1673. Por qué convirtieron la epidemia en una guerra

La actual pandemia ha conducido a buena parte de los gobiernos democráticos a declarar estados de emergencia, recurrir a poderes extraordinarios, legislar por decreto y suprimir ciertos derechos y libertades que, hasta hoy, parecían asentados. No sólo se ha restringido la libertad de movimiento; también, en ocasiones, la posibilidad de ganarse la vida, trabajar o gestionar el propio negocio. Algunos gobiernos han quebrado el derecho a la intimidad, imponiendo aplicaciones de vigilancia electrónica que controlan cada movimiento. Y se ha restringido la libertad de expresión, censurando las voces que expresan opiniones críticas con las medidas gubernamentales.

A pesar de su gravedad, estos hechos no parecen preocupar a parte de la ciudadanía que, atrapada en un aparente dilema entre libertad y seguridad, parece decantarse por las medidas que aplaquen sus miedos, pensando quizá que la renuncia a la libertad es pasajera, que las aguas regresarán a su cauce una vez superada la emergencia. Pero la experiencia histórica muestra que la vuelta atrás no siempre es completa, que las emergencias crean precedentes, abren brechas por las que el ejecutivo expande su poder a costa de la sociedad civil. Pasada la alarma, los gobernantes suelen retener algunas de las prerrogativas extraordinarias, convirtiéndolas en permanentes.

La degradación del Estado de derecho se ha acelerado en las últimas décadas pues los gobernantes descubrieron que las alarmas podían generarse a voluntad

Así, la sucesión de emergencias genera un mecanismo que, de forma lenta, paulatina y casi siempre desapercibida, va entregando al ejecutivo un poder creciente a costa de los derechos ciudadanos. Algunos han comparado este fenómeno al funcionamiento de un trinquete, esa pieza mecánica que solo puede girar en un sentido, sin posibilidad de retroceso.

La actual crisis constituye nuevo episodio, eso sí, especialmente severo, del proceso que va borrando lenta y silenciosamente esos límites que las constituciones clásicas establecieron para evitar un ejercicio despótico del poder. La degradación del Estado de derecho se ha acelerado en las últimas décadas pues los gobernantes descubrieron que las alarmas podían generarse a voluntad.

'Inter arma, silent leges'

Resulta llamativo que la Constitución de los Estados Unidos, la primera de la historia moderna, no contemple cláusula de excepcionalidad que permita limitar derechos fundamentales en caso de emergencia. Conscientes de que se trataba de un arma de doble filo, los padres fundadores descartaron incluirla, aun conscientes de que, en caso de guerra o disturbios graves, el presidente tendría que rebasar seguramente los límites de la Constitución. Inter arma, silent leges (el estruendo de las armas acalla las leyes), había sentenciado muchos siglos antes el pensador y jurista romano Cicerón.

Pero la gran preocupación de los constituyentes norteamericanos era la vuelta atrás una vez finalizada la guerra. ¿Qué fuerza sobre la tierra podría asegurar la devolución al pueblo de esos poderes extraordinarios? Especialmente pesimista se mostraba John Adams, quien no veía fácil reencarrilar el sistema político: “Una vez perdida la libertad, se pierde para siempre”.

La mayoría de constituciones contemplan explícitamente estados de emergencia, la posibilidad de restringir derechos, eso sí, de forma excepcional y provisional, no prolongada y permanente

Aberrante y peligroso, aunque a veces necesario, el estado de emergencia era un concepto difícil de encajar en un sistema constitucional que intentaba garantizar el equilibrio de poderes, los controles y contrapesos. Según Jules Lobel en “Emergency Powers and the Decline of Liberalism”, llevó siglo y medio, y la participación de los Estados Unidos en dos guerras mundiales, para que los poderes extraordinarios del presidente acabaran de asentarse legal y doctrinalmente. Aquella inicial desconfianza en el ejecutivo no se manifestó en otros países y, hoy día, la mayoría de constituciones contemplan explícitamente estados de emergencia, la posibilidad de restringir derechos, eso sí, de forma excepcional y provisional, no prolongada y permanente… al menos sobre el papel.

Sin embargo, en las últimas décadas se ha ido degradando el concepto de emergencia, aumentando notablemente los eventos clasificados como tales. Si no hay guerra… se inventa o, al menos, se recurre a símiles bélicos en un intento deque muchos problemas sociales sean percibidos simbólicamente como conflictos armados.

Así, la “guerra contra el terrorismo” permitió promulgar legislaciones lesivas para los derechos y libertades. Hay un antes y un después del 11-S en Estados Unidos. Igualmente, la guerra contra las drogas, la guerra contra el cambio climático, la guerra contra la violencia machista etc., aportaron excusas para promulgar leyes que difícilmente habrían encajado en un marco de normalidad. El repertorio de problemas que se travisten de conflicto bélico ha crecido de manera exponencial.

Una vez señalada una nueva “guerra”, los gobiernos tienden a reaccionar en exceso, a aplicar medidas que sobrepasan la dimensión del problema, vulnerando con demasiada frecuencia los derechos fundamentales. Finalizada la alarma, parte de la legislación excepcional permanecerá en la “nueva normalidad”, afianzando la preponderancia del ejecutivo. Y la constante sucesión y superposición de conflictos bélicos va contribuyendo a difuminar la frontera que antaño separaba nítidamente emergencia y normalidad, dando lugar a un permanente estado de semiemergencia y a nuevas normalidades.

¡Guerra al virus!

En este sentido, la covid-19 constituye una “nueva guerra”, la primera campaña militar contra un agente microscópico. No es casual, ni inocente, la retórica bélica con la que se abordó la pandemia. Algunos llegaron incluso a emular el famoso discurso de Winston Churchill en 1940 llamando a la resistencia a ultranza como si, en lugar de unos virus, fueran los Panzer del general Heinz Guderian los que aparecerían por la calle en cualquier momento. Naturalmente, el heroísmo no consistía en combatir bravamente en los mares, en las playas, en las trincheras, sino… quedarse en casa encerrado sin hacer nada.

No, no es una guerra, sino una enfermedad, una pandemia como las que han azotado periódicamente a la humanidad. Esas que en el siglo XX se atajaron a base de recomendaciones, sugerencias y acciones voluntarias tomadas responsablemente por los ciudadanos. Ninguna pandemia, hasta hoy, había conducido a semejante restricción de derechos y libertades, ni a tal concentración de poder arbitrario en manos de los gobernantes. Ni siquiera en casos más graves. Las restricciones coactivas pueden aliviar los miedos, conseguir adeptos, promover la demagogia, triturar al disidente… pero difícilmente afectar al curso de la enfermedad.

A finales de los años 80 del siglo XX, ante la enorme expansión del sida, el Gobierno de Cuba estableció análisis de sangre para los mayores de 15 años. Aquellos que mostraron resultado positivo en VIH fueron recluidos en centros especiales, que hacían las veces de sanatorio y prisión, aislados permanentemente del resto de la sociedad para evitar contagios. Por suerte, esta estrategia para contener la epidemia fue rechazada en los países democráticos ya que vulneraba la libertad, los derechos fundamentales. El fin no justificaba los medios.

Una miopía que otorga desmedido valor al alivio presente, minusvalorando los tremendos perjuicios políticos, sanitarios, psicológicos, económicos y sociales que deberemos afrontar en el futuro

Pero los tiempos han cambiado y el péndulo ha oscilado ampliamente hacia la seguridad aparente, alejándose de la libertad. Que gran parte del público acepte de buen grado las actuales restricciones no se debe solo al pánico, ni siquiera al atractivo que el dolce far niente ejerza sobre una minoría. Se debe, sobre todo, a una visión de corto plazo, a una miopía que otorga desmedido valor al alivio presente, a la engañosa tranquilidad de hoy, minusvalorando los tremendos perjuicios políticos, sanitarios, psicológicos, económicos y sociales que deberemos afrontar en el futuro.

Las violaciones de los derechos fundamentales parecen temporales, transitorias. Pero algunas se transformarán en permanentes por la fuerza del precedente, de la costumbre. Una vez aceptados hoy, parte de los abusos excepcionales pasarán a formar parte de la vida cotidiana sin que el público llegue a ser muy consciente de ello. Y serán utilizados como punto de arranque para una nueva vuelta de tuerca en la próxima eventualidad que se pregone como guerra. Lo señalo con especial crudeza Benjamin Franklin: “Aquellos que están dispuestos a renunciar a la libertad para obtener un poco de seguridad temporal, no merecen ni la libertad ni la seguridad”.

Juan M. Blanco. Voz populi. Madrid, España. 27/01/2021

https://www.vozpopuli.com/juan_m-_blanco/ 

1477. Freedom in the World 2016. Anxious Dictators, Wavering Democracies: Global Freedom under Pressure

Key Findings

The world was battered by crises that fueled xenophobic sentiment in democratic countries, undermined the economies of states dependent on the sale of natural resources, and led authoritarian regimes to crack down harder on dissent. These developments contributed to the 10th consecutive year of decline in global freedom.

The number of countries showing a decline in freedom for the year—72—was the largest since the 10-year slide began. Just 43 countries made gains.

Over the past 10 years, 105 countries have seen a net decline, and only 61 have experienced a net improvement.

Ratings for the Middle East and North Africa region were the worst in the world in 2015, followed closely by Eurasia.

Over the last decade, the most significant global reversals have been in freedom of expression and the rule of law.

Mexico

Freedom Status: Partly Free

Aggregate Score: 65

Overview:

President Enrique Peña Nieto reached the halfway point of his six-year term in 2015 facing increasing questions about governmental commitment to good governance and human rights issues. The Peña Nieto administration began its term with a promising set of reforms accompanied by slowing homicide rates, generating optimism about Mexico’s economic and social direction. However, starting in 2014 the government’s narrative of progress was undermined by corruption scandals and rights abuses. The problems continued in 2015, with an increase in homicide rates, the escape of drug lord Joaquin “El Chapo” Guzmán from a high-security federal prison, and ongoing repercussions of the September 2014 disappearance of 43 college students in Iguala, Guerrero, who had engaged in political protests. Peña Nieto’s Institutional Revolutionary Party (PRI)–led coalition maintained its majority following midterm elections in June, but the elections also signaled party fragmentation and the emergence of independent candidates as a new political force.

The Iguala disappearances loomed large throughout the year. Judicial processes continued against scores of local police, drug gang members, and the mayor of the city and his wife, but as of year’s end no convictions had been achieved. In September 2015, a group of experts from the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) released a report that assailed investigative and procedural lapses in the government’s investigation and cast doubt on the government’s November 2014 conclusion that the students’ charred remains had been burned in a municipal dump. Although the state agreed to reopen the disappeared students’ case, its response to criticisms by the IACHR was highly defensive.

The government’s denial of the IACHR experts’ request to interview soldiers stationed in Iguala kept rights watchers’ eyes trained on the military, as did the slow pace of judicial proceedings against soldiers in connection with a June 2014 confrontation between criminals and an army unit in the State of Mexico that left 22 people dead. The spotlight also shone on the federal police following two confrontations in Michoacán. The first, in January 2015, left 8 civilians dead, while a raid in May resulted in the deaths of 42 alleged gangsters and a police officer. In October, Human Rights Watch accused the federal police of committing extrajudicial executions in each incident. Also that month, the United States announced it was withholding a small portion of pledged military assistance due to the lack of progress on rights improvements. Meanwhile, the escape of El Chapo in July embarrassed the government, and a number of high officials were subsequently fired or arrested for corruption and incompetence.

The results of the June midterm elections offered the government some relief, as the ruling PRI continued to hold a majority in the lower house of Congress (with the help of its close allies the Green Party and the New Alliance Party). The elections also offered the first signs of potentially seismic changes in Mexican politics: the left fractured badly, and for the first time candidates were permitted to run as independents, resulting in the election of an outsider governor in the important northern state of Nuevo León.

Political Rights and Civil Liberties:

A. Electoral Process:

The president is elected to a six-year term and cannot be reelected. The bicameral Congress consists of the 128-member Senate and the 500-member Chamber of Deputies. Senators are elected for six-year terms through a mix of direct voting and proportional representation, with at least two parties represented in each state’s delegation. In the Chamber of Deputies, 300 members are elected through direct representation and 200 through proportional representation, each for three-year terms. Under a December 2013 electoral reform, current members of Congress are no longer barred from reelection. As of 2018, elected senators will be eligible to serve up to two six-year terms; deputies will be permitted to serve up to four three-year terms. In Mexico’s federal system, the elected governor and legislature in each of the 31 states have significant governing responsibility, including oversight of the majority of the country’s beleaguered police forces.

Peña Nieto won the July 2012 presidential election with 38 percent of the vote, followed by veteran Party of the Democratic Revolution (PRD) leader Andrés Manuel López Obrador with 31 percent. Although López Obrador initially refused to accept the results, alleging infractions such as widespread vote buying, overspending, and media bias, the Federal Electoral Tribunal found insufficient evidence to invalidate the election. In June 2015, the PRI and allied parties overcame poor government approval ratings to garner a 260-seat majority in the lower chamber. The right-wing National Action Party (PAN) won 108 seats, while left-wing parties (the PRD, the López Obrador-led National Regeneration Movement [MORENA], and the Citizens’ Movement) won 120. No coalition commands a majority in the Senate, where the PRI–Green Party alliance won 61 seats in 2012, the PAN took 38, and the PRD won 22.

Mexico’s National Electoral Institute (INE, known until 2014 as the Federal Electoral Institute) supervises elections and enforces political party laws, including strict regulations on campaign financing and the content of political advertising—although control is weaker in practice. Both the 2012 and 2015 elections were generally considered free and fair, but complaints persisted. The primary accusations in 2012—which concerned alleged instances of vote buying and collusion between the PRI and dominant broadcaster Televisa—were instrumental in sparking a significant anti-PRI student movement. At the state level, allegations of misuse of public resources to favor specific gubernatorial candidates are frequent. The 2013 political reform broadened the INE’s power to include oversight of state elections, and the agency was generally considered to have managed the 2015 balloting competently. However, political analysts faulted the INE’s unwillingness to adequately punish violations during the campaign, particularly repeated flouting of electoral rules by the Green Party.

B. Political Pluralism and Participation:

Mexico’s multiparty system features few official restrictions on political organization and activity. Power has changed hands twice at the national level since 2000, and opposition parties are also competitive in many states. However, in states with lower levels of multiparty contestation, locally dominant political actors often govern in a highly opaque manner that limits political activity and citizen participation and opens the door to corruption and organized crime.

The PRI returned to national government in 2012 after losing two consecutive presidential races to the right-leaning PAN. The PRI ruled Mexico without interruption from 1929 to 2000, and many Mexicans still question its commitment to full democracy. Its ally the Green Party is viewed as a particularly feckless seeker of control over public funds. The left, which had previously been dominated by the PRD, fragmented prior to the 2015 midterms, with López Obrador forming his own party, MORENA. In addition to independent Jaime “El Bronco” Rodríguez’s victory in Nuevo León, the most prominent independent wins were one federal deputy and a state legislator in Jalisco.

Politicians and municipal governments have been subject to significant pressure from criminal groups in recent years, with more than 300 attempted or successful assassinations of local officials registered between 2008 and 2013. There were at least 19 killings linked to the 2015 electoral process.

Indigenous Mexicans are not blocked from participating in the political process, and federal and state laws prescribe procedures for the integration of traditional community customs. However, indigenous groups remain underrepresented in formal political institutions.

C. Functioning of Government:

Organized crime and related violence have limited the effective governing authority of elected officials in some areas of the country. Members of organized crime have persisted in their attempts to infiltrate local governments in order to ensure their own impunity. The mass student disappearance that occurred in Iguala in September 2014 was linked to a deeply corrupt local government working in conjunction with a drug gang. In the most violent regions, the provision of public services has become more difficult as public-sector employees such as teachers increasingly face extortion.

Official corruption remains a serious problem. Billions of dollars in illegal drug money—as well as large quantities of powerful firearms—enter the country each year from the United States, and such funds affect politics, particularly at the state and local levels. Attempts to prosecute officials for alleged involvement in corrupt or criminal activity have often failed due to the weakness of the cases brought by the state, prompting an attempt to purge the federal prosecutorial agency in 2015. Punitive measures have generally focused on low- and mid-level officials, hundreds of whom have been dismissed or charged with links to drug traffickers. Pressure for reform intensified during 2014 after it was revealed that the president’s wife and the finance minister had purchased houses from an active government contractor in a conflict-of-interest scandal. In August 2015, all were cleared of wrongdoing following a widely derided investigation into the so-called mansion scandal. However, civil society outcry about lack of progress contributed to the April passage of constitutional amendments creating a new National Anticorruption System that grants more autonomy to auditors and prosecutors. Mexico was ranked 103 out of 175 countries and territories surveyed in Transparency International’s 2014 Corruption Perceptions Index.

Despite some limitations, a 2002 freedom of information law has successfully strengthened transparency at the federal level, though implementation has slowed and many states lag far behind. A new and more extensive transparency law passed in April 2015 was mostly praised by good governance advocates, although controversies over denial of access to files pertaining to abuses by state security forces persisted.

Civil Liberties:

D. Freedom of Expression and Belief:

Legal and constitutional guarantees of free speech have been improving gradually, but the security environment for journalists remains highly problematic. While some major media outlets have reduced or eliminated their dependence on the government for advertising and subsidies, investigative reporting is scarce and the distribution of government advertising still affects coverage, particularly at the local level. Broadcast media are dominated by a corporate duopoly composed of Televisa and TV Azteca, which together control approximately 95 percent of the free-to-air market. Televisa has faced accusations of supporting specific politicians over the years, usually from the PRI. A 2013 telecommunications law established a new telecommunications regulator, strengthened the Federal Economic Competition Commission, and resulted in the creation of two new free-to-air channels. However, civil society groups have criticized the limited scope of the reforms, and the winners of the auctioned airwaves—one of which subsequently was stripped of its frequency for nonpayment—were not considered likely to offer significant new competition.

A major controversy emerged in March 2015, when famed investigative reporter Carmen Aristegui, whose team broke the presidential mansion story, was fired by MVS Radio. Aristegui accused the station of bowing to political pressures, while the station’s owners accused her of repeated insubordination.

Reporters probing police issues, drug trafficking, and official corruption have faced an increasingly high risk of physical harm since 2006, when violence spiked. At least four journalists were killed in connection with their work during 2015. Two of the killings occurred in Oaxaca, and one in Veracruz; another Veracruz-based journalist, Rubén Espinosa, was murdered along with four other people in Mexico City in July after threats in his home state prompted him to flee. Given the broader context of impunity and lack of state protection, the government’s rapid dismissal of a professional motive in the Espinosa shooting left Mexican journalists indignant. Self-censorship has increased, with many newspapers in violent areas avoiding publication of stories concerning organized crime. Press watchdog groups hailed the 2012 federalization of crimes against journalists as well as an August 2015 law in Mexico City aimed at protecting journalists and human rights defenders, but they have decried the slow pace of the federal government’s special prosecutor for crimes against freedom of expression since the office gained authority in May 2013. Despite improvements in legal status, community radio stations continue to face occasional harassment from criminals and state authorities.

Mexico has been at the forefront of citizen-led efforts to ensure internet access. The government amended Article 6 of the constitution in 2013 to make access to the internet a civil right. However, gangs have targeted bloggers and online journalists who report on organized crime, issuing threats and periodically murdering online writers.

Religious freedom is protected by the constitution and is generally respected in practice. The government does not restrict academic freedom, though university students are sometimes threatened for their political activism. While there are no formal impediments to free and open discussion, fear of criminal monitoring restricts citizens’ willingness to converse publicly about crime issues in some areas of the country.

E. Associational and Organizational Rights:

Constitutional guarantees regarding free assembly and association are largely upheld, but political and civic expression is restricted in some regions. Protest activity slowed in 2015 compared to 2014’s highly-publicized mobilizations in Guerrero and Mexico City related to the student disappearances.

Although highly active, nongovernmental organizations sometimes face violent resistance, including threats and murders. Activists representing indigenous groups contesting large-scale infrastructure projects have been particularly vulnerable. In 2012, civil society pressure prompted the government to create a Protection Mechanism for Human Rights Defenders and Journalists, which has offered protection to several hundred people but has been critiqued by rights groups as slow and suffering from insufficient governmental commitment.

Trade unions, long a pillar of the PRI, have diminished significantly, but independent unions still face interference from the government. Informal, nontransparent negotiations between employers and politically connected union leaders often result in “protection contracts” that govern employee rights but are never seen by workers. Several large unions are considered opaque and antagonistic to necessary policy reforms. Longtime teachers’ union leader Elba Esther Gordillo—widely perceived as extremely corrupt—was arrested in February 2013 and charged with embezzling more than $150 million; she remained in prison throughout 2015.

F. Rule of Law:

Mexico’s justice system is plagued by delays, unpredictability, and corruption, leading to pervasive impunity. A 2008 constitutional reform replaced the civil-inquisitorial trial system with an oral-adversarial one. Although it was expected to strengthen due process while increasing efficiency and impartiality, human rights groups raised concerns about the weak protections it affords to those suspected of involvement in organized crime. Implementation of the new system is expected to take eight years; in 2015, civil society groups noted progress in some states but significant delays in many others.

Abuses during criminal investigations are rife; in March, a UN special rapporteur released a report characterizing torture as “generalized” within Mexican police forces, generating a diplomatic spat. The government has also faced domestic and international pressure to confront the problem of forced disappearance, which may have affected up to 24,000 Mexicans, although figures remain murky. In December, the government submitted a law to end the statute of limitations for both disappearances and torture and create a system of registering the disappeared and coordinating the state’s response.

Coordination among Mexico’s many federal, state, and local law enforcement entities has long been problematic, and the Peña Nieto administration has pursued streamlined chains of command. In zones plagued by crime, federal troops have temporarily replaced local police forces. Critics contend that federal intervention decreases incentives for governors to undertake systemic reforms, and in practice implementation of such reforms at the local level has been largely unsuccessful. Despite a 2009 law ordering all members of the police to be vetted, thousands of police who failed to meet requirements have remained on the job.

Lower courts—and law enforcement in general—are undermined by widespread bribery and suffer from limited capacity. According to a government survey released in September 2015, nearly 93 percent of crimes committed in 2014 went unreported because the underpaid police are viewed as either inept or in league with criminals. Even when investigations are conducted, only a handful of crimes end in convictions. Prisons are violent and overcrowded, and it is not uncommon for prisoners to continue criminal activity while incarcerated. El Chapo’s escape led to the arrest of 34 people. The National Human Rights Commission, long maligned due to its perceived passivity in the face of rampant rights abuses, began to regain some credibility following the appointment of a new director in November 2014.

Presidential authority over the armed forces is extensive, but the military has historically operated beyond public scrutiny. Human rights advocates have long complained about a lack of accountability for rights abuses including torture, forced disappearances, and extrajudicial executions. Military personnel are generally tried in military courts, but a bill passed in April 2014 shifted the venue of trials for violations of civilians’ rights to civilian courts. Of the seven soldiers indicted for the 2014 State of Mexico massacre, four had charges dismissed in October 2015, while three remained in custody pending trial.

The number of deaths attributed to organized crime rose sharply each year between 2007 and 2011, declined from 2012 to 2014, but ticked upward again in 2015. Violence was particularly acute in Guerrero, and also rose sharply in Mexico City. In March and April 2015, the Jalisco New Generation Cartel carried out a series of attacks that killed more than 20 police in Jalisco. Gang murders often feature extreme brutality designed to maximize the psychological impact on civilians, authorities, and rival groups.

In recent years, the government has taken a number of steps to curb violence and ease popular frustration. These include engaging in consultations with civic leaders, the continued deployment of troops, the reformation of the federal police and development of the National Gendarmerie, and the decriminalization of possession of small quantities of drugs. The Peña Nieto administration has been less vocal on matters of public safety than its predecessor, but it has maintained many of the former administration’s strategies, including use of the military. However, after three straight years of declines, the murder rate increased by more than 8 percent in 2015.

Mexican law bans discrimination based on ethnic origin, gender, age, religion, and sexual orientation. Nevertheless, the large indigenous population has been subject to social and economic discrimination, with many groups relegated to extreme poverty in rural villages that lack essential services. Southern states with high concentrations of indigenous residents suffer from particularly deficient services. Indigenous groups have been harmed by criminal violence; in recent years, a series of communities in Guerrero and Michoacán have formed self-defense groups, some of which were subsequently legalized. In addition, disputes over land issues within indigenous groups have occasionally become violent, particularly in the states of Chiapas and Oaxaca.

G. Personal Autonomy and Individual Rights:

Criminals have impeded freedom of movement by blocking major roads in several states in recent years, and ordinary citizens avoid roads in many rural areas after dark. Rights groups frequently detail the persecution and criminal predation faced by migrants from Central America, many of whom move through Mexico to reach the United States. Despite government initiatives to improve protections, pressure from the United States to crack down on migrants generated increasing accusations of abuses against migrants in 2015.

Property rights in Mexico are protected by a modern legal framework, but the weakness of the judicial system, frequent solicitation of bribes by bureaucrats and officials, and the high incidence of criminal extortion harm security of property for many individuals and businesses. A series of demonstrations in March 2015 drew attention to brutal working conditions endured by many indigenous Mexicans working in northern agricultural fields.

Women play a prominent role in social and political life, and female representatives increased their share of seats in the Chamber of Deputies to 42 percent in the 2015 elections. However, sexual abuse and domestic violence against women are common. According to a 2012 study, 46 percent of women have suffered some form of violence, and perpetrators are rarely punished. Implementation of a 2007 law designed to protect women from such crimes remains halting, particularly at the state level, and impunity is the norm for the killers of hundreds of women each year. In July 2015, authorities in the State of Mexico issued a “gender alert,” thereby triggering greater scrutiny and an influx of resources to combat an epidemic of violence against women; women’s rights advocates expressed hope it would serve as a precedent for other similarly afflicted regions. Abortion has been a contentious issue in recent years, with many states reacting to Mexico City’s 2007 liberalization of abortion laws by strengthening their own criminal bans on the procedure.

Mexico took significant steps toward LGBT (lesbian, gay, bisexual, and transgender) equality in 2015, courtesy of the Supreme Court. In June, the chamber struck down as discriminatory a state law stating that the purpose of marriage is procreation, and in August, it extended protections to include adoption of minors by same-sex couples. However, implementing the jurisprudence in all Mexican states will take time, as the court’s rulings do not apply in blanket form to all states that have yet to legalize same-sex marriage.

Mexico is a major source, transit, and destination country for trafficking in persons, including women and children, many of whom are subject to forced labor and sexual exploitation. Organized criminal gangs are heavily involved in human trafficking in Mexico and into the United States. Government corruption is a significant concern as many officials are bribed by or aide traffickers.
FreedomHouse.com. 27/01/16

Freedom in the World 2016

1232. “Drástico deterioro” de la Libertad de Información en 2014

Durante 2014 se produjo un “deterioro mundial de la libertad de información”, denunció la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF).

De 180 países analizados, 120 tienen peores índices que en el año anterior, según la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa que realizó la organización, con su sede central en París. Los países mejor clasificados ya no son tan perfectos, y los peores han empeorado.

Finlandia y Eritrea se mantienen en el primer y el último lugar, respectivamente. Noruega y Dinamarca ocupan la segunda y tercera posición, mientras que Turkmenistán y Corea del Norte están en el antepenúltimo y el penúltimo lugar, detrás de Eritrea.

China es “la mayor cárcel del mundo para los periodistas” y Azerbaiyán “consiguió eliminar casi todo rastro de pluralismo”, afirmó la directora de RSF para Estados Unidos, Delphine Halgand.

La organización comenzó a publicar el índice para medir el grado de la libertad de prensa mundial en 2002. No es una medida de la calidad de los medios de comunicación.

“Es una forma de que cualquiera sea consciente de cómo se ataca a la libertad de prensa, los periodistas, en muchos países. A veces no tienen idea. Nos encanta ir a Turquía… a Vietnam, pero no tenemos idea de que hay tantos medios de noticias que son objeto de ataques en estos hermosos países”, destacó Halgand.

Este año, por primera vez, muchos de los datos recabados se publicaron con el fin de mejorar la transparencia y la metodología utilizada en el índice, que emplea criterios cualitativos y cuantitativos.

En el caso latinoamericano, Venezuela tuvo la mayor degradación en la clasificación, al perder 21 puntos, lo que la situó en el puesto 137, aunque por encima de México, en el lugar 148 y Cuba en el 169. El mejor situado de la región es Costa Rica, en el puesto 16, seguido de Uruguay (23), Chile (43), El Salvador (45) y Argentina (57).

Las tendencias del último año se agrupan en siete causas:

El control absoluto de la información que buscan muchos gobiernos de Europa oriental, África, Asia, Europa oriental y Medio Oriente.

El uso de la información como una poderosa arma bélica, como sucede en Iraq, Siria y Ucrania.

Los grupos paraestatales que son “los déspotas de la información”, como es el caso de Boko Haram, Estado Islámico, la mafia italiana y los narcotraficantes latinoamericanos.

El uso político de la censura religiosa, o la penalización de la blasfemia, que pone en peligro la libertad de información en aproximadamente la mitad de los países del mundo.

Los peligros de manifestarse debido al aumento de la violencia contra los periodistas y demás ciudadanos que cubren las manifestaciones públicas.

Los extremos dentro de la Unión Europea, ya que entre los 28 estados miembros hay toda una gama de países que ocupan desde el primer lugar en la clasificación de RSF al número 106.

La “seguridad nacional” como criterio falaz para la adopción de leyes que limitan la libertad de información, tanto en los gobiernos autoritarios como en los democráticos.

La complejidad de la medición

La libertad de prensa y la forma de medirla es una cuestión muy compleja, reconoció Halgand.

“La libertad de prensa en Sudán no es lo mismo que la libertad de prensa en Italia. Por eso intentamos trabajar con estos siete criterios de pluralismo, independencia de los medios, autocensura, marcos legislativos, transparencia, infraestructura y abusos”, explicó.

“Es un tema complejo, sin duda y por eso tenemos que emplear muchos criterios para tratar de ser lo más precisos posible. Pero… por supuesto, la situación siempre es única en cada país”, dijo.

Al respecto, Charlie Beckett, profesor de la London School of Economics y también director de Polis, el centro de investigación periodística de esa universidad británica, dijo que “si bien en algunos niveles es muy complicado, en otros es muy sencillo”.

“Si nos fijamos en los periodistas en la cárcel,… que han sido lastimados físicamente… esa es una buena medida de la libertad periodística básica. Y yo sé que personalmente… me preocupo por cosas más sutiles, como la desinformación… pero mi vida no está siendo amenazada si soy un periodista” por ese motivo, precisó.

“Así que, primero que me den las libertades básicas y… después podremos hablar de los problemas más complejos”, destacó el académico.

Entre esos problemas se encuentran la superabundancia de la información.

“Creo que es cada vez más difícil medir la libertad de prensa porque los medios de comunicación se han vuelto tan complejos”, comentó Beckett.

“Vivimos en un mundo donde hay mucha más información disponible. Pero cómo podemos confiar en esos datos, en sus fuentes, y cómo podemos entenderlos, eso está sujeto a todo tipo de fuerzas”, observó.

La libertad de la información no se limita solo a la censura, las leyes o la manifestación física de la violencia contra los periodistas, aseguró.

También está el “clima atemorizante” por el cual si un periodista entre 100 es asesinado, es mucho más probable que los 99 restantes sean mucho más propensos a hacer lo que se les diga, comentó.

“Incluso cuando la prensa publica algo, no sabes en qué circunstancias. ¿Está siendo intimidada… sobornada… presionada?”, cuestionó.

Otro punto es que “no tiene sentido tener una prensa libre si la gente no tiene la libertad de compartir la información, por ejemplo, entre sí”, señaló Beckett.

Leila Lemghalef. IPsnoticias.net. 13/02/15

http://www.ipsnoticias.net/2015/02/drastico-deterioro-de-la-libertad-de-informacion-en-2014/ 

1221. "Sólo los hombres libres pueden Negociar": Nelson Mandela

Mandela, el líder que luchó por la libertad de su pueblo

"¿Qué libertad se me ofrece, mientras sigue prohibida la organización de la gente?"

-Nelson Mandela

En febrero, Nelson Mandela quien fue el líder del movimiento negro sudafricano renunció a la libertad que le ofreció el gobierno a cambio de abandonar la lucha armada.

En enero de 1962 Mandela abandonó Sudáfrica para  acudir a la Conferencia Panafricana de Addis Abeba (Etiopía), más tarde se dirigió a Argelia donde tomó un entrenamiento guerrillero, y al regresar de su viaje es detenido por abandono ilegal de su país y condenando a cinco años en prisión.

El 12 de junio de 1964 Nelson Mandela es condenado a cadena perpetua en la prisión de Robben Island, en donde los presos políticos eran separados de los comunes y tenían menos privilegios, Mandela sólo podía recibir una visita y una carta cada seis meses.

El 10 de febrero de 1985 el presidente Botha ofreció la liberación condicional de Mandela a cambio de renunciar a la lucha armada. Mandela rechazó la oferta, haciendo un comunicado a través de su hija Zindzi: "¿Qué libertad se me ofrece, mientras sigue prohibida la organización de la gente? Sólo los hombres libres pueden negociar. Un preso no puede entrar en los contratos."

Tras haber estado preso 27 años, el domingo 11 de febrero de 1990 se dio a conocer la liberación de Mandela, quien pese a su reclusión se convirtió en la principal figura de la lucha contra el racismo en su país y el mundo.

Noticiasmvs.com México, D.F., 10/01/15

http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/mandela-el-lider-negro-que-lucho-por-la-libertad-de-su-pueblo-875.html

818. 30 millones de personas en el mundo viven en esclavitud

Según la organización Walk Free Foundation, 29.8 millones de personas viven en condiciones de esclavitud moderna, tal como el trabajo forzado y la trata

Londres, Reino Unido. Casi 30 millones de personas en el mundo viven como esclavos, la mitad de ellos en India, según el nuevo listado realizado por la organización de derechos humanos Walk Free Foundation, con sede en Australia.

El Índice de la Esclavitud Global 2013 señala que India tiene el mayor número de personas que viven en condiciones de esclavitud, casi 14 millones, mientras China y Pakistán reúnen más de cinco millones.

Sin embargo, en forma proporcional al número total de habitantes, Mauritania tiene la cifra más alta con alrededor del cuatro por ciento de su población esclavizada.

Los autores del informe esperan que este nuevo ranking ayude a los gobiernos hacer frente a lo que ellos llaman un "delito oculto".

El índice fue elaborado utilizando una definición moderna de esclavitud, que incluye la servidumbre por deudas, el matrimonio forzoso, el trabajo forzado y la trata de personas en sus diferentes modalidades, como la explotación y enajenación de menores.

Además cuantifica lo que llama el riesgo de la esclavitud en 162 países y la fuerza que tiene la respuesta gubernamental a la lucha contra esta actividad ilegal.

Muchos gobiernos no le gustará oír lo que tenemos que decir", señaló el director de la WFF, Nick Grono, de acuerdo con reportes de medios australianos.

El estimado de la organización de 29.8 millones de esclavos en todo el mundo es más alto que otros intentos de cuantificar la esclavitud moderna. La Organización Internacional del Trabajo estima que casi 21 millones de personas son víctimas del trabajo forzoso.

India, China, Pakistán y Nigeria tienen el mayor número de personas esclavizadas, mientras Etiopía, Rusia, Tailandia, República Democrática del Congo, Birmania y Bangladesh siguen en ese orden en la lista de las diez naciones que sufren este fenómeno.

La nueva encuesta cuenta con el respaldo de figuras como la ex secretaria estadunidense de Estado, Hillary Clinton y el ex primer ministro británico Anthony Blair.

Excelsior.com.mx. 17/10/13

http://www.excelsior.com.mx/global/2013/10/17/923958

679. Cultura de Paz y Derechos Humanos

La Paz requiere sociedades que vivan en Equidad, Libertad, Igualdad y Solidaridad.

Caracas, Venezuela. Naciones Unidas define la cultura de paz como "los valores, actitudes y comportamientos que reflejan e inspiran la interacción social y animan a compartir basándose en los principios de libertad, justicia y democracia". La cultura de paz busca superar la violencia e instaurar un modelo de convivencia basado en el respeto de la diversidad y resolución pacífica de conflictos.

Esta búsqueda de la paz debe operar tanto a nivel interno como en las relaciones entre Estados, pues es precisamente la falta de compromiso con la paz a nivel internacional lo que ha permitido grandes conflictos bélicos que han cegado la vida de millones de seres humanos a través de la historia.

Los principios rectores de la cultura de paz son fundamentales para instaurar un orden de justicia y bienestar, pero no bastan en sí mismos para lograr la paz social, pues hace falta compromiso y acciones concretas para darles vigencia. Cabe preguntarse, por lo tanto ¿de quién depende tal compromiso? Indudablemente, los estados deben fortalecer la cultura de paz, promoviendo la plena vigencia de los derechos humanos, utilizando la educación como una herramienta transformadora, trabajando para superar las desigualdades y fortaleciendo las instituciones democráticas, es decir, tomando las medidas necesarias para asegurar una convivencia pacífica. Sin embargo, la promoción de la paz no es una tarea exclusiva de los estados, ya que la sociedad civil también está llamada a contribuir activamente en el reto de neutralizar la violencia, de modo que se promueva y se practique la paz a nivel comunitario, vecinal, escolar, etcétera.

La cultura de paz guarda estrecha relación con los derechos humanos, pues al promover la comprensión, el respeto y la solidaridad, es posible lograr una convivencia más justa, libre y respetuosa de la dignidad humana. Claramente, se trata de una tarea compleja que requiere el compromiso de parte de las autoridades, pero que sobre todo necesita el apoyo de todas y todos para generar cambios estructurales que faciliten la convivencia en un contexto de plena vigencia de los derechos humanos.

Consolidar la cultura de paz es un trabajo arduo, que requiere de la intervención de diversos actores, tanto públicos como privados, que se esfuercen por el arreglo pacífico de los conflictos, el respeto y el entendimiento mutuos, la promoción de la democracia, la plena vigencia de los derechos humanos y las libertades, la construcción del diálogo, la negociación, la búsqueda de consenso, la promoción del desarrollo económico y social, la eliminación de toda forma de discriminación, entre otras muchas acciones.

La paz es mucho más que la ausencia de guerra, requiere sociedades que vivan en equidad, libertad, igualdad y solidaridad, entre otros valores; es por ello que la construcción de paz es un proceso que comienza con la promoción de la cultura de paz, para que a través de la educación se instauren todos esos valores asociados que permitan alcanzar la meta. Tal como dijo Eleonor Roosevelt "No basta con hablar de paz. Uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla".

Rafael Garrido Álvarez. Analítica.com. 19/02/13

http://www.analitica.com/va/sociedad/articulos/8149266.asp

616. 100 años de Rosa Parks, activista por los Derechos Civiles en Estados Unidos

100 años de Rosa Parks, madre del movimiento de los derechos civiles

Washington, Estados Unidos. Algunos la llaman la "madre del nuevo Estados Unidos". Rosa Park, que el 4 de febrero habría cumplido 100 años, hizo tambalearse la discriminación racial estadounidense con un valiente gesto en un autobús. Medio siglo más tarde, llegaba a la Casa Blanca el primer presidente negro del país, Barack Obama, gracias al coraje de personas como ella.

Todo ocurrió el 1 de diciembre de 1955 en Montgomery (Alabama) cuando la costurera de 42 años volvía a casa después de trabajar. Se subió al autobús, pagó diez céntimos al conductor y se sentó lejos de él. Las primeras filas estaban estrictamente reservadas a los blancos. Poco después esos asientos se llenaron y cuando subió un blanco, cuatro negros tenían la obligación de dejarle una fila libre, según la ley. Tres hombres obedecieron las exigencias del conductor, pero Parks no. La policía la detuvo y a partir de ahí se convirtió en una heroína del movimiento por los derechos cívicos.

Parks murió en 2005, pero todo Estados Unidos sigue celebrando su cumpleaños. Correos imprime un sello que la muestra como una mujer reflexiva, elegante y fuerte, mientras que en el Capitolio de Washington se erigió una estatua suya en la sala de honor, a la que sólo llegan los grandes de la historia. Durante mucho tiempo, nadie habría aceptado en ese lugar a una negra, hija de un granjero, y crecida en un Estado sureño en el que el Ku Klux Klan cometía sus atrocidades. Como tampoco se concebía la presencia de un afroamericano en la Casa Blanca.

"Me senté allí un momento y medité sobre el valor y tenacidad, que son parte de nuestra historia", afirmó Obama, que el año pasado visitó el autobús en el que arrestaron a Parks, en el Museo del Automóvil de Detroit.

Tras negarse a levantarse del asiento, Parks tuvo que pagar diez dólares de multa y cuatro más de tasas judiciales. Con ayuda de la organización afroamericana NAACP, recurrió la sentencia. Simultáneamente los negros iniciaron un boicot contra los autobuses que hizo que estos perdieran a tres cuartas partes de sus viajeros y mucho dinero. El líder de la causa fue el entonces poco conocido predicador Martin Luther King.

Pasaron 382 días hasta que los afroamericanos volvieron a subirse en los autobuses de Montgomery. Cuando lo hicieron, ya podían sentarse donde quisiesen. Gracias a Parks, el Tribunal Supremo de Washington había declarado inconstitucional la discriminación racial en el transporte urbano. Tras el fin de la segregación en las escuelas públicas, su resistencia pasiva fue considerada un hito en un movimiento que llevó en 1964 a la Ley de Derechos Civiles (Civil Rights Act). A partir de entonces, la discriminación de los negros quedó totalmente prohibida, aunque a día de hoy todavía no despareció por completo.

Parks, cuyo marido murió en 1977 tras 45 años de matrimonio, sigue siendo considerada hoy la "madre del movimiento por los derechos civiles". En 1996, el entonces presidente Bill Clinton le entregó la medalla de la libertad, y en 1999 recibió del Congreso el mayor reconocimiento civil.

Los historiadores discuten todavía hoy sobre si el episodio protagonizado por Parks fue un acto "espontáneo", como ella misma dijo, o si fue escogida como mártir de forma intencionada por el NAACP, organización para la que trabajó como secretaria en los 40 y 50, y con la que estuvo comprometida desde su juventud en la lucha por la justicia y la igualdad de los negros.

Sea cuales fueren las circunstancias de su "infracción contra el tráfico", Parks tuvo que pagar sus consecuencias durante mucho tiempo. Nadie le daba trabajo, y su marido sufrió un ataque de nervios tras eternas llamadas de amenaza. El matrimonio se trasladó a Detroit, donde Rosa volvió a trabajar como costurera. En 1965, le ofreció trabajo en su oficina el congresista y defensor de los derechos cívicos John Conyers, y junto a él permeció hasta que se jubiló, en 1988. También etonces siguió implicándose en la lucha de los derechos ciudadanos, pero a pesar de su fama tuvo que recibir ayuda financiera de la iglesia durante su vejez.

Al final de sus días, Rosa Louise Parks sufrió demencia, antes de morir el 24 de octubre de 2005. Fue la primera estadounidense a la que se veló en el Capitolio de Washington, donde el entonces presidente George W. Bush y miles de personas le rindieron su último homenaje. Mientras, en todo Estados Unidos las banderas ondearon a media asta. También en Montgomery, Alabama.

Marko Mierke. Vanguardia.com.mx. 04/02/13

http://www.vanguardia.com.mx/tags-derechos%20civiles/

Honoring Rosa Parks on the 100th Anniversary of her Birth

Washington, United States of America. Rosa Louise McCauley Parks was born on February 4, 1913. Her life inspired millions of people and challenged the conscience of our Nation. Her refusal to give up her seat on a bus on December 1, 1955, inspired a civil rights movement that led to the passage of the Civil Rights Act on July 2, 1964. “When I made that decision," she later said, “I knew that I had the strength of my ancestors with me."

We stand on the shoulders of Rosa Parks, and so many other leaders who struggled and worked to ensure our country’s founding principles of life, liberty, and the pursuit of happiness are achievable for everyone.

Their actions have profoundly affected not only African-Americans, but everyone who cares about equality, and the story of Rosa Parks continues to inspire many of us here at the White House, and across the Administration, as we work daily to bring more fairness and equality to our fellow citizens around our country. After all, Rosa Parks, and so many others who fought and sacrificed for equality and justice of all, paved the way for the election and re-election of the first African-American president.

On today’s anniversary, President Obama proclaims: “It has taken acts of courage from generations of fearless and hopeful Americans to make our country more just. As heirs to the progress won by those who came before us, let us pledge not only to honor their legacy, but also to take up their cause of perfecting our Union.”

The story of Rosa Parks continues to teach everyone—of all races, religions, and ages—the value of courage in the face of injustice.

Rosa Parks once said, “I would like to be known as a person who is concerned about freedom and equality and justice and prosperity for all people.” Today, with the unveiling of the Rosa Park stamp on the 100th anniversary of her birthday, we honor her wish and celebrate her memory.

As then-Senator Obama said at Rosa Parks’ funeral in 2005, “The woman we honored today held no public office, she wasn’t a wealthy woman, didn’t appear in the society pages. And yet when the history of this country is written, it is this small, quiet woman whose name will be remembered long after the names of senators and presidents have been forgotten.”

When we remember and honor Rosa Parks in our own actions every day, her legacy truly will live on forever.

Valerie Jarrett. Senior Advisor to the President

Valerie Jarrett. White House Blog. 04/02/13

http://www.whitehouse.gov/blog/2013/02/04/rosa-parks-stamp

498. “Libre es el que es capaz todavía de elegir la defensa de su dignidad en un mundo donde, quieras o no, en algún momento tendrás que tomar partido entre los indignos y los indignados": Eduardo Galeno

Madrid, España. Eduardo Galeano, siempre lúcido y crítico, ofreció una entrevista donde habla de temas cruciales del escenario político actual: la libertad, la lógica del trabajo y la producción, el dilema entre la dignidad y la obediencia. vivimos para trabajar.

¿Qué error hemos cometido?

La economía está al servicio de la industria militar que es el nombre artístico de la industria criminal.

¿El prójimo es el enemigo?

Sí, somos una civilización de soledades que se encuentran y desencuentran continuamente sin reconocerse. Ese es nuestro drama, un mundo organizado para el desvínculo, donde el otro es siempre una amenaza y nunca una promesa.

El miedo nos domina.

Es el pretexto para que esta industria pueda prosperar, porque necesita guerras y enemigos, y si no existen hay que inventarlos. Fíjese en el caso de Nelson Mandela.

El mundo celebra el día que nació.

Pues ha figurado en la lista de enemigos peligrosos para la seguridad de EE.UU. hasta el 2008. Durante 60 años el africano más prestigioso fue un terrorista para el país dominante. ¿Cómo vamos a creer en todo lo que nos cuentan sobre las amenazas terroristas?

¿Somos un gran rebaño de borregos?

Por todos lados aparecen símbolos asombrosos de resistencia y de vida. Lo mejor que tiene la vida es la capacidad de sorpresa.

Sin embargo, vamos tras la seguridad.

Vivimos en un mundo inseguro, no sólo porque podemos ser robados, asaltados... Los coches matan más que las drogas, y el aire que respiramos y los pesticidas nos exterminan. Sólo si nos articulamos para defendernos de un sistema que es enemigo de la naturaleza y de la gente podremos hallar espacios de seguridad.

¿Qué nos hace libres?

Los desafíos que uno enfrenta cada día son los que te abren una rendija para elegir entre la dignidad y la obediencia. Libre es el que es capaz todavía de elegir la defensa de su dignidad en un mundo donde, quieras o no, en algún momento tendrás que tomar partido entre los indignos y los indignados.

Desde niños nos adoctrinan hasta el punto de que nos parece normal lo anormal.

Que el presidente Obama recibiera el premio Nobel de la Paz con un discurso de homenaje a la guerra "justa y necesaria contra el mal" ilustra lo que usted dice.

¿Qué semilla se puede plantar para que la gente sospeche?

Hay que ver al revés las historias que los diarios nos cuentan para poder entenderlas al derecho: Iraq invade EE.UU. porque sus arsenales de armas de destrucción masiva son un peligro para la humanidad. Lo que es verdad, pero este fue el pretexto de los americanos para invadir Iraq y matar a una cantidad ingente de civiles.

¿Cómo averiguar si uno está vivo o es un muerto viviente?

Habrá que preguntarse hasta qué punto soy capaz de amar y de elegir entre la dignidad y la indignidad, de decir no, de desobedecer. Capaz de caminar con tus propias piernas, pensar con tu propia cabeza y sentir con el propio corazón en lugar de resignarte a pensar lo que te dicen.

...

La mayoría trabaja a contracorazón y termina viviendo una vida que no es la suya por las necesidades materiales, y eso es lo que hace que algunos no se den cuenta de que murieron hace muchos años, la última vez que fueron capaces de decir no.

¿Es una utopía un mundo en el que la gente haga lo que le gusta?

Como dice el patriarca del cine argentino, Fernando Birri, la utopía sirve para caminar. A mí me gusta mucho ver el universo por el ojo de la cerradura.

¿Desde lo pequeño?

Sí, para no confundir la grandeza con lo grandote, una de las confusiones del mundo actual. La grandeza no está en los hechos espectaculares, está en la vida cotidiana.

Hay que endulzarla.

En el manicomio general, los franceses dictaron una ley que era un acto de cordura: ya que tenemos máquinas capaces, tengamos 35 horas de trabajo semanal, pero duró 10 años. ¿Por qué el progreso tecnológico tiene que producir angustia y desempleo?

El 99% de las especies del planeta no viven para trabajar, y no les va tan mal.

Nosotros nos hemos especializado en ser instrumentos de nuestros instrumentos, y somos los únicos capaces de destinar nuestros mejores recursos al exterminio loco. Cada minuto el mundo destina tres millones de dólares a gastos militares y mueren 15 niños de enfermedades curables. ¿Qué clase de especie es esta que dice ser la racional?

¿Qué faceta humana nos destruye?

El conformismo, la aceptación de la realidad como un destino y no como un desafío que nos invita al cambio, a resistir, a rebelarnos, a imaginar en lugar de vivir el futuro como una penitencia inevitable.

Y eso hay que hacerlo en compañía.

Sí, en solidaridad, que es un sentimiento horizontal. La caridad es vertical y no me gusta. Hay un viejo proverbio africano que dice que el que da está siempre por encima de la mano que recibe. De hecho, nuestros antepasados sobrevivieron porque supieron repartir la comida y defenderse juntos.

Pese a ello, somos tan destructivos...

Me imagino un juicio universal a la condición humana de las plantas y los animales, apuntándonos con sus patitas y con sus ramitas y preguntándonos: ¿qué han hecho del mundo?, ¿por qué nos mataron? Qué terrible confusión creernos dueños de la naturaleza.

Eduardo Galeano, es un periodista y escritor uruguayo, ganador del premio Stig Dagerman. Está considerado como uno de los más destacados escritores de la literatura latinoamericana. Sus libros más conocidos, Memoria del fuego (1986) y Las venas abiertas de América Latina (1971), han sido traducidos a veinte idiomas. Sus trabajos trascienden géneros ortodoxos, combinando documental, ficción, periodismo, análisis político e historia. Niega ser un historiador: "Soy un escritor que quisiera contribuir al rescate de la memoria secuestrada de toda América, pero sobre todo de América Latina, tierra despreciada y entrañable".  

La Vanguardia.com. 25/05/12

http://www.lavanguardia.com/lacontra/20120525/54299733087/eduardo-galeano-confundimos-la-grandeza-con-lo-grandote.html