El resumen corrobora la versión de que Shoroeiya fue entregado extraoficialmente a la CIA en 2003, y señala que entre los documentos de la CIA se incluye una fotografía donde se ve un dispositivo de madera diseñado para la simulación de asfixia con agua, rodeado de cubas de agua, en el centro de detención donde estuvo Shoroeiya. El resumen también destaca que en una entrevista la CIA no pudo explicar la presencia de estos dispositivos en el lugar.

Human Rights Watch informó además sobre el caso de Khalid al-Sharif (que empleaba también el nombre de “Abu Hazim”), quien describió haber sufrido un tipo de tortura con agua muy similar a la simulación de asfixia con agua mientras estuvo detenido bajo custodia de la CIA en Afganistán. El resumen describe, en las páginas 107 y 108, el testimonio de un lingüista de la CIA que, en 2003, presuntamente habría informado este abuso al inspector general de la CIA, quien a su vez en 2001 remitió la denuncia a la Fiscalía Federal de EE. UU. para el Distrito Este de Virginia como posible delito penal. Si bien no resulta claro cuál fue el desenlace de esta remisión, ni si acaso sucedió algo, el informe del inspector general desestimó el señalamiento del lingüista y concluyó que no había evidencias que pudieran corroborarlo. Sharif, al igual que varios otros detenidos por la CIA, ha señalado que ningún funcionario estadounidense intentó entrevistarlo en ningún momento sobre los abusos padecidos mientras estuvo a disposición de la CIA.

La CIA sabía que las técnicas eran ilegales

El informe revela nuevas evidencias de que la CIA conocía perfectamente la ilegalidad de las técnicas que estaba aplicando. En la página 33, el resumen señala que abogados sénior de la CIA distribuyeron de manera interna un borrador de una carta dirigida al fiscal general John Ashcroft, de fecha 8 de julio de 2002, donde se reconocía expresamente que las tácticas que luego se conocieron como “técnicas intensivas de interrogatorio” violaban la Ley sobre Tortura de EE. UU. El borrador –que no queda claro si llegó a ser enviado en algún momento– pedía que el Departamento de Justicia otorgara a la CIA una “renuncia formal anticipada al derecho a iniciar acciones penales”. Es decir, la CIA pretendía que el Departamento de Justicia se comprometiera a no proceder penalmente en ningún momento, o a otorgar inmunidad.

El documento refuta las anteriores afirmaciones de funcionarios de la CIA, quienes aseveraban que no sabían si las tácticas eran lícitas y que habían actuado de buena fe según los consejos de asesores legales del Departamento de Justicia. En vez de ello, el documento aclara que altos funcionarios de la CIA sabían que las tácticas eran ilegales, y estaban intentando crear algún mecanismo de seguro legal para estas acciones. Cuando sus intentos por obtener algún tipo de renuncia anticipada a la acción penal se vieron frustrados, solicitaron y consiguieron otro tipo de garantía, a través de una serie de memorandos legales –los denominados “Memorandos de Tortura” – elaborados por la Oficina de Asesoramiento Legal del Departamento de Justicia y por abogados de la Casa Blanca a partir de agosto de 2002, y que pretendían autorizar las técnicas.

Diversos funcionarios actuales y anteriores de la CIA han intentado justificar el uso de prácticas abusivas contra detenidos sobre la base de estos memorandos. Las nuevas evidencias de que la CIA conocía la ilegalidad de las técnicas rebate cualquier afirmación de altos funcionarios de la CIA de que simplemente estaban actuando de buena fe y seguían el asesoramiento legal recibido, destacó Human Rights Watch.

Asimismo, los memorandos no fueron una interpretación honesta de la legislación que prohíbe la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, sino una tentativa intricada de justificar lo injustificable. Constituye un atropello absoluto que los abogados que procuraron dar sustento legal a este programa de tortura, y se convirtieron en cómplices de su ilegalidad, no hayan enfrentado consecuencias disciplinarias ni penales, indicó Human Rights Watch.

“Ahora se sabe que funcionarios de la CIA sabían desde un primer momento que las técnicas que utilizaban eran ilegales”, indicó Roth. “Es de un cinismo total que la CIA continúe invocando los ‘Memorandos de Tortura,’ como si realmente hubiera confiado de buena fe en los argumentos pseudojurídicos que contienen”.

Obstrucción de medidas de supervisión por la CIA

El resumen muestra los extremos a los cuales recurrió la CIA para encubrir sus delitos y obstruir el proceso democrático, lo que incluyó efectuar declaraciones falsas al Departamento de Justicia, la Casa Blanca y el Congreso sobre la magnitud, naturaleza, éxito y necesidad del programa. A su vez, el resumen muestra que altos funcionarios de la Casa Blanca sabían desde un principio que el programa era ilegal, y que el gobierno incluso ocultó el programa a miembros sénior del propio Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Defensa.

A instancia de la Casa Blanca, indica el resumen, los Secretarios de Estado y Defensa, quienes a su vez son directores del Consejo de Seguridad Nacional, no fueron informados sobre los pormenores del programa hasta septiembre de 2003. El informe describe un mensaje de correo electrónico de la CIA de 2003, donde se indica que “[el secretario de Estado Colin] Powell se enfurecería si tomara conocimiento de lo que ha estado ocurriendo”.

La Comisión de Inteligencia del Senado inició el estudio en 2009, luego de que la CIA destruyera 92 grabaciones de video de interrogatorios a presuntos terroristas practicados por la CIA. A pesar de la función de supervisión que corresponde a la comisión, ninguno de sus miembros, a excepción del entonces presidente y vicepresidente, fueron informados sobre el programa, que comenzó en 2002, hasta septiembre de 2006, horas antes de que el presidente George W. Bush diera a conocer el programa públicamente.

Los esfuerzos de la CIA por eludir cualquier control aparentemente no habrían terminado allí. En marzo de 2014, la presidenta de la Comisión de Inteligencia del Senado Dianne Feinstein informó que la CIA había ingresado en las computadoras de personal de la comisión durante el transcurso de la investigación. El inspector general de la CIA remitió esta cuestión al Departamento de Justicia para que iniciara acciones legales, pero este se excusó. El director de la CIA, John Brennan, que había desestimado en varias ocasiones señalamientos de irregularidades de la CIA, ofreció sus disculpas el 31 de julio, luego de que una investigación interna determinara que esta agencia había vigilado las computadoras de personal de la comisión.

“La CIA ha intentado encubrir su programa de tortura obstaculizando de manera sistemática cualquier supervisión y transmitiendo mensajes falsos al público”, dijo Roth. “El Congreso y el Presidente deberían aprovechar esta oportunidad para intensificar el control de la actuación de la CIA y asegurar que sea compatible con el estado de derecho”.

Necesidad de rendición de cuentas

En el segundo día de su mandato, en enero de 2009, el presidente Barack Obama firmó un decreto por el cual dispuso el cierre de los centros de detención secretos de la CIA y puso fin al uso de “técnicas intensivas en los interrogatorios”, que no es más que un eufemismo para referirse a torturas y otros tratos crueles o inhumanos. Si bien la tortura y otros maltratos de personas bajo custodia constituyen actos violatorios del derecho estadounidense e internacional, ningún funcionario de ese país responsable de haber creado o implementado el programa ha sido llevado ante la justicia. “Es inadmisible que el presidente Obama se niegue a permitir que se juzgue siquiera a una persona que haya autorizado, implementado o encubierto las torturas”, advirtió Roth.

Si bien los nombres de los países que cooperaron con el programa de EE. UU. fueron eliminados del resumen, existen pruebas de peso de que la CIA envió a prisioneros al menos a ocho países, incluidos Afganistán, Polonia, Rumania, Lituania, Tailandia, Marruecos, Jordania y Egipto.

Estados Unidos con frecuencia ha presionado a otros gobiernos para que juzguen graves violaciones de derechos humanos perpetradas por funcionarios de estos. Además de transmitir el mensaje de que EE. UU. no tolerará que detenidos sean abusados en su territorio, el procesamiento creíble e imparcial de casos de tortura que impliquen a EE. UU. será crucial para la credibilidad estadounidense al reclamar justicia en otros países.

En 2009, el Departamento de Justicia inició una investigación, a cargo del Fiscal Especial John Durham, que se anunció como una investigación penal rigurosa de abusos cometidos contra detenidos bajo custodia de la CIA. No obstante, la investigación examinó solamente abusos que excedían las técnicas de interrogatorio que habían sido autorizadas por el Departamento de Justicia, a pesar de que el presidente Obama ha reconocido que algunas de las técnicas autorizadas constituyeron tortura.

Durham estudió 101 casos de abusos de la CIA, incluidos los de dos detenidos que murieron mientras se encontraban bajo custodia de esta agencia. No obstante, el Departamento de Justicia dio por concluida la investigación en agosto de 2012, sin presentar cargos contra ningún responsable. A su vez, según parece EE. UU. no entrevistó en ningún momento para la investigación a numerosos ex detenidos de la CIA que presuntamente habrían sufrido algunos de los abusos más graves durante su detención. El gobierno estadounidense se ha negado a responder preguntas relativas a si entrevistó a algún ex detenido de la CIA para la investigación de Durham. Que no se hayan llevado a cabo tales entrevistas suscita serios interrogantes con respecto al cumplimiento de EE. UU. de su obligación de efectuar una averiguación exhaustiva y justa de posibles violaciones de conformidad con la Convención contra la Tortura, advirtió Human Rights Watch.

“El resumen del informe del Senado debería ser el comienzo, y no el final, de un proceso que permita llevar ante la justicia a quienes cometieron torturas en nombre del pueblo estadounidense”, expresó Roth. “Se requerirá de gran liderazgo presidencial para que se avance hacia los pasos siguientes”.

Hrw.org. Washington, D.C., Estados Unidos. 11/12/14

http://www.hrw.org/es/news/2014/12/11/ee-uu-demoledor-informe-del-senado-sobre-torturas-y-mentiras-de-la-cia

1147. #UStired2: protestan por Ayotzinapa en 43 ciudades de EU

Las protestas por la desaparición de los 43 estudiantes en Guerrero, México, llegaron el miércoles a ciudades y calles de los Estados Unidos convocadas bajo el lema #UStired2 (Estados Unidos está cansado también).

Las principales ciudades del país fueron convocadas para una jornada de protestas por Ayotzinapa que en Nueva York coincidió con otro caso que sacó a miles de personas a las calles a alzar la voz: el gran jurado libró de un juicio al agente policiaco Daniel Pantaleo, quién el pasado 17 de julio estranguló con una llave - prohibida en el estado - al afroamericano Eric Garner.

Sin embargo, las vigilias en las 43 ciudades que acudieron al llamado de la iniciativa #UStired2 para repudiar la violencia en México y pedir la aparición con vida de los 43 estudiantes transcurrieron pacíficamente. 

Roberto Lovato, escritor y miembro de la plataforma organizadora #UStired2, dijo que el evento incluye a "una ciudad por desaparecido. Cada ciudad cuenta la historia de uno de los alumnos de la escuela de Ayotzinapa. Queremos humanizar la lucha y, por eso, cada ciudad lleva el nombre y apellidos de uno de los estudiantes".

El nombre de la plataforma hace referencia a la frase "ya me cansé" dicha por el procurador mexicano, Jesús Murillo Karam, ante las preguntas de los periodistas en una rueda de prensa a principios de noviembre y que se hizo muy popular en las redes sociales.

"Queremos decir a los que están dentro del país que los mexicanos que estamos fuera tenemos voz. Tenemos una voz de preocupación y decimos al presidente Enrique Peña Nieto que ya basta. No más", dijo Armando Borja de Mexicanos sin Fronteras, que participó en las protestas en Washington D.C.

Piden al senado revisar el Plan México

José Anibal Cruz Mendoza fue el nombre que en esta ciudad llenó las pancartas más de cien mexicanos que, en el barrio de Columbia Heights, gritaron contra Peña Nieto y clamaron consignas, como la conocida "Vivos se los llevaron y vivos los queremos".

Apodado como "el Chivo", Cruz Mendoza fue descrito como un "buen estudiante, callado y que se llevaba bien con todos", explicó Arturo J. Viscarra, salvadoreño encargado de organizar la protesta en la capital.

Viscarra pidió al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Robert Menéndez, que celebre una audiencia extraordinaria para revisar la ayuda militar que Estados Unidos ofrece a otros países.

Precisamente, en todas las ciudades, los manifestantes lanzaron críticas al "Plan México", que comenzó en 2008 y con el que Estados Unidos provee de fondos al país para luchar contra el crimen organizado, el blanqueo de dinero o el tráfico de drogas.

"Con ese dinero se financia a un Gobierno que viola los derechos humanos", argumentó Rubén Tapia, periodista radiofónico que ayudó a coordinar las manifestaciones en California, uno de los estados con más población mexicana y en donde se celebraron el mayor número de protestas.

Los Ángeles, NY y Miami

En los Ángeles, bajo la lluvia, trescientas personas iluminaron con velas pancartas y cánticos como "Ayotzinapa vive, la lucha sigue y sigue" o "Va a caer, va a caer, Peña Nieto, va a caer", explicó a Efe Tapia.

"Estamos hartos de la burla y de un gobierno corrupto e ineficiente", clamó en la protesta Nancy Cisneros, angelina que lleva un año y medio buscando a su hermano, Javier, que desapareció en el estado de Jalisco, México.

A Javier y a las otras 22,000 personas desaparecidas en México desde la ola de violencia del narcotráfico desatada en 2006 se les recordó también en Times Square, Nueva York, y alrededor del edificio federal Jacob K. Javits, en Manhattan.

Allí centenares de personas pidieron "verdad y justicia" y lucieron pancartas con la foto en blanco y negro de Jose Ángel Navarrete González, de 18 años, conocido como "Pepe" y al que le gustaba mucho el fútbol, explicó a Efe Mónica Novoa, organizadora de la protesta en esta ciudad.

Jorge Luis González Parral fue el joven desaparecido que protagonizó la protesta en Miami, donde una treinta de manifestantes se tumbó en el suelo como si estuvieran muertos y formó el número 43 para pedir que se aclare lo ocurrido la noche del 26 de septiembre.

Ese día, según la investigación oficial, los 43 jóvenes fueron detenidos por policías locales y entregados al cártel Guerreros Unidos, que se encargó de asesinarlos e incinerar los cuerpos para no dejar rastros porque supuestamente creyeron que eran miembros del grupo rival Los Rojos.

“Estamos haciendo esto por la desaparición de los estudiantes (de México), pero más que nada estamos pidiendo al gobierno de Estados Unidos que pare de financiar al gobierno mexicano”, expresó a The Associated Press Karla de Anda, una de las organizadoras de la protesta en Miami.

"Es un esfuerzo comunitario de mexicanos residentes en Estados Unidos que queremos que nuestro dinero de impuestos no financie al gobierno mexicano, que es corrupto", dijo la activista, quien nació en México y vive en Estados Unidos desde hace 14 años.

Con un video con subtítulos en inglés con los testimonios de dos estudiantes que sobrevivieron al ataque de los agentes de policía de Iguala el 26 y 27 de septiembre, grupos de estudiantes, activistas proinmigrantes, organizaciones religiosas y de derechos humanos, así como académicos de Estados Unidos convocaron a las vigilias de protesta por la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa celebradas el miércoles.

Las vigilias tuvieron lugar en al menos 43 ciudades de Estados Unidos que, de acuerdo con el sitio web de #UStired2, tuvieron como objetivo promover la paz como una alternativa a la catastrófica y fallido guerra contra el narcotráfico que ha dejado más de 100,000 muertos y 25,000 desaparecidos en México.

“Están dándoles dinero para las armas, están matando a inocentes, le están dando armamento para desaparecer para crear fosas comunes”, aseguró Roberto Lovato, investigador de la Universidad de Berkeley.

Con #UStired2 también buscan que Estados Unidos “deje de ser un observador pasivo” frente a la tragedia de su país vecino.

“Vamos a tomar las calles, vamos a tomar las oficinas, vamos a ir a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que termine el aparato de muerte y desaparición en México”, agregó Lovato.

Los organizadores saben que no pueden intervenir en la política mexicana por lo que buscaron exigir al gobierno de los Estados Unidos que el dinero de los contribuyentes no se utilice para financiar a Estados que violan los Derechos Humanos.

Los lugares donde tuvieron lugar la vigilias fueron:

Albuquerque, Nuevo México. En la Universidad de Nuevo México Duck. (5:00 pm).

Atlanta, Georgia. En El Richard B. Russell edificio federal en 75 Spring St SW. (17:30).

Austin, Texas. Del Capitolio (1100 Congress Ave, Austin, TX 78701) rumbo al edificio (edificio pepinillo jj, 300 East 8th Street) federal. (6:00 pm).

Baltimore. En la estación de Penn, 1500 N Charles St, Baltimore, MD 21201. (17:30).

Bellingham, Washington. En el Edificio Federal. (24:00)

Berkeley, California. En Sproul Plaza. (24:00)

Boston, Massachusetts. En el JFK Federal Building, 15 Sudbury St, Boston, MA 02203. (5:30 pm).

Chicago, Illinois. En el Dirksen Federal Building, en 219 S Dearborn St. (15:30).

Columbia, Carolina del Sur. En la casa del estado de Carolina del Sur en 1100 Gervais St, ColumbiaSouth Carolina 29201. (7:00 pm).

Dallas- Fort Worth, Texas. En el Puente Margaret colina de la caza. (7:00 pm)

Detroit, Michigan. En Patrick McNamara Bldg Federal. 477 Michigan Ave. Detroit. 48226. (3:45 pm).

El Paso, Texas. En el Federal Building, downtown El Paso. (3:00 pm).

Fayetville, Arkansas. En la oficina de estudiantes y escuelas internacionales de la University of Arkansas en Fayetteville. (Entre 11:00 am y 1:00 pm).

Ferguson, Missouri. Frente al Departamento de Policía de Ferguson. (6:00 pm).

Fresno, California. En la Robert E. Coyle Estados Unidos Palacio de Justicia en 2500 Tulare St, Fresno, California 93721. (No hora ESPECIFICA).

Gainesville, Florida. En la Universidad de Florida, en Gainesville. (17:30).

Greenville, Carolina del Norte. En el AMEXCAN-Centro Comunitario, 261 Belvoir Hwy. (4:00 pm).

Harrisonburg, Virginia. En 80 Court Square, Harrisonburg, VA 22802. (17:30)

Hoover, Alabama. En el Centro de Trabajadores de Alabama / Centro de Trabajadores de Alabama en Lorna Rd, Suite C, Hoover, Alabama 35216. (Entre 6:00 y 8:00 pm).

Houston, Texas. En el Fed. Building. (5:00 pm).

Jackson, Mississippi. En el Chokwe Lumumba Centro para la Democracia y el Desarrollo Económico. UBICADO EN 939 W. Capitol St, Jackson, MS 39203. (6:00 pm).

Los Angeles, California. En Los Angeles Federal Building en 300 N Los Angeles St. (5:00 pm).

Madison, Wisconsin. En el Capitolio de Wisconsin Estado. (5:00 pm).

Merced, California. En 2222 M Street. Entre las calles 20 y 21. (Entre 4:00 pm y 6:00 pm).

Miami, Florida. En la Torre de la Libertad en 600 Biscayne Blvd. (17:30).

Minneapolis, Minnesota. En 797 East 7th Street, St. Paul 55106. (Entre 16:00 y 19:00).

Nueva York. En la Plaza Federal. (24:00).

Olympia, Washington. En Percival Landing, UBICADO EN 4th Ave W en Water St NWOlympia, Washington 98501. (5:00 pm).

Salt Lake City, Utah. Frente al Consulado Mexicano en 1380 S Main St. Suite 1. (16:00).

San Antonio, Texas. Frente al Consulado Mexicano en 127 Navarro Street (De 6:30 pm a 7 pm). Se espera una marcha que llegará al Hipolito F. Garcia Federal Building en 615 E. Houston Street.

San Fernando, California. En la estación de Redline Hollywood del Norte en North Hollywood. (Entre la 4:00 y 19:00).

San Francisco, California. En el Federal Building 90 at 7 St., entre Market y Misión. (4:00 pm).

San Jose, California. En Mi Pueblo Plaza, ubicado en 1775 Story Rd. (Entre 5:00 y 9:00 pm).

San Marcos, California. En el Connors Park en 360 W San Marcos Blvd. (Entre 6:00 y 8:00 pm).

Santa Ana, California. En el Sasscer Park. En la esquina de Rose y cuarto. (4:00 pm)

Santa Cruz, California. En la Universidad de California en Santa Cruz. (No hay hora ESPECIFICA) .Santa Barbara, California. En la Universidad de California en Santa Bárbara. (5:00 pm).

Seattle, Washington. En el Edificio Federal en 915 2nd Ave, Seattle, WA 98104. (15:00).

St. Louis, Missouri. En Thomas F. Eagleton tribunal de los EEUU, 111 South 10th Street en St. Louis, MO 63102. (11:00 am).

Tucson, Arizona. En el Fed. Building. (4:00 pm).

Turlock, California. En el CSU Stan Departamento de Arte, Turlock, California 95382. (5:00 pm).

Washington DC. En el Columbia Heights Community mercado, UBICADO EN 14 y Park Road, NW. (6:00 pm) Evento FB

Woodburn, Oregon. En el noroeste del Pacífico Plaza, UBICADA EN 1032 N Pacific Hwy, Woodburn, Oregon 97071. (24:00).

Yakima, Washington. En Milenio Artes Plaza, UBICADA EN Yakima Ave. y S 3rd St.Yakima, WA 98901. (5:00 pm).

Yellow Springs, Ohio. In Dowtown Yellow Springs. (5:00 pm).

Univision.com, Estados Unidos, 04/12/14

http://noticias.univision.com/article/2178188/2014-12-03/estados-unidos/noticias/eeuu-marchara-en-43-ciudades-por-los-estudiantes-de-ayotzinapa

1137. Comité contra la Tortura de la ONU insta a Estados Unidos a investigar y juzgar brutalidad policíaca

El Comité de la ONU contra la Tortura urgió hoy a Estados Unidos a investigar a fondo el uso excesivo de la fuerza y la brutalidad policíaca, y a procesar penalmente a quienes resulten responsables de ese tipo de abuso.

Durante la revisión periódica a los países, el Comité citó los numerosos reportes de brutalidad policíaca y uso excesivo dela fuerza “en particular contra personas de ciertos grupos raciales y étnicos, inmigrantes e individuos del colectivo LGBTI”.

Los expertos de Comité expresaron gran preocupación por la brutalidad basada en el perfil racial –exacerbada en el caso de los afroamericanos y latinos, especialmente en la ciudad de Chicago–, y mostraron alarma por las muertes frecuentes de personas negras desarmadas a manos de policías.

Además, destacaron las dificultades para que los oficiales y otros empleados de la policía rindan cuentas de esos abusos ante la justicia y reciban castigos que respondan a la gravedad de sus actos.

El Comité instó a que los casos de brutalidad policíaca y uso excesivo de la fuerza se investiguen de manera rápida, efectiva e imparcial con un mecanismo independiente, sin conexiones institucionales o jerárquicas entre los investigadores y los presuntos responsables.

Asimismo, pidió que se dé rehabilitación a las víctimas.

Por otra parte, el Comité se refirió a los migrantes que entran ilegalmente a Estados Unidos y consideró que las autoridades deben analizar cuidadosamente caso por caso antes de deportarlos, teniendo en cuenta la situación de seguridad en México y el triángulo norte de Centroamérica.

Los expertos manifestaron gran inquietud por las expulsiones rápidas de migrantes que no consideran las circunstancias específicas de los solicitantes de asilo y otras personas que precisan protección internacional.

Con respecto a los migrantes menores no acompañados, el Comité llamó a que se les brinden cuidados adecuados y no se les detenga en centros semejantes a una prisión o en cárceles municipales o privadas.

Finalmente, solicitó a Estados Unidos establecer un mecanismo independiente de supervisión que garantice una investigación pronta e imparcial de las denuncias de abusos en los centros de inmigración.

Centro de Noticias ONU. 28/11/14

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=31115#.VIDnWjGG9GN