TE GUSTARÍA COLABORAR EN EL BLOG DE CULTURA DE PAZ COMO VOLUNTARIO?
Correo electrónico de Cultura de Paz Monterrey: drjosebenitoperezsauceda@gmail.com
1554. Termina con éxito IV Encuentro del Observatorio Internacional de Paz
Se realiza un Encuentro internacional por la paz
El Presidente Subrogante de la Legislatura a cargo de la
Gobernación, Julio Silman, recibió a los organizadores del IV Encuentro del
Observatorio Internacional de Paz, encabezados por la Arq. Mariela Martín
Domenichelli, Presidente de la Fundación CERECO (Centro de Resolución de Conflictos).
El foro se lleva a cabo desde ayer en las instalaciones de
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de
Tucumán, co organizadora del evento. Las delegaciones que participarán del
mismo llegaron desde Perú, México y Ecuador; los representantes de Colombia,
Brasil y Chile se harán presente a través de videoconferencias.
El observatorio plantea tres ejes principales de trabajo:
Métodos Alternativos de Solución de Conflictos –Cultura de Paz-; Derechos
Humanos y Seguridad Humana; y No violencia activa -Método triple de cambio-.
Silman aseguró que todos los foristas coincidieron en que el
que gran problema de la paz es la violencia y que es importante el rol del
mediador para bajar los índices de violencia. “Ojalá que las conclusiones del
foro lleguen a cada ciudadano para que se reduzcan estos índices”, indicó.
Por otro lado, Domenichelli afirmó que esta iniciativa
surgió porque “la paz no vende” y que el objetivo es visibilizar hechos de paz
y que la gente se acostumbre a ver cosas positivas: “Los delegados que vienen
de los otros países vienen con propuestas, proyectos y acciones positivas.
Tenemos proyectos desarrollados a largo plazo pero para que se puedan
desarrollar de manera activa en la sociedad”.
Tucumannoticias.com.ar. Tucumán, Argentina, 28/06/17
Comienza mañana un encuentro sobre la paz
Entre mañana y el miércoles se llevará a cabo el IV
Encuentro Internacional del Observatorio Internacional de Paz, de 16 a 20.30,
en el Hotel Catalinas Park. El observatorio fue creado por la Fundación Centro
de Resolución de Conflictos (Cereco).
El Programa Observatorio de Paz nació en Tucumán en el año
2011 por iniciativa de la arquitecta Mariela Martín Domenichelli, que debido a
su formación como mediadora llevó a cabo diferentes acciones a favor de la
mediación ampliando la visión desde una mirada integradora y multidisciplinaria
El Observatorio plantea tres ejes de trabajo: métodos alternativos de solución
de conflictos (cultura de paz), derechos humanos y seguridad humana y no
violencia activa.
Domenichelli expresó -en un comunicado- que el encuentro
forma parte de un programa iniciado en Tucumán en 2011, a partir del cual se
busca la solución pacífica de los conflictos. “Queremos replicar acciones
positivas. Que la sociedad vea que hay ejemplos en todo el mundo para evitar
conflictos por medios pacíficos y a través del diálogo”, destacó.
Agregó que durante el encuentro, entre otros temas, se
abordará la violencia, la problemática de género y los derechos del niño.
El evento está abierto al público en general, a
representantes de organizaciones civiles y a referentes barriales.
LaGaceta.com.ar. Tucumán, Argentina, 26/06/17
1553. Gobierno Espía: vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México
Gobierno Espía: vigilancia sistemática a periodistas y
defensores de derechos humanos en México
R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, junto con
ARTICLE 19, oficina para México y Centroamérica, y SocialTIC, hemos documentado
76 nuevos intentos de infección con el malware Pegasus en contra de periodistas
y defensores humanos en México. Estos ataques, ocurridos entre enero de 2015 y
julio de 2016, se suman a los 12 intentos registrados en contra de científicos
y activistas de la Alianza por la Salud Alimentaria en 2016.
En cada caso, una o más personas recibieron mensajes con
enlaces infecciosos vinculados a la infraestructura de Pegasus.
Pegasus es un sofisticado malware de vigilancia que
solamente puede ser comercializado a gobiernos. En los últimos años, se ha
reunido evidencia de que al menos tres instancias del gobierno federal lo han
adquirido: la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de
Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Secretaría de la Defensa
Nacional; esta última, sin facultades legales para ejercer acciones de
vigilancia.
Cuando una persona es atacada con Pegasus, recibe un mensaje
SMS en su teléfono, el cual contiene un texto que busca persuadirlo de hacer
clic en un enlace infeccioso, haciéndose pasar por una noticia, un aviso o el
mensaje de un familiar o amigo. Si la persona hace clic en el enlace, su
teléfono recibe inadvertidamente un software malicioso que permite al atacante,
entre otras cosas, tener acceso a todos los archivos guardados en el
dispositivo, así como controlar la cámara y el micrófono del celular.
A través de este informe hemos registrado que todos los
objetivos fueron atacados usando una infraestructura común, además de existir
coincidencias entre los mensajes recibidos por diferentes personas. Resulta
preocupante que el uso reiterado de estos ataques en contra de periodistas y defensores
de derechos humanos se dio durante coyunturas críticas de su labor; todas, con
un actor en común: el gobierno federal.
Por ejemplo, personal del Centro Prodh recibió intentos de
infección durante coyunturas como el décimo aniversarios de la represión en
Atenco, la discusión de la Ley General contra la Tortura o la presentación del
informe final del caso Ayotzinapa por parte del GIEI. En el caso de Aristegui
Noticias, los mensajes recibidos ocurrieron durante sucesos como la exoneración
del presidente Peña Nieto por el conflicto de interés de la casa blanca o la
publicación de reportajes relacionados con la figura presidencial.
Otro de los objetivos, Carlos Loret de Mola, recibió
intentos de infección cuando escribía sobre las ejecuciones extrajudiciales en
Tanhuato, Michoacán. Por su parte, personal del Instituto Mexicano para la
Competitividad fue objetivo de ataques con el malware Pegasus durante la
discusión de la ley 3 de 3, en tanto que dos periodistas de Mexicanos contra la
Corrupción y la Impunidad recibieron mensajes tras la publicación del reportaje
sobre la red de empresas fantasma del gobierno de Javier Duarte, en el cual
colaboró la organización.
A la luz de las normas de derechos humanos y el marco
jurídico que regula la vigilancia gubernamental en México, los casos de
espionaje a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas
anticorrupción son absolutamente insostenibles jurídicamente. Por el contrario,
los hallazgos de este reporte apuntan a la comisión de graves delitos y violaciones
a derechos humanos. Debe, por tanto, llevarse a cabo una investigación
exhaustiva, seria, imparcial y transparente sobre los hechos denunciados y
castigarse a todos los responsables intelectuales y materiales.
El documento puede descargarse y está disponible bajo una
licencia Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0).
R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, Ciudad de México, 19/06/17
‘Somos los nuevos enemigos del Estado’: el espionaje a activistas
y periodistas en México
Destacados defensores de derechos
humanos, periodistas y activistas anticorrupción de México han sido afectados
por un avanzado programa de espionaje adquirido por el gobierno mexicano que,
en teoría, solo debe ser utilizado para investigar a criminales y terroristas.
Entre los blancos del programa se encuentran abogados que
investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un economista
que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción, dos de los periodistas
más influyentes de México y una estadounidense que representa a víctimas de
abusos sexuales cometidos por la policía. Los intentos de espionaje incluso han
alcanzado a los familiares de los activistas y periodistas, incluido un
adolescente.
Desde 2011, al menos tres agencias federales mexicanas han
gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de una empresa de
origen israelí.
El software conocido como Pegasus se infiltra en los
teléfonos inteligentes y otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la
vida diaria de una persona por medio de su celular: llamadas, mensajes de
texto, correos electrónicos, contactos y calendarios. Incluso puede utilizar el
micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia; el teléfono de
la persona vigilada se convierte en un micrófono oculto.
La empresa que fabrica el software, NSO Group, afirma que
vende la herramienta de forma exclusiva a los gobiernos con la condición de que
solo sea utilizada para combatir a terroristas o grupos criminales y carteles
de drogas como los que han violentado a los mexicanos desde hace mucho tiempo.
Sin embargo, según decenas de mensajes examinados por The
New York Times y analistas forenses independientes, el software ha sido
utilizado para vigilar a algunas de las personas que han sido más críticas del
gobierno, así como a sus familiares, lo que muchos ven como un intento sin
precedentes para debilitar e intimidar a la gente que intenta ponerle fin a la
corrupción que afecta a la sociedad mexicana.
“Somos los nuevos enemigos del Estado”, señaló Juan
Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, quien
redactó e impulsó la legislación anticorrupción apodada Ley 3de3. Su iPhone y
el de su esposa fueron blanco en varias ocasiones del programa espía, según un
análisis forense independiente. “La nuestra es una sociedad en la que la
democracia se ha deteriorado”, afirmó Pardinas.
Los ciberataques sofisticados en contra de ciudadanos son
indicativos de las luchas internas que se libran en México y despiertan
cuestionamientos legales y éticos sobre un gobierno que enfrenta fuertes
críticas por sus antecedentes en temas de derechos humanos.
Según la ley mexicana, un juez federal es el único que puede
autorizar la vigilancia de comunicaciones privadas y solo cuando los
funcionarios demuestran que tienen un caso bien armado para realizar esa
solicitud. Es muy poco probable que el gobierno haya recibido esa aprobación
judicial para hackear los teléfonos de los activistas y periodistas, comentaron
varios exfuncionarios de los servicios mexicanos de inteligencia.
“Las agencias mexicanas de seguridad no le pedirían una
orden a la corte porque saben que no la obtendrían”, dijo Eduardo Guerrero, un
exmiembro del Centro de Investigación y Seguridad Nacional de México, una de
las agencias gubernamentales que utilizan el programa espía Pegasus. “¿Cómo
sería posible que un juez autorizara vigilar a alguien que se dedica a la
protección de los derechos humanos?”.
“Por supuesto que no se puede justificar esa intervención”,
agregó Guerrero. “Pero eso es irrelevante. En México nadie pide permiso para
hacerlo”.
Los intentos para realizar hackeos fueron muy
personalizados: llegaron a los objetivos por medio de mensajes diseñados para
inspirar pánico y conseguir un acceso rápido a los teléfonos celulares. En el
caso de Carmen Aristegui, una de las periodistas más famosas de México, un
operador se hizo pasar por la embajada de Estados Unidos en México y le imploró
darle clic en un enlace para resolver un supuesto problema con su visa. La
esposa de Pardinas, el activista anticorrupción, recibió un mensaje en el que
le ofrecían pruebas de que su marido tenía un amorío.
El gobierno mexicano reconoce haber recabado información de
sospechosos legítimos de un modo apegado a derecho. “Como en cualquier régimen
democrático, a fin de combatir al crimen organizado y las amenazas contra la
seguridad nacional, el gobierno mexicano realiza actividades de inteligencia”,
señaló un funcionario. No obstante, el gobierno “rechaza categóricamente que
alguna de sus dependencias realice acciones de vigilancia o intervención de
comunicaciones de defensores de derechos humanos, periodistas, activistas
anticorrupción o de cualquier otra persona sin previa autorización judicial”.
Ya se sospechaba del uso de programas espías por parte del
gobierno mexicano, incluidos los intentos de hackeo a opositores políticos y
activistas cuyo trabajo ha afectado intereses corporativos en México.
Sin embargo, no hay pruebas definitivas de que el gobierno
sea responsable. El software Pegasus no deja rastros del hacker que lo utilizó.
Incluso el fabricante, NSO Group, señala que no se puede determinar exactamente
quién está detrás de los intentos específicos de hackeo.
Pero los ciberexpertos pueden verificar en qué momento se ha
utilizado el software en el teléfono de un objetivo, lo cual les deja pocas
dudas de que el gobierno mexicano o algún grupo corrupto interno están
involucrados.
“Básicamente, es lo mejor que hay”, dijo sobre el análisis
Bill Marczak, el investigador sénior en Citizen Lab que confirmó que los
teléfonos de activistas y periodistas mexicanos tenían rastros del software.
Además, NSO Group asegura que es muy poco probable que los
cibercriminales hayan obtenido acceso a Pegasus de algún modo, porque el
programa solo puede ser utilizado por las agencias gubernamentales en las que
se ha instalado la tecnología.
NSO Group afirma que investiga el historial de los gobiernos
en temas de derechos humanos antes de venderles el software. No obstante, una
vez que otorgan la licencia e instalan el hardware dentro de las agencias de
inteligencia y los cuerpos de seguridad, la empresa dice que no hay manera de
saber cómo se utilizan las herramientas espías o contra quién están siendo
usadas.
La compañía simplemente le cobra a sus clientes
gubernamentales según el número total de objetivos a vigilar. Para espiar a
diez usuarios de iPhone, por ejemplo, el fabricante cobra 650.000 dólares,
además de la cuota de instalación de 500.000 dólares, según las propuestas de
comercialización de NSO Group que revisó The New York Times.
Aunque NSO Group supiera que se está haciendo un mal uso de
su software, la empresa dice que no podría hacer mucho al respecto: no puede
entrar en las agencias de inteligencia, quitar el software y llevarse el
hardware. Más bien, NSO Group confía en que sus clientes cooperarán con una
inspección interna que realizaría la empresa, la cual entregaría los resultados
a la autoridad legal competente… por lo que los gobiernos terminan siendo los
responsables de vigilarse a ellos mismos.
Normalmente, el único recurso de la empresa es ir reduciendo
poco a poco el acceso del gobierno a las herramientas en el transcurso de
varios meses, o incluso años, al dejar de proporcionar nuevos parches o
actualizaciones del software.
Sin embargo, en el caso de México, NSO Group no ha condenado
ni ha reconocido que haya abuso de su software, a pesar de que se han
presentado evidencias en repetidas ocasiones que demuestran que sus
herramientas se han utilizado en contra de ciudadanos comunes y sus familias.
El paso de la esperanza a la intimidación
Desde hace mucho tiempo, los periodistas, defensores de los
derechos humanos y activistas anticorrupción en México han enfrentado peligros
enormes. Durante décadas los han seguido, acosado, amenazado e, incluso, asesinado
por realizar su trabajo; riesgos laborales más comunes en Estados autoritarios
que en los que forman parte de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos, como es el caso de México.
El presidente Enrique Peña Nieto comenzó su mandato en 2012
con la promesa de dejar atrás la historia atribulada del país y poner a México
en el lugar que se merece dentro del escenario mundial por medio de reformas a
la educación, a las telecomunicaciones o al sector energético.
No obstante, para 2014 se habían desvanecido gran parte de
esas promesas tempranas por escándalos y crisis, entre ellos la desaparición de
43 estudiantes normalistas después de un enfrentamiento con la policía y las
acusaciones de que el mandatario y su esposa adquirieron una casa lujosa de un
constructor que después recibió varios contratos públicos.
Son escándalos que han derrumbado la imagen perfectamente
cuidada que Peña Nieto tuvo como candidato –un político enérgico dispuesto a
trabajar en conjunto con otros partidos para modernizar y mover a México– y lo
han pintado como un funcionario corrupto que desconoce la realidad que viven
los mexicanos. Ese cambio es el resultado, en buena medida, del trabajo de los
periodistas mexicanos que develaron los casos y de los activistas y defensores
que no han permitido que sean olvidados.
“Este era un gobierno que pasó de establecer la agenda a ser
reactivo”, dijo Carlos Loret de Mola, un popular conductor de televisión que
recibió ocho mensajes de texto que contenían código para infectar su teléfono
con el programa Pegasus. “Entonces vieron a los periodistas y pensaron: ‘Estos
están sacando estas cosas y nos hacen quedar mal, mejor los espiamos'”.
México todavía está muy lejos de ser como Turquía, la nación
que encarcela a más periodistas en todo el mundo. No es como China, un Estado
autoritario en donde se silencian las críticas y el gobierno considera que la
prensa libre es un peligro político. Pero, de igual manera, México vive una
crisis con respecto a esos temas.
El año pasado, fueron asesinados más periodistas que durante
cualquier otro año de este siglo; el 2017 ya va encaminado a romper ese récord.
“El hecho de que el gobierno esté usando vigilancia de alta
tecnología en contra de defensores de derechos humanos y periodistas que
exponen la corrupción, en lugar de contra los responsables de estos abusos,
dice mucho de para quién trabaja el gobierno”, dijo Luis Fernando García,
director de R3D, un grupo de derechos digitales en México que ha ayudado a
identificar varios casos de abuso del programa Pegasus. “Definitivamente no es
a favor del pueblo”.
Un caso cercano al presidente
Quizá ningún otro periodista en México ha dañado más la
reputación del presidente Peña Nieto que Carmen Aristegui. Y pocos han pagado
tan caro por haberlo hecho.
Ella y su equipo sacaron a la luz en 2014 el escándalo de la
“Casa blanca”, una historia de intrigas de bienes raíces que involucraba un
arreglo especial para la primera dama por parte de un contratista del gobierno
que tiene una relación de vieja data con el mandatario.
La historia alcanzó una audiencia mundial y obligó a la
esposa del presidente a entregar la casa, lo cual representó una especie de
dilema ético para el gobierno mexicano; en otro país quizá habría resultado en
el nombramiento de un fiscal independiente o en una pesquisa legislativa. Al final
el presidente fue exculpado por la Secretaría de la Función Pública, mientras
que Aristegui perdió su trabajo. Su despido marcó el inicio de una campaña
prolongada de acoso y difamación en su contra: demandas, allanamientos de sus
oficinas, amenazas a su seguridad personal y el monitoreo de todos sus
movimientos.
“Se trata de un acto de venganza por el reportaje”, dijo
Aristegui en una entrevista reciente. “No se puede ver de otra manera”.
Así que le pareció sospechoso cuando en 2015 empezó a
recibir mensajes de texto de números desconocidos, en los cuales le urgían a
que diera clic a un enlace. Uno contenía un llamado de ayuda para encontrar a
un menor desaparecido; otro tenía una alerta por supuestos cargos desconocidos
a su tarjeta de crédito, y otro tenía la presunta nota de la embajada
estadounidense sobre su visa.
Cuando estos mensajes no fueron suficiente para que le diera
clic al hipervínculo y descargara el software de manera inadvertida, los
siguientes fueron más estridentes; incluso recibió uno que decía que la iban a
arrestar. Varios de los mensajes llegaron del mismo número telefónico, dando
muestra de los descuidos del operador.
Y siguieron intentándolo. En marzo, los mensajes de texto
también comenzaron a llegar al teléfono del hijo de 16 años de Aristegui,
Emilio. “La única razón por la que irían tras mi hijo es para intentar
encontrar algo en contra de mí, para causarme daño”, dijo Aristegui.
Después de su despido, por supuestos desacuerdos dentro de
la radiodifusora MVS Noticias, mantuvo su carrera publicando noticias en su
sitio web. Pero la situación le ha cobrado factura, en especial las demandas.
En una querella presentada por el presidente de MVS, un juez dijo que Aristegui
“excedió su libertad de expresión y de información” por la publicación de un
libro de su equipo de reporteros sobre el caso de la Casa Blanca.
En varias ocasiones han hackeado su sitio web y en noviembre
irrumpieron en sus oficinas. Los agresores fueron tan descarados que ni
siquiera se molestaron en usar máscaras y no han sido detenidos. Ella ha
decidido canalizar las amenazas, el acoso e incluso el espionaje en su trabajo.
“He optado por creer que mi trabajo público es lo que me
protegerá”, dijo Aristegui. “El gran reto para los periodistas y los ciudadanos
es que el miedo nos sirva y no nos conquiste”.
Amenazas vía mensajes de texto
Era el 21 de diciembre de 2015 y Pardinas estaba en la playa
con su familia, pero su teléfono no dejaba de sonar: al principio eran llamadas
de abogados con los que coordinaba la redacción de una propuesta legislativa… y
después un extraño mensaje de texto.
Habían pasado largos meses de una campaña para que se
aprobara una ley sin precedentes que obligaría a los servidores públicos de
México a divulgar sus declaraciones patrimoniales por posibles conflictos de
intereses financieros.
En noviembre, Pardinas también había presentado un estudio
sobre los costos políticos y económicos de la corrupción en México, que
confirmaba con hechos y cifras lo que casi todos los mexicanos saben: que la
corrupción está incapacitando al país. Después le dio seguimiento con entrevistas
en medios en los que llegó a burlarse de que el gobierno gastaba más en comprar
café que en el presupuesto de la oficina para combatir la corrupción.
El estudio, las entrevistas y un sinnúmero de reuniones con
políticos abrieron el camino para la llamada Ley 3de3, que Pardinas —director
general del Instituto Mexicano para la Competitividad— ayudó a redactar.
Entonces, en sus vacaciones navideñas, recibió el mensaje:
“En la madrugada falleció mi padre, estamos devastados, te envío los datos del
velatorio, espero puedas venir”. Venía con un enlace adjunto. Pardinas pensó
que era raro que quien le envió un mensaje tan personal no estuviera entre los
contactos de su teléfono. Se lo mostró a su esposa y decidió hacer caso omiso.
Hacia mayo de 2016, el proyecto de 3de3 había conseguido más
de 630.000 firmas ciudadanas a favor, con lo que el congreso tuvo que
discutirla. Y entonces llegó otro mensaje. Este parecía venir del medio
informativo Uno TV, el cual envía boletines diarios a los usuarios de teléfono
celular de todo el país. Pero lo que le llamó la atención fue el titular: “La
historia de corrupción dentro del Instituto Mexicano para la Competitividad”.
Se alarmó porque era su organización, pero decidió no darle clic porque
sospechó que era un acto delictivo. Al día siguiente le llegaron más mensajes.
Lo que sucedió fue que, después de no tener éxito con él,
los responsables lo intentaron con su esposa. El mensaje, que también parecía
ser de Uno TV, decía que se habían filtrado videos que mostraban a Pardinas
mientras tenía relaciones sexuales con una colega. Pardinas llamó a su esposa y
le explicó que era un intento de acoso. “Esta gente otra vez”, respondió ella.
Al final la propuesta de ley fue aprobada, relativamente
intacta, por el congreso mexicano, excepto que el senado agregó una provisión
para que no solo los funcionarios sino ciudadanos que trabajaran en empresas
con contratos públicos –en total se verían afectados alrededor de 30 millones
de mexicanos– tuvieran que divulgar sus declaraciones patrimoniales. El
presidente Peña Nieto vetó la 3de3 con el argumento de que necesitaba ser
discutida con mayor profundidad.
Pardinas siguió con sus denuncias en las entrevistas, donde
nombraba a los legisladores que obstruían la ley y las empresas bien conectadas
que se beneficiaban con el dinero del gobierno. La iniciativa estaba atorada,
pero aun así llegó otro mensaje el 1 de agosto. Este tenía una amenaza: “Oiga
afuera de tu casa anda una camioneta con dos vatos armados, let tome fotos
vealos y cuídese (sic)”.
Pardinas, quien estaba en su oficina cuando llegó el
mensaje, se negó a caer una vez más. Pero llamó a su esposa para pedirle que se
asomara por la ventana para ver si afuera había una camioneta estacionada. No
había nada.
“Al final, mi esposa ya tenía un entrenamiento casi olímpico
en este asunto del hackeo”, bromeó Pardinas.
Gajes del oficio
A fines de abril de 2016, Mario Patrón estaba inquieto. La
mesa de la conferencia estaba llena de compañeros defensores de derechos
humanos, entre ellos el representante en México de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Todos fueron a discutir la bomba que estaba por caer el día
siguiente: un pánel internacional que fue a México para investigar la
desaparición de los 43 estudiantes normalistas divulgaría su informe final.
Patrón sabía que los hallazgos iban a ser brutales para las autoridades.
Se acusaría al gobierno de negligencia e incompetencia,
incluso de actividades ilícitas en el manejo del caso. Como el resto de las
personas en el lugar, Patrón, cuya organización representa a los padres de los
estudiantes desaparecidos, se preguntaba cómo respondería el gobierno.
Sonó su teléfono y vio la pantalla. La noticia que había
estado esperando: “EL GOBIERNO DE MÉXICO SALE AL FRENTE DEL GIEI”, decía el
texto, con el acrónimo del grupo interdisciplinario que publicaría el informe.
Parecía ser la noticia que estaba esperando.
Le mostró el mensaje a su colega y dio clic al enlace. Pero
en vez de un artículo o un comunicado de prensa, el vínculo simplemente lo
redirigió a una página en blanco. Confundido, dejó la reunión y se fue de prisa
a su oficina para hacer llamadas e informarse de lo que estaba planeando el
gobierno. Y eso bastó para que cayera en la trampa.
Patrón es el director ejecutivo del Centro de Derechos
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, o Centro Prodh, posiblemente el grupo de
defensa de derechos humanos más respetado en todo México. Está involucrado en
varios de los casos más graves de abusos a los derechos humanos del país y ha
sido un gran crítico del gobierno.
Además de Patrón, otros dos abogados del grupo fueron
atacados con el software: Santiago Aguirre, el abogado principal de las
familias de los estudiantes desaparecidos, y Stephanie Brewer, una abogada
estadounidense que ha trabajado con el grupo desde 2007.
“Siempre hemos sospechado que nos espían y nos escuchan”,
dijo Patrón, quien se percató de que la situación había empeorado
considerablemente desde que desaparecieron los normalistas. “Pero tener
evidencia de que somos víctimas de verdadera vigilancia confirma que nos están
amenazando y que el gobierno está dispuesto a utilizar medidas ilegales para
intentar detenernos”.
Además de los estudiantes desaparecidos, el Centro Prodh
representa a una de las sobrevivientes de un ataque militar en el municipio de
Tlatlaya en 2014, donde el ejército arrasó con un supuesto escondite de un
cartel y asesinó a 22 personas; el Centro Prodh ha encontrado evidencias de que
los sucesos de aquella noche no se desarrollaron como una balacera, como
argumenta el Ejército, sino que fueron ejecuciones extrajudiciales perpetradas
por soldados.
Entre los clientes de la organización también se encuentran
las mujeres de Atenco, un grupo de once estudiantes universitarias, activistas
y vendedoras de mercado que la policía arrestó hace casi diez años, durante las
protestas sucedidas en el pueblo de San Salvador Atenco, y que fueron sometidas
a brutales abusos sexuales mientras las trasladaban a la cárcel.
Además del grave abuso de poder y la violación de las
mujeres, el caso es especialmente sensible porque el gobernador que ordenó la
represión en contra de los manifestantes fue Enrique Peña Nieto, el actual
presidente.
Brewer y otros abogados llevaron el caso ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y esperaron casi siete años. La comisión
falló a favor de las mujeres, ordenó al gobierno que les diera reparaciones y
que investigara con la debida diligencia las responsabilidades de las
autoridades hasta lo más alto de la cadena de mando, una directriz que podía
incluir a Peña Nieto. El caso después fue enviado ante la Corte Interamericana.
Fue entonces, poco después del décimo aniversario de los
ataques contra las mujeres, que Brewer recibió un mensaje de texto sospechoso
que cuestionaba por qué el Centro Prodh no defendía también a los soldados y
policías víctimas de abusos. La abogada, intrigada, abrió el enlace y este la
dirigió a una página web corrupta, un indicio del software Pegasus.
“Es parte de defender los derechos humanos en México”,
aseguró Brewer. “Son los gajes del oficio”.
Azam Ahmed reportó desde Ciudad de México y Nicole Perlroth
desde Boulder, Colorado. Paulina Villegas colaboró con el reportaje en Ciudad
de México.
Azam Ahmed y Nicole Perlroth, NYTimres.com, Estados Unidos, 19/06/2017
Niega Presidencia espionaje
El Gobierno de la República negó haber espiado a activistas,
periodistas y defensores de derechos humanos, como publicó The New York Times.
En un texto dirigido al diario, la Administración federal
condenó el intento de vulnerar el derecho a la privacidad de las personas.
"Como su propio texto lo señala, no hay prueba alguna
de que agencias del Gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje
descrito en su artículo.
"Para el Gobierno de la República, el respeto a la
privacidad y la protección de datos personales son valores inherentes a nuestra
libertad, democracia y Estado de Derecho", indicó Presidencia.
Asimismo, el Gobierno federal llamó a las víctimas de
espionaje a presentar su denuncia ante la PGR.
ElNorte.com, Ciudad de México, 19/06/17
Condena HRW espionaje a activistas
El espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos
es injustificable, aseguró José Miguel Vivanco, director para las Américas de
Human Rights Watch (HRW).
"La información publicada por el New York Times (NYT)
es de la mayor gravedad porque constituye obviamente una invasión en la
privacidad de defensores de derechos humanos y periodistas", sostuvo.
"Un hecho de esta naturaleza es especialmente grave
porque no es posible justificarlo. Con una orden judicial se puede, en
cualquier parte del mundo, autorizar la intervención de las comunicaciones de
alguien que esté sujeto a una investigación penal, siempre con la autorización
de un juez. Acá estamos ante una situación absolutamente irregular y que ojalá
se logre esclarecer a la brevedad posible".
En entrevista, Vivanco, quien participa en la 47
Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), dijo que es de
la mayor importancia que a raíz de la denuncia del NYT se haga una
investigación lo más rigurosa posible, para determinar el origen del espionaje
telefónico.
De probarse que el Gobierno mexicano es responsable del espionaje,
dijo, constituiría un grave abuso contra aquellos que ejercen el periodismo
independiente y de investigación en México y contra quienes defienden derechos
fundamentales.
Silvia Garduño. ElNorte.com, Cancún, México,19/06/17
1552. Cuenta atrás para el Día Internacional de la Paz
Mensaje del Secretario General de las Naciones Uniddas
En enero de este año, al asumir mis funciones como
Secretario General, mi primera medida fue realizar un llamamiento a la paz, una
exhortación a todos los ciudadanos, gobiernos y líderes a que pusieran la paz
ante todo.
El Día Internacional de la Paz, celebrado el 21 de
septiembre de cada año, encarna nuestra aspiración común de poner fin a los
sufrimientos innecesarios causados por los conflictos armados. Ofrece un
momento para que los pueblos del mundo reconozcan los vínculos que los unen,
independientemente de su país de origen. Es un día en el que las Naciones
Unidas hacen un llamamiento a un alto el fuego mundial durante 24 horas, con la
esperanza de que un día de paz pueda dar lugar a otro, y a otro y, en última
instancia, al abandono de las armas.
Sin embargo, para lograr la paz no basta con deponer las
armas. La paz verdadera requiere la construcción de puentes, la lucha contra la
discriminación y la defensa de los derechos humanos de toda la población
mundial.
Por ello, el tema de este año para el Día Internacional de
la Paz es “Juntos por la paz: respeto, seguridad y dignidad para todos” y se
presta especial atención a la difícil situación de los refugiados y migrantes
de todo el mundo. Como comunidad internacional, tenemos la obligación de velar
por que todas las personas obligadas a huir de sus hogares reciban la
protección que merecen en virtud del derecho internacional. Como familia
humana, tenemos el deber de reemplazar el miedo por la compasión.
En el curso de los próximos 100 días, recordemos que
millones de miembros vulnerables de nuestra sociedad, muchos de los cuales han
perdido todo, necesitan nuestra comprensión y ayuda. Reflexionemos juntos sobre
qué podemos hacer para brindarles nuestra asistencia. Reconozcamos las
múltiples formas en que contribuyen a sus países y comunidades de acogida y los
fortalecen. Y redoblemos los esfuerzos para abordar las causas fundamentales de
los conflictos, promover nuestra labor en pro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y, en primer lugar, volvamos a destacar la prevención de la
violencia.
Al abrir nuestros corazones, tomarnos las manos y tenderlas
a los refugiados y los migrantes, podremos avanzar hacia la consecución de la
paz, la prosperidad y la protección para todos.
-António Guterres.
Onu.org.mx. Ciudad de México, 13/06/17
1551. Normalicemos los derechos, no las injusticias
A un año de mi llegada a México, tengo numerosas
experiencias que me desafían no sólo como funcionario internacional de derechos
humanos, sino también como ser humano.
Se trata de experiencias que me han sacudido, como los
encuentros con familiares de personas desaparecidas, de un estado al otro.
Desde el sufrido estado de Guerrero pasando por Coahuila, Chihuahua, Nuevo
León, Morelos, Jalisco, Tamaulipas, hasta las heroicas mamás de Veracruz que
lograron el macabro hallazgo de 254 cuerpos en las superficialmente idílicas
Colinas de Santa Fe.
Son también encuentros con víctimas de tortura, desde
mujeres torturadas sexualmente hasta un hombre que quedó ciego a causa de la brutalidad
de sus aprehensores.
Son encuentros con mujeres y hombres de las comunidades
indígenas a quienes la rapacidad de algunos y los “megaproyectos” roban hasta
la más humilde forma de sobrevivencia que han tenido hasta la fecha.
Son encuentros con las y los valientes periodistas y
defensores de derechos humanos. Fijo en mi memoria permanece un encuentro en
particular, con la periodista cuyo nombre, Miroslava, sugiere una ascendencia
proveniente de mi parte del mundo —Europa Central— Miroslava que me entrevista
y que muere pocos meses después, baleada.
Son encuentros con personas migrantes que se encuentran en
celdas por buscar una vida mejor, o con personas LGBTI que sufren ataques sólo
por ser quienes son.
Ni yo, ni mis colegas que se enfrentan a esta realidad desde
hace más tiempo, podemos normalizar todo esto. Ni la violencia, ni el abuso de
autoridad, ni el abandono de las víctimas.
Me surgen preguntas. ¿Por qué un país tan fascinante, con
tanta riqueza cultural, tanto potencial intelectual, falla tanto en la
procuración de justicia? ¿Por qué siguen encarcelados los torturados y no los
torturadores? ¿Cómo se puede vivir con una tasa de impunidad tan alta? Tal vez
no es coincidencia que algunos gobernadores y fiscales que ayer justificaban
las violaciones de derechos humanos en sus estados como parte de la estrategia
de “combate a la criminalidad” se encuentren hoy procesados por corrupción
masiva y otros delitos.
A veces, expresar críticas por las violaciones de derechos
humanos se sigue interpretando como una forma de “desprestigiar” a las
corporaciones que las cometen. Al mismo tiempo persiste una cultura de
desprestigio contra las víctimas. ¿A cuántos servidores públicos hemos
escuchado banalizar la desaparición diciendo que las víctimas se fueron con una
amante o estigmatizándolas, diciendo que si la desaparecieron o la torturaron,
pues era porque “en algo andaba”?
A pesar de lo anterior, hay también noticias esperanzadoras.
En los años recientes se han adoptado leyes que reflejan estándares internacionales
al nivel del siglo XXI: la Reforma constitucional en derechos humanos que
recién cumple seis años de vigencia; la Ley general de los derechos de niñas,
niños y adolescentes; la Ley general contra la tortura; o la Ley general contra
las desapariciones. Sin embargo, esos avances necesitan un gran esfuerzo para
lograr su total y efectiva implementación. No podemos aceptar con fatalismo que
en México se adopten buenas leyes para no cumplirlas.
Tenemos razones adicionales para albergar un optimismo
histórico. La narrativa de los derechos humanos está cada vez más presente en
los medios de comunicación. Hemos registrado un progresivo reconocimiento del
importante papel que desarrollan las y los defensores de derechos humanos. En
nuestro trabajo cotidiano, podemos dar fe de un creciente número de servidores
públicos competentes y comprometidos. Además, varios sectores de la academia se
comprometen cada vez más y ponen sus saberes al servicio de la causa, así,
nuevas generaciones de estudiantes están expuestas a la cultura de los derechos
humanos como nunca antes. Albergamos la esperanza de que ellos y ellas no
estarán dispuestos a tolerar las falsas excusas y justificaciones para violar
derechos humanos.
Quienes defendemos los derechos humanos sabemos que si bien
el hoy no es nuestro aún, el mañana sin duda lo será. La ONU-DH, junto con
múltiples actores, incluyendo a las agencias hermanas de las Naciones Unidas,
está plenamente comprometida con este cambio y trabaja perseverantemente para
lograrlo.
Jan Jarab. Representante en México del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos.
Jan Jarab, ElUniversal.com.mx, Ciudad de México,13/06/2017
1550. ¿Hay planeta para todos?
En 2050, África habrá duplicado el número de habitantes China dejará de ser el país más poblado
Al ritmo de consumo actual, haría falta un planeta y medio
para abastecer a todos.
Los núcleos urbanos, como centros de innovación, también
forman parte de la solución.
El mayor atasco de la historia sucedió hace cinco años en
China. Casi medio millón de coches circularon durante más de una semana por los
cinco carriles de la autopista que une Pekín con Tíbet, a un ritmo de un
kilómetro diario. Una instantánea apocalíptica, que algunos ven como un
anticipo de lo que se nos avecina: según las estimaciones de Naciones Unidas y
la estadounidense PRB (Population Reference Bureau), en 2050 seremos 10.000
millones de personas sobre el planeta, un 30% más que ahora y el doble que a
comienzos de siglo. Y siete de cada diez vivirán en núcleos urbanos.
Los científicos ecologistas Corey Bradshaw y Barry Brook
presentaron recientemente un informe en la Academia de las Ciencias de Estados
Unidos en el que advertían de que, en estos momentos, el número de habitantes
representa el 14% de todos los seres humanos que han habitado la Tierra desde
hace 2,5 millones de años. Y, con un discurso claramente catastrofista, urgen a
aplicar cuanto antes medidas de planificación familiar estrictas para reducir
la natalidad y, por ende, la población: «En 2045, movernos en torno a los 2.000
millones sería el medio eficaz para revertir el cambio climático y garantizar
una vida próspera a las personas, con recursos para todos», dice el estudio,
que establece cálculos matemáticos con variables que contemplan diversos
escenarios, incluidas una pandemia planetaria y una tercera guerra mundial. Aun
con estas dos últimas hipótesis, afirman, que supondrían la pérdida de 5.000
millones de vidas humanas, seguiríamos siendo demasiados.
Las dramáticas previsiones de los dos científicos no son más
que la continuación de las tesis del biólogo Paul R. Ehrlich, que en 1968
revolvió al mundo con un libro de título poco sutil, Population bomb (La bomba
de la población), en el que preveía que, en la década de los 70, cientos de
millones de personas morirían de hambre como consecuencia del exceso de
habitantes y la carestía de recursos. El tiempo desacreditó su pronóstico, pero
eso no le impidió continuar vertiendo predicciones desmedidas con cierta
frecuencia año tras año, e incluso proponer políticas de control de población
(como la del hijo único en China), «por obligación si la gente no obedeciera
voluntariamente». Su radical visión tuvo su cénit en el ensayo Écoscience,
escrito mano a mano con John P. Holdren (asesor científico de la Casa Blanca
durante la legislatura de Barack Obama), en el que abogan por verter
medicamentos en el suministro de agua con el fin de esterilizar a la población,
imponer abortos forzosos obligatorios, y establecer una suerte de dictadura de
«régimen planetario» con el foco puesto en la ecología. Apoyan sus delirios
proféticos en supuestas fórmulas matemáticas: junto a otro colega biólogo,
Barry Commoner, crearon la ecuación I = P x A x T, o, lo que es lo mismo: el
impacto ambiental es igual a multiplicar el número de habitantes por los
recursos per cápita y la tecnología, planteada como la suma de emisiones y
consumo.
La visión apocalíptica de un mundo esquilmado por una
población desbordada viene de mucho más atrás: su precursor fue el clérigo
anglicano y demógrafo Thomas Malthus, que, en el siglo XVIII, publicó varios
ensayos que hoy los expertos unifican en la denominada catástrofe malthusiana,
según la cual un aumento exponencial en la población, junto con un aumento
aritmético en la producción agrícola de alimentos, causaría una situación de
pauperización y de economía de subsistencia que podría desembocar en una
extinción de la especie humana prevista para 1880. Su pronóstico, obviamente,
erró el tiro, porque no tuvo en cuenta las guerras, hambrunas y epidemias,
pero, sobre todo, no contó con los efectos de la Revolución Industrial en la
sociedad, que, además de aportar una riqueza inédita hasta entonces, alumbró nuevas
tecnologías que permitían multiplicar la obtención de alimentos y, por ende, la
esperanza de vida.
Todas las previsiones que auguraban el fin de la raza humana
por culpa de la superpoblación han fallado. Y muchos expertos consultados
coinciden, hoy, en una afirmación: la superpoblación es cosa del pasado. Algo
difícil de entender, ya que nadie pone en duda que en apenas 30 años seremos
más de 10.000 millones de habitantes. «El boom de natalidad se dio en el siglo
pasado, pero ya ha parado», asegura el doctor en Geografía de la Universidad
Autónoma de Barcelona Fernando Gil Alonso. «Es la teoría de la transición
demográfica, que se está cumpliendo punto por punto. En todas las etapas de la
historia, siempre desciende la mortalidad antes que la natalidad. Esto provoca
que, cuando vuelve a subir la natalidad, haya un periodo con mucha más gente
joven en edad de procrear, y se da ese aumento exponencial de población. Eso es
justo lo que sucedió en la segunda mitad del siglo pasado. Pero el fenómeno ha
cesado, la fecundidad está descendiendo y lo que estamos viviendo ahora es la
inercia. A finales de siglo, la población se estabilizará en unos 11.000
millones de habitantes, y ya no pasará de ahí».
Por inercia, Gil Alonso se refiere a África, especialmente
las regiones meridionales, que en las siguientes décadas duplicarán su
población, y el continente pasará de 1.400 a 2.500 millones de habitantes.
También a India que, según Naciones Unidas, en 2050 alcanzará los 1.700
millones. En paralelo, durante este periodo, la población de Europa se reducirá
en un 20%, y América se estabilizará: aunque Brasil siga siendo el país más
poblado del continente a mediados de siglo, su fecundidad ya se encuentra en
una curva descendente. Igual que en China que, en parte por su política de hijo
único, en un par de décadas dejará de ser el país con más habitantes del mundo.
Si bien el mensaje de los demógrafos es tranquilizador y
dista de la catástrofe malthusiana, los nuevos escenarios generan inevitables
incógnitas: el aumento poblacional en África, que podría agudizar el problema
de las migraciones masivas a Europa. Es lo que los más radicales denominan «las
nuevas invasiones bárbaras», como describió el polémico escritor y periodista
Arturo Pérez-Reverte en una de sus columnas de opinión. «Es aventurado hablar
de los movimientos poblaciones futuros», opina Gil Alonso. «Tenemos ejemplos
cercanos. En lo poco que llevamos de siglo, en España se ha dado un fenómeno
emigratorio masivo por la crisis, incluso a países de Latinoamérica, revertiendo
la dirección habitual, y nadie contaba con eso unos pocos años antes».
Su colega Antonio López Gay, investigador del Centre
d’Estudis Demogràfics y doctor en Demografía, también es cauto a la hora de
predecir migraciones masivas. «Es una ciencia muy poco exacta», dice, y
advierte: «En cualquier caso, debemos tener en cuenta que Europa está
estabilizada en torno a una tasa de un 2,1 hijos por mujer, la de reemplazo
[una generación desaparece y da paso a la siguiente], y algunos países como Alemania,
Francia y Holanda incluso están por debajo. Si añadimos el aumento de la
esperanza de vida, somos un continente que se encuentra en una fase de
envejecimiento, algo que también empieza a ocurrir en algunos países de
América. África aún se encuentra en esa fase de transición demográfica que
nosotros ya hemos superado, y la emigración de gente joven a nuestro continente
puede compensar esa situación, y evitar que se reduzca drásticamente la
población activa». No es, claro, la única solución: «Aunque será un fenómeno
transitorio —igual que lo fue en los años 60 la superpoblación de mujeres en
edad de fecundar—, de aquí a finales de siglo aumentará muchísimo el número de
ancianos. E irá sucediendo paulatinamente en todos los países del mundo, porque es una tendencia global,
aunque suceda a diferentes ritmos. El mundo se estabilizará a finales de siglo
en los 10.000 millones de habitantes, y no pasará de ahí después, pero con una
población más envejecida. Hay que buscar fórmulas para afrontar esa situación mientras
dure, reformando los sistemas de pensiones, alargando la edad de la población
activa, etc.». Pone un ejemplo: «Japón es hoy un país con natalidad muy baja y
que recibe muy poca inmigración. Pero no les va mal. Hay que buscar modelos».
Respecto a las políticas radicales de control de natalidad
por las que abogan los epígonos de Ehrlich, López Gay lo tiene claro: «El
origen de la superpoblación no está en la fecundidad, sino en que cada vez baja
más la tasa de mortalidad. Y eso es algo que también está sucediendo en África.
Y no es un problema, porque son precisamente el sector poblacional que menos
recursos del planeta consume. Además, la fecundidad allí también está
descendiendo y, aunque la población se vaya a duplicar en las próximas décadas,
después se estabilizará. En los 90, la media de hijos por mujer africana era de
3,2; hoy es de 2,5. Hay otros casos más llamativos, como el del sudeste
asiático. La tasa en Irán estaba hace pocas décadas en seis hijos por mujer, y
hoy está en 1,7».
El mensaje actual es, por tanto, tranquilizador. El boom de
fecundidad ocurrió en la década de los 60 y la tendencia es descendente, hasta
la estabilización a finales de siglo. Y el planeta tiene recursos y espacio
para albergar a todos. El problema, por tanto, debe reenfocarse: la explotación
y utilización de esos recursos y, por extensión, la degradación del medio
ambiente. Dicho de otra manera: no es tanto que la población vaya a crecer
demasiado, sino que estamos consiguiendo que nuestro mundo se vuelva cada vez
más pequeño. Así opina Andrés Santiesteban, doctor en Biología: «La degradación
de la calidad del aire, el aumento del nivel del mar o muchos desastres
naturales tienen detrás la mano del ser humano. Y están consiguiendo que cada
vez haya menos zonas habitables». Alodia Pérez, coordinadora del Área de
Residuos de la ONG Amigos de la Tierra, se suma a esta tesis: «Los países
desarrollados demandamos muchos recursos a los países emergentes a precios
bajos. Y la obsolescencia sigue sin tratarse como debe. Las administraciones y
las empresas tienen que empezar a tomar medidas para cambiar el modelo de
consumo. Estamos en un momento en el que consumimos productos a una tasa de 1,5
veces los recursos que necesitamos para producirlos». Esto es: al ritmo actual,
haría falta un planeta y medio para abastecer a todos. Y eso sin contar con que
los países emergentes empezarán, paulatinamente, a consumir al mismo nivel que
los desarrollados.
A esta situación, hay que añadir el reciente estudio de la
organización The Nature Conservancy: un grupo de investigadores parten de la
población actual y futura y han estimado el impacto que esta tendrá en los
recursos naturales del planeta, teniendo en cuenta los actuales niveles de
urbanización, agricultura o uso de energía para determinar qué regiones serán
las más amenazadas por necesidades crecientes alimenticias, energéticas o de
nuevos espacios urbanos. La conclusión es que el desarrollo humano, en las
próximas décadas, supondrá el acaparamiento de un 20% de los hábitats naturales
que quedan. Esto significa que 19,68 millones de kilómetros cuadrados de
tierras hoy vírgenes o semivírgenes serán alterados, lo que equivale a la
extensión de Europa, incluida Rusia. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que,
descontando la Antártida, el 76% de la superficie terrestre aún se puede
considerar en estado natural, según estos investigadores. El planeta todavía
tiene espacio suficiente para ser habitado, por mucho que la población alcance
los 10.000 millones. El problema, una vez más, es cómo explotaremos ese
espacio. Y su distribución: en 2050, el 70% de la población vivirá en núcleos
urbanos, lo que conllevará una saturación de las ciudades.
Hay voces que no ven este escenario como algo dramático; más
bien al contrario. El físico Geoffrey West explicó durante una conferencia en
TEDGlobal que la economía de escala y las leyes matemáticas anticipan que, si
bien buena parte de los problemas de sostenibilidad (medioambiental, económica,
energética) emanan de la organización humana en las ciudades, los núcleos
urbanos también forman parte de la solución: son los centros de innovación y
creación de riqueza. Según su teoría, si se dobla la población de una ciudad,
la escalabilidad, por ejemplo, de los salarios, el número de patentes o de
ciudadanos creativos, las enfermedades, la cantidad de residuos generados,
etc., no se duplica, sino que crece aproximadamente un 15%, con un ahorro
similar al de optimizar el uso de las infraestructuras. El urbanista Pedro Royo
añade: «Las ciudades no son más que una manifestación física de los seres
humanos. No hay que verlas como cárceles de cemento, porque en definitiva se
van adaptando a lo que queremos que sea nuestro hábitat. Lo estamos viendo en
Madrid y otras capitales de Occidente: cada vez se restringe más el uso del
coche, que finalmente se acabará desterrando del centro. Así se ganará espacio
y aire limpio. En definitiva: según vaya creciendo la población de los núcleos
urbanos, los iremos haciendo más habitables».
La superpoblación no es el gran problema de nuestro siglo.
Sí su gestión. Hay que buscar el punto medio entre las tesis catastrofistas de
Ehrlich o Malthus y las, tal vez, excesivamente optimistas de David Lam: el
economista estadounidense asegura que si, tras la explosión demográfica de la
década de los 60, hemos llegado a la situación actual, con los niveles de
pobreza más bajos de la historia y el mayor número de alimentos per cápita,
significa que el ser humano tiene recursos de sobra para avanzar en cualquier
situación. Su colega Stan Becker criticó que no incluyera en su tesis
indicadores medioambientales realistas, porque ahí radica el verdadero
problema: el uso desmedido de los recursos y la degradación acelerada del
planeta. Incluso los mencionados Corey Bradshaw y Barry Brook añadían en su
radical estudio sobre la necesidad de reducir la población: «Nada de esto
tendrá eficacia si no priorizamos el consumo y la explotación sostenibles».
Luis Meyer. Ciudad de México. 05/2017
1549. Sube nivel de paz global; cae en México
Mientras que la tendencia fue que el mundo se hiciera un
poco más pacífico en el último año, en México la situación empeoró, indican los
resultados del Índice de Paz Global (IPG) 2017.
De acuerdo con estos datos, México se ubica en el lugar 142
de 163 naciones, lo que lo hace uno de los países menos pacíficos de América,
con niveles parecidos a los de Venezuela (lugar 143) y Colombia (146).
Con esto, México rompió una racha de tres años volviéndose
más pacífico, pues en 2014 ocupó el lugar 145; en 2015, el 142; y en 2016,
subió al 140.
"La puntuación global para el IPG 2017 mejoró
ligeramente este año debido a las ganancias en seis de las nueve regiones
geográficas (del mundo) representadas.
"Las mejoras se deben en gran medida a que los
indicadores relacionados con sociedad y seguridad, y militarización mejoraron,
en promedio; sociedad y seguridad debido a que muchos países registraron una
menor tasa de homicidios y niveles más bajos de terror político; indicadores de
la militarización bajaron, como el gasto en porcentaje del PIB, el número de
personal por 100 habitantes y las capacidades de armas nucleares y de armas
pesadas", señala el informe.
Las categorías en las que México obtuvo la peor calificación
posible fueron crímenes violentos, muertes por conflictos internos, número de
conflictos internos.
Además, homicidios y terror político son otros indicadores
que también encienden los focos rojos.
El Índice de Paz Global 2017 coloca a México como el segundo
país con el mayor número de muertes por conflictos internos, sólo después de
Siria y antes que Afganistán e Irak.
"Para México, que ocupa posición 142, el descenso se
debió al efecto de la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos sobre sus
relaciones con los países vecinos y, en menor medida, el deterioro del terror
político", agrega el documento.
César Martínez. ElNorte.com. Ciudad de México, 01/06/17
1548. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030
Objetivos de Desarrollo Sostenible
“Los ODS son mecanismos apropiados que permitirán a la
población y a sus dirigentes de forma conjunta, participar en la búsqueda de
consensos sociales y disminuir las brechas.” Amina J. Mohammed, Vicesecretaria
General de las Naciones Unidas
El 25 de septiembre de 2015 más de 150 líderes mundiales
asistieron a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en
Nueva York con el fin de aprobar la Agenda para el Desarrollo Sostenible. El
documento final, titulado “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible”, fue adoptado por los 193 Estados Miembros de las
Naciones Unidas. Dicho documento incluye los 17 Objetivos del Desarrollo
Sostenible (ODS) cuyo objetivo es poner fin a la pobreza, luchar contra la
desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático sin que nadie
quede atrás para el 2030.
Este nuevo marco de desarrollo da una oportunidad para el
Sistema de las Naciones Unidas, a nivel mundial y en México, de focalizar
nuestra cooperación y programación, de seguir abogando y promoviendo el tema de
inclusión y equidad en un marco de derechos, de construir más ciudadanía para
las y los mexicanos en este país.
Objetivos de Desarrollo Sostenible
Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la
mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas
y todos en todas las edades.
Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad
y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas y
todos.
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las
mujeres y niñas.
Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible
y el saneamiento para todos.
Garantizar el acceso a una energía asequible, segura,
sostenible y moderna para todos.
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
Construir infraestructura resiliente, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
Reducir la desigualdad en y entre los países.
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y
sus efectos.
Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los
mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres,
luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las
tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica.
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear
instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza
Mundial para el Desarrollo Sostenible.
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y sus 169 metas,
inciden en las causas estructurales de la pobreza, combaten las desigualdades y
generan oportunidades para mejorar la calidad de vida de la población en un
marco de desarrollo sostenible. Esta importante agenda sirve como plataforma de
lanzamiento para la acción de la comunidad internacional, los gobiernos, así como organismos de la sociedad civil,
academia y el sector privado, con el fin de hacer frente a los tres elementos
interconectados del desarrollo sostenible: crecimiento económico, inclusión
social y sostenibilidad ambiental.
El proceso de la Agenda 2030
El proceso para delinear la agenda fue dirigido por los
Estados Miembro de la ONU, con una amplia participación de especialistas y de
la sociedad civil. Citando lo señalado por
Amina Mohammed, en ese momento
asesora especial del Secretario General de Naciones Unidas en la planificación
del Desarrollo post- 2015, “el proceso de consulta más abierto y transparente
que la Organización jamás haya presenciado”.
La agenda recibió numerosas aportaciones por parte del Grupo
de Trabajo Abierto de la Asamblea General, el informe de un comité
intergubernamental de expertos en financiación del desarrollo sostenible,
diálogos de la Asamblea General sobre la facilitación de la tecnología, mesas
de diálogo con organizaciones de la sociedad civil y representantes del sector
privado, entre otras.
Otro instrumento de enorme importancia fue la encuesta “My
World”, la cual vía internet, telefonía móvil e impresa hizo llegar a Naciones
Unidas, a los líderes mundiales y, en particular, al Grupo de Alto Nivel del
Secretario General, la opinión de miles de personas sobre los problemas
fundamentales que debería abordar la futura agenda global de desarrollo. En
agosto de 2015, más de 8 millones de personas de más de 190 países habían
“votado” por sus principales prioridades para el Desarrollo.
México y la Agenda 2030
Como actor global, México participó activamente en la
definición de la Agenda. El país fue uno de los más activos en los foros de
consulta, participando y liderando el proceso de negociación. No solo presentó
propuestas puntuales para incorporar los principios de igualdad, inclusión
social y económica, e impulsó que la universalidad, sustentabilidad y los
derechos humanos fuesen los ejes rectores de la Agenda 2030. También abogó por
la adopción de un enfoque multidimensional de la pobreza que, además de
considerar el ingreso de las personas, tomara en cuenta su acceso efectivo a
otros derechos básicos como la alimentación, educación, salud, seguridad social
y servicios básicos en la vivienda.
México ha mantenido su participación activa en la
implementación de la Agenda 2030, algunos de los avances son:
México fue uno de los dos países voluntarios en la región
para presentar avances sobre los ODS ante el Foro Político de Alto Nivel en
Desarrollo Sostenible.
Instalación del Comité Técnico Especializado en Desarrollo
Sostenible (Presidencia de la República-INEGI), con la participación de las
dependencias de la Administración Pública Federal.
El Senado de la República instaló el Grupo de trabajo sobre
la Agenda 2030, el cual dará seguimiento y respaldo desde el poder legislativo
al cumplimiento de los ODS.
Desarrollo del Plan de implementación de los ODS por parte
de la Presidencia de la República y la AMEXCID con apoyo del PNUD.
Instalación del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.
Onu.mx.
La Agenda 2030, transformando nuestro mundo
17 objetivos que debes conocer
En septiembre de 2015, después de un proceso intenso de
consulta pública y negociación, los Estados miembros de las Naciones Unidas
aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta Agenda fue
concebida como un plan de acción para el desarrollo y la protección de las
personas, el planeta y la prosperidad humana, en un esfuerzo por fortalecer la paz
entre los pueblos y la libertad de las personas.
Implementar la Agenda 2030 requiere la participación activa
de gobierno, la sociedad civil, el sector privado y el académico. Se definieron
169 metas, contenidas en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible conocidos como
ODS, las cuales guiarán las acciones y permitirán medir el progreso en la
implementación.
Estos 17 ODS fomentarán la acción coordinada en los próximos
15 años (2015-2030) en las siguientes áreas de vital importancia:
Personas: por primera vez en la historia, se propone
erradicar la pobreza extrema y el hambre, en todas sus dimensiones, para que
las personas puedan alcanzar su máximo potencial en un marco de equidad y
dignidad.
Planeta: el cambio climático requiere de acciones urgentes
para no comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Los gobiernos
acordaron proteger al planeta de la degradación ambiental, lograr un consumo y
producción sostenibles, así como administrar mejor los recursos naturales.
Prosperidad: no es suficiente con erradicar la pobreza, la
Agenda 2030 contempla no dejar a nadie atrás en la senda del desarrollo, en pos
de un mundo donde todos y todas tengan acceso a vidas productivas y
satisfactorias, beneficiándose del progreso económico, tecnológico y social.
Paz: ningún nivel de desarrollo será sostenible si las
naciones no viven en paz entre ellas y al interior de sus territorios. La
promoción de la paz y la justicia es requisito indispensable para la dignidad
humana. Un mundo libre de violencia, lejos del miedo y la impunidad,
comprometiéndose a construir sociedades justas e inclusivas.
Asociaciones: ante retos globales es indispensable movilizar
recursos de toda fuente disponible, más allá de las finanzas públicas. Se
impulsarán mecanismos de cooperación internacional y alianzas con el sector
privado, vigilando que dichos recursos se ejerzan de forma eficiente en
beneficio de los más vulnerables.
Los Objetivos de la Agenda 2030 son integrales e
indivisibles: se busca lograrlos todos, sin distinción. Alcanzar una meta
requerirá trabajar en alcanzar las demás. Este enfoque concuerda con una visión
integral y multidimensional del desarrollo, más allá de la dimensión meramente
económica, un desarrollo centrado en la persona.
La Agenda 2030 también tiene un enfoque universal, pues se
desea alcanzar las metas a lo largo de todos los sectores de la población,
visibilizando las desigualdades al interior de los países y entre las personas,
reconociendo que es importante enfocarse en aquellas personas marginadas de la
prosperidad humana. Esta no es responsabilidad exclusiva de países en
desarrollo, también de aquellos con grados de desarrollo altos. Cabe mencionar
que cada país es responsable de definir sus políticas para consolidar los
Objetivos planteados.
“Las metas propuestas son ambiciosas, pues esta vez se
atacarán las causas del problema desde la raíz, para evitar que los conflictos
sigan escalando, que continúe la degradación del medio ambiente y que haya más
personas excluidas”, como señaló Amina J. Mohammed, Asesora Especial del
Secretario General de Naciones Unidas en la planificación del Desarrollo post-
2015.
Los Objetivos son amplios y se refieren a problemas
complejos; además, fueron redactados después de un proceso de diálogo abierto
que permitió integrar visiones económicas, sociales, ambientales y sostenibles.
Llevan más allá los propósitos definidos en los Objetivos del Milenio, cuyas
prioridades en el combate a la pobreza, la promoción de la salud y la seguridad
alimentaria lograron grandes avances.
Esta agenda será un motor de cambio, pues los 17 ODS
implican un cambio en nuestro estilo de vida y en la forma de hacer negocios,
producir y consumir. Somos la última generación que puede hacer algo para
revertir el daño hecho al planeta y prevenir que el cambio climático cambie
dramáticamente nuestras vidas. Es por ello que proponemos combatir la pobreza y
el hambre con determinación, niños y niñas que acudan a la escuela, jóvenes con
acceso a oportunidades educativas, empleo decente, consolidar instituciones que
garanticen la igualdad ante la ley, recursos marinos y terrestres conservados
para las generaciones futuras, energía accesible y sostenible para todos,
igualdad de mujeres y hombres, estilos de vida amigables con el ambiente, y
mejores mecanismos de cooperación entre los países para superar.
Onu.org.mx. Cuidad de México, 25/06/16
1547. ONU-DH México realiza misión de trabajo a Nuevo León
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) realizó una misión a la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, el 14 de junio, en la que participaron el Sr. Jan Jarab,
Representante de la ONU-DH en México, y un oficial de derechos humanos.
Los integrantes de la ONU-DH México sostuvieron reuniones de
trabajo con Bernardo González Garza, Procurador General de Justicia (PGJ) del
Estado y con Eduardo Saucedo, Coordinador de Unidades de Investigación de
personas desaparecidas de la PGJ para dialogar sobre los avances en materia de
desaparición de personas.
Adicionalmente, la ONU-DH participó en la presentación del
Modelo Integral sobre Uso de la Fuerza adoptado por los Municipios de Monterrey
y Guadalupe, mismo que fue promovido por Ciudadanos en Apoyo a los Derechos
Humanos (CADHAC) y el cual contó con el apoyo de USAID y Enfoque DH. Durante la
citada presentación, el Sr. Jarab sostuvo que “el uso apropiado de la fuerza
pública es un tema crucial para la legitimidad y credibilidad de cualquier
estado, así como para la protección de los derechos humanos”.
Por la tarde, la ONU-DH sostuvo una reunión con familiares
de personas desaparecidas del Grupo AMORES y con CADHAC para escuchar sus
inquietudes con respecto a las problemáticas que enfrentan, especialmente las
niñas, niños y adolescentes cuyos familiares han sido desaparecidos. En dicha
reunión también participó Daniel Ponce coordinador de Vinculación de la
Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes (SIPINNA).
Hchr.org.mx. Monterrey, Nuevo León, 15/06/17
1546. ONU-DH condena los asesinatos de defensores indígenas en Jalisco y Chiapas
La Oficina en México del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condena los asesinatos de
dos líderes indígenas wixáricas ocurridos el pasado 20 de mayo en Jalisco, así
como el posterior asesinato de un activista indígena tzotzil, ocurrido en
Chiapas el 22 de mayo de 2017.
Los hermanos Agustín y Miguel Ángel Vázquez Torres,
defensores indígenas de la comunidad San Sebastián Teponahuaxtlán, Jalisco,
fueron asesinados el pasado sábado en su comunidad en dos incidentes separados.
De acuerdo con la información recibida por la
Oficina, el Sr. Miguel Ángel habría sido herido tras un ataque con armas de
fuego de alto calibre falleciendo en un hospital local. Posteriormente, el Sr.
Agustín fue asesinado mientras salía del hospital donde había acudido para despedirse
de su hermano. Ambos ataques fueron presuntamente perpetrados por los mismos
sujetos.
Los dos líderes wixáricas eran figuras muy visibles
y reconocidas en la defensa de los derechos de la comunidad, su labor incluía
la defensa de la tierra y los derechos culturales.
Por otra parte, el Sr. Guadalupe Huet Gómez,
activista y consejero de la Organización Nacional del Poder Popular (ONPP), fue
asesinado en las primeras horas del 22 de mayo de 2017, en la comunidad de
Cruzton del municipio de Venustiano Carranza, Chiapas. El Sr. Huet Gómez
trabajaba en la defensa de la tierra y por el respeto de los usos y costumbres
en su municipio.
Según tuvo conocimiento la Oficina, el Sr. Huet
Gómez habría sido asesinado tras un ataque con armas de fuego, falleciendo en
el interior de un cementerio, el cual protegía de saqueos y robos. El ataque
fue presuntamente perpetrado por un grupo armado que opera en la zona.
“Los asesinatos de estos defensores indígenas ponen
de manifiesto el actual contexto de violencia al que se enfrentan las y los
defensores de derechos humanos en México, particularmente defensores indígenas
y líderes comunitarios”, afirmó Jan Jarab, Representante en México de la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“Este año hemos conocido otros casos que demuestran
la grave situación de vulnerabilidad a la que se enfrentan los defensores
indígenas, incluyendo los asesinatos de los líderes rarámuris Juan Ontiveros e
Isidro Baldenegro a inicios del año o las muertes violentas que ocurrieron en
la comunidad de Arantepecua, Michoacán, el día 5 de abril de 2017”, agregó Jan
Jarab.
La Oficina reitera su llamado a las autoridades
para que lleven a cabo una investigación exhaustiva, diligente e imparcial en
aras de encontrar a los responsables materiales e intelectuales y así asegurar
que estos casos no queden en la impunidad. En dichas investigaciones, la labor
de estos líderes indígenas en defensa de los derechos humanos deberá ser
adecuadamente considerada.
Finalmente, la ONU-DH ofrece sus condolencias a las
familias de los hermanos Vázquez Torres y del Sr. Guadalupe Huet Gómez, y
comparte la indignación de la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán y de la
Organización Nacional del Poder Popular (ONPP) ante estos horribles crímenes.
Hchr.org. Ciudad de México, 23/05/2017
1544. La libertad de expresión bajo amenaza
5to homicidio de periodista en el año.
Un nuevo homicidio de un periodista en México –el quinto en
el año– pone de manifiesto la alarmante situación de la libertad de expresión
en el país, así lo ha manifestado Amnistía Internacional.
Javier Valdez Cárdenas, fundador del medio Río Doce,
periodista de La Jornada y El Noroeste, murió por disparos a unos metros de su
oficina en el estado de Sinaloa, en el norte de México. Javier era conocido por
su trabajo sobre el crimen organizado y el narcotráfico. En 2011 recibió el
Premio Internacional a la Libertad de Prensa, otorgado por el Comité para la
Protección de Periodistas.
Este es el segundo asesinato de un periodista de La Jornada
en el 2017 y ningún medio debería tener que enfrentar esta terrible situación.
“Ser periodista en México parece más una sentencia a muerte
que una profesión. El continuo derramamiento de sangre del cual las autoridades
prefieren hacer caso omiso genera un profundo vacío que afecta el ejercicio de
la libertad de expresión en el país”, ha manifestado Tania Reneaum, directora
de Amnistía Internacional México.
“El país se ha convertido en una zona de alto riesgo para
los profesionales que, como Javier, informan con valentía de situaciones
relativas al crimen y la seguridad. El asesinato de Javier pone de manifiesto
que ningún periodista, sin importar el alcance de su medio, está a salvo. Este
crimen, como los demás, debe investigarse de manera independiente e imparcial y
todos aquellos sobre quienes pese la sospecha de ser responsables deben
comparecer ante la justicia”.
De acuerdo a la organización Artículo 19, 105 profesionales
de medios de comunicación han sido asesinados en México desde el año 2000.
Reporteros sin Fronteras ha declarado que, en 2016, México fue el tercer país
con el número más elevado de muertes de periodistas en el mundo, superado únicamente por Siria y
Afganistán.
Ser periodista en México parece más una sentencia a muerte
que una profesión.
Amnistia.org.mx. Ciudad de México, 15/05/2017
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Revista Conexión Social
Universidad Autónoma de Zacatecas presenta: Panel sobre el Día Internacional de la Paz
Consejo de Valores Nuevo León y Cultura de Paz y No Violencia Monterrey
Cultura de Paz y Mediación de José Benito Pérez Sauceda
Pídelo al 01 81 2115 0135
Cultura de Paz y No Violencia Monterrey
Llamado
Cultura de Paz Monterrey en tus redes sociales.
Cultura de Paz Monterrey Twitter: https://twitter.com/CulturadePazMty y Cultura de Paz Monterrey Facebook: https://www.facebook.com/culturadepazmonterrey/
Participa en la sección "Opinión"
Cultura de Paz Monterrey
